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El Gobierno descartó incluir un blindaje al Indec en la reforma del Banco Central que presentará Milei

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El Gobierno descartó incluir un blindaje al Indec en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que Javier Milei presentará este jueves. En el Ejecutivo aseguran que la propuesta no forma parte del proyecto y deslizan la opción de impulsarla durante los próximos meses mediante otra iniciativa. “No está en el texto”, expresan en Nación.

La idea había sido acercada por el diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio durante la reunión que el Presidente mantuvo con legisladores oficialistas para explicarles los alcances de la modificación. El planteo apuntaba a reforzar la autonomía del organismo estadístico y evitar que una administración manipule los índices oficiales.

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La Casa Rosada tomó inicialmente la recomendación y la derivó al equipo económico para su análisis. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó entonces que la alternativa estaba bajo estudio y que Milei había valorado la propuesta durante el encuentro con los diputados.

En Balcarce 50 explicaban que la preocupación estaba vinculada con uno de los mecanismos contemplados en la reforma del BCRA. El proyecto analiza restringir la distribución de utilidades de la entidad, con excepciones bajo determinadas condiciones económicas, entre ellas un eventual escenario de deflación.

El oficialismo advertía que una futura intervención sobre las estadísticas oficiales podría alterar la aplicación de esas cláusulas. “La idea es blindarlo para que no sea manipulable, que no llegue un Moreno y te cambie todo”, expresaron en las filas oficiales al defender el análisis de la propuesta.

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Javier Milei en su presentación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA ante diputados de La Libertad Avanza (Foto: Presidencia).

El Gobierno evaluó distintas alternativas para reforzar la independencia institucional del Indec. Una de las opciones contemplaba que la designación de su titular tuviera un mandato determinado y requiriera aprobación legislativa, bajo una lógica similar a la que se utiliza para otros cargos con autonomía respecto de Nación.

El Ejecutivo decidió finalmente no incorporar ese capítulo en la primera versión de la reforma del Banco Central. En despachos oficiales sostienen que el texto estará concentrado en las funciones, la gobernanza y las restricciones operativas de la autoridad monetaria, sin sumar cambios orgánicos sobre el instituto estadístico.

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En la Casa Rosada no descartan que el planteo pueda retomarse más adelante, aunque aclaran que no existe por ahora un proyecto definido ni un calendario para presentarlo. La alternativa sería impulsar una ley específica sobre el INDEC en lugar de incorporar el tema dentro de una modificación de la Carta Orgánica del BCRA.

En Balcarce 50 buscan mantener acotado el alcance de la reforma para acelerar su tratamiento parlamentario. Apuntan a votarla durante agosto junto con los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, dentro de la sesión amplia en Diputados. La intención es evitar que la incorporación de nuevos capítulos abra discusiones adicionales y demore una iniciativa que Milei quiere convertir en una de las principales banderas económicas del segundo semestre.

El oficialismo apunta además a que la entidad vuelva a tener como objetivo principal la preservación del valor de la moneda. La modificación pretende revertir parte de los cambios introducidos en 2012, cuando se ampliaron sus funciones a metas vinculadas con empleo, desarrollo económico y equidad social.

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Karina Milei presentó al equipo que acompañará al Presidente en esta nueva etapa de la gestión (Foto: Presidencia).
Karina Milei presentó al equipo que acompañará al Presidente en esta nueva etapa de la gestión (Foto: Presidencia).

El Gobierno trabaja también sobre la eliminación de las Letras Intransferibles, las restricciones a los adelantos transitorios y las condiciones en las que el BCRA puede operar con títulos públicos. En Nación quieren impedir que esas herramientas funcionen como mecanismos de financiamiento directo o indirecto del fisco.

En el Ejecutivo analizan, en paralelo, endurecer el régimen de responsabilidades para las futuras autoridades de la entidad. Milei quiere que los funcionarios que habiliten asistencia monetaria al Tesoro puedan enfrentar sanciones, aunque la redacción final y su eventual articulación con el Código Penal siguen bajo revisión.

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El oficialismo buscará utilizar el anuncio para instalar la reforma como una de las principales banderas económicas del segundo semestre. El blindaje al INDEC quedará afuera de esa primera presentación y seguirá como una posibilidad sin definición, mientras la Casa Rosada concentra su capital político en los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central.

