POLITICA
ONG apoyaron cambios en el nuevo reglamento para elegir jueces, pero alertaron sobre la eliminación del cupo femenino
El Consejo de la Magistratura discutió en sus comisiones el reglamento propuesto por la Corte Suprema de Justicia para modificar la manera en que se eligen los jueces con la presencia de ONGs que respaldaron la iniciativa, en cuanto a que da transparencia y resta discrecionalidad al proceso, pero le criticaron falta de perspectiva de género.
El debate se dio durante la reunión de la Comisión conjunta de Selección y Reglamentación del Consejo que sesionó para escuchar las posturas de la sociedad civil con respecto a los cambios propuestos por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la acordada 4/26.
La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincidieron en la necesidad de aplicar al proceso una mayor transparencia, como propone el nuevo reglamento, y manifestaron objeciones sobre la discrecionalidad del sistema.
Nieves Macchiavelli, representante de la Asociación de Mujeres Juezas, expresó la principal preocupación de su asociación: la eliminación del cupo femenino en el nuevo reglamento propuesto por la Corte.
En el reglamento vigente, se debe citar a mujeres si no están primeras entre los primeros seis y si la entrevista es satisfactoria y no hay mujeres en los primeros tres lugares, se debe convocar una mujer para integrar cada terna.
Macchiavelli afirmó: “Me gustaría alertar que el nuevo reglamento propuesto por la Corte elimina tal categoría de mujeres y eso no tiene un impacto neutro”.
La jueza subrayó que el debate no debe plantearse como una falsa dicotomía entre “mérito vs. género”.
En contraste, la asociación sostiene que “la condición de mujer no es un factor irrelevante de la toma de decisiones, por el contrario es una categoría jurídica”, cuyo objetivo es garantizar “el cumplimiento de mandatos vigentes”.
Julián Alfie, en representación de Inecip, si bien consideró “urgente” sancionar una nueva normativa, sostuvo que el proyecto “no termina de solucionar los problemas que diagnostica”.
Alfie argumentó que el proceso de selección de magistrados presenta “altos márgenes de discrecionalidad que permiten sospechas de que inciden factores no objetivos”.
Además, remarcó la “falta de perspectiva de género”, indicando que actualmente el “70% de los cargos de magistrados son varones”.
“Encontramos problemas en la selección de magistrados. Los largos plazos de los concursos que generan vacancias larguísimas, que generan un interinato permanente”, sostuvo.
Según el Inecip, el proyecto mantiene la regla de que los concursos inician solo cuando se produce una vacante y que “los postulantes y los evaluadores saben cuál es el cargo en juego”, lo que constituye el “corazón de la discusión”.
Sin embargo, la propuesta de los jueces de la Corte es hacer concursos anticipados como norma y tener una suerte de banco de candidatos ya elegidos para cuando se produzca la necesidad de cubrir esos cargos.
En línea con la necesidad de objetividad, Clara Lucarella, de ACIJ, remarcó que cualquier modificación del reglamento debe apuntar a la “idoneidad mediante evaluaciones justas, reducir el margen de discrecionalidad en distintas instancias y abrir la información en todas las instancias del proceso”.
La consejera abogada Jimena De la Torre manifestó estar en contra de los cupos y sugirió abordar el problema estructural de las mujeres al inicio del proceso.
Propuso, por ejemplo, bajar un 30% el peso de los antecedentes, para que las mujeres “sientan que hay una real igualdad”, ya que “las mujeres no se inscriben porque saben que caen con los antecedentes”.
De la Torre concluyó que su postura es “aprobar la acordada 4/2026 sin cambios ya que nos deja en un lugar más objetivo y más meritocrático”.
Por su parte, la consejera jueza Agustina Díaz Cordero salió al cruce de las críticas sobre transparencia y la escasa presencia de mujeres en las ternas.
Aclaró que las ternas enviadas que no incluían mujeres correspondían a concursos de 2018 y no aplicaban la Acordada 216/2019, que rige “desde el concurso 436 en adelante”.
Por otra parte, aseguró que el Consejo está “trabajando de manera muy fuerte en todo lo que es transparencia como una política pública”, destacando que las entrevistas son públicas y “se transmiten por YouTube”.
