El presidente de la Nación en la ultima reunión de Gabinete, del pasado lunes, determinó que el proyecto sobre la Soberanía Argentina en Malvinas ingresará por la Cámara de Diputados. Allí impulsará elevar las sanciones a las empresas que decidan explotar recursos naturales en las Islas sin autorización argentina, es decir modificará la Ley 26.659 del 2011.

También contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Además, el jefe de Estado, Javier Milei ya presentó demandas penales contra varias empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, entre ellas la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, sus directivos y representantes.

La decisión del Presidente Milei llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría revisar su posición respecto a la disputa territorial sobre las islas Malvinas. Recordando que el gobierno del Reino Unido no respaldó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, algo que resintió al líder de la Casa Blanca.

El PJ se mueve en Diputados

La bancada de Unión por la Patria (UxP) en Diputados presentó en los últimos días diferentes proyectos tendientes a resaltar la soberanía argentina en las Islas Malvinas. El diputado porteño Eduardo Valdés, junto a 25 legisladores peronistas, le pidieron al Presidente Javier Milei que exhiba nuevamente en la Casa de Gobierno la bandera que flameó en Malvinas durante el operativo Cóndor.

“Esa bandera tiene un valor histórico enorme, fue una de las siete que flamearon en las islas Malvinas hace 60 años durante el operativo Cóndor”, dijo el diputado nacional Eduardo Valdés.

La bandera, una de las siete enseñas argentinas que fueron desplegadas en las Islas durante el Operativo Cóndor, se encontraba exhibida en el Patio Malvinas Argentinas de la Casa Rosada hasta que fue retirada en febrero de 2025. Según informó entonces el Gobierno nacional, la decisión obedecía a tareas de restauración y conservación.

La iniciativa lleva las firmas de Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina, Agustina Propato, Roxana Monzón, Nancy Sand, Lorena Pokoik, Carlos Castagneto y Andrea Freites, entre otros.

Fin a un convenio fiscal con Inglaterra

Por su parte el entrerriano del Frente Renovador Guillermo Michel, insta al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar la denuncia del Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, suscripto en 1996.

El Convenio de Doble Imposición entre Argentina y Reino Unido otorga beneficios a las empresas inglesas que obtienen rentas en el país estableciendo tope para las retenciones por el pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías y tiene un costo fiscal, en promedio, de 50 millones de dólares por año para el fisco argentino.

El peronista Guillermo Michel planteó: “Nuestro país cuenta desde hace años con instrumentos destinados a proteger sus derechos soberanos y sus recursos naturales. En particular, la Ley 26.659, posteriormente modificada por la Ley 26.915, estableció un régimen de prohibiciones y sanciones aplicable a las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad competente”.

Agregó que “la reciente decisión del Gobierno Nacional de retomar la aplicación de este régimen frente a las actividades hidrocarburíferas ilegítimas debe ser acompañada por una política integral y coherente respecto del Reino Unido, que alcance también a los instrumentos económicos y tributarios que estructuran la relación bilateral”.

“Si el Gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas por sus actividades en Argentina. El Reino Unido continúa promoviendo y autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales, petróleo y pesca, en áreas sujetas a la disputa de soberanía, sin autorización de nuestro país”, expresó el legislador.

Pedido por una Comisión Bicameral

El bloque de senadores nacionales de Convicción Federal, presidido por la jujeña Carolina Moisés, presentó un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral Permanente sobre la Cuestión Malvinas y el Atlántico Sur en el Congreso de la Nación.

Los legisladores entienden que el Congreso debe tener un rol permanente en la defensa de Malvinas y de nuestros intereses en el Atlántico Sur.

“Hay quienes hablan de soberanía cuando conviene y la olvidan cuando aparecen los negocios. Los recursos argentinos tienen que estar al servicio de los argentinos. No podemos hablar de soberanía mientras otros deciden sobre nuestra pesca, nuestro petróleo y nuestros recursos en el Atlántico Sur”, afirmaron los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

La Comisión permitirá abordar Malvinas como lo que realmente es: una cuestión diplomática, económica, energética, pesquera, ambiental, científica, antártica, logística, de defensa y, fundamentalmente, de soberanía nacional.

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El proyecto establece que deberá integrarse obligatoriamente con un senador y un diputado nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, garantizando la representación permanente de la provincia directamente involucrada.

“Frente a la explotación unilateral de nuestros recursos, el avance del proyecto petrolero Sea Lion y la presencia militar británica, Argentina no puede limitarse a reaccionar: necesita una estrategia de Estado permanente. Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Pertenece a la Nación Argentina. Y su soberanía no se declama: se defiende”, sostiene los senadores de Convicción Federal.

Con estos antecedentes parlamentario, el Congreso aguarda la llegada del proyecto de Soberanía argentina Sobre las Islas Malvinas que Javier Milei enviará al Congreso.

Malvinas Argentinas, Javier Milei, Eduardo Valdes

deroga un decreto de 1973,,pic.twitter.com/VyPQVZL3Fh,September 11, 2026,https://t.co/hQn91esVXU,pic.twitter.com/ZORkeXUIXH,September 11, 2026,licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles,,incumplimiento de Mendoza de un caudal mínimo fluvioecológico.,Pablo Mannino,Conforme a

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial, por el cual el gobierno nacional reconoció el derecho de Mendoza a percibir el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La norma dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y puso fin a más de cinco décadas durante las cuales esos recursos se distribuían entre la provincia cuyana y La Pampa. El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este viernes una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, para celebrar el reconocimiento y detallar los pasos que seguirá la Provincia.

