POLITICA
Impulsan un proyecto para regular el propofol y sancionar a hospitales y clínicas que no denuncien su robo

Una serie de muertes asociadas al uso indebido de propofol —anestésico intravenoso de uso exclusivo hospitalario— motivó la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para instaurar controles reforzados, registro obligatorio y notificación inmediata de incidentes relacionados con la sustancia.
El objetivo es evitar la sustracción y el desvío de este medicamento, que, a diferencia de otros agentes como el fentanilo, carece de antídoto específico capaz de revertir sus efectos en caso de sobredosis, lo que aumenta su peligrosidad y requiere una respuesta regulatoria acorde, según la diputada nacional Silvana Giudici y los legisladores que acompañan la iniciativa.
“Las recientes muertes vinculadas al uso de propofol como droga recreativa encendieron una alarma que no puede ser ignorada. El robo de anestésicos de las áreas quirúrgicas y prequirúrgicas demuestra que es necesario implementar mayores controles dentro de las clínicas y hospitales”, señaló la diputada Giudici a Infobae.
Entre los fundamentos del proyecto de ley se indica que, en la actualidad, las faltas de propofol no se reportan bajo reglas claras y obligatorias para situaciones habituales en hospitales, como roturas de ampollas, descartes o sobrantes.

Esa ausencia de criterios unificados dificulta controlar con precisión el stock disponible, detectar irregularidades a tiempo y mejorar las auditorías en los establecimientos de salud. El proyecto incorpora de manera explícita al propofol dentro del listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo (MER) de la ANMAT, categoría reservada para sustancias que requieren controles reforzados por su potencial impacto ante errores, contaminación o uso no autorizado, y obliga a los establecimientos hospitalarios a informar a las autoridades sanitarias.
Entre los hechos que impulsaron el debate se cuentan:
- La muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar en la Ciudad Buenos Aires, el 20 de febrero de 2026, desató un escándalo y una investigación judicial centrada en el robo sistemático de anestésicos como propofol y fentanilo del Hospital Italiano ubicado en CABA.
- Zalazar fue hallado sin vida en su departamento con una vía intravenosa conectada y drogas reservadas para uso hospitalario. El origen de los medicamentos fue rastreado hasta el Hospital Italiano, institución donde Zalazar no trabajaba.
- La investigación identificó a dos profesionales del hospital, Hernán Boveri (anestesiólogo) y Delfina Lanusse (residente de anestesiología), como sospechosos de desviar estos fármacos entre 2023 y febrero de 2026. Ambos están imputados en la causa; Boveri renunció y Lanusse está de licencia médica.
- Se investiga la presunta realización de fiestas privadas (“Propo Fest”) donde profesionales médicos consumían propofol y fentanilo de forma recreativa, fuera de todo control clínico y con el medicamento robado de las instituciones sanitarias.
- La causa judicial sigue abierta e incluyó allanamientos con resultados positivos en cuanto al hallazgo de evidencia. El Hospital Italiano inició acciones legales internas y los involucrados ya no forman parte de la institución.

Qué propone el proyecto
La propuesta, identificada como expediente 1687-D-2026 y redactada por Giudici junto a otros veintiséis legisladores nacionales, incorpora de manera expresa el propofol en el listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Esta categoría implica una obligación reforzada de vigilancia, notificación y registro para sustancias que, por su acción farmacológica, pueden causar daños significativos ante errores de administración, contaminación o uso no autorizado.
Giudici remarcó la ausencia de un recurso eficaz para contrarrestar la acción del propofol en caso de sobredosis: el propofol carece de un “interruptor” químico para revertir sus efectos de inmediato, lo que otorga gravedad a las fugas del anestésico. La ley propuesta exige a todos los establecimientos públicos y privados —hospitales, clínicas y laboratorios— informar cualquier pérdida, desviación o evento adverso vinculado al propofol mediante notificación fehaciente e inmediata a la autoridad sanitaria. El incumplimiento será sancionado conforme a la normativa vigente y puede derivar en denuncias penales si la omisión fuera deliberada o facilitara la comisión de delitos.

El texto establece que el propofol solo podrá utilizarse en entornos hospitalarios autorizados, bajo custodia física restringida y acceso limitado al personal formalmente designado. El almacenamiento adecuado implica resguardo bajo llave, sistemas automatizados de seguridad y la responsabilidad exclusiva de jefaturas de farmacia o anestesiología. En áreas críticas como quirófanos o unidades de terapia intensiva, las ampollas solo podrán almacenarse en carros de anestesia con cierres de seguridad, quedando prohibido el acceso abierto.
