La causa en la que se investiga la defraudación por unos 10 millones de dólares en el hotel 15 de Diciembre que pertenece al Sindicato de Camioneros en Mar del Plata podría entrar en una zona de turbulencias a partir de información que analiza la Justicia e incluso de documentación que aún no llegó a los tribunales: uno de los imputados, a través de su abogado, denunció que el gremio no entregó la documentación necesaria para probar las acusaciones y esa renuencia provoca que no pueda finalizar la pericia contable.

En el expediente se pusieron bajo la lupa presuntos sobreprecios en servicios y alimentos para el hotel sindical, ubicado en el centro marplatense, investigados por el fiscal David Bruna y la jueza Lucrecia Bustos a partir de una denuncia presentada el 12 de septiembre de 2025 por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y estrecho allegado al líder del gremio, Hugo Moyano.

Mientras la causa sigue en trámite y se están recolectando pruebas, especialmente documentación y testimonios de testigos y de personal del hotel, están imputados el ex secretario Administrativo del sindicato; Claudio Balazic; el ex secretario Tesorero del gremio, Paulo Villegas, un contador, dos ex empleados del hotel (uno fue el gerente y el otro, el chef) y dos ex proveedores del establecimiento.

Hace unos 10 días, una asamblea de Camioneros presidida por Hugo Moyano echó a Balazic (que ya había sido apartado de su cargo, junto con Villegas) por las irregularidades descubiertas en el hotel. Por ejemplo, según uno de los congresales presentes, en la asamblea se aseguró que el dirigente expulsado habría cerrado 6 habitaciones del hotel, las alquilaba para eventos y las cobraba con facturas emitidas a su nombre.

Además, de acuerdo con la misma fuente, se habría verificado que el acusado llegó a encargar a proveedores unos 53 mil kilos de pescado por año, como consta en pedidos facturas que estarían en poder de la Justicia, y que no habrían tenido que ver con servicios del hotel.

En su declaración ante la Justicia, Maldonado sostuvo que las irregularidades se detectaron a fines de julio de 2025, cuando el contador le dijo que “hubo un requerimiento de ARCA por estas empresas que trabajan con el hotel, los proveedores”. “Cerca del 10 de agosto hacemos una reunión con Hugo Moyano -dijo-, y al ver que no había respuesta sobre la situación de las distribuidoras o empresas, entonces Hugo me pide que venga (a Mar del Plata), y fue cuando descubrimos esta maniobra fraudulenta que nos afectó mucho”.

“El tesorero me dijo en una reunión informal con Hugo que los gastos de Mar del Plata se fueron muy arriba, hay cosas que no me cierran”, declaró el dirigente.

Maldonado reconoció que los cheques para los pagos del hotel siempre se confeccionaban en el sindicato en Buenos Aires, donde eran firmados en blanco por tres dirigentes (él, Balazic y Villegas) y luego se entregaban a la gerencia del hotel en Mar del Plata.

En relación con las facturas, señaló que “iban a la contaduría, a la Secretaría Administrativa y Tesorería”, y que “en el hotel tenían las chequeras donde se pagaban los pedidos que se hacían”. La justificación del gasto, aseguró, se realizaba después de la compra.

Otras fuentes sindicales, sin embargo, puntualizaron a Infobae que “los cheques llegaban al hotel firmados y lo único que se hacía era corroborarlos con la factura, luego se firmaba la factura y nada más; si no pasaba por Buenos Aires no se pagaba porque dependía de las tres firmas efectuadas en el sindicato, por lo que el hotel no tenía autonomía en esa operatoria”.

Javier Moral, abogado de Camioneros, dijo al sitio 0223 que “habría una usina de facturas apócrifas producida por estos imputados que eludían los controles de ARCA y de las áreas correspondientes del sindicato”.

“Las autoridades máximas (de Camioneros) no tenían ningún conocimiento ni vinculación con esto -añadió-. Por eso la obligación fue denunciar de inmediato e ir hasta las últimas consecuencias, independientemente de quién tuviera responsabilidad”.

Por su parte, el abogado Maximiliano Orsini, que representa al ex gerente del hotel, dijo a Infobae que están “esperando el avance de la producción probatoria”, tras lo cual remarcó: “Estamos así desde hace casi un año en que se está produciendo la prueba y estamos esperando el resultado de la pericia contable, que se fue dilatando durante casi un año en virtud de que el denunciante, el Sindicato de Camioneros, no acompaña toda la documentación contable y principalmente la información impositiva perteneciente a ARCA”.

