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POLITICA

Avanza el plan de Sturzenegger para eliminar decenas de normas por “obsoletas”

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Con algunos retoques al texto original propuesto por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el oficialismo avanzó en la Cámara de Diputados con la firma del dictamen de la llamada “ley hojarasca”, por la cual se propone la eliminación de más de 70 normas y reglamentaciones por considerarlas “obsoletas o superadas”.

El dictamen, que obtuvo 35 firmas, se despachó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Consiguió el respaldo de los bloques del oficialismo, Pro y la UCR. En cambio, Unión por la Patria y un sector de Provincias Unidas anticiparon su rechazo, por considerar que el paquete contiene normas cuya derogación afectaría áreas sensibles -como la salud y los bienes culturales- y reclamaron más tiempo de estudio.

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Ante el plenario de comisiones, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, insistió en que esta norma es necesaria para ordenar el plexo jurídico vigente.

Alejandro Cacace, secretario de DesregulaciónEsteban Pardo

“Así como en nuestra historia hemos tenido el problema de la inflación, en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación normativa -enfatizó-. Entre leyes, decretos y resoluciones ministeriales se cuentan alrededor de un millón de normas. Uno de los objetivos es ordenar eso, porque tiene un gran costo, tanto para el ciudadano como para la administración pública”.

El funcionario precisó que si bien en 2014 el Congreso aprobó un digesto jurídico en el que se hizo un primer ordenamiento legislativo, unas 15.000 leyes quedaron en una suerte de “limbo jurídico” que, a su juicio, es necesario ordenar. “Esto es un tema serio porque estamos hablando de leyes que no sabemos a ciencia cierta cuáles están vigentes y cuáles no”, sostuvo.

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Desde Unión por la Patria, el diputado Diego Giuliano planteó que si bien su bancada está de acuerdo con dar de baja una quincena de leyes que resultaron obsoletas con el tiempo, advirtió que dentro del paquete que presentó el Ministerio de Desregulación para su derogación hay normas que tocan áreas sensibles, como la educación, la salud y la cultura, que merecerían un “análisis más pormenorizado” antes de ser eliminadas de un plumazo.

El legislador mencionó, entre otras, la ley que declara de interés la producción pública de medicamentos y el artículo 5 de la ley de cooperativas, por el cual se las exime del pago de impuestos a los edificios y construcciones. Este último punto fue finalmente dado de baja por el oficialismo.

Por su parte Germán Martínez, jefe de la bancada, advirtió sobre los riesgos de derogar la ley 25.750 sobre bienes culturales, aprobada en 2003; dicha norma, explicó Martínez, fue impulsada tras la caída de la convertibilidad e impone, entre otros puntos, un tope del 30% para los capitales extranjeros en un medio de comunicación.

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“En su momento esta ley se aprobó ante el riesgo de que estas acciones cayeran en manos de fondos buitres. Pero no solo contempla a los medios de comunicación; también a ARSAT, empresa que este gobierno buscó privatizar en la Ley Bases. ¿Qué pasa si a partir de la irresponsable derogación de esta ley se busca privatizar las acciones de la empresa satelital por otras vías?“, planteó.

También desde los bloques de izquierda plantearon objeciones. La diputada Myriam Bregman enfatizó que la iniciativa “ataca la salud, a las cooperativas y a la cultura”, mientras que Romina Del Pla advirtió que, lejos de ser inocente, la propuesta de Sturzenegger “busca dejar las manos libres a los empresarios” para evitar regulaciones.

Irónica, la diputada Vanesa Siley apuntó directo contra Sturzenegger, el autor del proyecto. “El señor del megacanje y del blindaje durante el gobierno de la Alianza, el mismo que volvió con (Mauricio) Macri, habla de leyes obsoletas cuando él es el más obsoleto, inútil y viejo que hay en el país”, asestó.

