POLITICA
Impulsan un proyecto para regular el propofol y sancionar a hospitales y clínicas que no denuncien su robo
Una serie de muertes asociadas al uso indebido de propofol —anestésico intravenoso de uso exclusivo hospitalario— motivó la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para instaurar controles reforzados, registro obligatorio y notificación inmediata de incidentes relacionados con la sustancia.
El objetivo es evitar la sustracción y el desvío de este medicamento, que, a diferencia de otros agentes como el fentanilo, carece de antídoto específico capaz de revertir sus efectos en caso de sobredosis, lo que aumenta su peligrosidad y requiere una respuesta regulatoria acorde, según la diputada nacional Silvana Giudici y los legisladores que acompañan la iniciativa.
“Las recientes muertes vinculadas al uso de propofol como droga recreativa encendieron una alarma que no puede ser ignorada. El robo de anestésicos de las áreas quirúrgicas y prequirúrgicas demuestra que es necesario implementar mayores controles dentro de las clínicas y hospitales”, señaló la diputada Giudici a Infobae.
Entre los fundamentos del proyecto de ley se indica que, en la actualidad, las faltas de propofol no se reportan bajo reglas claras y obligatorias para situaciones habituales en hospitales, como roturas de ampollas, descartes o sobrantes.
Esa ausencia de criterios unificados dificulta controlar con precisión el stock disponible, detectar irregularidades a tiempo y mejorar las auditorías en los establecimientos de salud. El proyecto incorpora de manera explícita al propofol dentro del listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo (MER) de la ANMAT, categoría reservada para sustancias que requieren controles reforzados por su potencial impacto ante errores, contaminación o uso no autorizado, y obliga a los establecimientos hospitalarios a informar a las autoridades sanitarias.
Entre los hechos que impulsaron el debate se cuentan:
- La muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar en la Ciudad Buenos Aires, el 20 de febrero de 2026, desató un escándalo y una investigación judicial centrada en el robo sistemático de anestésicos como propofol y fentanilo del Hospital Italiano ubicado en CABA.
- Zalazar fue hallado sin vida en su departamento con una vía intravenosa conectada y drogas reservadas para uso hospitalario. El origen de los medicamentos fue rastreado hasta el Hospital Italiano, institución donde Zalazar no trabajaba.
- La investigación identificó a dos profesionales del hospital, Hernán Boveri (anestesiólogo) y Delfina Lanusse (residente de anestesiología), como sospechosos de desviar estos fármacos entre 2023 y febrero de 2026. Ambos están imputados en la causa; Boveri renunció y Lanusse está de licencia médica.
- Se investiga la presunta realización de fiestas privadas (“Propo Fest”) donde profesionales médicos consumían propofol y fentanilo de forma recreativa, fuera de todo control clínico y con el medicamento robado de las instituciones sanitarias.
- La causa judicial sigue abierta e incluyó allanamientos con resultados positivos en cuanto al hallazgo de evidencia. El Hospital Italiano inició acciones legales internas y los involucrados ya no forman parte de la institución.
Qué propone el proyecto
La propuesta, identificada como expediente 1687-D-2026 y redactada por Giudici junto a otros veintiséis legisladores nacionales, incorpora de manera expresa el propofol en el listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Esta categoría implica una obligación reforzada de vigilancia, notificación y registro para sustancias que, por su acción farmacológica, pueden causar daños significativos ante errores de administración, contaminación o uso no autorizado.
Giudici remarcó la ausencia de un recurso eficaz para contrarrestar la acción del propofol en caso de sobredosis: el propofol carece de un “interruptor” químico para revertir sus efectos de inmediato, lo que otorga gravedad a las fugas del anestésico. La ley propuesta exige a todos los establecimientos públicos y privados —hospitales, clínicas y laboratorios— informar cualquier pérdida, desviación o evento adverso vinculado al propofol mediante notificación fehaciente e inmediata a la autoridad sanitaria. El incumplimiento será sancionado conforme a la normativa vigente y puede derivar en denuncias penales si la omisión fuera deliberada o facilitara la comisión de delitos.