Los fundamentos del proyecto detallan que, actualmente, la administración de propofol en la Argentina no se rige por criterios de reporte obligatorios y uniformes en los hospitales, lo que dificulta la detección de robos y el control efectivo de los stocks disponibles. Esta carencia de reglas claras afecta tanto a eventos rutinarios, como roturas de ampollas o descartes, como a situaciones irregulares y riesgosas.
La iniciativa se alinea con los estándares internacionales promovidos por el Institute for Safe Medication Practices de Estados Unidos, que reconoce al propofol entre los medicamentos de alto riesgo —categoría reservada a fármacos con potencial significativo de daño en caso de error o mal uso— y recomienda restricciones de acceso, registros minuciosos de administración y sistemas de doble verificación.

En la Argentina, la regulación avanzó recientemente a través de mecanismos de trazabilidad definidos por la ANMAT en las disposiciones 6223/2025, 3752/2025 y 1848/2026. La integración propuesta del propofol en estos circuitos busca garantizar que la custodia y auditoría sobre este anestésico no sea inferior a la ejercida sobre opioides y otras sustancias controladas de alto impacto sanitario.
El proyecto establece sanciones específicas para casos de omisión o inobservancia en el control y reporte, incluidas aquellas cometidas por funcionarios públicos —a quienes resultarán aplicables tanto el artículo 249 como los artículos 200 y 277 del Código Penal, según corresponda—. En caso de detectarse conductas deliberadas para ocultar desvíos o facilitar el uso indebido, la ley prevé una agravación de las responsabilidades civiles y penales.
El texto legal justifica la inclusión del propofol como medicamento de alto riesgo por su mecanismo de depresión inmediata sobre el sistema nervioso central a través de la potenciación del neurotransmisor inhibitorio GABA. Esta acción puede suprimir rápidamente el impulso respiratorio y producir pérdida de conciencia, lo que exige un nivel de control equivalente al de los opioides para proteger la vida de los pacientes.
Entre los antecedentes mencionados, los legisladores hacen referencia al caso de una persona fallecida en el barrio porteño de Palermo, ex trabajador del Hospital Centenario de Gualeguaychú, en cuya vivienda se hallaron ampollas identificadas con lotes de la firma HLB Pharma Group. Según registros de la ANMAT, existían prohibiciones vigentes sobre determinados lotes de “Propofol HLB” (31106, 60001 y 60002) a raíz de las disposiciones 1517/2025 y 2464/2025, como consta en el Boletín Oficial del 6 de marzo y 16 de abril de 2025, respectivamente.

La diputada Silvana Giudici puntualizó, en relación con la peligrosidad del fármaco, que mientras para el fentanilo se dispone de un antagonista químico, el propofol no tiene antídoto: “Esto significa que no tiene un antídoto y de allí su peligrosidad”.
Veintisiete diputados de diversas bancadas respaldan la propuesta legislativa. Figuran, además de Giudici, Nicolás Mayoraz, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Carlos Alberto Almena, Alida Ferreyra, María Luisa González Estevarena, Sabrina Ajmechet, Álvaro García, Guillermo Montenegro, Federico Agustín Pelli, Carlos Raúl Zapata, Gino Visconti, Adrián Brizuela, Rocío Bonacci y otros.
La presentación del proyecto ocurre tras una comisión investigadora impulsada por Giudici sobre las ciento catorce muertes provocadas por fentanilo contaminado en la Argentina y la presentación previa de iniciativas orientadas a la trazabilidad de opioides y anestésicos en el sector hospitalario.
Los impulsores buscan que la nueva ley permita, por primera vez, una supervisión con criterios claros, registros unificados y sanciones penales estandarizadas sobre el uso, almacenamiento y reporte de irregularidades con propofol en todas las instituciones sanitarias del país.
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POLITICA
Patricia Bullrich confirmó que ofreció su renuncia al bloque, pero Milei siguió la reunión “sin darle importancia”

MENDOZA.- La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó esta noche que le presentó a Javier Milei su renuncia como titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, pero dijo que seguirá en su puesto porque el Presidente “le restó importancia” a su ofrecimiento. Lo hizo al hablar de las diferencias entre ambos por el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli.
Las declaraciones de Bullrich fueron realizadas en su visita a la provincia cuyana para participar de un congreso internacional de ciberseguridad. “No hay internas, lo que hay es una objeción de conciencia. Como persona de bien, cuando uno da una posición distinta a la del presidente, pone su renuncia a disposición, pero él siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración”, expresó Bullrich.
