POLITICA
Quién es la funcionaria de Morón a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa
Mientras la Justicia busca a Luna Ortigoza, la funcionaria del Municipio de Morón a quien le encontraron medio kilo de cocaína en su casa, se conocieron detalles de su labor en la municipalidad.
Ortigoza había comenzado a trabajar en el Municipio en febrero de 2020, pocos días antes del inicio de la pandemia.
Cinco años después, el 19 de junio de 2025, fue designada por el intendente como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, un puesto que contemplaba una carga horaria de 48 horas semanales.
Dentro de la estructura municipal, Ortigoza respondía de manera directa a Laura De Peri, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad.
Sin embargo, ahora quedó en el centro de una investigación judicial en la que está acusada por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.
Aunque otros integrantes de su familia también ocupan cargos vinculados a la política y la gestión pública, por el momento la Justicia solo mantiene a Luna Ortigoza bajo investigación penal.
Su madre se desempeña como titular de una Unidad de Gestión Comunal (UGC) del Municipio, mientras que una de sus hermanas trabaja junto a la senadora provincial Mónica Macha.
La causa también tiene otro prófugo identificado. Se trata de Ángel Paz, sobre quien pesa una orden de captura emitida por la Fiscalía N°9 de Morón y el Juzgado de Garantías N°1 de ese departamento judicial.
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Según trascendió, Paz mantenía una relación paralela con Ortigoza, además del matrimonio que ella sostenía oficialmente, situación que la funcionaria habría comentado en conversaciones con personas de su entorno.
En paralelo, el marido de Ortigoza fue allanado el jueves pasado por efectivos de la Policía Federal. Durante el procedimiento no encontraron elementos de interés para la causa. Por ese motivo, hasta el momento el hombre quedó al margen de la investigación judicial.
La causa por narcotráfico
El caso se conoció luego de un allanamiento en la casa de Ortigoza donde encontraron medio kilo de cocaína. Desde entonces, la funcionaria tiene una causa abierta por venta de drogas.
Sin embargo, cuando la fueron a buscar a la casa no la encontraron y desde ese momento pesa sobre ella un pedido de captura.
Una vez que se conoció el resultado del allanamiento, el intendente Lucas Ghi desplazó a Ortigoza inmediatamente de su cargo. “Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la justicia”, aseguró el jefe comunal en diálogo con TN.
“Soy el principal interesado en que se esclaerzca esta situación. Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado”, resaltó Ghi, aunque aclaró que la funcionaria “entró durante la gestión anterior”.
“Recibimos denuncias anónimas y las volcamos a la UFI. Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia”, expresó el intendente. “Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, insistió.
Ortigoza estaría de vacaciones en la casa de su madre y según trascendió, habría dicho que se entregaría “cuando la situación se aclare”. Su jusificación es que una presunta pareja suya dejó “cosas en su casa” entre las que estarían las drogas encontradas en el allanamiento.
Ghi manifestó que Ortigoza estaba “formada y capacitada” en el área de género y que su cargo no fue producto de su militancia. “Nunca dejamos de estar en alerta, pero lo que pasa es que evaluamos en un campo de acción. Lo que pasa en el ámbito privado no tenemos manera de enterarnos, a menos que nos llegue una denuncia”, explicó.
“No nos va a temblar el pulso para tomar ninguna decisión, si comprobamos algún caso similar”, finalizó.
Morón, narco, Drogas
POLITICA
La Justicia ordenó que Cristina Kirchner continúe cobrando su pensión de más de $15 millones mensuales por viudez
Cristina Kirchner volverá a cobrar desde agosto la pensión por viudez, por un monto de $15.683.154,06 brutos mensuales tras la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Socialque ordenó pagarle el beneficio a pesar de estar condenada en la causa Vialidad.
Así lo notificó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la Justicia. El organismo adelantó que procederá al pago para cumplir con la sentencia, aunque continuará cuestionando la decisión en instancias superiores.
