POLITICA
En dos años, el gobierno de Santiago del Estero le transfirió más de $1200 millones a una empresa vinculada a Toviggino
La investigación judicial que derivó en un pedido de detención del tesorero y del presidente de la AFA reveló el flujo de dinero que partió desde las arcas del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, conducido en las últimas dos décadas por Gerardo Zamora, a un grupo de empresas ligadas a Pablo Toviggino. El dictamen del fiscal federal Pedro Simón se focaliza en las transferencias dirigidas a Segon SRL, que ganó una licitación en 2024 para hacerse cargo de la seguridad del Hospital Regional de la capital santiagueña. Fueron más de $1200 millones, solo en los últimos dos años.
Esa firma, controlada por SOMA -otra de las empresas vinculadas al tesorero de la AFA-, también recibió fondos públicos de la Municipalidad de Frías, gobernada por un intendente zamorista, y de la propia AFA. El dinero ingresaba a una cuenta del Banco de Santiago de Estero y se repartía en menos de 48 horas.
El dictamen de Santiago del Estero revela que en 2024 hubo más de 50 transferencias desde las arcas provinciales a la empresa Segon por un total de $633.550.169,32.
¿Cómo se justifica ese dinero? El mismo dictamen menciona un decreto provincial, publicado en el Boletín Oficial de Santiago del Estero el 5 de junio del 2024, donde se adjudica a la empresa Segon el servicio de seguridad del Hospital Regional Ramón Carrillo, el más grande de la capital provincial. El contrato original era por $380.160.000, durante un plazo de doce meses. Pero las transferencias a la empresa arrancaron en enero de 2024 y llegaron hasta diciembre de 2025.
Solo el año pasado, la gobernación le transfirió a Segon $609.385.635,24.
A fines de 2023, la empresa ya había ganado otra licitación para brindar el servicio de seguridad en el Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo y Ex Hospital Zonal de Termas de Río Hondo. Ese dato no aparece en el dictamen del fiscal pero consta en el Boletín Oficial. En ese caso, la licitación era por un plazo de 24 meses. El decreto lleva la firma de Zamora, Elías Miguel Suárez y Natividad Nassif.
consultó al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, pero al momento de publicación de este artículo, no obtuvo respuesta.
La empresa Segon empezó a facturar en 2022 por la venta de combustibles, servicio de alojamiento en hoteles y sistemas de seguridad. “El monto total facturado ese año fue de $45.547.600,76 y el principal receptor de las facturas fue el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero por un total de $33.233.000”, destacó el fiscal en su dictamen.
En 2024, la empresa sumó la actividad “servicios de seguridad e investigación n.c.p.” y al año siguiente otra docena de rubros como “pompas fúnebres y servicios conexos”, “extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos”, y hasta “servicios de peluquería”.
Un análisis de la estructura societaria revela que sus socios eran Alejandro Sebastián Taborda Magallanes y Rosalía Argañaras pero luego vendieron sus cuotas sociales a favor de SOMA SRL, una de las empresas ligadas a Toviggino, y a Orlando Martín López, quien aparece en varias firmas vinculadas al tesorero de la AFA.
Mansión de Villa Rosa atribuida a la AFA en PilarNicolas Suarez
En 2022, SOMA adquirió las acciones de Malte, utilizada para comprar la mansión de Villa Rosa. Para ese entonces, los socios de SOMA eran Juan Pablo Beacon, otro allegado que supo ser muy cercano al tesorero de AFA, y Carlos Bruno Seguel, a su vez vinculado a varios de los 54 vehículos encontrados en la mansión.
Sobre Taborda Magallanes, quien fue accionista de Segon durante 2024 y 2025, el fiscal sostiene: “Su rol se asemeja a un ‘tenedor temporal’ que permite que la propiedad de la empresa salga del círculo íntimo y regrese meses después, dándole una apariencia de operación entre terceros”. Este hombre adquirió las acciones de Segon en 2022, cedidas por Mauro Javier Paz, quien fue gerente de Soma, Norte Argentino SRL y Malte. Y luego las vendió en diciembre de 2025.