También remarcó: “Yo voy a pelear por la reelección del presidente Milei”.
La llegada de la exministra de Seguridad a tierra mendocina generó todo tipo de expectativas durante la jornada, luego de que trascendiera, tal como anticipó , que había puesto a consideración del mandatario su alejamiento del cargo en el Congreso. Esto, a raíz de su nueva negativa a una acción del Gobierno: le manifestó a Milei su “objeción de conciencia” para acompañar la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de Michelli, postulante a jueza federal en La Plata y cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.
Semanas atrás, la legisladora también había cuestionado la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en presentar la declaración jurada mientras es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, lo que generó el malestar de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Sin dudas, Bullrich dejó en evidencia la creciente incomodidad de algunos miembros del Gabinete con el proceder de Adorni, quien ahora se habría comprometido a dar las explicaciones formales de su patrimonio antes del 15 de junio.
“No es una interna, lo que hay de mi parte es una objeción de conciencia, una figura muy importante cuando uno cree que hay algo que no puede votar. Hablé con el Presidente, le conté mi objeción, me explicó su posición en una reunión privada y no voy a darla a conocer. Cuando uno es una persona de bien y tiene que dar una posición distinta a la del Presidente, pone su renuncia a disposición, pero el Presidente siguió la conversación, sin darle importancia a esa aseveración”, indicó la legisladora nacional.
Bullrich agregó: “No hay internas, hoy ha salido con toda claridad una comunicación del mismo partido planteando que la divergencia en el seno de una fuerza política amplia es importante”.
En otro pasaje de sus declaraciones, Bullrich volvió sobre el tema Adorni y dejó en claro su mensaje. “Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla”. Asimismo, consultada sobre el escenario electoral para 2027, la exministra rechazó una eventual candidatura presidencial y soltó: “Yo voy a pelear por la reelección del presidente Milei”.
Durante la tarde de este martes, Bullrich fue recibida por la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, quien encabezó la apertura oficial de la White Hat Conference 2026, uno de los encuentros internacionales más relevantes sobre ciberseguridad, investigación digital y prevención del ciberdelito. La provincia fue elegida como sede de la séptima edición del evento, que reúne a especialistas de más de 15 países y posiciona a Mendoza como un referente regional, afirmaron desde el Ejecutivo local.
Mientras tanto, el gobernador Alfredo Cornejo se encontraba regresando esta noche de una misión oficial por Londres, por lo que no estaba previsto que se reuniera con Bullrich. De igual forma, fuentes allegadas al mandatario provincial confiaron a que difícilmente se produjera un encuentro, para evitar -al menos por ahora- quedar en el medio del “tema caliente” de la semana, teniendo en cuenta la buena sintonía con ambos.
El silencio de los dirigentes, funcionarios y legisladores mendocinos, al ser consultados sobre el asunto, fue notorio.
Este lunes, a través de un posteo en la red social X, Bullrich volvió a encender las diferencias, al revelar el intercambio con Milei, donde le comunicó que decidió recurrir a una herramienta poco usual dentro del oficialismo. “Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”, señaló y puso en alerta, nuevamente, a la Casa Rosada.
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Santilli abrió un canal de negociación con los gobernadores del Norte y busca apoyo para eliminar las PASO

Los gobernadores del Norte Grande volvieron a reunirse este martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para revisar una agenda de proyectos vinculados con logística, energía, infraestructura y desarrollo productivo. El dato político fue la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, quien se incorporó a una asamblea regional, que tuvo como eje las prioridades definidas por las provincias del norte argentino.
El encuentro se produjo en momentos en que el Gobierno busca sostener acuerdos con los gobernadores para avanzar con iniciativas propias en el Congreso, entre ellas la reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO. Según pudo saber TN, ese tema también formó parte de las conversaciones de la jornada, aunque no de manera formal.
La reunión fue presidida por el presidente pro témpore del bloque y gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, y participaron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
La foto del encuentro tuvo otro dato político relevante. Fue la primera reunión de Santilli con Insfrán y Quintela desde que desembarcó en el Ministerio del Interior. Ambos gobernadores habían quedado fuera de las rondas de negociación que el funcionario impulsó en los últimos meses con mandatarios provinciales para buscar respaldos parlamentarios a proyectos del Ejecutivo.