Además de percibir las regalías en forma íntegra a partir de ahora, Mendoza readecuará la demanda judicial iniciada en 2022 ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar los montos que no percibió durante los años en que estuvo vigente el esquema anterior.

El origen de la disputa se remonta a 1973, cuando aquella resolución estableció un esquema de reparto que Mendoza siempre consideró injusto. Durante más de 50 años, la provincia sostuvo que las regalías debían corresponderle en su totalidad, dado que la generación de energía se produce íntegramente dentro de su territorio. El fundamento jurídico descansa en el dominio originario que las provincias tienen sobre sus recursos naturales: el aprovechamiento hidroeléctrico —con su infraestructura, su inversión y la energía que produce— es un bien distinto del agua del río Atuel, cuyo carácter interjurisdiccional compartían ambas provincias. El nuevo decreto recoge ese criterio y lo traduce en una decisión de alcance concreto.

Cornejo señaló que el decreto confirma que Los Nihuiles era “la única hidroeléctrica que cobraba regalías con otra provincia”, en contra del criterio y la jurisprudencia que establece que las regalías corresponden a las provincias donde se produce la caída del agua que genera la energía. El mandatario remarcó que el fallo pone en evidencia que a Mendoza “le asiste el derecho” y “la razón” en su postura de que la generación realizada dentro de su territorio no debía ser compartida con La Pampa por el solo hecho de que el río Atuel sea interprovincial.

El gobernador vinculó el reconocimiento con otro antecedente en que la Provincia logró recuperar recursos que consideraba propios: el resarcimiento obtenido durante su primer mandato por la Promoción Industrial, que le reportó a Mendoza 1.023 millones de dólares, fondos que el propio Cornejo describió como los que hoy financian obras de agua, energía y rutas. En esa misma línea, el mandatario afirmó que la defensa de los recursos provinciales se articula con una relación que combina acompañamiento y litigio: “Cuando hay que litigar, pedir y demás, estamos haciéndolo siempre en defensa de la provincia”, sostuvo.

El reclamo judicial que continuará a partir de ahora busca recuperar lo que Mendoza dejó de percibir durante las décadas en que el Decreto 1560/73 estuvo vigente. Según explicó Cornejo, el monto actualizado de ese reclamo ronda los 680 millones de dólares. Para canalizarlo, la Provincia readecuará la demanda que presentó ante la Corte Suprema en 2022 y ajustará los montos reclamados al nuevo escenario jurídico que abre el decreto nacional.

El anuncio también se produce en un momento crítico para el sistema hidroeléctrico. Mema detalló que las centrales del complejo Los Nihuiles sufrieron una merma considerable: de una capacidad de 290 megawatts pasaron a producir solo 90, como consecuencia del daño en dos de sus unidades. Frente a ese deterioro, la Provincia avanza en paralelo con el proceso de definición de una nueva concesión que permita atraer capitales privados para recuperar y ampliar la capacidad instalada.

El ministro puso el decreto en perspectiva histórica y remarcó que “esta injusticia nació en 1973”, según sus declaraciones ante la prensa. A lo largo de ese período se sucedieron distintas instancias jurídicas y convenios sin que el reclamo mendocino prosperara. Para Mema, el cambio implica que la Provincia ya no percibirá la mitad de las regalías sino su totalidad, lo que modifica de forma sustancial el volumen de recursos que recibirá: “A partir de hoy, no solamente vamos a cobrar lo que nos corresponde, sino que lo vamos a cobrar íntegramente, porque veníamos cobrando la mitad”, afirmó.

Sobre el esquema de la nueva concesión, el titular de la cartera de Infraestructura fue claro en cuanto al rol que deberá cumplir el Estado: controlar que las obras se ejecuten, garantizar que la inversión se concrete y cobrar el porcentaje correspondiente sobre la energía generada. “Nuestra visión es muy clara, lo que necesitamos es inversión privada, y necesitamos generar las mejores condiciones para que vengan e inviertan la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible”, indicó Mema en la misma conferencia.

Latorre, por su parte, profundizó en el fundamento jurídico del reconocimiento. La ministra explicó que las provincias tienen soberanía y dominio originario sobre sus recursos y que el caso de Los Nihuiles permite distinguir con precisión entre el agua del río —de carácter interjurisdiccional— y el aprovechamiento hidroeléctrico que se lleva a cabo dentro del territorio mendocino. “No es solamente el río, el agua, que compartimos por ser interjurisdiccional con otra provincia, es también la pendiente, es también la inversión para generar, a través del agua y de esa pendiente, energía, que es una cosa, es un bien susceptible de apropiación distinto totalmente del agua y del salto”, precisó ante los periodistas.

La funcionaria también destacó el trabajo de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado en la defensa del patrimonio provincial durante todos estos años y trazó con claridad las dos vías que abre el decreto. La primera es judicial y apunta hacia atrás: reclamar lo que Mendoza fue obligada a compartir con otra provincia durante décadas. La segunda mira hacia adelante: articular una nueva concesión que, con mayor inversión privada, permita incrementar la generación. En palabras de Latorre, “mayor inversión es mayor producción, mayor producción es mejor aprovechamiento de los recursos y mayor percepción de regalías”, lo que se traduciría en más fondos disponibles para servicios como salud, seguridad y educación.