Al analizar las transferencias que recibió Segon en el Banco del Santiago del Estero, el fiscal detectó que el dinero entraba y salía en menos de 48 horas. “El 95% de los fondos netos (descontando impuestos) se transfiere a Segón SRL (misma titularidad). Esto sugiere que la operatoria comercial real, el pago a empleados o el gasto operativo final no se realiza desde esta cuenta, sino que esta se utiliza solo para percibir los cobros y derivarlos inmediatamente a otra entidad financiera, dificultando la trazabilidad directa del destino final del dinero desde este extracto en particular”, explicó.
En esa misma cuenta, Segon también recibió transferencias millonarias de la Municipalidad de Frías, gobernada por el intendente Humberto Salim, muy cercano al exgobernador Gerardo Zamora, y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En Santiago del Estero sobran los actores judiciales y políticos que sospechan que el requerimiento del fiscal Simón es parte de una maniobra para intentar llevarse la investigación de la AFA a ese “terreno amigo”. Otros creen que se mezcló una feroz interna judicial entre el fiscal y el juez Sebastián Argibay, que acumula fallos a pedido del zamorismo y ahora debería decidir sobre las detenciones y los allanamientos. En cualquiera de los escenarios, la investigación está plagada de datos e informes oficiales sobre el universo de empresas supuestamente utilizadas por Toviggino.
contactó al tesorero de la casa madre del fútbol argentino, sin embargo, no obtuvo respuesta.
Toviggino y Claudio Tapia están acusados de haber liderado una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018. Según la acusación del fiscal, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
El dinero circulaba entre las empresas y se terminaba lavando, según la acusación. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y hasta la instalación de la bodega “La Vigilia”, ubicada en la provincia de Mendoza, y en el centro de belleza “La Fleur de Sartí” (a nombre de las empresas de la mujer de Toviggino). Solo de vehículos, son casi 20 páginas.
“Las maniobras descriptas habrían tenido por finalidad introducir tales activos en el circuito económico formal, disimular su origen y conferirles apariencia de licitud, mediante la utilización de sociedades instrumentales y la simulación de operaciones comerciales”, explicó Simón al pedir las detenciones.
¿Solo la empresa Segón recibió fondos públicos en Santiago del Estero? El fiscal detectó que la “Mutual Acceda Ya”, donde Toviggino ocupó un puesto jerárquico, recibió dinero del Gobierno provincial y municipal. Entre 2024 y 2025, fueron $17.844.204,49. Todos esos movimientos están ahora en la mira de la Justicia.
Esa mutual, según los datos que surgen del Boletín oficial, ahora está a cargo de Mauro Paz, uno de los nombres que se repiten en el universo de empresas investigadas.
El goteo no se termina ahí. Según lo informado por Naranja X, el ex cuñado de Toviggino, Manuel Hernán del Castillo Orellana “recibió grandes acreditaciones en su cuenta, por montos superiores a $5.000.000 que los transfería en el mismo momento que los recibía”. Las transferencias, casualmente, se hacían a empleados de la provincia de Santiago del Estero.
El 29 de diciembre de 2025, ingresó a la cuenta de Castillo Orellana una transferencia de $5.900.000. Minutos después, el dinero fue a la cuenta de una empleada del gobierno provincial. Algo similar ocurrió el 26 de diciembre, En ese caso, el dinero terminó en la cuenta de otra empleada provincial. “Entre el 01 y el 06 de noviembre recibió $ 14.972.942,88 que fueron transferidos a distintos CBU los mismos días que se acreditaron en la cuenta”, destacó el fiscal. Todavía no hay respuesta para ese “pasamanos”.
