POLITICA
Interpelaron al secretario de Seguridad de Morón por el caso de la funcionaria que se fugó tras ser acusada de narco
Luego de que el Concejo Deliberante de Morón aprobara la interpelación al intendente Lucas Ghi, este jueves el secretario de Seguridad municipal Damián Cardoso compareció ante los concejales para dar respuestas sobre el caso de Luna Suyai Ortigoza, la ex directora de Políticas de Género que se encuentra prófuga desde que hallaron medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar.
Ante la decisión del jefe municipal de no asistir a la sesión extraordinaria, Cardoso asumió el rol de representante del gobierno. Así, inició su exposición detallando la política municipal orientada a “combatir el narcomenudeo” y a “impulsar las denuncias”.
La interpelación se extendió por más de cuatro horas, en donde el secretario de Seguridad destacó la rapidez con la que el gobierno local actuó una vez confirmados los cargos contra Ortigoza. “Grave sería que el intendente no la desplace de su cargo”, manifestó.
Según la información publicada por Primer Plano Online, el funcionario municipal explicó que “nada hacía prever” que Ortigoza estuviera involucrada en actividades delictivas y remarcó que el accionar ilegal era “ajeno a su desempeño en el Municipio y se realizaba de manera escondida”.
En este sentido, Cardozo aseveró que “no hubo alertas tempranas” y señaló que la acusada no exhibía signos de riqueza que pudieran vincularla con la venta de drogas. “Esta chica no llegó con un Mercedes Benz a su trabajo”, apuntó al desmentir que estuviera de vacaciones cuando allanó su propiedad.
Según el secretario de Seguridad, hasta el momento “no hay ningún elemento que indique” que Ortigoza haya cometido delitos en el ejercicio de su función. No obstante, consideró que el caso demostró que “en Morón no hay libertades para cometer delitos”. Asimismo, informó que todo el material incautado, incluso elementos vinculados a su labor municipal, quedó a disposición de la justicia para peritajes.
Al finalizar su exposición, Cardoso respondió preguntas de concejales de distintos bloques, comenzando por Analía Zappulla, integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), con quien coincidió en la necesidad de debatir una legislación que permita controlar la evolución patrimonial de los funcionarios.
En este sentido, el secretario adelantó que la revisión anual de antecedentes penales será obligatoria con la creación de la Policía Municipal. Además, le cuestionaron por qué Ortigoza continuaría registrada como una empleada de la planta permanente.
“Los mecanismos administrativos prevén que tiene estabilidad. Sí se le retuvo su salario: tiene orden de captura nacional e internacional”, explicó el titular de la Secretaría de Seguridad de Morón sobre la situación laboral de la funcionaria fugitiva.
En un intercambio con Ariel Aguilera, miembro de Todo por Argentina, Cardoso detalló que Ortigoza mantenía una actividad funcional activa y que su desempeño incluía intervenciones para proteger a mujeres víctimas de violencia. No obstante, aclaró que esto no representaba una evaluación personal y calificó como “detestable” lo revelado por la investigación.
Desde Unión por la Patria, la concejal Florencia De Luca cuestionó la ausencia del intendente o de la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Laura de Peri, quien fue la jefa durante el paso de la acusada por la gestión municipal. “Es una situación que muestra a un intendente debilitado. Por eso queremos aclarar que la única intención del bloque Fuerza Patria fue conocer qué hizo el Municipio ante una situación grave”, expuso.
En respuesta a Diego Spina, Cardoso señaló que el único detenido en la causa declaró ante la justicia “que él era comprador de Ortigoza” y entregó las cuentas bancarias con las que pagaba la droga. El secretario afirmó que la pericia sobre esas cuentas permitirá identificar a otras personas vinculadas y aportar nuevos elementos a la investigación.
A lo largo de la sesión también participaron otros concejales, entre ellos Ezequiel Tozzi, María Mobilia, Pablo Miño, Alejandra Liquitay (La Libertad Avanza); Diego Spina (Unión por la Patria); Bernardo Magistocchi y Claudio Faro (PRO); Daniela Cáceres (Nuevo PRO Morón); y Agustín Ramponelli (PJ-MDF).
Según la información a la que tuvo acceso Infobae, la investigación comenzó con una denuncia realizada el 25 de febrero de este año, en donde señalaban la existencia de puntos de venta en los alrededores de las calles Ferre y Piovano, Ferre y Pardo, y otro en Presidente Ortiz entre Pardo y Piovano.