En el Gobierno argumentan que Insfrán, Quintela y Axel Kicilof no firmaron el Pacto de Mayo ni participaron de la convocatoria en Tucumán que hizo el presidente Javier Milei; que tienen una visión distinta de país, y que no acompañan el rumbo que propone el oficialismo, y que por eso nunca formaron parte de la agenda política del ministro del Interior. Sin embargo, aseguran que Santilli va a seguir trabajando en construir acuerdos y que va a dialogar con todos los sectores para que la reforma electoral avance tanto en Diputados como en el Senado».
Más allá de la coyuntura política, los gobernadores volvieron sobre temas que integran desde hace años la agenda regional del Norte Grande y que requieren distintos niveles de articulación con el Gobierno nacional.
Energía, logística y gas natural
Durante el encuentro se presentaron avances de la denominada Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal, una iniciativa impulsada por las provincias para definir estrategias de desarrollo con perspectiva federal. Entre los capítulos expuestos figuraron la Estrategia Federal Logística y la Estrategia Federal Energética.“Venimos trabajando la hoja de ruta de lo que necesita el norte para desarrollarse: logística, energía, recursos hídricos, entre otros temas”, afirmó Jalil durante la asamblea.
Según pudo saber TN, los gobernadores insistieron además con la necesidad de avanzar en obras e infraestructura que permitan ampliar el acceso al gas natural en las provincias del NOA y del NEA, “para mejorar la competitividad productiva y la calidad de vida”. La cuestión figura entre las prioridades históricas de la región y volvió a ocupar un lugar central en las conversaciones con el ministro.
“El CFI va a ser el canal de diálogo entre los gobernadores y el ministro Santilli para enviar los proyectos al Gobierno nacional, dado que hace cinco años está trabajando los diferentes planes de logística, energía y otros ejes de integración de la región junto a los ministros de las áreas vinculadas de las provincias”, señaló Jalil.
El acuerdo está vinculado con la decisión de Santilli de dejar afuera de la mesa de negociaciones a gobernadores peronistas que no pertenecen al grupo de los dialoguistas, como Quintela e Insfrán.
Uno de los principales problemas planteados se centró en el estado de las rutas. Al respecto, Suárez remarcó la necesidad de “garantizar su conservación y mejorar la infraestructura vial con el objetivo de brindar mayor seguridad, eficiencia logística y competitividad a las economías provinciales”.
Las dudas sobre las promesas de zona cálida
Otro de los planteos que los mandatarios llevaron a la reunión fue la creación de una zona cálida para las provincias del norte. Se trata de una iniciativa que el bloque regional viene discutiendo desde hace tiempo y que volvió a aparecer en la agenda durante el debate parlamentario sobre el régimen de zona fría. Varios diputados que responden a algunos de los gobernadores del norte acompañaron su eliminación, se ausentaron o se abstuvieron, a cambio de que se cree un sistema de compensaciones para las tarifas de luz durante el verano.
Aunque varios mandatarios provinciales esperaban que el esquema quedara plasmado en la iniciativa aprobada por Diputados, la zona cálida no fue incorporada al texto. En el Gobierno sostienen que la compensación se instrumentará posteriormente a través de una medida administrativa de la Secretaría de Energía.
A los temas energéticos se sumaron cuestiones aduaneras y la necesidad de dar continuidad a proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo productivo y la integración regional.
Santilli se convirtió en uno de los principales interlocutores del Gobierno con las provincias en una etapa en la que el oficialismo necesita construir mayorías para impulsar la reformas electoral en el Congreso. Antes de participar en la reunión, defendió públicamente la eliminación de las primarias. “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta US$250 millones”, sostuvo.
Aunque la asamblea tuvo como eje los proyectos y necesidades del Norte Grande, la discusión política apareció inevitablemente de fondo.
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POLITICA
Inocentes y culpables en tiempos de Milei

Patricia Bullrich nunca se sintió atraída por las alcantarillas ni por los semáforos de la Capital. Siempre la atraparon las políticas nacionales y no las pequeñeces locales. Por eso, suponer que ella aspiraba a ser la sucesora de Jorge Macri fue una ingenuidad. De hecho, en estos días no está discutiendo con el actual jefe del gobierno capitalino, sino con el propio presidente de la Nación o, lo que es más grave, con su hermana.