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Con la colaboración de Ricardo Brom
un pedido de detención del tesorero y del presidente de la AFA,SOMA adquirió las acciones de Malte, utilizada para comprar la mansión de Villa Rosa,una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018.,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,AFA,Pablo Toviggino,Santiago del Estero,Conforme a,AFA,,Pérdida millonaria. Una sugestiva ausencia de Messi y el cambio de sede repentino: qué dice la demanda contra la AFA en Miami,,¿Es justa la cantidad? AFA suspendió por cuatro fechas a Marcos Rojo a raíz de la expulsión ante River y el insulto al árbitro,,»Representación negligente». Demandaron a Messi y a la AFA por no haber jugado un amistoso en Estados Unidos
POLITICA
El Gobierno prorrogó por dos años la emergencia penitenciaria federal ante la falta de cupos en las cárceles
Por segunda vez, el Gobierno oficializó una nueva prórroga de la emergencia en el sistema penitenciario federal tras constatar que la capacidad de alojamiento se encuentra superada y que la demanda de ingresos sigue en aumento. Pese a que destacaron la inauguración de la Unidad N° 36 de Coronda, Santa Fe, reconocieron que aún no se logró solucionar la problemática.
Por medio de la publicación de la Resolución 439/2026 en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aprobó la extensión de “la ‘emergencia en materia penitenciaria’ declarada por la Resolución N° RESOL-2019-184-APN-MJ, por el término de dos años desde la fecha de vencimiento del plazo establecido por la Resolución N° RESOL-2024-254-APN-MSG».
Esta categorización ya había sido prorrogada en 2022 y 2024. De la misma manera, indicaron que actualmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja a 12.248 personas. Esto representaría un 106% de su capacidad operativa, que es de 10.932 plazas.
Bajo el punto de vista de las autoridades, esta situación afectaría la gestión de la custodia y la reinserción social de los internos. Asimismo, detallaron que el 61,83% de los alojados corresponde a condenados, mientras que el 38,17% permanece detenido bajo proceso.
En línea con los datos recabados, entre el 11 de diciembre de 2023 y el 1 de marzo de 2026, ingresaron 15.041 personas privadas de la libertad al sistema federal. De este total, 4.695 se encontraban a disposición de la Justicia Federal, 9.675 de la Justicia Nacional, 418 de la Justicia Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y 253 de otros tribunales provinciales.
Pese a que la capacidad máxima ya fue superada, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que hay otras 2.657 personas detenidas por la Justicia Federal y 2.416 por causas ante la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están a la espera de ingresar al sistema.
Por este motivo, en la resolución las autoridades destacaron que la cifra de plazas disponibles resulta insuficiente para recibir nuevos detenidos y advirtieron que el Servicio Penitenciario Federal aún se encuentra a cargo de la custodia de 5.983 personas implicadas en causas de la Justicia Ordinaria porteña, lo que representa el 48,85% de la población alojada.
Desde el Gobierno, atribuyeron este desbalance, en parte, a que no se concretó el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así, consideraron que la continuidad de esa estructura organizativa limitaría la capacidad de alojamiento para detenidos con causas federales.
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Entre las estrategias para abordar la problemática, el Ministerio de Seguridad Nacional resaltó la implementación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que desde abril de 2024 incorporó a 1.291 personas y actualmente supervisa 1.503 arrestos domiciliarios. De la misma forma, informaron que se distribuyeron 310 dispositivos electrónicos en 23 convenios con provincias.
En cuanto a infraestructura, la gestión actual recordó la inauguración de la Cárcel Federal de Coronda (Unidad 36) y la habilitación de la Unidad Residencial IV del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. Aunque estas contribuyeron a ampliar la capacidad, reconocieron que no era suficiente.
Además, indicaron que se encuentra en marcha la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, con un avance del 72,37%, y la relocalización del Complejo Penitenciario Federal Devoto al partido bonaerense de Marcos Paz. No obstante, la segunda obra que permanece inconclusa tras haber sido suspendida por el Gobierno porteño en 2020.
A raíz de esto, las autoridades resaltaron que, de concretarse la construcción de la cárcel de Marcos Paz, se sumarían un total de 700 plazas en el sistema federal. Por este motivo, destacaron que permitiría un “flujo de ingresos y egresos de detenidos al sistema”.