La prestación corresponde a una de las dos asignaciones reguladas por la ley 24.018, derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, que habían sido dadas de baja en noviembre de 2024 tras la condena. La otra asignación, la correspondiente a su condición de expresidenta, permanece suspendida en virtud de esa misma sentencia.
En febrero pasado, la Cámara, integrada por Sebastián Russo y Juan Fantini, hizo lugar al pedido de restitución provisoria formulado por la expresidenta, tras revocar la decisión de primera instancia de la jueza Karina Alonso Candis, quien había denegado la medida cautelar.
Los camaristas consideraron aspectos de carácter alimentario para habilitar el pago mientras se resuelve el fondo de la demanda iniciada por CFK contra la resolución que dispuso las bajas.
Según la notificación enviada por la ANSES a la justicia previsional, el organismo procederá al restablecimiento del beneficio identificado con el número 47-6-8085213-0 a partir de agosto de 2026. Del monto bruto se descontarán los conceptos correspondientes a obra social e impuesto a las ganancias.
La prestación no incluye el adicional por zona austral que la expresidenta percibía hasta 2024, cuando declaraba domicilio en Santa Cruz pese a residir en la Ciudad de Buenos Aires.
Para acceder al pago provisorio, Cristina Kirchner prestó una caución juratoria, comprometiéndose a reparar el eventual daño al patrimonio público si la sentencia definitiva le resultara desfavorable. La ANSES había solicitado una caución real como condición para liquidar el beneficio, pero la justicia consideró cumplido el requisito con la garantía juratoria.
La batalla judicial por la pensión
La condena en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2024, la ANSES —dependiente del Ministerio de Capital Humano— dispuso la baja de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.
La expresidenta promovió una acción judicial de nulidad contra esa resolución administrativa y solicitó la cautelar que finalmente le fue concedida.
Tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recursos y, tras la denegación del recurso extraordinario, presentaron queja ante la Corte Suprema.
Días atrás, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen donde consideró que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa.
Para el representante del MPF, la Corte debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas precautorias no definitivas y declarar la inadmisibilidad de la orden de pago. “Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar”, señaló al respecto.
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Permitir que la expresidenta continúe con “el cobro de la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional”, destacó Casal.
En esa línea, el procurador recordó que la condena penal firme dictada “implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar“.
cristina kirchner, ANSES, pension
POLITICA
Los gremios docentes aceptaron la oferta salarial de Axel Kicillof y se destraba el conflicto en Buenos Aires
LA PLATA.- Los docentes de la provincia de Buenos Aires aceptaron hoy la propuesta de suba salarial del gobierno bonaerense y se destraba el conflicto con el gobierno de Axel Kicillof, que este año ya enfrentó dos jornadas de paro.
La propuesta de una suba escalonada del 5% en julio, más un 2% en agosto fue aceptada por los congresos de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que son mayoría en el Frente de Unidad Docente.
Suteba endureció su posición con el gobierno de Kicillof tras el reemplazo de Roberto Baradel por María Laura Torres como secretaria general. De modo que la aceptación de la propuesta salarial es un alivio para la gestión peronista de esta provincia.
Los docentes de este territorio suman 354.000 y son más de la mitad del total de los trabajadores públicos bonaerenses, que suman 530.000
Esta paritaria marca, en general, el ritmo del resto de las negociaciones gremiales.
La misma propuesta de los docentes se realizó a la Asociación de Trabajadores del Estado para los empleados enrolados en la ley 10.430 que rige a los empleados administrativos. Estos trabajadores también aceptaron un alza escalonada en dos meses.
Los empleados judiciales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense acordaron una suba con el gobierno para el primer trimestre y ahora esperan que se cierre una oferta para el segundo trimestre, al igual que los trabajadores de la sanidad.
Estos gremios serían convocados la semana que viene a negociar con el ministro de Economía de Buenos Aires, Pablo López.
La aceptación de la propuesta por parte de los docentes despeja la tensión con los gremios que han sido la mayor base de sustentación del gobierno de Kicillof desde que llegó al poder en 2019.
“Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales”, remarcó López, funcionario de Kicillof.
