El senador nacional Marcelo Lewandowski presentó un proyecto de ley para suspender durante un año las ejecuciones fiscales y medidas cautelares impulsadas por ARCA contra MiPyMEs, cooperativas, empresas recuperadas, monotributistas, profesionales autónomos y entidades sin fines de lucro.

La iniciativa busca otorgar un alivio financiero a sectores que, según el legislador, atraviesan una fuerte caída de la actividad, con el objetivo de evitar cierres de empresas, preservar puestos de trabajo y permitir la continuidad de las actividades productivas.

Lewandowski presentó los principales puntos de la propuesta junto al diputado provincial Miguel Rabbia y el intendente Jorge Berti, durante un encuentro con cámaras empresariales de Villa Constitución, donde recogió los reclamos del sector productivo.

Qué propone el proyecto contra los embargos de ARCA

La iniciativa establece la suspensión durante 12 meses de los juicios de ejecución fiscal, los embargos sobre cuentas bancarias, las inhibiciones generales de bienes y otras medidas cautelares promovidas por el organismo recaudador.

Uno de los puntos centrales contempla además el levantamiento automático de los embargos bancarios que ya fueron aplicados sobre los contribuyentes incluidos en la norma.

El objetivo es liberar fondos que actualmente se encuentran inmovilizados y permitir que las empresas recuperen liquidez y capital de trabajo para afrontar sus gastos y mantener la actividad.

«No podemos permitir que una empresa cierre por un embargo cuando lo que necesita es tiempo para recuperarse. Primero hay que mantener viva la empresa para que pueda seguir produciendo y sosteniendo el empleo», afirmó Lewandowski.

El proyecto contempla como potenciales beneficiarios a: Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs); Cooperativas; Empresas recuperadas; Monotributistas; Profesionales autónomos y Entidades sin fines de lucro.

La propuesta apunta especialmente a contribuyentes que enfrentan dificultades para afrontar sus obligaciones fiscales y que, ante una ejecución o embargo, pueden perder recursos necesarios para continuar con sus actividades.

Además de frenar las ejecuciones fiscales y los embargos, la iniciativa incorpora un régimen excepcional de regularización de deudas con beneficios diferenciados según el tamaño de cada empresa.

Para las microempresas, el proyecto plantea una condonación total de multas e intereses, mientras que las pequeñas y medianas empresas accederían a importantes reducciones.

También contempla planes de financiación amplios para facilitar el pago de las obligaciones pendientes.

Otro de los puntos centrales consiste en eliminar la exclusión por categoría de riesgo del SIPER, de manera que los contribuyentes que fueron más afectados por la crisis no queden automáticamente fuera de los mecanismos de regularización.

El senador justificó la presentación de la iniciativa en los reclamos que recibió de empresas y cámaras productivas.

«Este proyecto nace de escuchar el reclamo de quienes producen y generan empleo. Las PyMEs no están pidiendo privilegios, están pidiendo poder seguir trabajando. Con esto se busca darles el tiempo y el alivio que necesitan para recuperarse, sostener el empleo y volver a cumplir con sus obligaciones», sostuvo.

En la misma línea, el legislador advirtió sobre el impacto que tiene el cierre de una empresa sobre los trabajadores, las comunidades y las propias cuentas públicas.

«Cuando una empresa cierra, pierde el trabajador, pierde la comunidad y también pierde el Estado. Por eso hay que dejar de asfixiar al que produce y que los argentinos dejen de perder sus empleos», concluyó.

El gobierno porteño eliminó un histórico trámite laboral para bajar costos

La Ciudad de Buenos Aires eliminó uno de los trámites administrativos más tradicionales del ámbito laboral: la obligación de rubricar la documentación de los empleadores ante la autoridad local.

La medida, vigente con efecto desde el 1° de junio de 2026, forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la gestión porteña y se alinea con las recientes modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en materia de registración laboral.

La Resolución 852/SECTE/2026, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial, permitirá que miles de empresas dejen de realizar un procedimiento que durante décadas implicó costos administrativos, tiempos de gestión y el cumplimiento de requisitos específicos para validar libros y documentación laboral.

La decisión de la Ciudad responde a un cambio previo producido a nivel nacional: la Ley 27.802 modificó el régimen previsto en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 407/2026 dispuso que la documentación laboral pase a concentrarse en un sistema único administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Como consecuencia, las administraciones provinciales y de la Ciudad ya no pueden exigir registros o documentación distinta de la prevista por la normativa nacional.

Frente a este nuevo escenario, el Gobierno porteño resolvió derogar todo el esquema regulatorio que sostenía el antiguo sistema de rúbricas, evitando que subsistieran obligaciones consideradas incompatibles con el nuevo marco jurídico.

Desde la administración porteña destacan que el cambio representa una reducción concreta de cargas administrativas para quienes generan empleo.

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, afirmó que la medida «refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente» y sostuvo que eliminar obligaciones que perdieron sustento legal «reduce costos, simplifica procesos y brinda mayor previsibilidad a quienes generan empleo».

En la misma línea, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, señaló que la adecuación normativa responde a la decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de avanzar hacia «un Estado más moderno y eficiente», eliminando trámites innecesarios sin afectar los mecanismos de fiscalización.

Uno de los principales interrogantes que genera la eliminación del trámite es si implica una reducción del control estatal sobre las relaciones laborales. La respuesta oficial es negativa.

La Ciudad aclaró que la derogación de la rúbrica no modifica las facultades de inspección, fiscalización y sanción previstas en la Ley 265: desaparece el trámite administrativo, pero continúan los controles sobre el cumplimiento de la legislación laboral, las condiciones de higiene y seguridad y las inspecciones en los lugares de trabajo.