La discordia de Bullrich con los Milei se refiere al caso más notorio y comprobable de injusticia que cometió este Gobierno. Javier Milei nos acostumbró a los periodistas a sus insultos y agravios, pero nunca hasta ahora había tomado represalias contra la familia de un profesional del periodismo. Lo está haciendo con María Verónica Michelli, que tiene el único demérito de ser hermana de la esposa del periodista Hugo Alconada Mon. Con más de 30 años de carrera judicial y académica, la cuñada del periodista fue ya dos veces propuesta como jueza de un Tribunal Oral de La Plata, pero esta vez chocó con el obstáculo insalvable de ser pariente de quien investigó supuestos actos de corrupción con la criptomoneda $LIBRA; las denuncias de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que ventiló en conversaciones telefónicas su propio exdirector, Diego Spagnuolo, y los despilfarros patrimoniales de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y protegido de Karina Milei. La hermana presidencial está involucrada también en los otros dos casos en los que hurgó Alconada Mon. Ella es, entonces, la autora intelectual de la arbitrariedad contra una persona de la que ni siquiera se sabe qué piensa políticamente.
Michelli había sido propuesta como jueza de ese tribunal por el gobierno de Mauricio Macri en una lista de decenas de pedidos de acuerdos que envió al Senado en 2018, pero un año después llegó Alberto Fernández y retiró esa lista y armó otra propia, que tampoco fue aprobada. Aquella vez, uno de los que propulsaron la candidatura de Michelli fue el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, porque entonces era el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, que es la institución que debe examinar las candidaturas a jueces y elaborar una lista con los mejores. Ahora, ya ministro de Milei, Mahiques volvió a firmar la propuesta para que se hiciera justicia con Michelli. Es el mismo Mahiques que después de haber promovido dos veces el ascenso de Michelli pidió retirar en los últimos días su pliego del Senado.
Hay una particular obsesión del mileísmo contra Michelli, pero el capricho es de Karina especialmente. ¿Qué podía hacer Mahiques si la persona más poderosa del Gobierno decidió vengarse de un periodista maltratando a un familiar de este? “Nada; solo cumplir la orden”, se escuchó entre los que están cerca de la secretaria general de la Presidencia. No es cierto. El ministro podría haber renunciado en homenaje a sus propias decisiones anteriores. Pero Mahiques hizo trascender que él se quedaba en el cargo con el propósito de moderar a los inmoderados. Ha fracaso en el intento, si fuera así. Formalmente, fue él además quien le dio la orden al presidente de la comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto, para que retuviera el pedido de acuerdo de Michelli. O para que se lo devolviera al Poder Ejecutivo.
Resulta que tiene un problema: el acuerdo de Michelli ya tiene la firma de la mayoría de los senadores que integran esa comisión. Una mayoría de senadores consideró que Michelli tiene los pergaminos suficientes como para ser jueza de un tribunal oral. Pagotto es un riojano por adopción, amigo entrañable del clan Menem y, por lo tanto, está a las órdenes de Karina Milei, ya sea que esas órdenes estén dentro de la ley, fuera de ella o deslizándose entre sus costuras.
No demos más vueltas: la orden de castigar a Michelli fue de la hermanísima. Esa indicación hizo saltar algunos fusibles en el Senado y provocó el mayor desacuerdo de Patricia Bullrich con los Milei, a tal punto que, según confirmó este martes en una entrevista radial, el lunes por la noche le ofreció al Presidente su renuncia como presidenta del bloque libertario del Senado. Milei se la rechazó, dijo. No se trata de Hugo Alconda Mon, sino de la injusticia que se comete contra una mujer que está muy lejos del trabajo de su cuñado. Y que seguramente ni siquiera se entera de lo que este hace como profesional del periodismo.
Es probable que un caso tan detestable haya provocado la sublevación de Bullrich, aunque también es cierto que ya era muy largo el silencio de la senadora que otrora fue una perseverante defensora de la libertad de prensa y de las prácticas justas en la política. Para peor, varios senadores que son amigos imprescindibles de la administración Milei −imprescindibles para aprobar las decisiones del jefe del Estado− anunciaron que se sumarán a la posición de Bullrich. Lógico: ¿por qué radicales o peronistas amigables serían más amigos del Gobierno que la propia jefa del bloque oficialista? ¿Por qué ellos tendrían menos cuestiones de conciencia que la más importante representante del oficialismo en esa cámara?
El caso de Michelli (que no es lo mismo que decir el caso de Alconada Mon) espoleó al fiscal federal Guillermo Marijuan a impulsar una denuncia contra el Gobierno por discriminación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. ¿Era necesario que el Gobierno se autoinfligiera semejante escándalo político y judicial y que no fuera advertido por el ministro Mahiques de lo que sucedería con semejante abuso?