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Modificaciones

El proyecto, de solo nueve artículos, condensa en el primero la derogación de medio centenar de leyes, la eliminación de varios artículos de otras tres normas y un par de decretos leyes hasta ahora vigentes. Fue presentado originalmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser reingresado.

La cartera que conduce Sturzenegger argumenta que muchas de esas normas quedaron obsoletas porque fueron superadas por cambios regulatorios posteriores y por el avance tecnológico o el paso del tiempo. Algunas de ellas rondan lo insólito, como exigir un carnet de mochilero para hacer dedo o inhabilitar a los funcionarios públicos que azoten a alguna persona.

Sin embargo, el paquete incluye algunas leyes cuya derogación generó resistencia entre los legisladores y que el oficialismo, ante la presión de las bancadas, debió ceder. Así, decidió dar marcha atrás con la ley 20.959 que otorga una credencial de libre circulación a los diputados y senadores nacionales.

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Asimismo, se eliminó el artículo que propone eliminar el aporte estatal al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios, otros dos puntos que generan incomodidad en distintos sectores de la Cámara.




ante la presión de las bancadas,Conforme a

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POLITICA

Milei puso en marcha su estrategia electoral para evitar una interna con Bullrich y complicar los planes de Kicillof

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No es necesario odiarnos. No es necesario usar un lenguaje violento. Hay que ocuparse de los más pobres. Son tres de las observaciones que, hace una semana y a puertas cerradas, el papa León XIV le hizo a Javier Milei.

Milei es un hombre muy espiritual, pero sus dogmas económicos son más fuertes que cualquier religión y lo ubican en las antípodas del Sumo Pontífice. Durante bastante tiempo, se guardó sus respuestas.

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El lunes por la noche, en la cena organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei les pidió a los empresarios que se jueguen e inviertan, porque son ellos los que van a sacar el país adelante. Un aparente elogio al sector que, en realidad, encubre una advertencia: son ustedes, los empresarios, y el resto de las personas los encargados de generar recursos; es decir, no esperen nada del Estado. Y el jueves reiteró que no habrá ningún plan de estímulo.

Pero Milei sentía que necesitaba decir algo sobre la justicia social. Sin ser agresivo ni confrontar con el Papa, quería expresarse, y finalmente lo hizo: afirmó que la justicia social (uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia) es “un robo, una estafa, algo moralmente incorrecto”.

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POLITICA

El incómodo conflicto de intereses que enfrenta el Gobierno y traba dos proyectos clave en Diputados

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La sesión en la Cámara de Diputados que este miércoles fracasó por falta de quórum fue un llamado de atención para el oficialismo y ahora las espadas legislativas de La Libertad Avanza analizan alternativas para destrabar los dos proyectos que la Casa Rosada había marcado como prioritarios: el de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los principales responsables de hacer naufragar la convocatoria fueron los diputados de Provincias Unidas que, entre otros puntos, reclamaban avances concretos en la ley de biocombustibles, un lugar en el Consejo de la Magistratura -se disputan un representante con el PRO-, una rebaja en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos para las cajas previsionales provinciales y obras viales.

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Según pudo saber Infobae, el bloque donde pisan fuerte los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) no recibió hasta el momento ninguna señal concreta por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre ninguno de estos reclamos.

Este viernes se venció el plazo para dictaminar en comisión la ley de biocombustibles y eso dificulta aún más la situación ya que debería tratarse en una sesión “sobre tablas” (sin dictamen) para lo que se necesita una mayoría especial de dos tercios. Fuentes libertarias adelantaron que tratar este proyecto el mismo día que el Presupuesto sería inviable porque el debate podría durar “unas 32 horas”. Por otro lado, no están seguros de poder conseguir los dos tercios.

Maximiliano Luna

Sin embargo, el proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% es prioritario para provincias como Córdoba y Santa Fe, donde están ubicadas las grandes plantas productoras.