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Gobierno, Indec, Banco Central

POLITICA

Malvinas: el Reino Unido rechazó el arbitraje que pide Argentina para frenar Sea Lion y advirtió que la ofensiva afecta la relación bilateral

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El gobierno británico rechazó hoy la decisión de Argentina de impulsar un pedido de arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Además, advirtió que la iniciativa de la administración de Javier Milei “plantea interrogantes” sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.

La respuesta fue difundida por Uma Kumaran, ministra del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, después de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El planteo argentino apunta al desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte.

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“Las Falklands (Malvinas) son británicas. Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los isleños”, escribió Kumaran en su cuenta de X antes de difundir una declaración formal del gobierno británico.

El comunicado es la respuesta más directa de Londres desde que la Argentina anunció el nuevo paso jurídico. La posición británica mantiene el respaldo al desarrollo petrolero alrededor de las islas y rechaza los argumentos de Buenos Aires sobre la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía está en disputa.

La Ministra para los Territorios de Ultramar del Reino Unido rechazó el pedido de arbitraje que impulsará Argentina por Malvinas

Londres cuestionó el arbitraje y defendió la explotación de recursos naturales

“La decisión de Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Falklands (Malvinas)”, sostuvo Kumaran.

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La funcionaria afirmó que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro” y aseguró que tienen “todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes”.

El Gobierno británico sostuvo, además, que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por su legislación local y se realizan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la UNCLOS”, la sigla en inglés de la CONVEMAR.

La discusión anticipa uno de los ejes del conflicto. La Argentina considera que la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte afecta sus derechos soberanos, en el marco de una disputa reconocida por las Naciones Unidas. Londres, en cambio, vincula la administración de esos recursos con el principio de autodeterminación de los isleños.

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El Gobierno británico llevó la disputa al terreno de la relación bilateral

La declaración incluyó un mensaje dirigido a la relación entre ambos países. Kumaran reveló que esta semana Londres transmitió su postura directamente al embajador argentino en el Reino Unido.

“Esta semana dejamos claro al embajador de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Falklands (Malvinas) no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”, afirmó.

La ministra añadió que “tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”. La frase trasladó la controversia más allá del expediente por Sea Lion y la situó en el plano de la relación bilateral.

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Kumaran cerró la declaración con una reafirmación del respaldo de Londres a las autoridades isleñas. “El Reino Unido continuará apoyando hombro con hombro al Gobierno de las Falklands (Malvinas) y a los isleños. Defenderemos con firmeza sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro”, expresó.

La postura coincide con declaraciones previas de la funcionaria. El 18 de septiembre, el Foreign Office sostuvo que los isleños tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales “como consideren conveniente” y calificó de “inaceptables” las acciones argentinas contra empresas y personas vinculadas con actividades económicas en las islas.

La Argentina busca una medida provisional antes de que avance el arbitraje

La nueva reacción se produjo después de que el Gobierno de Milei resolviera llevar la disputa por Sea Lion a una instancia internacional. La Oficina del Presidente informó que el mandatario instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR.

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El Ejecutivo intimó al Reino Unido a que adopte, en el plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas. Milei sintetizó la decisión en X: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.

El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina ya notificó formalmente a Londres. El objetivo inmediato no es aguardar la resolución de fondo, que puede extenderse durante años, sino solicitar una medida provisional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el avance del proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral.

La Casa Rosada sostiene que la explotación de hidrocarburos supone el uso irreversible de recursos no renovables. Ese argumento será central para fundamentar la urgencia de una eventual cautelar. El Reino Unido respondió que las actividades son legítimas, están amparadas por la legislación isleña y cumplen con la misma convención que invoca la Argentina.

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Sea Lion ya tiene decisión de inversión y prevé producir petróleo desde 2028

Sea Lion dejó de ser un proyecto exploratorio. Navitas Petroleum, operadora del desarrollo, posee el 65 % de participación, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35 %. Las compañías adoptaron la decisión final de inversión y prevén que la primera producción comience en 2028.

El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su primera etapa contempla perforaciones submarinas y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas es una compañía de origen israelí y Rockhopper, una petrolera británica.

