La Justicia de la ciudad de Buenos Aires avanzó este lunes con una ronda de declaraciones indagatorias en la causa que provocó el último capítulo de la interna en pleno corazón de La Libertad Avanza (LLA). Fue tras la denuncia del diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja contra tuiteros libertrios, que dio origen al expediente en el que intervienen la jueza Virginia Núñez Gelvez y la fiscal Celsa Ramírez.

Fue precisamente la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por supuestas amenazas contra Pareja, hombre de máxima confianza de Karina Milei, lo que terminó de dinamitar la interna con los “celestiales”, que se referencian en el asesor presidencial Santiago Caputo.

En ese marco se registraron cruces de alto voltaje por la red social X entre la diputada Lilia Lemoine, cercana a los hermanos Milei, y el tuitero Daniel Parisini, “Gordo Dan”, hombre de Caputo. Y luego siguió en el streaming “Carajo”. En una saga que augura más capítulos en el futuro cercano, ante las enormes diferencias entre los llamados “territoriales” y los “celestiales”.

La investigación judicial por la denuncia de Pareja comenzó esta semana con la serie de indagatorias a los tuiteros involucrados. Mientras que hoy se avanzó con dos, se prevé seguir con las nueve restantes antes del viernes. En tanto que a las dos personas que fueron indagadas este lunes se les impuso una serie de medidas restrictivas, entre ellos la de no comunicarse, por ningún medio, con Pareja.

A la par de eso, desde la fiscalía se le pidió al juzgado de Núñez Gelvez sacar el testimonio y enviar a sorteo para iniciar una causa nueva a partir de lo dicho en el programa “La trinchera”, de “Carajo”, cercano a las fuerzas celestiales. Allí, de acuerdo a la Justicia, “se violó la confidencialidad” al darse a conocer “datos de la causa y datos personales de la fiscal”.

Los cruces libertarios tuvieron su punto máximo el viernes cuando “Gordo Dan”, uno de los referentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, salió a cruzar a la diputada Lemoine, titular de la comisión de Juicio Político, por haber sugerido que los militantes que no respaldan a Pareja, deben “dejar de seguir” al Presidente. Lemoine no dudó en redoblar su respuesta, en una escalada que subió durante toda esa jornada.

Más tarde, ese mismo día, Parisini hizo un descargo en su programa, en el que mantuvo la interna. Consideró que era “poco inteligente esta estrategia de salir a denunciar tuiteros”.

“Yo incluso le llegué a pedir la renuncia a Pareja. No pasó. Lo mantuvieron. Serán las decisiones de las autoridades del partido, perfecto. Pero en estos casos siempre me voy a poner del lado de los pibes que pusieron la cara en sus casas y dieron la batalla de pantallas”, puntualizó Parisini, cercano a Caputo.

Amenazas

El expediente que investiga las amenazas a Pareja se abrió el año pasado a raíz de una denuncia presentada por el diputado, presidente de la filial bonaerense de LLA y uno de los dirigentes que integran el círculo de confianza de la hermana de Milei.

Fue en medio de uno de los capítulos más feroces entre “celestiales”, la tribu que engloba a los caputistas, y “territoriales”, entre los que están Pareja y los primos Martín y Eduardo “lule” Menem, como principales referentes. Por entonces, las agresiones y acusaciones giraban alrededor de las candidaturas y el armado electoral. Allí primó la fuerza de los territoriales por sobre los celestiales y todo se enardeció.

Después de que la Justicia nacional se declarara incompetente, el caso recayó por sorteo en manos de Ramírez, fiscal de delitos complejos, y de la jueza Núñez Gelvez.

La última semana, Ramírez imputó y citó a indagatoria a once personas después de que lograra identificar a los usuarios de “X” denunciados. Entre los acusados están los usuarios: @JERERODRIGUEZOK; @LIBERADORDEARGY; @TYLERDELCIELOM; @SOYBORTINA; y @ERNESTODIAZ_56. Les reprochan tres delitos tipificados en el Código Penal: amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones.

Cerca de Pareja afirmaron que presentó la denuncia en diciembre pasado cuando tuiteros difundieron a través de la red social su número de teléfono celular. “No se denunció a nadie por opinar distinto; el tema lo siguió la Justicia”, aseguran allegados al extitular del Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana (FISU).

Este lunes, consultados por sobre las cuentas investigadas, las fuerzas celestiales tomaron distancia. “No nos pertenecen, si ellos se referencian en nosotros genial, pero no son nuestras”, dijeron. Aunque sí se mostraron en consonancia con la idea de Parisini de considerar que “no se debería denunciar a los tuiteros”.

Según explicaron a este diario fuentes con acceso al expediente, la denuncia realizada por Pareja “no es la primera, ni la única denuncia”, contra algunos tuiteros libertarios. “Hay otras personas que denunciaros a algunos de estos tuiteros, justamente por amenazas y otros delitos”, indicaron.

En esa lista de denunciantes mencionaron al diputado socialista Esteban Paulón y la diputada exlibertaria Marcela Pagano. Esas presentaciones fueron “en distintos momentos, pero con dinámicas parecidas”: todos habían sufrido “agresiones verbales y amedrentamientos” en las redes e incluso en algunos casos, como el de Pareja, también vía mensajes de Whats App.

