Artículo publicado originalmente en Clarín

Cristina Kirchner se sentará, por tercera vez, en el banquillo de los acusados. Esta vez lo hará junto a su hijo Maximo, que también va a juicio por lavado de dinero en las causas de Hotesur y Los Sauces. El juicio arrancará este viernes de manera unificada luego de la decisión que tomó la Cámara de Casación. A la ex presidenta la acusan de ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a lavar dinero a través de su hoteles y compañías y también de haber recibido dádivas. Entre las pruebas figuran los contratos con Lázaro Báez, la creación de empresas para lavar el dinero, movimientos de fondos y todo tipo de maniobras irregulares, según determinó la Justicia.

En la trama de la investigación aparecen dos empresas, un socio estratégico, una misma maniobra. Son los puntos neurálgicos que se instituyen como vasos comunicantes entre Hotesur y Los Sauces. Las dos causas investigaron los mismos delitos. Hay doce imputados que se repiten en ambos expedientes. La conclusión de la justicia a lo largo de la instrucción y de las instancias siguientes que confirmaron lo corroborado, fue que la firma hotelera (Hotesur) y la inmobiliaria (Los Sauces) no tenían un fin comercial real, sino que sólo se utilizaron como “pantallas para lavar dinero”.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio en la causa Los Sauces, que firmaron en 2018 los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la imputación penal y las maniobras atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner tienen como principal delito la asociación ilícita, agravada por su calidad de jefa.

Se le imputa haber “liderado una organización criminal orientada a sustraer fondos públicos y luego apoderarse de ellos a través de maniobras de lavado de dinero, con un marco temporal ampliado que abarcó desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2016”.

Además de ese delito, se le atribuye el lavado de activos, por la “dirección, ejecución y sostenimiento del esquema de reciclaje inmobiliario y hotelero a través de Los Sauces S.A. entre enero de 2009 y marzo de 2016”.

En este expediente hay un delito más imputado a la ex presidenta: la admisión de dádivas, por la “percepción disimulada de beneficios económicos indebidos provenientes de los empresarios Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa en retribución por concesiones, contratos y beneficios impositivos otorgados durante su mandato”.

Las maniobras que le reprochan a Cristina Kirchner

Respecto a la inmobiliaria Los Sauces, en primer lugar la constitución y control societario de Los Sauces S.A. El 7 de noviembre de 2006 consta en el requerimiento, constituyó la sociedad comercial junto con Néstor Kirchner (45% cada uno) y Máximo Kirchner (10%), “desempeñándose formalmente como directora suplente y manteniendo el control de las decisiones sociales y asamblearias”.

En ese rol, “aprobó actos de gobierno”, en su carácter de accionista mayoritaria, aprobó cada uno de los ejercicios económicos de la sociedad (2006 a 2016), avaló las adquisiciones patrimoniales y convalidó las contrataciones con las firmas de los grupos Báez e Indalo”.

Un dato central: Lázaro Báez y Cristóbal López representaron el 86% de la facturación de la inmobiliaria.

Posteriormente, se detalla la incorporación de inmuebles y aportes irrevocables al patrimonio societario de Los Sauces SA. El 25 de noviembre de 2008 Cristina Kirchner, transfirió en concepto de aporte irrevocable a favor de Los Sauces S.A. el terreno de la calle Alvear 391 (a título personal) y prestó el asentimiento conyugal para la cesión del lote de calle Mariano Moreno 882. Mientras realizaba estas cesiones, las constructoras de Lázaro Báez construían en ambos sitios sendos complejos habitacionales que luego fueron alquilados a las mismas firmas viales.

Pero además, realizó un aporte dinerario para el departamento de Madero Center. El 20 de noviembre de 2008 aportó a la firma $317.000 (monto obtenido cinco meses antes tras venderle un terreno a Austral Construcciones), completando junto con Néstor Kirchner el pago para adquirir la unidad funcional 126 (piso 4° «L») y cocheras en el complejo Madero Center, dadas luego en locación al Grupo Indalo.

En esa misma zona, Cristina Kirchner adquirió a través de Los Sauces S.A. un dúplex de más de 600 m² (pisos 8° y 9°) y cinco cocheras, entregado en alquiler a la firma Inversora M&S, de Cristobal López.