Fernanda Vázquez, consejera por los abogados, sostuvo que “muchas veces hay propuestas que se han hecho en este Consejo que son viables, pero que no reúnen el consenso y lo que se hace en este lugar es un consenso de los estamentos”.
“A mí me preocupa la escasez de abogados concursando, los que llegan; cómo podemos trabajar para mejorar estas cuestiones porque vamos a tener una justicia mejor y más eficiente con abogados de la matrícula”.
Sostuvo que es necesario llegar a consensos. “Esta reunión es prueba de nuestro compromiso y la seguridad que tenemos para que la norma sea mejor”, enfatizó.
Por otra parte, en la reunión de hoy la comisión de Acusación del Consejo decidió citar a una suerte de indagatoria al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por fallar a cambio de coimas para que un empresario pudiera acceder a dólares a cambio oficial.
Y se decidió postergar una decisión similar sobre el juez civil y comercial Patricio Maraniello, acusado por maltrato y abuso, pese a los numerosos testimonios que se vinieron escuchando en las últimas semanas.
Los dos magistrados investigados están en etapa de definiciones en sus procesos.
Según se resolvió en la reunión hoy por unanimidad, Salmain será citado en las próximas semanas por el artículo 20 del reglamento, que implica la posibilidad de que el juez investigado haga un descargo, presencial o por escrito, para responder a las acusaciones que pesan en su contra.
La defensa de Salmain buscaba frenar esta decisión en base a la denuncia que él mismo promovió en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el arrepentido Fernando Whpei, que reveló cómo logró que el magistrado sacara un fallo a su favor a cambio de una coima de 200 mil dólares y con la ayuda del operador judicial Santiago Busaniche.
Aunque inicialmente la jueza María Servini había resuelto que esa denuncia de Salmain en Buenos Aires fuera enviada a Rosario porque es parte de su defensa, la semana pasada el camarista Eduardo Farah decidió hacer lugar al pedido del juez. Y ese fallo fue presentado por Salmain para postergar el trámite por su presunto mal desempeño.
No lo consiguió: por unanimidad la comisión decidió avanzar con la citación y darle la posibilidad para sustanciar esa nueva prueba. Allí votaron el abogado Alberto Maques, el senador nacional Luis Juez, los diputados nacionales Álvaro González (Pro), Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria), Vanesa Siley (Unión por la Patria) y Gonzalo Roca (La Libertad Avanza) y el abogado César Grau.
Quien logró evitar frenar su citación, a través del artículo 20°, fue Maraniello, el juez que se conoció por dictar un fallo que prohibió la difusión de supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Hay cuatro expedientes contra Maraniello por aquel fallo que, según las denuncias, violaba la libertad de prensa. La comisión tenía agendado dar inicio al trámite de esas denuncias contra Maraniello, además de otras por retardo de justicia.
Fue Roca, diputado de LLA, quien pidió postergar los trámites contra Maraniello.
El consejero Santiago Viola, viceministro de Justicia, estuvo en la reunión a pesar de que no integra la comisión de Acusación. Viola fue abogado de Karina Milei en la causa que llevó Maraniello.
El pedido de Roca para postergar los expedientes de Maraniello generó una discusión entre los consejeros, que se habían reunido momentos antes a puertas cerradas y parecían haberse puesto de acuerdo inicialmente.
Al pedir la palabra, Roca solicitó postergar el tratamiento de todos los expedientes cuando ya se terminaba de votar el primero sobre ese juez y habían decidido notificarlo por el artículo 11, que implica notificarlo de nuevas denuncias en su contra. “Posterguemos para que analicemos todos los expedientes de manera unificada”, dijo Roca.
Tailhade contó lo acordado momentos antes a puertas cerradas en torno a la postergación y su colega, Vanesa Siley, planteó que era absurdo acordar que se postergaban todos los expedientes cuando terminaban de votar uno. “Si fuera lógico lo que pide Roca, no tendría lógica lo que acabamos de votar”, señaló.
Tanto el senador de LLA Luis Juez como el abogado Alberto Maques (presidente de la comisión) salieron a sostener el pedido de Roca. Finalmente, todos los integrantes del cuerpo terminaron votando la postergación, incluidos los kirchneristas.
“Por esta vez en particular todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido”, dijo Maques. “En labor yo entendí lo contrario”, quiso dejar asentado Tailhade.