En el caso de Pareja hay al menos 11 imputados, que fueron identificados con el caso concreto. “No se trata de la libertad de expresión. Se trata de delitos”, destacó una voz con acceso al expediente.

En el caso de la denuncia del diputado Paulón, se presentaron Amnistía Internacional, Fundación Huésped y el titular del movimiento LGTB, quienes buscaron constituirse como amicus curiae, pero el juzgado no hizo lugar.

“Esto objetivamente es importante porque acá no hay una cuestión política, ni interna, ni de nada, hay una situación violenta desde las redes que se realiza contra personas públicas en este caso”, dijo una de las voces consultadas.

La nueva denuncia

La búsqueda judicial de iniciar una nueva causa se da luego de lo que se habló en el programa “La trinchera”, también de Carajo, en el que se apuntó a la fiscal Ramírez, por su investigación.

La alusión a Ramírez se encuadra en que hasta hace casi dos meses, el jefe de los fiscales porteños, y por ende de la propia Ramírez, era el hoy ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cercano al sector de Karina Milei. Y cuya designación en la cartera de la calle Sarmiento junto a Santiago Viola, como segundo del área, significó que el ala caputista quedara relegada.

Por eso, en las filas celestiales dejan traslucir suspicacias hacia la funcionaria judicial. Lo que es descartado de plano en el mundo judicial.

CÓRDOBA.- El radicalismo denunció la existencia de una “persecución política” en La Rioja contra su vicepresidenta nacional y exintendenta Inés Brizuela y Doria, quien fue detenida en esa ciudad durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos la semana pasada.

En diálogo con , Brizuela y Doria aseguró que “este es un atropello más del que vivimos muy a menudo en una provincia que parece estar lejos del imperio de la ley. No había pasado antes que un abogado sea detenido en ejercicio de la profesión; esto quiebra el orden de convivencia democrático”.

A través de un comunicado, los senadores nacionales de la UCR indicaron que el procedimiento fue “arbitrario e ilegal» y que “vulneró garantías constitucionales básicas». Advirtieron que resulta inadmisible que, en plena democracia, se recurra a las fuerzas de seguridad y al aparato judicial con fines de “hostigamiento político».

Desde la UCR insisten en que la detención se produjo por una “supuesta obstrucción a la Justicia, dispuesta por orden verbal» del fiscal Luis González, sin intervención de juez competente.

“Todo el proceso está plagado de vicios y hechos de notable gravedad, y constituye una nueva arbitrariedad que evidencia un patrón de inseguridad jurídica, atropello institucional y persecución política» por parte del gobierno de Ricardo Quintela.

Brizuela y Doria fue detenida el jueves pasado junto con Jorge Bordón, vocal del Colegio de Farmacéuticos de quien es defensora. La presidenta de la entidad, Silvia Alejandra Brizuela Ledesma, lo denunció por presunta violencia de género. Esa causa fue archivada pero, rige una medida genérica de protección, la que fue recurrida por la abogada aunque la resolución está pendiente.

El jueves pasado hubo una sesión ordinaria del Colegio Farmacéutico. Brizuela Ledesma no reconoce su validez pero fue con dos abogados. Bordón participó, aunque no habló ni se le acercó, según indican allegados a Brizuela y Doria.

Hubo un llamado a la Policía alegando que estaba “violando una perimetral” y por eso llegó Brizuela y Doria, quien encontró detenido a su cliente acusado de estar en flagrancia por incumplimiento de la perimetral. Exhibió la documentación, los agentes hicieron fotos y se las pasaron al fiscal González, quien ordenó continuar con la detención de Bordón y pidió también la de la abogada, al alegar una supuesta obstrucción de la Justicia.

Brizuela y Doria interpuso un hábeas corpus invocando los artículos 43 y 18 de la Constitución Nacional, alegando que Bordón fue detenido sin orden escrita de autoridad competente. “A mí me dejaron en libertad ese mismo día, pero mi cliente quedó en prisión domiciliaria”, detalló.

La Cámara Tercera en lo Criminal declaró ilegítima y arbitraria la detención de Bordón, ordenó la liberación inmediata de Bordón y criticó el operativo como “plagado de vicios”.

La abogada adelantó a este diario que realizará un pedido de jury de enjuiciamiento tanto para González como para el fiscal general, Javier Vallejo, “a quien le pedí que arbitrara los medios para evitar esta grave situación. Lo llamé como abogada litigante, no como política”.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron en un comunicado que durante la detención de Bordón “se hizo presente una profesional del derecho que manifestó intervenir como defensora del imputado. No obstante, su accionar excedió el marco del ejercicio técnico de la defensa, desplegando una conducta de oposición activa que implicó un entorpecimiento concreto del procedimiento, incluyendo resistencia a la continuidad del traslado dispuesto y contacto físico con el personal policial interviniente, generando una situación de tensión que impedía el normal desarrollo de las medidas ordenadas”.

“En este sentido, frente a dicha situación, y con el objetivo de garantizar la efectiva aplicación de las medidas de protección vigentes y evitar cualquier riesgo para la víctima, el Ministerio Público Fiscal dispuso una intervención inmediata de carácter preventivo y momentáneo respecto de la profesional -añade-. Una vez superado el incidente y asegurado el normal desenvolvimiento del procedimiento, la medida adoptada perdió razón de ser, motivo por el cual no se impulsó una acción penal autónoma respecto de la profesional interviniente”.