POLITICA
Flavio Bolsonaro responsabilizó a Lula por el conflicto diplomático con Argentina: “Romper con Buenos Aires no era inevitable”
Luego de que el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva confirmara la reducción de relaciones diplomáticas con Argentina ante los reiterados insultos que le propinó el mandatario Javier Milei, el candidato opositor al máximo cargo ejecutivo del país Flavio Bolsonaro responsabilizó al jefe de Estado por la crisis y manifestó que la ruptura con Buenos Aires fue producto de “una política exterior ideologizada y confrontacional”.
“Repudio enérgicamente la decisión del gobierno de Lula de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina, una nación hermana, nuestro mayor socio comercial en Sudamérica y un amigo histórico del pueblo brasileño”, expresó el hijo de Jair Bolsonaro a través de un comunicado.
A su vez, expresó que romper con Buenos Aires “no era inevitable” y que el hecho se produjo como “resultado directo” de una “política exterior ideologizada y confrontacional” que en solo unos meses “ha fabricado crisis” con tres países en la región.
Además de Argentina, el líder del Partido Liberal (PL) mencionó a Estados Unidos -a quien calificó como el “mayor socio en el hemisferio” de Brasil- y a Paraguay, “un vecino y aliado histórico”, según su consideración.
“Ningún gobierno en la historia reciente ha logrado aislar tanto a Brasil en tan poco tiempo”, manifestó.
También analizó que Lula utilizó la retórica de “defender la dignidad nacional” como “instrumento de propaganda” y señaló que la soberanía y prestigio de Brasil no se protegen con “alardes electorales y rupturas diplomáticas”.
“Se protegen con una economía fuerte, una capacidad real de negociación y una política exterior comprometida con los intereses permanentes de la Nación, no con la vanidad de quien detenta el poder. La escalada es unilateral: el propio gobierno argentino ya ha declarado que no tomará represalias”, afirmó.
Además, expresó que el verdadero motivo para la acción de rebajar las relaciones diplomáticas reside en el fracaso del proyecto Foro de San Pablo, una alineación de partidos de izquierda en la región que impulsó el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño que conduce Lula.
“Los regímenes que patrocinó -sostenidos por el narcotráfico y la represión- trajeron miseria, éxodo y violencia a sus pueblos, y ahora caen uno por uno. Lula ve desmoronarse a sus aliados y reacciona rompiendo con los vecinos que eligieron la libertad”, afirmó.
Y sostuvo que “el precio de esta irresponsabilidad no lo pagarán quienes la causaron. Lo pagarán los agricultores, fabricantes, exportadores y trabajadores brasileños, que dependen de estas relaciones para producir, vender y crear empleos, y que no tuvieron parte en las decisiones políticas que provocaron esta crisis”, agregó.
Jair Bolsonaro aseguró que, en caso de convertirse en presidente de Brasil a partir de 2027, comenzará a tratar los vecinos “como socios” y no “como adversarios ideológicos”.
“Reconstruiremos puentes con Argentina, Paraguay, Estados Unidos y toda nación libre de nuestro continente. Al pueblo argentino, y especialmente al presidente Javier Milei, mi estimado amigo, le dejo este mensaje: esta crisis no es entre nuestras naciones, es obra de un gobierno en sus últimos días. Habrá paz y prosperidad para nuestros pueblos”, señaló.
Crisis diplomática entre Argentina y Brasil
El mensaje de Bolsonaro se dio luego de que Brasil confirmara la rebaja en las relaciones diplomáticas con Argentina. El vínculo bajó al nivel de “encargado de negocios” y Lula pospuso sin fecha el regreso del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires.
La decisión se tomó después de que Milei volviera a criticar a Lula en una entrevista, al calificarlo de “ladrón” y “corrupto”. Los insultos anteriores los había pronunciado en San Pablo el 25 de julio, cuando participó de un evento en apoyo a Bolsonaro. En aquella ocasión también lo había llamado “presidiario” y “basura socialista”.
Tras la resolución brasileña, el Gobierno argentino calificó de “decisión unilateral” la medida y lamentó la determinación de Brasil de “seguir aislándose de la región por cuestiones ideológicas”.
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POLITICA
El Gobierno asegura que no colaboró con la fuga de Bolsonaro y mantendrá silencio sobre su asilo en EE.UU.
