El Gobierno sumó una nueva baja en su estructura tras la salida de Carlos Frugoni, quien renunció a su cargo como secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía luego de quedar en el centro de la polémica por inconsistencias en su declaración jurada.

La dimisión se produjo días después de que se hiciera público que el funcionario no había informado la tenencia de al menos siete propiedades en Estados Unidos, ubicadas principalmente en Miami y Palm Beach.

Los inmuebles, adquiridos entre 2020 y 2022, habrían sido comprados a través de sociedades constituidas en Delaware, un mecanismo legal habitual en ese país, pero que no fue debidamente consignado ante los organismos argentinos.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que la renuncia fue aceptada por el titular de la cartera, Luis Caputo, en medio de un creciente malestar interno por el impacto político del caso.

El propio Frugoni había reconocido la omisión en declaraciones periodísticas. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, sostuvo, en un intento por explicar la falta de registro de los bienes en su declaración jurada.

Sin embargo, sus dichos no alcanzaron para desactivar la controversia. Según registros oficiales en Estados Unidos, varias de las propiedades se encuentran en el condado de Palm Beach, con valores individuales que rondan los 215.000 dólares.

La magnitud de las operaciones y su omisión en los informes patrimoniales encendieron alertas tanto en el plano político como judicial.

Un secretario del Ministerio de Economía no declaró al menos cinco propiedades en Estados Unidos

El caso también puso el foco en la evolución del patrimonio del exfuncionario. En declaraciones anteriores, a las que accedió Infobae, había consignado montos considerablemente menores, mientras que en los últimos años registró un crecimiento significativo en sus activos, incluyendo inversiones en empresas y depósitos en el exterior.

A raíz de estas revelaciones, se presentaron denuncias que quedaron radicadas en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. Las investigaciones apuntan a determinar si existieron irregularidades en la declaración de bienes y posibles incumplimientos de las obligaciones legales por parte del exfuncionario.

Además, Frugoni arrastraba antecedentes administrativos vinculados a incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas. En la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de Integridad Pública ya lo había sancionado en reiteradas oportunidades, lo que incluso derivó en restricciones para ejercer cargos en ese ámbito.

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En medio de los primeros frenos visibles al combo de leyes que envió la administración libertaria y el descarte de sesiones pre diagramadas, tanto en Diputados como en el Senado, la Cámara alta aprovechará los próximos días para continuar con su senda de “trabajo regular” y activará, durante la tarde de mañana, un puñado de comisiones bicamerales que, sin embargo, no incluye la más jugosa de todas: la de Inteligencia.

La primera de todas, a las 14, será la de “Control de los Fondos de La Seguridad Social”, donde oficialismo y dialoguistas tendrán mayoría cómoda. Aparecen allí, como referentes mileístas, el senador Bruno Olivera Lucero (San Juan) y el diputado Lisandro Almirón (Corrientes), entre otros.

Una hora más tarde quedará conformada y con autoridades la “Permanente de La Defensoría del Pueblo”. El año pasado, esta bicameral aceleró en modo flash el mecanismo para el concurso del nuevo defensor. Para tener una referencia, el mismo actúa con plena independencia y autonomía, y su misión es la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones públicas. Es decir, un representante colectivo.

Eduardo Mondino fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se avanzó con su reemplazo. Todo un desafío para los legisladores que aterrizarán, de manera inminente, a la bicameral.

Atención especial acaparará la “Mixta Revisora de Cuentas”, desde las 16. Es el enlace predilecto con la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo de control externo -a posteriori- de los gastos del estado. Dos detalles por el lado de la Cámara alta: quien consiguió una butaca fue el senador Guillermo Andrada, reciente ex kirchnerista y -de nuevo- peronista full time, de no aparecer otra voltereta. Es el delegado del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, y forma parte de Consenso Federal, que suma tres de 72 votos.

Hasta diciembre pasado comandó el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto, que se hizo cargo de un engorroso trabajo nunca realizado por gestiones anteriores –había expedientes de la época de Mauricio Macri y Alberto Fernández– y dejó a la bicameral más cercana a los tiempos actuales. Esto implica una mayor lupa hacia los períodos 2024 y 2025, de Javier Milei.

Lo que ahora analiza el oficialismo es, con las adhesiones que cuenta, ubicar en la presidencia al exjefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). De avanzar mañana será la primera vez, después de un par de años, que todo el cuerpo de la AGN –Diputados y Senado aprobaron a sus representantes en los últimos meses- y la bicameral en cuestión se hallen con luz verde.

A las 17.30 de este martes se conformará otra traumática: la del Defensor del Niño. En 2025, la mayoría de eventos relacionados con este –delicado- tema derivaron en papelones mayúsculos. Primero, por la ex titular del organismo, Marisa Graham, que modificó por resolución interna para atornillarse al cargo. Esto fue adelantado por Infobae durante el penúltimo período estival. Luego, la comisión “encontró” una propuesta que, para nacer, tuvo el sorpresivo viraje de una macrista y legisladora bonaerense electa por La Libertad Avanza, que se unió al cristinismo y dialoguistas. Terminó con una postulante relacionada con la gestión bonaerense de Axel Kicillof. Prosperó en un solo recinto.

La gran incógnita que resta es la de Inteligencia. Allí, como contó semanas atrás este medio, Consenso Federal ligaría un premio de oro: aparece la jujeña Carolina Moisés. Olvidó rápido los reclamos por la condena contra Cristina Kirchner, quien desde antes de su prisión domiciliaria forzó la intervención del sello en dicha provincia para reventarlo y cederlo a La Cámpora. Los resultados fueron estrepitosos y un -para nada inocente- regalo a la UCR local, a la que tanto rechazan. Una butaca en esta bicameral asegura, además de las reuniones secretas, apostillas diversas y contactos, una medalla especial: es la única de todo el Congreso con presupuesto reservado.