POLITICA
Fuerte cruce entre Alejandro Álvarez y el presidente del Consejo Interuniversitario: “A ustedes les ofende la verdad”
El subsesecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, protagonizaron este miércoles por la noche un fuerte debate sobre el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
El debate incluyó acusaciones de “politización” del sistema universitario, cuestionamientos por el manejo presupuestario y discusiones sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “A ustedes les ofende la verdad, los datos”, lanzó el funcionario nacional durante uno de los momentos de mayor tensión del intercambio.
La discusión se produjo en el programa A Dos Voces, emitido por TN, un día después de la marcha federal universitaria realizada en distintos puntos del país. Allí, Bartolacci defendió la movilización y reclamó el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso, mientras que Álvarez sostuvo que el Gobierno debe actuar bajo una “restricción presupuestaria” heredada de la gestión anterior.
El intercambio comenzó con diferencias sobre el sentido de la protesta universitaria. Bartolacci afirmó que la movilización expresó un respaldo social amplio a las universidades públicas y sostuvo que se trató de una manifestación “transversal”, no limitada a un sector político. Según señaló, la sociedad argentina valora el rol de las universidades porque “le transforma todos los días la vida a mucha gente”.
Álvarez respondió que las universidades fueron “colonizadas” por la política y buscó respaldar esa acusación mostrando durante el programa publicaciones de dirigentes opositores que apoyaron la marcha o vinculaciones con autoridades de diferentes casas de estudios. Entre ellas, exhibió una imagen de un mensaje del gobernador bonaerense Axel Kicillof en defensa de la universidad pública.
El funcionario también cuestionó al vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, por haber entregado un doctorado honoris causa a Cristina Kirchner. “La politización de la educación superior ha infiltrado las estructuras de decisión”, afirmó.
Bartolacci rechazó ese planteo y acusó al oficialismo de intentar instalar sospechas sobre las universidades públicas para justificar el ajuste presupuestario. “Son todo el tiempo frases hechas que intentan desprestigiar el sistema universitario para que eso fundamente el desfinanciamiento”, sostuvo.
El rector agregó, además, que en las marchas participan incluso personas que apoyan al presidente Javier Milei, pero que igualmente consideran necesario defender el sistema universitario. Sostuvo también que el Gobierno realiza una lectura equivocada de la protesta y de los sectores que acompañan el reclamo.
Otro de los ejes centrales del debate fue la situación presupuestaria de las universidades. Bartolacci marcó que el sistema público universitario atraviesa un escenario crítico y advirtió que “hoy está en riesgo la capacidad del sistema universitario público si no aparecen respuestas”.
Álvarez replicó que el Estado no puede ignorar la situación fiscal y cuestionó al CIN por “reclamar mayores recursos sin contemplar las limitaciones presupuestarias”. “Usted puede hacer una marcha de 250.000 personas, pero al otro día seguimos teniendo la restricción presupuestaria ahí mirándonos”, afirmó.
El funcionario insistió además en que la Ley de Financiamiento Universitario no podía aplicarse porque contradice disposiciones de la Ley de Administración Financiera. “Les avisamos que esa ley nacía muerta”, subrayó.
Bartolacci respondió que la iniciativa fue debatida en un contexto sin presupuesto nacional aprobado y remarcó que la norma no crea nuevas partidas, sino que actualiza fondos ya existentes para el funcionamiento de las universidades. También planteó que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con la ley sancionada por el Congreso.
La tensión volvió a escalar cuando Álvarez mostró una placa con presuntos salarios de rectores universitarios y aseguró que algunos superan el sueldo del Presidente. Incluso mencionó remuneraciones cercanas a los $14 millones mensuales.
“Vos sabés perfectamente que ese no es mi caso”, respondió Bartolacci, que además pidió “un debate razonable” y “en serio”.
El intercambio derivó luego en acusaciones cruzadas sobre la utilización de datos vinculados al sistema universitario. “El problema es que a ustedes les ofende la verdad, los datos. Tienen una rivalidad con los datos”, afirmó Álvarez.