Michelli podría entrar en un limbo legal si el Senado, en su reunión plenaria, le concediera el acuerdo porque luego el Presidente debe formalizar su designación. ¿La formalizará? ¿La firmará a pesar de la posición de su hermana? ¿Qué sucede con una candidata a jueza que tiene el acuerdo del Senado, pero que al mismo tiempo carece de la designación del propio gobierno que la propuso? Son extravagancias que solo cometía el kirchnerismo en su peor época o que solo pueden suceder en un país estrafalario. “El mileísmo es como la caída del Muro de Berlín: el Muro de la vieja dirigencia cayó, pero la nueva dirigencia no sabe ahora qué hacer”, dice alguien desde dentro de la Casa de Gobierno.
Mahiques no solo perdió la oportunidad de mostrarse como un ministro digno del cargo en este caso; también es el presunto responsable de que no se hable más de la causa que investiga los manejos financieros de la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia y de su tesorero, Pablo Toviggino. Se trata de 400 millones de dólares, que es, hasta ahora, el monto del supuesto fraude. En la Argentina, el caso tiene dos jueces: el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que hace la pesquisa por evasión fiscal, y el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que aparentemente investiga la propiedad de la mega quinta de Pilar cuyos dueños serían los dos cabecillas de la AFA. Amarante tiene fama de “mano dura” con la evasión fiscal y, sobre todo, con el narcotráfico. Es el juez natural de la causa porque la AFA está en la Capital, aunque hayan tratado de disimular y enmascarar esa realidad comprobable. González Charvay es el juez que prefieren Tapia y Toviggino, y que se hizo cargo del caso de la enorme propiedad de Pilar porque esta ciudad está dentro de la jurisdicción judicial de Campana.
No son dos delitos; es un solo. La quinta de Pilar forma parte de la evasión fiscal, del lavado de dinero o de cualquier irregularidad impositiva que les comprueben a Tapia y a Toviggino. Amarante cometió hasta ahora un solo error, a pesar de que los procesó a los dos patrones de la AFA, y consistió en permitirles que salgan del país para asistir al Mundial de Fútbol que comenzará dentro de una semana en los Estados Unidos. Tapia y Toviggino podrían aprovechar la oportunidad para fugarse y buscar protección en algún país que no tenga tratado de extradición con la Argentina. Además, ambos se han resguardado siempre detrás del escudo de la selección argentina, actual campeona del mundo, cuyos jugadores ni siquiera saben de las correrías de los máximos dirigentes de la entidad más importante del fútbol argentino.
Además, será mucho peor cuando progrese, como se asegura, la causa abierta en los Estados Unidos contra Tapia, Toviggino y otros cómplices por el trasiego de millones de dólares en bancos norteamericanos y por lavado de activos. Estados Unidos se atribuye jurisdicción cuando el dinero presuntamente mal habido transitó por el sistema financiero norteamericano. Según versiones que se escucharon en boca de políticos que conocen el mundo del fútbol, jueces norteamericanos tomarían drásticas decisiones después del Mundial de Fútbol.
Mahiques podría haber evitado esa vergüenza con solo no dejarse llevar por sus simpatías personales o por sus compromisos con la AFA de Tapia, en la que tuvo alguna función. Y su padre, el juez Carlos Mahiques, festejó su cumpleaños número 74 en la fastuosa quinta de Pilar que sería propiedad de Tapia o de Toviggino o de los dos.
Javier Milei se pronunció en diciembre pasado contra la jerarquía de la AFA. “Tapia está destruyendo el fútbol argentino”, dijo, y agregó: “La Justicia se tiene que ocupar porque el que las hace las paga”. En marzo, el Presidente designó a Mahiques en lugar de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, y desde entonces el escándalo público de la AFA cesó. La causa que se ventila en Campana en manos del juez González Charvay, que es el preferido por Tapia y Toviggino, entró a dormir el sueño de los justos. Mahiques habría congelado también la petición que envió al Poder Ejecutivo el juez de la Cámara Federal de la Capital Martín Irurzun para continuar en el cargo después de cumplir los 75 años, el 18 de julio próximo. Irurzun es uno de los jueces más prestigiosos del fuero federal que habita el edificio de Comodoro Py. En cambio, el padre del ministro, el camarista Mahiques, consiguió ese acuerdo en tiempo récord y seguirá siendo juez hasta los 80 años. Mahiques, el ministro, no evita nada y no se priva de nada.
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