El titular de la cartera económica dijo que valoran la labor de aquellos trabajadores que “garantizan la seguridad, la educación, la salud y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee” a los ciudadanos. Por esa razón, dijo López, el Ejecutivo bonaerense hizo “un enorme esfuerzo en materia salarial”.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, afirmó: “Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales”.
Enseguida agregó: “Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos”.
Los acuerdos también incluyen, en el caso docente, la incorporación de una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial. Adicionalmente, el gobierno de Kicillof anunció que se creará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.
En el caso de la Ley 10.430, el acuerdo contempla también el pase a planta permanente para el personal ingresado entre 2024 y 2025, la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa, entre otros temas.
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Con Karina Milei a la cabeza, la nueva mesa política se reunió en Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa
“Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. ¿Quiere hablar de la política? Hable con mi hermana. Hable con la mesa política, con los que están remando en ese barco“, sostuvo esta mañana el presidente Javier Milei cuando le preguntaron respecto al armado electoral de La Libertad Avanza. Horas más tarde, el selecto grupo se reunió en las oficinas del Ministerio del Interior, ubicadas en la planta baja de Casa Rosada, para ordenó la agenda legislativa que iniciará con el tratamiento de las modificaciones en el proyecto de Inocencia Fiscal.
Una fuente asistente reveló a Infobae que el oficialismo intentará discutir la normativa la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Se trató del primer encuentro de Diego Santilli en calidad de jefe de Gabinete, ya que hasta entonces había participado como titular de la cartera del Interior. Además, fue el debut del flamante secretario de Comunicación, Fabián Fernández, que participará por primera vez desde su designación.
El Gobierno trabaja en ajustar la hoja de ruta de las prioridades que contempla la reforma electoral, las modificaciones del régimen de zonas frías y los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal. Lo hacen en pleno Mundial y en la antesala del receso invernal del Congreso.
Tras la salida de Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, logró sobreponerse al golpe, ordenar las piezas y ampliar su poder interno con el empoderamiento de Ignacio Devitt, el ascenso de Santilli y la incorporación de Fabián Fernández.
Si bien el intercambio estuvo previsto para las 17, la administración libertaria logró anticiparlo y se reunió dos horas y media, desde las 14, bajo la conducción de Karina Milei. Participaron Santilli, Fernández; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
En la previa a la reunión, un miembro del círculo contó ante este medio, el complejo escenario que supone la reforma electoral, en particular la idea de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en función de los acuerdos con los aliados.
Entre “colectoras” y advertencias a los gobernadores, en el oficialismo reina la incertidumbre respecto a los apoyos con los que cuentan para la sanción de la normativa. “Hay tiempo. Hasta diciembre tenemos margen”, planteó un importante funcionario involucrado en el tema.
No obstante, algunos interlocutores violetas anticiparon ante este medio que la estrategia electoral se instrumentará en función de los apoyos legislativos. Aún con el cronograma por definir, el mensaje es claro: los aliados que no estén dispuestos a acompañar “no serán tenidos en cuenta para el armado”.
“Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran”, planteó una fuente violeta. “Los acuerdos y la reforma están ligados. Naturalmente son temas que van de la mano en muchos casos”, coincidió otra voz del Poder Ejecutivo.
Todos los alfiles están comprometidos con la tarea, pero son Santilli y “Lule” Menem los que tienen a cargo las negociaciones con los gobernadores para destrabar el objetivo. Esta tarde, escoltarán al mandatario a la provincia de Tucumán para participar de la vigilia del Día de la Independencia.
Como contó este medio, serán de la partida más de una docena de mandatarios provinciales y se evalúa un potencial encuentro exprés en la previa a la ceremonia conmemorativa. Confirmaron asistencia Osvaldo Jaldo (Tucumán); Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco) y Elias Suárez (Santiago del Estero).
Se espera además una fuerte presencia de ministros y legisladores libertarios, a excepción de la senadora Patricia Bullrich, quien fue invitada, pero por motivos personales no asistirá.
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