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En la vereda de enfrente, durante el debate en comisión el PRO propuso mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores. Eso frenó las negociaciones

“Primero biocombustibles, después hablamos lo que quieran. Ellos -por el Gobierno- tienen que hacer alguna propuesta”, explicaron a Infobae desde Provincias Unidas.

Cerca de Martín Menem reconocen que una solución podría ser incluir el proyecto de biocombustibles en las sesiones extraordinarias de diciembre y que el decreto de la convocatoria salga antes de la sesión prevista para la semana que viene donde se tratará el Presupuesto 2027.

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Martín Menem y Cristian Ritondo

En cambio, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central podría sumarse el temario de la próxima sesión ya que tiene dictamen y su debate no debería ser demasiado extenso dado que ya pasó por Diputados, solo se deben ratificar los cambios que hizo el Senado.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados tiene en sus manos otra controversia que lo obliga a hacer equilibrio. Esta semana los bloques mayoritarios enviaron a sus representantes para el Consejo de la Magistratura. La Ley 24.937 establece que el bloque mayoritario, en este caso La Libertad Avanza, tendrá dos lugares (Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo), mientras que la primera y la segunda minoría se repartirán un lugar para cada uno. Unión por la Patria eligió al massista Guillermo Michel, pero el cuarto lugar se lo disputan Provincias Unidas y el PRO.

Provincias Unidas postuló a Juan Brügge, porque asegura que con sus 18 diputados es la segunda minoría. No obstante, el PRO, que tiene 12 integrantes, pretende quedarse con ese lugar para la ritondista Florencia De Sensi porque según su visión Provincias Unidas en realidad no es un bloque sino un interbloque. “Es un espacio político que se hizo solo para conseguir cargos. Es lo mismo que la Corte rechazó en el caso de Luis Juez”, señalaron desde el bloque PRO.

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La Presidencia de la Cámara ya elevó los tres primeros nombres a la Corte Suprema. Pero no tomó ninguna definición respecto al cuarto lugar. “No vamos a mandar nada que se judicialice. La Corte ya fue clara: la política no debe judicializar sus temas. Esto se debe resolver puertas adentro. Es algo que tienen que charlar ambos bloques, incluso sus presidentes son del mismo partido”, explicaron en referencia a Ritondo y Scaglia, ambos formalmente parte del PRO.

“El lugar en el Consejo nos corresponde, no lo negociamos con nadie”, adelantó un importante integrante de Provincias Unidas.

Ante la consulta de Infobae, desde la mesa parlamentaria de La Libertad Avanza aseguraron que están concentrados en avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027, que se tratará en el recinto el próximo miércoles. Según sus cálculos, los números favorecen al oficialismo, incluso sin contar con el apoyo de Provincias Unidas.

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Mansión de Pilar: la nueva pista que seguirá la Justicia para reconstruir el origen del dinero y su vínculo con la AFA de Chiqui Tapia

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La investigación por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá una nueva etapa después de que la Corte Suprema resolviera que el expediente quede en manos del juez federal Daniel Rafecas. El foco estará puesto en reconstruir el origen y el recorrido del dinero utilizado para adquirir la propiedad y los vehículos de lujo encontrados en el lugar.

Según pudo saber TN, tanto la Justicia buscará determinar si existió un circuito de lavado de activos detrás de la adquisición de esos bienes, que podrían haber sido comprados con fondos provenientes de presuntas maniobras ilícitas vinculadas con la AFA.

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De esta manera, la investigación no se limitará a establecer quién es el verdadero dueño de la mansión, sino que intentará reconstruir cómo se generaron y circularon los fondos utilizados para comprarla, además de identificar a todas las personas y sociedades que pudieron haber intervenido en esas operaciones.

En ese sentido, las fuentes consultadas señalaron que el análisis tampoco se concentrará exclusivamente en Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes aparecen como titulares de Real Central SRL, la sociedad propietaria de la quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.

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