La postergación incluyó avanzar con la citación a hacer su descargo por las graves acusaciones contra Maraniello por maltrato y acoso a los empleados, entre los cuales figura una víctima que habló de abuso sexual.
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POLITICA
Súper RIGI estancado en el Senado: no habrá acuerdo si la Rosada no acepta las exigencias de los aliados
Con la semana más o menos cantada de antemano en el Senado -sin recinto ni demasiado apuro en comisiones- y parte de una abultada agenda ya liberada durante las últimas tres sesiones que realizó el pleno de la Cámara alta, el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Economía, tienen en sus manos la definición del proyecto de Súper RIGI -inversiones por más de USD 1.000 para industrias del futuro- ante aliados que ratificaron que, sin cambios extra, no habrá ley.
El trámite de la iniciativa fue normal hasta que, antes de activar el pase hacia la firma de dictámenes -a comienzos de septiembre pasado-, aterrizó un puñado de objeciones del PRO, la UCR y el peronismo disidente, que demandaron proteger los insumos nacionales. “No estoy en contra de la importación de insumos, pero no hay dimensión de los que ocurrió con el RIGI en los últimos meses. Se está yendo de las manos”, deslizaron a Infobae desde una bancada que suele acompañar al Ejecutivo.
La queja principal vino del lado del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el peronista no kirchnerista Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), quienes exigieron ampliar el término “precio/calidad”. Añadieron, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.
En aquella ocasión, al no tener un guiño desde Balcarce 50, la líder de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital Federal), sólo validó los cambios anticipados relacionados con el 20% a favor de bienes locales y que las inversiones por más de USD 1.000 millones que plantea el articulado de la Casa Rosada reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del sistema. Al venir de Diputados, eventuales modificaciones harían regresar el texto a la Cámara baja, en segunda revisión.
Para verificar la oferta, los legisladores sugieren que la potencial autoridad de aplicación establezca “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.
En tanto, la propuesta impone: “A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero”.
Además, la comparación deberá efectuarse sobre precios “equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación”.
En la misma semana que pasó a siesta el Súper RIGI encontró el mismo paredón, aunque en otro plenario, la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas que impulsa desde unos meses el jefe de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes).
Llamó la atención, en aquel convite, que un propio colega del centenario partido, el catamarqueño Flavio Fama, le reclamara a Vischi mayores precisiones en el compre local. El ex rector fue uno de los senadores que firmó el dictamen sobre inviolabilidad de la propiedad privada -incluida la venta de tierras a extranjeros- y, horas antes de la sesión, anunció el rechazo al capítulo y su no asistencia tras una operación de rodilla. A los pocos días reapareció en otro plenario, ya 100% recuperado y sin vestigios de molestia alguna por la intervención en la anatomía de su tren inferior.
POLITICA
La Justicia Federal ordenó recuperar las clases perdidas por los paros en colegios universitarios de San Juan
La Justicia Federal ordenó a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recuperar los días y las horas de clase perdidos durante los paros docentes en tres colegios secundarios que dependen de esa casa de estudios. El fallo hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por un grupo de padres de alumnos y estableció un plazo de cinco días para que las autoridades universitarias comuniquen un plan destinado a garantizar la finalización del ciclo lectivo 2026.
La decisión fue adoptada el viernes 9 de octubre por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N.º 1 de San Juan, en el expediente FMZ 39628/2026, caratulado “Fornes Martín, Francisco Daniel y otros c/ Universidad Nacional de San Juan s/ amparo Ley 16.986”.
La resolución se conoció mientras las autoridades universitarias, los gremios docentes y las organizaciones estudiantiles preparaban una nueva Marcha Federal Universitaria para el jueves frente al Congreso de la Nación. La convocatoria tiene como principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y trabajadores, y el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades públicas.
El pronunciamiento judicial incorporó otro aspecto del conflicto educativo: la continuidad de las clases en los establecimientos secundarios que dependen de universidades nacionales y la recuperación de los contenidos afectados por las medidas de fuerza.
Las familias denunciaron 41 jornadas sin clases
El caso comenzó con una presentación de familias de alumnos de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”. Los tres establecimientos integran el sistema de institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan.