Bartolacci contestó que el subsecretario “tergiversa datos” y le reprochó desconocer el funcionamiento del sistema universitario argentino. “Quiero ayudarte a tener mejores elementos para tomar mejores decisiones”, señaló.
En otro tramo del debate emitido por TN, el rector del CIN también vinculó el conflicto universitario con el funcionamiento institucional y advirtió que “no es un buen antecedente” que el Poder Ejecutivo no aplique una ley aprobada por el Congreso. Álvarez, por su parte, sostuvo que el Gobierno actúa para “defender los intereses de la Nación” y no los de un sector particular.
universidades públicas,Universidades,Conforme a,,»Es su vehículo personal». Un diputado libertario fue al Congreso con un Tesla y lo inscribió en la “batalla cultural”,
POLITICA
Con críticas al PRO y señales a Karina Milei, Bullrich intensifica su actividad en CABA camino a 2027
Patricia Bullrich prepara más recorridas en la Ciudad de Buenos Aires y prevé volver a mostrarse este viernes con Pilar Ramírez, la principal dirigente de Karina Milei en el distrito. La decisión se da en medio de las tensiones internas por la situación de Manuel Adorni y mientras La Libertad Avanza empieza a ordenar su estrategia para disputar la jefatura de Gobierno porteño en 2027.
Según pudo saber TN, la senadora planea realizar actividades territoriales cada una o dos semanas, de acuerdo con la agenda legislativa del Senado. En su entorno explican que el objetivo es sostener un esquema de presencia continua en barrios porteños, con recorridas, despachos abiertos y reuniones temáticas vinculadas a problemas de gestión local.
Cerca de la senadora sostienen que la lógica que busca replicar está inspirada en los sistemas de territorialidad norteamericano e inglés, basados en circunscripciones uninominales. En el equipo de la senadora lo traducen como una modalidad de “despliegue” y “contacto con el votante”, sin esperar la campaña formal y con foco en la construcción barrial.
La nueva actividad prevista para este viernes todavía no tiene sede definida. Bullrich prepara un despacho abierto para hablar de subte y transporte, y también invitó a Ramírez, que ese mismo día tiene una actividad en las oficinas de Netflix. La legisladora es la armadora de La Libertad Avanza en el territorio porteño.
El movimiento ocurre después de la recorrida que ambas compartieron la semana pasada en Villa Lugano y Villa Soldati. En el entorno de Bullrich sostienen que la agenda porteña no se frenará por el ruido interno nacional y que la intención es avanzar con presencia territorial en comunas donde La Libertad Avanza busca ampliar su estructura.
La disputa por la Ciudad también se aceleró con el video que la senadora publicó este miércoles sobre el estado del subte. Allí cuestionó la conectividad del sistema y marcó diferencias con la gestión porteña de Jorge Macri. En el oficialismo leen ese mensaje como parte de una estrategia más amplia: instalar agenda local, tensar con el PRO y marcar que LLA no quiere quedar subordinada a una negociación con el macrismo.
Leé también: Adorni busca retomar la agenda política mientras siguen las presiones para que presente su declaración jurada
El trasfondo está atravesado además por las tensiones internas que generaron las investigaciones judiciales sobre Adorni. La presentación de su declaración jurada abrió diferencias entre Bullrich, Javier Milei y Karina Milei, que sostiene al jefe de Gabinete y lo tenía como uno de sus nombres preferidos para competir en la Ciudad en 2027. La senadora pidió acelerar las explicaciones patrimoniales del funcionario y desde entonces mantiene una relación más tirante con la mesa chica oficialista.
En Balcarce 50, de todos modos, aseguran que el plan sigue siendo competir por la jefatura de Gobierno porteño el año que viene y desestimar, por ahora, un acuerdo electoral con el PRO. Bullrich empezó a ocupar ese espacio con recorridas, agenda de gestión y señales hacia Karina Milei, con la que mantiene tensiones.
Patricia Bullrich, CABA, Karina Milei
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