La controversia tendrá un plano político y diplomático, con la histórica reivindicación argentina de soberanía frente a la defensa británica de la autodeterminación, y otro jurídico. En este último, deberá definirse hasta dónde puede intervenir el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR ante actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos vinculados con una disputa de soberanía.

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La Argentina invoca resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la controversia y llaman a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada. Londres rechaza esa lectura y sostiene que la explotación de recursos integra el derecho de autodeterminación de los isleños.

Si el Reino Unido mantiene su postura una vez vencido el plazo fijado por el Gobierno argentino, Buenos Aires buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dicte una medida provisional que detenga o condicione el avance de Sea Lion mientras sigue el arbitraje.

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POLITICA

Máximo Kirchner fue demorado en un puesto limítrofe de San Luis porque su vehículo tenía pedido de captura

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El diputado nacional Máximo Kirchner (Partido Justicialista) fue demorado en el puesto limítrofe de la localidad de Justo Daract, en el ingreso a la provincia de San Luis, por circular en un vehículo marca Honda que figuraba con pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur, en la que está procesado y próximo a ir a juicio. Debió aguardar a la vera de la ruta 7 más de dos horas, hasta que lo dejaron continuar viaje, a bordo del mismo vehículo, camino a San Juan, donde realizará actividades políticas.

Según consta en el primer parte de la Policía de San Luis difundido tras el hecho, al que accedió , pasadas las 14 de este miércoles, Kirchner fue demorado luego de que “se activara el Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal”.

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La camioneta de Máximo Kirchner, a la vera de la ruta 7

El diputado viajaba por la ruta 7 a bordo de un Honda CR-V a su nombre, que figuraba en el oficio vinculado a la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. Se dirigía a la provincia de San Juan, donde mañana tiene previstas actividades políticas junto al senador y exgobernador de esa provincia Sergio Uñac.

La policía provincial informó, horas más tarde, que el diputado pudo continuar su trayecto a bordo del vehículo. “Se pone en conocimiento que, por disposición de la Justicia Federal, personal policial de Justo Daract, dio cumplimiento al requerimiento solicitado por la Justicia Federal del vehículo demorado, otorgando el mismo en carácter de depositario judicial a su propietario, quien continuó su trayecto”, se indicó en el parte, que se difundió horas después del primer comunicado policial que daba cuenta de la demora en la ruta.

“El procedimiento se llevó a cabo a partir de una alerta recibida a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) debido a que San Luis forma parte del Anillo Federal de Seguridad, el cual depende del Ministerio de Seguridad de la Nación”, se completó en el parte policial

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El líder de La Cámpora difundió un comunicado en el que explicó lo sucedido. “Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema, en la ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata. En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez [Julián] Ercolini, de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, resumió el diputado.

“Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”, completó Kirchner.

“Mientras rematan el país, la policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan”, subrayó Máximo Kirchner.

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en el marco de la causa Hotesur,Corrupción en Arsat: piden procesar a Facundo Leal por sobornos y el direccionamiento de contratos,Máximo Kirchner,San Luis,Conforme a

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El Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina por la explotación en las islas Malvinas

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Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas y calificó la acción como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.

“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.

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Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”.

Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.

Por otro lado, indicó que esta semana el gobierno inglés le manifestó al canciller Pablo Quirno que “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las Islas no constituyen actos de una relación internacional responsables”.

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El proyecto de Sea Lion inició a raíz del descubrimiento de petróleo en las MalvinasArchivo

“Son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó.

Asimismo, ratificó que Reino Unido continuará estando “codo a codo” con el gobierno inglés de Malvinas y con sus habitantes. “Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro. Como ha dejado claro el primer ministro, nuestro apoyo es inquebrantable”, cerró.

El arbitraje que pidió el Gobierno

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Mediante un comunicado, el Gobierno anunció el pasado lunes el inicio de una gestión para comenzar un arbitraje con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.

“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, afirmó.

En su cuenta personal de X, Milei compartió el mensaje y aseguró que si en dos semanas Reino Unido no frenaba la explotación ilegítima, el país iba a recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas.

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Según su página oficial, el Tribunal está compuesto por 21 miembros “independientes”, elegidos entre personas de “reconocida reputación por su imparcialidad e integridad, y de competencia comprobada en el ámbito del derecho del mar” y cuenta con “jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del convenio”.




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