Los padres promovieron una acción de amparo colectivo para solicitar que las autoridades garantizaran el calendario escolar, los días mínimos de clase y el dictado de los contenidos correspondientes al año en curso.
Según el relevamiento realizado por las familias, los establecimientos habían acumulado 41 jornadas sin clases por medidas de fuerza docentes. Esa cifra fue uno de los antecedentes utilizados para fundamentar la presentación judicial. El registro elaborado por los padres reunió información sobre las interrupciones de actividades durante 2026.
La organización de las familias comenzó durante el ciclo lectivo y derivó en la presentación del amparo el 24 de septiembre. De acuerdo con la información difundida en San Juan, el grupo reunió a más de 600 familias vinculadas a los establecimientos, impulsó una colecta para afrontar los gastos del proceso y obtuvo adhesiones al reclamo.
El expediente llegó al Juzgado Federal N.º 1, que examinó la documentación presentada y las obligaciones legales vinculadas con la educación secundaria.
En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que los elementos incorporados al expediente permitían considerar acreditadas, con el grado de verosimilitud exigido para una cautelar, las reiteradas interrupciones en el dictado de clases de los tres establecimientos durante 2026.
El juez también señaló que las familias habían realizado presentaciones ante el Rectorado para solicitar medidas que garantizaran la continuidad educativa y que, al momento de resolver, el expediente carecía de constancias sobre un programa de recuperación de las actividades afectadas.
La resolución estableció una obligación concreta para la Universidad Nacional de San Juan: adoptar medidas académicas, administrativas y organizativas que garanticen la conclusión del ciclo lectivo, la recuperación de las jornadas y horas afectadas y el dictado de los contenidos curriculares obligatorios.
La orden judicial alcanza al Rectorado, a la Secretaría Académica y a las autoridades de los tres colegios preuniversitarios. También dispone que la universidad comunique a la comunidad educativa un Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica dentro del plazo de cinco días establecido en la resolución.
El fallo hizo referencia a la Ley 25.864, que establece un mínimo de 180 días efectivos de clase para los establecimientos educativos comprendidos en su alcance. Esa legislación contempla mecanismos de compensación cuando se producen interrupciones que afectan el cumplimiento del calendario escolar.
También mencionó la resolución del Consejo Federal de Educación que fijó un piso de 190 días y la normativa interna de la Universidad Nacional de San Juan, que establece 33 semanas de actividades escolares para sus institutos preuniversitarios.
El magistrado examinó esas disposiciones junto con los derechos constitucionales involucrados en el conflicto: el acceso a la educación de los estudiantes y el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores docentes.
Uno de los fundamentos centrales de la resolución estableció: “Ambos derechos -educación y huelga- deben ser armonizados de manera que ninguno importe la anulación del otro”.
En ese sentido, Rago Gallo sostuvo que corresponde preservar las medidas gremiales legalmente previstas y, al mismo tiempo, exigir a las autoridades educativas que garanticen la continuidad pedagógica, recuperen las jornadas afectadas y aseguren el desarrollo de los contenidos obligatorios.
El juez dejó pendiente la prestación educativa mínima durante los paros
El fallo también abordó la autonomía de las universidades nacionales, reconocida por el ordenamiento jurídico argentino.
“La autonomía académica e institucional de la Universidad le permite seleccionar los medios pedagógicos y organizativos que estime adecuados, pero no la exime del cumplimiento de las obligaciones vinculadas con la duración del ciclo lectivo y la compensación de los días de clase perdidos”, expresó el juez.
A partir de esa consideración, la resolución dejó en manos de las autoridades universitarias la definición de los mecanismos académicos y administrativos para recuperar las clases. La intervención judicial se concentró en exigir el cumplimiento de las obligaciones educativas correspondientes al ciclo lectivo.
El magistrado también analizó la situación de los estudiantes ante la proximidad de la finalización del año escolar. Según explicó, la demora en adoptar medidas de recuperación reduce las posibilidades de completar las jornadas y los contenidos pendientes.
El escrito judicial citó el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de enseñar y aprender, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la consideración primordial del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
En este punto, la resolución sostuvo que la documentación aportada por los demandantes resultaba suficiente para considerar configurada, de manera preliminar, una afectación del desarrollo del ciclo lectivo.