No obstante, la funcionaria municipal fue declarada como prófuga de la Justicia junto a su novio Ángel Daniel Paz, de 34 años, a finales de mayo. Después de que un miembro de la banda la delatara y se encontrara medio kilo de cocaína, armas y marihuana en su casa, los investigadores sostienen que la pareja lideraba una red dedicada al tráfico y la venta de drogas.
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POLITICA
Los empleados bancarios recibieron un nuevo aumento para junio y tendrán otro salario inicial récord
La Asociación Bancaria acordó con cámaras empresariales un aumento de 2,9% para junio, que elevará el sueldo inicial a $2.412.128,22. Y con el plus de participación en las ganancias, de $69.727,10, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.481.855,32.
Según informó el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el entendimiento también fijó para el Día del Bancario un monto mínimo de $2.150.328,87, que estará sujeto a corrección en futuras actualizaciones.
La actualización acumula en el primer semestre del año un 16,8% sobre los sueldos de diciembre. La mejora salarial se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye adicionales convencionales y no convencionales.
De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron una importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.
Las partes resolvieron mantener durante julio y agosto de 2026 el mismo mecanismo y alcance definido en los acuerdos salariales vigentes. También pactaron retomar la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026 para actualizar los sueldos.
En las últimas semanas, como anticipó Infobae, otros sindicatos importantes empezaron a conversar sobre nuevos aumentos en sintonía con la pauta salarial que fija el Gobierno, o se proponen hacerlo en los próximos días, aunque en algunas actividades que están rezagadas desde el punto de vista salarial exploran fórmulas para recomponer los ingresos sin estar atados a la inflación.
Un ejemplo de esto último es la fórmula que analizan empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para aumentar los sueldos que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.
Ambas partes tuvieron el miércoles pasado la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.
Luego de intercambiar opiniones sobre la crisis del sector metalúrgico y el atraso salarial, surgieron algunas ideas para mejorar las remuneraciones sin tomar en cuenta el alza de la inflación, por lo que ambas partes acordaron seguir las negociaciones en estos días.
Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que estaba empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.
Por su parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que encabeza Armando Cavalieri, mantendrá esta semana las primeras reuniones con las cámaras empresariales para acordar un aumento salarial para el trimestre julio-septiembre.
La expectativa sindical es compensar la inflación del período vencido ya que el último acuerdo paritario, con vigencia entre abril y junio, consistió en un incremento del 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio), más una suma fija no remunerativa de 20 mil pesos y una contribución empresarial para OSECAC de 28 mil pesos mensuales por trabajador.
En el sindicato mercantil admiten que será una negociación compleja con los empresarios ya que la actividad mercantil atraviesa una etapa crítica, con caída en el consumo, cierre de negocios, alza de locales vacíos y despidos y suspensiones de personal.
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POLITICA
El Consejo de la Magistratura citó a declarar a la jueza de Corrientes que investigó la desaparición de Loan Peña
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió convocar a una suerte de citación a indagatoria a la jueza federal de Goya, Corrientes, Cristina Pozzer Penzo, quien tuvo a su cargo la investigación de la desaparición de Loan Peña.
La magistrada fue denunciada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación por hostigamiento laboral y abuso de autoridad; abandono de funciones, trato indebido a colegas e intervención de su hija en el juzgado. El consejero Álvaro González (Pro) pidió citarla por el artículo 20 del reglamento (el equivalente a una indagatoria) para que dé sus explicaciones. La solicitud fue aprobada por unanimidad.
Además, en la misma reunión, la Comisión dictaminó que debe cerrarse la denuncia presentada contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por las detenciones que ordenó contra los acusados de haber arrojado excrementos a la casa del exdiputado libertario José Luis Espert. En una votación dividida, la comisión propuso cerrar el caso. Ahora el tema pasará al plenario del Consejo, que tomará la decisión final.
En la misma reunión, por pedido del bloque kirchnerista, la Comisión de Acusación resolvió postergar una definición sobre si se promueve la destitución del juez en lo civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por maltrato laboral y acoso. “Conozco el nivel de protección a Maraniello”, denunció el senador Luis Juez, que promueve enviarlo a jury.
La comisión se reunió, encabezada por su presidente, el abogado Alberto Maques, con la presencia en la sede de la calle Libertad de los diputados González Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade (del FDT) y, vía Zoom, del diputado Gonzalo Roca (LLA), del senador Juez y del abogado César Grau.
Maques dio la bienvenida y contó lo sucedido en las últimas horas en el proceso de jury contra el juez Alfredo López, después de que el Jurado de Enjuiciamiento tuvo que desalojar la sala cuando tanto él como Juez, en nombre del Consejo, pidieron la destitución del magistrado por sus expresiones antisemitas. Según detalló, el Jurado estará en condiciones de dar a conocer su veredicto después de la feria.