El texto establece que el propofol solo podrá utilizarse en entornos hospitalarios autorizados, bajo custodia física restringida y acceso limitado al personal formalmente designado. El almacenamiento adecuado implica resguardo bajo llave, sistemas automatizados de seguridad y la responsabilidad exclusiva de jefaturas de farmacia o anestesiología. En áreas críticas como quirófanos o unidades de terapia intensiva, las ampollas solo podrán almacenarse en carros de anestesia con cierres de seguridad, quedando prohibido el acceso abierto.
Los fundamentos del proyecto detallan que, actualmente, la administración de propofol en la Argentina no se rige por criterios de reporte obligatorios y uniformes en los hospitales, lo que dificulta la detección de robos y el control efectivo de los stocks disponibles. Esta carencia de reglas claras afecta tanto a eventos rutinarios, como roturas de ampollas o descartes, como a situaciones irregulares y riesgosas.
La iniciativa se alinea con los estándares internacionales promovidos por el Institute for Safe Medication Practices de Estados Unidos, que reconoce al propofol entre los medicamentos de alto riesgo —categoría reservada a fármacos con potencial significativo de daño en caso de error o mal uso— y recomienda restricciones de acceso, registros minuciosos de administración y sistemas de doble verificación.
En la Argentina, la regulación avanzó recientemente a través de mecanismos de trazabilidad definidos por la ANMAT en las disposiciones 6223/2025, 3752/2025 y 1848/2026. La integración propuesta del propofol en estos circuitos busca garantizar que la custodia y auditoría sobre este anestésico no sea inferior a la ejercida sobre opioides y otras sustancias controladas de alto impacto sanitario.
El proyecto establece sanciones específicas para casos de omisión o inobservancia en el control y reporte, incluidas aquellas cometidas por funcionarios públicos —a quienes resultarán aplicables tanto el artículo 249 como los artículos 200 y 277 del Código Penal, según corresponda—. En caso de detectarse conductas deliberadas para ocultar desvíos o facilitar el uso indebido, la ley prevé una agravación de las responsabilidades civiles y penales.
El texto legal justifica la inclusión del propofol como medicamento de alto riesgo por su mecanismo de depresión inmediata sobre el sistema nervioso central a través de la potenciación del neurotransmisor inhibitorio GABA. Esta acción puede suprimir rápidamente el impulso respiratorio y producir pérdida de conciencia, lo que exige un nivel de control equivalente al de los opioides para proteger la vida de los pacientes.
Entre los antecedentes mencionados, los legisladores hacen referencia al caso de una persona fallecida en el barrio porteño de Palermo, ex trabajador del Hospital Centenario de Gualeguaychú, en cuya vivienda se hallaron ampollas identificadas con lotes de la firma HLB Pharma Group. Según registros de la ANMAT, existían prohibiciones vigentes sobre determinados lotes de “Propofol HLB” (31106, 60001 y 60002) a raíz de las disposiciones 1517/2025 y 2464/2025, como consta en el Boletín Oficial del 6 de marzo y 16 de abril de 2025, respectivamente.
La diputada Silvana Giudici puntualizó, en relación con la peligrosidad del fármaco, que mientras para el fentanilo se dispone de un antagonista químico, el propofol no tiene antídoto: “Esto significa que no tiene un antídoto y de allí su peligrosidad”.
Veintisiete diputados de diversas bancadas respaldan la propuesta legislativa. Figuran, además de Giudici, Nicolás Mayoraz, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Carlos Alberto Almena, Alida Ferreyra, María Luisa González Estevarena, Sabrina Ajmechet, Álvaro García, Guillermo Montenegro, Federico Agustín Pelli, Carlos Raúl Zapata, Gino Visconti, Adrián Brizuela, Rocío Bonacci y otros.
La presentación del proyecto ocurre tras una comisión investigadora impulsada por Giudici sobre las ciento catorce muertes provocadas por fentanilo contaminado en la Argentina y la presentación previa de iniciativas orientadas a la trazabilidad de opioides y anestésicos en el sector hospitalario.