Los padres también habían solicitado que, durante las medidas de fuerza, la universidad garantizara una prestación educativa mínima del 75%, en los términos de la normativa sobre actividades esenciales invocada en la demanda.
El juez dejó ese pedido pendiente de resolución, al considerar que requiere un debate más profundo, la producción de pruebas y la intervención de las partes. La cautelar concedida se limitó a ordenar la continuidad y la recuperación pedagógica, mientras continúa el trámite del amparo.
La distinción quedó expresamente planteada en el fallo, que hizo lugar parcialmente a la pretensión de las familias y aclaró que la decisión cautelar constituye una respuesta provisoria, previa a la sentencia sobre el fondo del conflicto.
La resolución también estableció las condiciones procesales para la continuidad del trámite y la vigencia de la medida.
Después de conocerse el pronunciamiento, los padres autoconvocados difundieron una comunicación dirigida a las familias de los estudiantes para informar el resultado del amparo. Allí explicaron que la Justicia había aceptado parcialmente su presentación y resumieron las obligaciones impuestas a la universidad.
La organización destacó que el fallo reconoció las interrupciones reiteradas en el dictado de clases y la necesidad de contar con un plan de recuperación. La comunicación también informó sobre el plazo otorgado a las autoridades universitarias para presentar las medidas correspondientes.
El caso se desarrolló en un contexto de medidas de fuerza del sector universitario, vinculadas con los reclamos salariales y presupuestarios que atravesaron a las universidades nacionales durante 2026.
Las organizaciones docentes y las autoridades universitarias mantuvieron sus reclamos por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Gobierno sostuvo su posición sobre las partidas presupuestarias y la política de financiamiento del sistema.
La discusión también llegó a los tribunales y al Congreso de la Nación, donde la cuestión presupuestaria universitaria fue uno de los temas de confrontación entre el oficialismo y la oposición.
En ese escenario, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina, convocó a una nueva movilización para el jueves 15 de octubre, a las 13.30, frente al Congreso.
La convocatoria incluyó el reclamo por la aplicación plena de la legislación de financiamiento, la actualización salarial y los recursos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudio, en paralelo con la discusión del Presupuesto 2027.
El fallo de San Juan se conoció seis días antes de esa movilización y quedó circunscripto a la situación de los tres colegios secundarios dependientes de la universidad provincial.
La medida judicial dispuso que las autoridades de esos establecimientos, junto con el Rectorado y la Secretaría Académica, definan cómo recuperar las jornadas y los contenidos afectados durante 2026.
El cumplimiento de esa orden y la continuidad del expediente determinarán los próximos pasos del proceso iniciado por las familias, mientras sigue abierta la discusión nacional sobre el financiamiento de la educación universitaria.
POLITICA
Comenzó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: llevaron a los primeros 326 internos en un fuerte operativo de seguridad
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación iniciaron este fin de semana el traslado gradual de los 1500 internos del penal de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de máxima seguridad de Marcos Paz.
El operativo se puso en marcha tras la firma de un convenio entre ambas jurisdicciones y forma parte del compromiso que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, había asumido con los vecinos del barrio para vaciar definitivamente esa cárcel.
Para ejecutar el operativo se conformó un Comando Unificado integrado por fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Ese organismo es el encargado de planificar, coordinar y llevar adelante el traslado de manera gradual y progresiva. El plan contempla el perfil criminológico de cada interno y medidas de prevención de riesgos durante el recorrido hasta el nuevo predio.
“Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia”, escribió el jefe de Gobierno porteño en su cuenta de X.
Monteoliva también publicó un mensaje: “Empezamos a trasladar a los presos de Devoto. Hoy llevamos a los primeros 326 internos a Marcos Paz, en un operativo histórico coordinado por un Comando Unificado que reúne a nuestras cinco Fuerzas Federales para garantizar la seguridad durante todo el traslado”.
“Un paso más en el proceso de mudanza que vamos a hacer de manera gradual y planificada. Seguimos. Ley y orden”, remarcó la ministra.
La nueva unidad, construida por la Ciudad de Buenos Aires y entregada al Ministerio de Seguridad de la Nación se construyó en un terreno de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad, con capacidad total para 2.232 presos.
La obra estuvo paralizada durante cinco años, hasta que la gestión de Macri la reactivó en diciembre de 2024.
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