El Gobierno busca evitar una nueva escalada diplomática con Brasil en medio del escándalo por la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. La Casa Rosada descarta realizar nuevos pronunciamientos sobre el excandidato presidencial brasileño y mantiene como posición oficial que no existen registros de su ingreso a la Argentina. La decisión se produce después de que circularan versiones sobre una presunta salida del senador a través de Puerto Iguazú, pese a la prohibición judicial que le impedía abandonar su país.
En la primera línea del Ejecutivo aseguran que no está previsto que el Gobierno se pronuncie cuando Bolsonaro llegue a Estados Unidos. Buscan mantener una posición de reserva y evitar que el episodio genere nuevas fricciones con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba de conseguir la reelección en el balotaje del domingo.
La Dirección Nacional de Migraciones informó oficialmente que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro a territorio argentino. El organismo difundió un comunicado después de que trascendiera la presencia de una aeronave privada en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, que tenía previsto realizar un vuelo hacia Estados Unidos durante la madrugada de este martes.
El organismo explicó que, ante la repercusión del caso, las autoridades iniciaron controles sobre la aeronave y su tripulación. Según el informe, la documentación de la compañía se encontraba en regla y no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.
La aeronave involucrada es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por la empresa argentina Baires Fly, que salió el lunes por la noche desde Aeroparque y aterrizó cerca de la medianoche en Puerto Iguazú. El avión había sido contratado para trasladar a cuatro ciudadanos brasileños hacia Estados Unidos, pero el viaje fue cancelado antes de que los pasajeros abordaran. Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el senador integrara ese grupo.
En las fuerzas federales argentinas también niegan haber participado de un operativo de colaboración con la Policía Federal brasileña para localizar al dirigente. Fuentes consultadas por TN en Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otras áreas de seguridad aseguraron que no tenían registradas comunicaciones específicas relacionadas con su presunto ingreso al país.
“Nosotros no tenemos nada aún. No creo que cambie porque también se consultó a Migraciones, que son los que registran los ingresos”, explicó una fuente de las fuerzas federales. Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria también descartaron contactos propios con sus pares brasileños. Las respuestas corresponden a las áreas consultadas y no permiten descartar que otras dependencias hayan recibido requerimientos de información.
El Gobierno oficializó este miércoles la disolución de Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto 1286/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida dispone “el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del Iosfa a cargo del Administrador que designe el Ministerio de Defensa”.
Según la normativa, “el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) determinará, conforme su estructura vigente y las necesidades operativas del organismo, los puestos de trabajo requeridos y su dotación necesaria”.
En esa dirección, el decreto establece que, “en función de ello, identificará al personal del Iosfa que resulte necesario para el adecuado cumplimiento del objeto de la OSFA con el fin de formalizar su transferencia, conforme el régimen jurídico aplicable a la situación de revista del personal”.
La medida publicada en el Boletín Oficial tuvo lugar luego de que, a principios de octubre, el gobierno de Javier Milei anunciara que destinará fondos del Tesoro nacional a la cancelación de la deuda de la obra social de los militares, que alcanza los $210.000 millones, a partir de acuerdos con unos 2000 proveedores y prestadores que, por falta de pago, mantienen casi paralizada la atención médica de los afiliados.
Se estima que hay unos 30 grandes acreedores de la obra social, aunque la deuda se extiende a un amplio número de clínicas, farmacias, cadenas de farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales, proveedores de prótesis e insumos y profesionales que prestan atención médica.
Ese anuncio, realizado por el Ministerio de Defensa y publicado por la Oficina del Presidente, se conoció en momentos en que la crisis de la OSFA se agudizó. En septiembre, había renunciado el administrador de la estructura residual del antiguo Iosfa, coronel retirado Ariel Guzmán, quien trabajaba en el proceso de liquidación del organismo.
Otro de los elementos que emergen de la decisión del Ejecutivo es que el administrador del Iosfa deberá evaluar “la situación de revista de su personal que no resulte transferido a la OSFA y dispondrá las medidas que correspondan, conforme el régimen jurídico aplicable en el ámbito de su competencia”.