Los impulsores buscan que la nueva ley permita, por primera vez, una supervisión con criterios claros, registros unificados y sanciones penales estandarizadas sobre el uso, almacenamiento y reporte de irregularidades con propofol en todas las instituciones sanitarias del país.
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POLITICA
Se desinfla el intento opositor por interpelar a Adorni en Diputados al no contar con el aval de los gobernadores
Los aliados de Javier Milei en el Congreso evitan, por ahora, romper los puentes con la Casa Rosada. Nadie los verá mañana a las 11 en el recinto de Diputados, cuando la oposición intente abrir una sesión especial para activar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Su ausencia servirá para desarticular el debate por falta de quorum.
El auxilio a Adorni tendrá como protagonistas a Pro, la UCR, el MID y los gobernadores que mantienen una relación de cooperación con el oficialismo libertario: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA) y Hugo Passalacqua (Misiones).
Más que una defensa cerrada del jefe de Gabinete, lo que predomina es la decisión de preservar el vínculo político con Milei y evitar una escalada de tensión con la Casa Rosada.
La asistencia de los gobernadores llega, incluso, después de un nuevo recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno que afectó de manera directa a las provincias.
A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo aplicó una poda cercana a los $2,5 billones que incluyó la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, recortes en infraestructura escolar y educativa, reducciones en programas socioeducativos y una fuerte baja en las transferencias para el Plan Nacional de Alfabetización, ejecutado en gran parte por las provincias. También se suspendieron fondos para obras en universidades nacionales del interior.
El Gobierno también impulsa una reducción del alcance del subsidio automático al gas que afectará a casi todas las provincias. La iniciativa busca transformar el esquema vigente en un sistema focalizado según el nivel de ingresos de los hogares en la llamada “zona ampliada”, y mantener el beneficio automático únicamente en regiones de frío extremo, como la Patagonia, la Puna y Malargüe. Sáenz fue uno de los primeros gobernadores en cuestionar la medida. “No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, sostuvo.
Con todo, los mandatarios provinciales evitarán acompañar una ofensiva parlamentaria contra el jefe de Gabinete.
Los bloques críticos quedarán así lejos de los 129 diputados -la mitad más uno de la Cámara- necesarios para iniciar la sesión. El oficialismo evitará, además, una situación incómoda para muchos de sus propios legisladores: tener que salir a defender públicamente a Adorni. No obstante, un mensaje enviado al grupo de WhatsApp del bloque libertario refleja la preocupación interna: “Tenemos que estar todos”, dice el texto. Por las dudas.
Según un sondeo informal de , mañana habrá alrededor de 115 diputados sentados en sus bancas, 14 menos de los necesarios para abrir el recinto. Se ausentarán, además de los 95 libertarios, los 22 integrantes del interbloque Fuerzas del Cambio -que reúne a Pro, sectores de la UCR, el MID, Karina Banfi (Buenos Aires) y José Garrido (Santa Cruz)-, los nueve de Innovación Federal, los catamarqueños alineados con Jalil, los tucumanos que responden a Jaldo y los sanjuaninos cercanos a Orrego.
Provincias Unidas quedará partido. La convocatoria fue impulsada por el ala más crítica del espacio, pero no la firmaron la presidenta del bloque, Gisela Scaglia -referenciada en Pullaro- ni los diputados cordobeses que responden a Llaryora. También podría ausentarse un legislador alineado con Torres y los dos jujeños cercanos al gobernador Carlos Sadir, aunque una de ellos, María Inés Zigarán, sí acompañó el pedido de sesión.
La discusión también abrió tensiones dentro de Pro. El domingo, el partido difundió un “manifiesto” en redes sociales en el que cuestionó al Gobierno por pedir “sacrificios que no están dispuestos a hacer”. Sin embargo, el bloque de diputados que conduce Cristian Ritondo se desmarcó rápidamente y confirmó que no dará quorum. Muchos dirigentes amarillos consideran que avanzar contra Adorni pondría en riesgo la estrategia de entendimiento electoral con La Libertad Avanza (LLA), especialmente en distritos gobernados por el peronismo, como la provincia de Buenos Aires.