El hecho de que el sindicato no haya presentado la documentación requerida, según consideró, “provoca que no pueda culminarse la pericia contable, que es la prueba esencial para determinar si efectivamente existió o no administración fraudulenta”.

“Gracias a que presentamos un escrito solicitando la declaración de Maldonado -agregó-, sobre la base de sus dichos se formularon nuevas imputaciones a integrantes del sindicato. Resulta extraño que una causa de esta magnitud avance sin haber presentado el denunciante (Camioneros) una auditoría interna y ni siquiera haber presentado documentación contable, que fue pedida por la defensa en por lo menos 4 oportunidades, porque nunca terminan de completarla».

Para Orsini, “lo más significativo es que están violentando el derecho de defensa en juicio y el debido proceso ya que hace un año están realizándose pruebas que no finalizan porque el propio sindicato no termina de presentar la prueba documental que está en su poder o es reacia a acompañar cierta prueba documental relacionada con ARCA”.

El abogado hizo hincapié en “la orfandad probatoria por parte del denunciante, que no aportó la documentación contable que correspondía para acreditar que supuestamente hay un desfalco por 10 millones de dólares. En semejante cifra de tal magnitud, ni siquiera tienen una pericia contable, una auditoría y están aprobados todos los balances, incluso en el período en el que dicen que hubo una defraudación”.

“Eso es lo más extraño: la causa no avanza porque no se aportaron los elementos probatorios que debieron aportarse desde el punto de vista contable, sino que simplemente son afirmaciones del propio Maldonado y especulaciones probatorias que dicen tener, pero que hasta ahora contablemente no surgen de la causa”, concluyó el defensor del ex gerente del hotel.

En una presentación ante la Justicia, además, Orsini solicitó medidas de prueba adicionales centradas en Lexham S.A., proveedora del hotel, destacando que el propio denunciante, Héctor Maldonado, había pedido que se investigue la operatoria fiscal y comercial de esta sociedad, lo que demuestra la relevancia que la acusación le otorga a su intervención en los hechos investigados.

Orsini pidió que se determine con precisión cuál fue la participación de Lexham, qué operaciones comerciales mantuvo con entidades vinculadas al Sindicato de Camioneros y, en particular, quiénes ejercían funciones de conducción y administración en la empresa.

Señaló que Marcela Alejandra Montero (en otros documentos aparece como María Alejandra Montero), que sería presidenta y apoderada de la empresa, posee un vínculo profesional directo con Camioneros: fue apoderada judicial del sindicato y figura con relación laboral y comercial con la entidad desde 2019.

Tras destacar que Montero integra o integró la estructura funcional del sindicato, no sólo como profesional externa sino con roles internos, lo que la vincula de forma directa con la organización que es objeto de investigación, Orsini subrayó la importancia de esclarecer si Montero tenía funciones societarias dentro de Lexham al mismo tiempo que representaba jurídica y laboralmente al sindicato.

Planteó, en ese sentido, que esta posible coexistencia requiere ser investigada por la hipótesis de direccionamiento de proveedores, contrataciones irregulares y manejo de recursos económicos entre el sindicato, el Hotel 15 de Septiembre y Lexham.

Desplazamientos en ARCA

Mientras, el caso adquirió otro cariz luego de que se conoció que un alto funcionario de ARCA denunció ante la Justicia que hubo presiones, desplazamientos y órdenes para frenar una pesquisa sobre la estafa multimillonaria en el hotel de Camioneros.

Según información publicada en el diario La Nación, la denuncia fue presentada por Manuel Rodríguez, contador público con más de 35 años de trayectoria en el organismo, ante la Fiscalía Federal General de Mar del Plata. En su escrito afirmó que autoridades de ARCA en Buenos Aires ejercieron presiones sobre quienes investigaban presuntos desvíos de fondos a través de proveedores del hotel marplatense de Camioneros.

De acuerdo con La Nación, en menos de 7 meses fueron corridos al menos 6 funcionarios de ARCA en Mar del Plata vinculados a esa línea de fiscalización. Entre ellos, jefes con entre 10 y 14 años de antigüedad en sus cargos, mientras el organismo negó la acusación y dijo que desde enero de 2024 había desplazado a 1.883 jefes y que 163 aún no fueron reemplazados.

Rodríguez, según la nota periodística, llegó a ser director de la Regional Mar del Plata de ARCA y luego “asesor mayor”, y fue desplazado y enviado al área de Capacitación por “cuestionar los intentos de frenar las fiscalizaciones” sobre las maniobras en el hotel.