En el documento también se hace alusión a la situación de las diversas fuerzas a partir de la nueva reglamentación. “El personal perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina y a la Prefectura Naval Argentina que revista en comisión de servicios o se encontrare adscripto prestando servicios en el Iosfa deberá reincorporarse a su respectivo organismo de origen”, consignó el Poder Ejecutivo.
Finalmente, la resolución que lleva la rúbrica del presidente Javier Milei y de los principales ministros del Gabinete alude al paso siguiente una vez concretada la supresión del Iosfa. “Concluida la liquidación, los compromisos y obligaciones pendientes derivados de la situación del personal que no hubiera sido transferido serán asumidos por el Ministerio de Defensa. El personal de planta permanente con estabilidad que a esa fecha se encuentre en situación de disponibilidad continuará en ella en el ámbito de dicho Ministerio hasta su reubicación o baja, conforme la normativa aplicable”, finaliza el decreto.
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POLITICA
El Ministerio de Seguridad creó un programa para priorizar la captura de prófugos con mayor peligrosidad
El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa “Los Más Buscados”, una estructura que reunirá información oficial y aplicará criterios de análisis para ordenar la búsqueda de personas prófugas o evadidas de la Justicia según su nivel de peligrosidad. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1089/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El programa funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), que depende de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Su objetivo será consolidar una base de datos y definir prioridades operativas para las fuerzas federales encargadas de localizar a personas con pedidos de captura.
La nueva herramienta será alimentada de manera permanente con información del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el Programa Nacional de Recompensas y otras bases oficiales. Además, el Ministerio de Justicia fue invitado a aportar los registros disponibles sobre antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura vigentes a través de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.
Según la norma, el sistema deberá clasificar los casos a partir de criterios técnicos y variables objetivas. Entre ellas figuran la gravedad de los delitos imputados o por los que existan condenas, las penas previstas o aplicadas, los antecedentes de reincidencia y el eventual vínculo con organizaciones criminales.
De acuerdo con lo que fija el anexo de la normativa, el sistema automatizará la clasificación de prófugos y evadidos según su nivel de peligrosidad. También prevé que la Mesa de Evaluación defina, valide y actualice los parámetros objetivos para ese cálculo. La resolución no publica la fórmula específica ni el peso que tendrá cada variable, ni identifica a las personas que integrarán inicialmente la nómina de mayor prioridad.
El Ministerio sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de contar con mecanismos de localización e identificación más coordinados frente al crimen organizado y al número de personas que se encuentran fuera del alcance de la Justicia.
La Resolución 1089/2026 también dispone la creación de una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que funcionará dentro del nuevo programa. La mesa tendrá como función analizar los casos y contribuir a la definición de prioridades. De ese modo, la información reunida por las distintas dependencias y fuerzas deberá convertirse en decisiones sobre los objetivos de búsqueda y recaptura.
El espacio estará integrado por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.
También participarán áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La medida habilita, además, la convocatoria de representantes del Poder Judicial de la Nación, de los ministerios públicos y de otros organismos competentes, en calidad de colaboradores.
El responsable del desarrollo, mantenimiento y actualización del sistema será el titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad. La resolución le asigna también el fortalecimiento de las políticas de protección de datos y de gestión de la información, un punto vinculado a la centralización de registros personales y judiciales en una misma herramienta.
En sus considerandos, el Ministerio menciona modelos implementados en Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y México. Entre los antecedentes citados aparecen el Crime Severity Score británico, las listas de fugitivos buscados por el FBI y el U.S. Marshals Service, las notificaciones rojas de Interpol y los listados de personas buscadas elaborados por fuerzas de seguridad de países latinoamericanos.
La medida también reconoce antecedentes locales. Entre ellos, el Programa Nacional de Recompensas, regulado por disposiciones de 2012 y 2022, y la lista de “Los más buscados” que el Ministerio de Justicia puso en marcha en 2016. La nueva resolución plantea que esos instrumentos requieren mayor articulación y una metodología de priorización sistematizada.
La implementación dependerá ahora de la provisión regular de datos por parte del SIFCOP, el Programa Nacional de Recompensas y los organismos que adhieran al esquema. La Subsecretaría de Investigación Criminal será la encargada de establecer los criterios bajo los cuales esa información ingresará al sistema y se utilizará para clasificar los casos.
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