Luego, la comisión analizó la situación de Maraniello, denunciado por sus empleados por maltrato y abuso. Sobre él pesa incluso la acusación de una joven que renunció tras relatar que sufrió un abuso sexual.
Durante semanas, la comisión escuchó el testimonio de muchos de los denunciantes e incluso de los superiores del magistrado. Además, se cuestionó la forma en la que Maraniello manejaba el dinero del juzgado y utilizaba a los empleados del Poder Judicial para desarrollar tareas o actividades en la asociación de derecho constitucional que dirigía.
El senador Juez, que fue el consejero que llevó adelante la investigación, defendió en la comisión su dictamen contra Maraniello. “Estamos en condiciones de elevar la situación del doctor Maraniello al plenario entendiendo que hemos agotado la etapa instructoria, que se han incorporado un montón de expedientes y que es una causa que lleva la comisión un tiempo importante. Estamos en condiciones de aprobar el dictamen solicitando la destitución”, afirmó.
Sin embargo, Tailhade opinó que los testimonios oídos “no fueron suficientemente contundentes como deberían” y se quejó porque no se había hecho lugar a las medidas de prueba solicitadas por el defensor de Maraniello, Mario Laporta, que incluían pedir informes psiquiátricos a los denunciantes.
Si bien reconoció la labor del senador Juez, que desde que llegó impulsó investigaciones contra jueces (“Acá vino a hacer despelote”, dijo), el diputado kirchnerista afirmó que no podía acompañar así el dictamen contra Maraniello y pidió postergar el asunto hasta la próxima reunión, para darle una respuesta concreta a la defensa.
“Cuando rechazamos la prueba, la rechazamos con fundamentos –respondió Juez-. Sé de quién estamos hablando. Conozco el nivel de protección a Maraniello. Si no hubiéramos empujado como lo hicimos, no estaríamos en esta instancia. Si hubiesen escuchado los testimonios de las víctimas, se darían cuenta de que el maltrato está absolutamente probado. Tenemos acreditada la inconducta del doctor Maraniello”.
Juez, no obstante, aceptó la postergación, que fue acompañada por el resto de la comisión.
El último expediente de relevancia fue el de la jueza Arroyo Salgado. El diputado Roca promovió la desestimación de la denuncia en su contra por la detención de militantes kirchneristas que se habían manifestado en la casa de Espert, tras la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, y que habían arrojado excremento en el lugar.
“La detención fue absolutamente delirante. La prueba hoy indica la ratificación de la denuncia: maltrato y desinterés contra las personas detenidas. No es el momento de cerrar esta causa”, dijo Tailhade y reclamó profundizar la investigación del caso.
“Tenemos tiempo de seguir investigando –acompañó Siley-. La Cámara de San Martín le revocó toda su actuación jurisdiccional. La jueza cometió abuso de poder y eso es lo que le cuestionamos. No queremos darle punto final a este tema.”
Roca dijo que se estaba “mezclando lo político con lo jurisdiccional” e insistió con su dictamen sin demoras. Se votó a mano alzada. Siley, Tailhade y Grau solicitaron postergar el tema, pero Juez, Maques, González y el propio Roca dieron la mayoría para votar la desestimación de la denuncia, que será llevada al próximo plenario para que sea refrendada.
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En un final que se sospechaba desde hace más de una semana, la ley de propiedad privada volvió a demorarse en el Senado: la jefa libertaria, Patricia Bullrich, pidió que la sesión pasara a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, lo que se convirtió en una nueva derrota para el Gobierno en un tema ya muy manoseado y con una marcada mala praxis del oficialismo en la Cámara alta. La propuesta de la porteña recibió 65 votos a favor, tres rechazos y una abstención.
La fecha del 6 de agosto no es menor. La semana pasada, cuando se dejó fijado el encuentro de hoy -en Labor Parlamentaria-, la propia Bullrich informó que para el mes próximo quedaba un encuentro pactado. Infobae contó ese día que, en realidad, era una especie de blindaje para dar señales de “trabajo” y no anticipar el receso invernal que habrá por 15 días, pese a que se presuponía que la iniciativa sigue sin votos suficientes para avanzar. Quedó como un flojo premio consuelo.
El nuevo traspié se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado.
La situación con este proyecto es tan mala que la mayoría de bancadas dialoguistas se hartaron, lo cual genera un mal antecedente ante una eventual aprobación y definición en Diputados.
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