En el peronismo también hay reparos. Aunque Unión por la Patria (UP) dará quorum y uno de sus proyectos integra el temario, algunos referentes consideran desacertado avanzar sin tener garantizados los números. “Lo victimizás cuando se está desangrando solo”, resumen quienes creen que el desgaste político del jefe de Gabinete debería continuar sin una ofensiva parlamentaria fallida. Otros, además, rechazan quedar atrapados en una agenda centrada exclusivamente en denuncias institucionales o judiciales.
Lo cierto es que la lucha contra la corrupción nunca fue un eje discursivo central en el PJ. De hecho, nadie en el bloque cuestiona a Adorni en esos términos. Hablan, más bien, de una pérdida de “idoneidad” o de “legitimidad” para ejercer el cargo. Así lo planteó el jefe de bloque, Germán Martínez, durante la última sesión: “La confianza de este Congreso en Adorni es cero. Su palabra hoy no vale”.
En rigor, la oposición sabe que ninguno de los cuatro proyectos incluidos en el temario tiene chances reales de avanzar. Ninguno cuenta con dictamen de comisión, por lo que se necesitarían mayorías especiales para tratarlos “sobre tablas”, un escenario imposible hoy para los bloques críticos. El objetivo político era otro: emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento -controladas por el oficialismo- para obligarlas a debatir los expedientes. Sin quorum, tampoco podrán hacerlo.
nuevo recorte presupuestario,reducción del alcance del subsidio automático al gas que afectará a casi todas las provincias,pic.twitter.com/atZcBAqUwL,May 11, 2026,Jaldo,tensiones dentro de Pro,pic.twitter.com/XGYdvdfI4T,May 10, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Manuel Adorni,Conforme a,,Peronista aliado de Milei. El gobernador de Tucumán compró una casa por US$300.000 y no se conoce su declaración jurada,,»Siempre tan democrática». Petri acusó a Villarruel de querer imponerle una “mordaza legal” y Milei lo respaldó,,No hubo delito. Un fiscal pidió desestimar la denuncia del Gobierno contra dos periodistas de TN por supuesto espionaje,Cámara de Diputados,,Diputados. Avanza la adhesión al tratado internacional de patentes: impacto en el agro y en la industria farmaceútica,,EE.UU. versus los laboratorios locales. Arranca el debate por la adhesión de la Argentina al tratado internacional sobre patentes,,En el Congreso. El PJ evita una avanzada aislada contra Adorni y busca correrse del eje exclusivo de la corrupción
POLITICA
Fentanilo contaminado: el juez Kreplak amplió la acusación contra los 13 imputados por 90 muertes
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, amplió la acusación contra los 13 imputados por la elaboración y distribución de ampollas contaminadas de fentanilo HLB Pharma. Hasta ahora se los vinculaba a 20 muertes.
En la resolución firmada hoy, las víctimas fatales se elevaron a 90, aunque esa no será la cifra definitiva. El Cuerpo Médico Forense sigue peritando historias de pacientes fallecidos después de haber sido tratados con el potente anestésico. También se contabilizan otros 44 pacientes dados de alta que quedaron con secuelas, dos de ellos de gravedad.
El principal acusado es Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group. Los otros 12 procesados tuvieron eran directivos de las empresas y responsables el proceso de elaboración, control y salida al mercado.
Ernesto Kreplak, el magistrado que investiga la mayor sanitaria del país los acusa de ser coautores o partícipes del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en los términos del artículo 201 bis del Código Penal, que prevé una pena de entre 10 y 25 años de prisión.
Los trece procesados son:
Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma Group y propietario real de Laboratorios Ramallo, es señalado como la figura central. El juzgado le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas, y la destrucción de prueba digital —incluyendo el borrado de los servidores de Ramallo el 6 de mayo de 2025—. También se le imputa haber omitido el recupero farmacéutico de las partidas contaminadas vendidas. Se encuentra detenido.