Hubo más operaciones de las que participó: la compra a precio vil en El Calafate de un terreno de 18.153 m² por 136.149(7,50 el metro cuadrado), tasado luego en valores considerablemente superiores. También, el terreno lindero al hotel Los Sauces Casa Patagónica en la misma localidad, fue ella quien “participó en la compra en junio de 2010 de una parcela de 1.250 m² en El Calafate por $100.000”.

La “simulación”con Lázaro Báez

Entre las operaciones atribuidas y por las que deberá responder en el juicio, la ex Presidenta -versa la acusación-, se encuentra la “simulación de compraventa de lote con Austral Construcciones”. Incorporó a la sociedad un terreno de 1.250 m² en Río Gallegos perteneciente a la empresa de Báez, bajo una venta que tras ser revocada en los papeles nunca fue restituida ni pagada, considerándose judicialmente una donación encubierta del dueño del Grupo Austral.

Las maniobras incluyeron la compra del Hotel La Aldea del Chaltén. La acusación detalla que la ex Presidenta adquirió a través de la sociedad, el hotel por la suma escriturada de $200.000 (tasado en $2.890.000 al momento de la operación), entregando su explotación comercial sucesivamente a Valle Mitre (Lázaro Báez) y a Idea S.A. (Osvaldo Sanfelice).

Todos los inmuebles adquiridos y de los que participó Cristina Kirchner, permitieron concretar el circuito de “alquileres simulados y percepción de fondos ilícitos”. En este ítem se incluyen los “contratos de locación ficticios o inflados”. Se la acusa de disponer el alquiler sistemático de los inmuebles de la sociedad a las empresas de Lázaro Báez (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Valle Mitre) y de Cristóbal López y Carlos De Sousa (Inversora M&S, Álcalis de la Patagonia).

Canalización del dinero

Así, se posibilitó la canalización monetaria. El requerimiento de elevación a juicio, expresa que “entre 2009 y 2016, la firma facturó $25.968.042,30, de los cuales el 88% correspondió exclusivamente a firmas de Báez (6.851.650,97)y del Grupo Indalo (18.554.725,76 directos y $561.665,57 a través de Idea S.A.). Esto produjo un incremento del patrimonio neto de la firma superior al 12.000%”.

Como otra etapa del circuito de los fondos, fue indispensable la participación de la ex mandataria para la “incorporación del dinero a su patrimonio personal y beneficio indebido”. En primer lugar se detalló que hubo extracción de fondos bajo “devolución de préstamos”, es decir, retiró de “manera particular y justificada bajo el concepto de pagos y devoluciones de la cuenta de accionista la suma de $2.095.426,67, además de disponer de los fondos retirados por la sucesión de Néstor Kirchner ($4.625.260,52)”.

Finalmente, se señaló que Cristina Kirchner realizó un uso gratuito de bienes societarios. “Ocupó y fijó como vivienda particular la residencia ubicada en la calle Mascarello 441 de Río Gallegos, inmueble de propiedad de Los Sauces S.A., sin pagar ningún canon locativo ni contraprestación a la empresa, evidenciando la confusión patrimonial entre la firma comercial y los miembros de la familia”.

Lo mismo ocurre en la actualidad con San José 1111 donde cumple el arresto domiciliario en cumplimiento de la condena del caso Vialidad.

Las maniobras en Hotesur

Como sostuvo el fiscal general, Diego Velasco, Los Sauces y Hotesur responden a una única maniobra de lavado de activos: mismos protagonistas, misma familia beneficiada (Kirchner), empresarios con vínculos comerciales con los ex Presidentes, entre otros aspectos.

En lo que respecta a la causa que se concentró en la firma hotelera, cuyo único inmueble es el Alto Calafate, los delitos imputados exclusivamente a Cristina Fernández de Kirchner es el lavado de activos en carácter de coautora.

A la hora de detallar el marco temporal de la acusación, la fiscalía delimitó que la ex Presidenta “diseñó, ejecutó y dirigió el esquema de reciclaje de fondos ilícitos entre el 10 de junio de 2005 y el 12 de noviembre de 2015, formulándose el reproche formal a partir de la entrada en vigencia de la Ley 26.683 debido a la tipificación legal del «auto-lavado» de activos”.