Diego Hernán García, hermano de Ariel y responsable operativo de Laboratorios Ramallo, fue quien comunicó directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. El juzgado acreditó su presencia cotidiana en la planta y su rol en decisiones gerenciales. Está detenido.
Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma Group, prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria. Con detención domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, persona de máxima confianza de los García. Ordenó el borrado de los servidores del laboratorio el 6 de mayo de 2025 —al día siguiente de que la droguería alertara sobre el problema— e impartía directivas al personal técnico. Procesado como coautor. Está detenido.
José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024, firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. En su declaración indagatoria sostuvo haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor. Está detenido.
Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023, firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados, y fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en inspecciones previas. Procesada como coautora. Detención domiciliaria.
Los restantes siete imputados —María Victoria García (gerente de Gestión de Calidad), Wilson Daniel Pons (jefe de Control de Calidad), Adriana Iúdica (subjefa de Control de Calidad), Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (gerente de Producción y Mantenimiento), Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (jefa de Garantía de Calidad), Rocío del Cielo Garay (supervisora de fisicoquímica) y Eduardo Darchuk (jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen)— fueron procesados como coautores sin prisión preventiva. Todos firmaron los registros de fabricación de los lotes contaminados y el juzgado determinó que conocían las irregularidades del proceso productivo.
El 8 de mayo se cumplió un año desde que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución del fentanilo fabricado por HLB Pharma tras comprobar su contaminación con la bacteria Klebsiella pneumoniae.
Esta medida se tomó luego de detectar un brote de neumonía causado por dicha bacteria en el Hospital Italiano de La Plata, y al confirmarse que el lote afectado pertenecía a HLB Pharma. La decisión implicó la suspensión inmediata de la distribución del producto en todo el país y se sumó a otras restricciones previas sobre productos del mismo laboratorio por diferentes irregularidades y deficiencias graves en los procesos de fabricación.
El juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación.
En ella, según pudo reconstruir Infobae, están bajo la lupa de los instructores judiciales la rigurosidad de los controles a los laboratorios y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo que debían realizar la ANMAT, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.
La causa, caratulada “García, Ariel Fernando y otros s/ infracción art. 201 bis” del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, se convirtió en la investigación penal más voluminosa del país en materia sanitaria. El expediente principal se encuentra completamente digitalizado y acumula alrededor de 400 legajos y sublegajos, 30 cajas de documentación, 2 armarios de efectos y más de 200 dispositivos digitales.
La instrucción judicial tuvo origen el 13 de mayo de 2025, después que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica denunció ante la Policía Federal Argentina la presunta contaminación microbiana del fentanilo HLB lote 31202. El Hospital Italiano de La Plata había detectado semanas antes la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en diez de doce ampollas analizadas del medicamento, mientras que el fentanilo de otra marca resultó negativo.
La resolución judicial detalla un patrón de incumplimientos sistemáticos que abarcó todas las etapas de la cadena productiva
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Un testigo declaró que Adorni le pagó US$21000 por 18 meses de alquiler de una casa en Indio Cua
José Luis Rodríguez, vecino de Manuel Adorni en el country Indio Cua, declaró este miércoles como testigo y contó que el jefe de Gabinete le alquiló su casa durante 18 meses por un total de 21.000 dólares, que fueron pagados en efectivo. Fue antes de que los Adorni se mudaran a la propiedad que compraron en ese mismo club.
Rodríguez ratificó así lo que había declarado en la causa el contratista Matías Tabar, que dijo que Adorni había celebrado un contrato de alquiler en Indio Cua por US$13.000. Pero el testigo añadió hoy que antes de ese contrato, que fue por 13 meses, le había alquilado por otros dos meses su casa (en enero y febrero de 2024), por US$5600, y que además acordaron extender la locación de los 13 meses por otros tres, a cambio de US$2400 adicionales.
Esta última extensión fue sin contrato, dijo en propietario. Se trata de un nuevo gasto que quedó bajo el radar de la Justicia.
Así lo informaron a fuentes al tanto de la declaración de Rodríguez, que este mediodía se fue de la fiscalía de Gerardo Pollicita acompañado por un efectivo de la Policía Federal.
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