Las maniobras concretas atribuidas en este expediente, son: la provisión de fondos líquidos para la compra de la cadena hotelera (2007-2008). Para poder adquirir los hoteles que “luego serían integrados al circuito de reciclaje, Cristina Fernández de Kirchner participó (en forma directa, prestando asentimiento conyugal o mediante el poder general otorgado a su hijo Máximo) en operaciones destinadas a obtener liquidez”.

Entre ellas se encuentra la venta masiva de inmuebles al Grupo Báez, ya que intervino y avaló la venta de al menos diez propiedades en Santa Cruz a las firmas Austral Construcciones S.A. y Epelco S.A. por un total de $15.103.096,50.

El vínculo con Lázaro Báez también se vio forzado a través de un préstamo directo de Austral Construcciones a Cristina y Néstor Kirchner para la compra del hotel Alto Calafate. “Recepcionó en diciembre de 2007 de un mutuo dinerario de Austral Construcciones por $8.329.596,50”, señala la acusación.

También se detallaron los créditos del Banco de Santa Cruz, es decir, la obtención entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre de 2008 de cuatro créditos bancarios por un total de $10.277.933,82. Posteriormente, se la acusó por haber brindado el consentimiento para la venta de terrenos que habían adquirido al municipio por $135.002,80 y que dos meses después (el 12 de enero de 2008) fueron vendidos en USD 2.000.000.

Todo permitió la capitalización de la compañía que después su inmueble, Alto Calafate, sería explotado por Lázaro Báez.

Se analizó la adquisición y donación de acciones de la sociedad Hotesur S.A. Cristina Kirchner fue clave en la compra del paquete accionario. “Participó en la compra realizada el 7 de noviembre de 2008 de la totalidad del paquete accionario de la firma Hotesur S.A. (propietaria del Hotel Alto Calafate) por USD 4.900.000, estructurada formalmente a través de personas de confianza que actuaron «en comisión» (Osvaldo Sanfelice, Patricio Pereyra Arandia y Víctor Manzanares) para ocultar a los verdaderos adquirentes”.

También realizó una donación formal de acciones a Máximo Kirchner. Esto se concretó el 1º de diciembre de 2008, junto con Néstor Kirchner y ante el notario Ricardo Albornoz, “formalizó la donación de 10.000 de las 510.800 acciones de Hotesur S.A. a favor de su hijo Máximo para satisfacer la exigencia legal de pluralidad de socios en la sociedad anónima”.

El circuito de lavado

Sin la decisión de Cristina Kirchner, dice el Ministerio Público Fiscal, de poner a disposición los hoteles y los contratos con Valle Mitre (propiedad de Báez), la maniobra de lavado de activos no se habría concretado.

Se concretó con su intervención, la entrega de la explotación a la gerenciadora de Báez. Fue Cristina Kirchner quien entregó, junto a su familia, la administración y gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas a la empresa pantalla Valle Mitre S.A. En ese contexto, en su calidad de accionista de Hotesur SA, “aprobó la gestión societaria, aprobó cada uno de los ejercicios económicos de la compañía entre 2010 y 2013, ratificó sucesivamente la contratación de Valle Mitre y designó a las autoridades del directorio que respondían a su círculo íntimo”, dice el requerimiento de elevación a juicio.

Esto fue indispensable para poner en marcha lo que la fiscalía denominó como el “circuito de facturación hotelera con sobreprecios”. Se trata de la canalización de fondos viales, a través de la estructura montada. Las empresas constructoras del Grupo Báez (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, Alucom, Don Francisco, etc.) transfirieron más de $86 millones a Valle Mitre mediante alquileres ficticios de habitaciones y salones.

Después, fue parte del ingreso de cánones locativos a favor de la familia Kirchner. Se detalla el Hotel Alto Calafate. A través de Hotesur S.A., la ex Presidenta percibió cánones locativos desproporcionados pagados por Valle Mitre por un total de $28.597.624. En lo que concierne a la Hostería Las Dunas, “cobró de forma directa cánones de alquiler garantizados por Báez por un monto acumulado de $6.909.708”.

Finalmente, entre las acciones reprochadas, hubo una “incorporación del dinero a su patrimonio personal”. Sin realizar asambleas de distribución de dividendos conforme a ganancias líquidas y realizadas, “Cristina Fernández de Kirchner retiró personalmente de la cuenta de Hotesur S.A. la suma de $4.874.848,68 en concepto de «créditos» a favor de los accionistas, disponiendo de dicho dinero como fondos de apariencia lícita incorporados a su economía personal”.