POLITICA
La oposición cuestionó a Benegas Lynch por su empresa para vender campos a extranjeros y el senador libertario se defendió
La senadora nacional kirchnerista Juliana Di Tullio planteó una impugnación contra su par de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch por un supuesto conflicto de intereses entre su actividad privada y el contenido del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, particularmente respecto del capítulo III, referido a la tenencia de tierras por parte de extranjeros. La dirigente peronista sostuvo que el legislador oficialista, socio gerente de una empresa dedicada a la administración y comercialización de campos, no podía intervenir en un debate que, según afirmó, podía tener impacto directo sobre su actividad económica.
El contrapunto comenzó el miércoles con la presentación formal de Di Tullio ante la Presidencia del Senado, continuó con publicaciones cruzadas en la red social X, escaló este jueves al inicio de la sesión con una cuestión de privilegio planteada por Benegas Lynch y tuvo una nueva respuesta de la senadora durante el debate.
La presentación contra el legislador libertario ingresó al Senado mientras todavía permanecía en el proyecto el capítulo vinculado a la Ley de Tierras. Horas antes, había trascendido que Benegas Lynch figura como socio gerente de Glocal Terra S.R.L., una firma radicada en Entre Ríos que administra campos y brinda asesoramiento comercial, legal y financiero a propietarios y potenciales compradores de inmuebles rurales, incluidos inversores extranjeros.
Sobre esa base, Di Tullio solicitó que el Senado dispusiera la abstención obligatoria del senador libertario y lo inhabilitara para intervenir, firmar dictámenes y votar el proyecto de ley. Sin embargo, pocas horas después el Gobierno resolvió retirar del texto el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, ante la falta de apoyo de bloques aliados.
En su presentación, la senadora sostuvo que existía una “directa y manifiesta colisión” entre el interés público que debía tutelar Benegas Lynch como legislador y su interés económico privado. Argumentó que cualquier modificación de la normativa vigente podía impactar directamente sobre el volumen de negocios y la facturación de la empresa de la que forma parte y sostuvo que ello comprometía su imparcialidad. Además, invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y diversos artículos de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública para fundamentar su planteo.
La legisladora también trasladó la discusión al terreno político. En un mensaje publicado en X ironizó: “¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros”. Luego, sostuvo que Benegas Lynch era “juez y parte” y afirmó que utilizar una banca en el Senado para favorecer intereses económicos propios no solo violaba la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que constituía una “traición a la Patria”.
La respuesta
Benegas Lynch negó en diálogo con Infobae que exista un conflicto de intereses.
“Todas las leyes que venimos votando afectan positivamente al sector privado”, razonó. Dentro de ese ámbito está “el agro”, explicó, y señaló que su empresa pertenece a ese rubro.
“Producimos, administramos y asesoramos dueños de campos y compradores”, agregó.
Luego, enumeró una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno que, según sostuvo, también generan beneficios para el sector privado: “Modernización laboral, RIMI, riego, hacienda, maquinaria agrícola, apertura de mercados para la carne, todo afecta positivamente al privado, al agro, y dentro del agro está mi empresa”.
Respecto del capítulo sobre tierras, retirado finalmente del proyecto, explicó que prohibía la compra por parte de Estados extranjeros y, al mismo tiempo, ampliaba la posibilidad de que particulares argentinos pudieran vender sus campos a inversores privados.
“Al hacer más inversiones y producción, nuevamente afecta positivamente al campo, y dentro del campo está mi empresa”, sostuvo.
Frente al planteo de Di Tullio, el senador respondió además que, si prosperara ese criterio, tampoco podrían votar leyes vinculadas con su profesión un docente dueño de un colegio, un abogado con estudio jurídico o un médico propietario de una clínica.
Horas después, amplió su descargo en un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X. Allí, recordó que su participación en Glocal Terra figura en su declaración jurada patrimonial y sostuvo que nunca ocultó su actividad privada. Explicó que la empresa administra y valoriza campos, asesora a propietarios y compradores y trabaja tanto con clientes argentinos como extranjeros.
En ese mismo mensaje defendió el contenido del proyecto impulsado por el Gobierno y aseguró que el objetivo no era favorecer intereses particulares, sino modificar la legislación vigente para impedir que Estados extranjeros, empresas estatales o fondos soberanos adquirieran tierras en la Argentina, al tiempo que eliminaba restricciones para la inversión privada.
“Se cierra la puerta que había que cerrar, la de los Estados extranjeros, y se abre la que nunca debió cerrarse, la del argentino que quiere vender su campo y elegir a quién”, escribió. También sostuvo que “un beneficio general no es un privilegio particular” y afirmó que las medidas impulsadas por el oficialismo buscan favorecer a todo el sector productivo y no a una empresa determinada.
El enfrentamiento volvió a trasladarse este jueves al recinto. Apenas comenzó la sesión, Benegas Lynch pidió una cuestión de privilegio para rechazar formalmente la impugnación presentada por Di Tullio.
Durante su exposición sostuvo que no existía ningún conflicto de intereses porque su actividad privada es pública, está declarada y no obtiene un beneficio específico con la ley. Afirmó que todas las iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno benefician al conjunto del sector privado y que impedirle votar por esa razón implicaría excluir de determinados debates a cualquier legislador cuya profesión estuviera vinculada con la materia tratada.
En ese contexto, lanzó fuertes críticas contra el kirchnerismo y reivindicó que el Congreso esté integrado por personas provenientes de la actividad privada.
“Muchos somos los que venimos del sector privado; miro la banca opositora y no estoy tan seguro de eso”, afirmó.
También recordó que la Constitución exige que los senadores cuenten con una renta propia y sostuvo que ese requisito buscó garantizar la independencia de los legisladores respecto de la política profesional.
“Algunos están acá hace casi treinta años sentados en la misma banca cobrando de todos los contribuyentes”, cuestionó.
El senador también defendió el capítulo sobre la Ley de Tierras que finalmente fue retirado del proyecto. Sostuvo que la iniciativa endurecía las restricciones para los Estados extranjeros, sus empresas y fondos soberanos, pero favorecía la inversión privada. Según afirmó, la legislación vigente, sancionada durante el kirchnerismo, terminó perjudicando el valor de los campos y permitió que empresarios vinculados al poder adquirieran grandes extensiones de tierras.
Di Tullio respondió más tarde durante el debate. Sin ingresar en un intercambio directo con Benegas Lynch, recordó que había sido la primera senadora en recibir una cuestión de privilegio por parte de otro integrante del cuerpo y minimizó el planteo realizado por el legislador libertario.
“He sido la primera senadora que fue cuestionada por una cuestión de privilegio que, por supuesto, no contesté porque no corresponde. El senador que me hizo la cuestión de privilegio hizo toda su alocución con toda tranquilidad”, expresó, antes de continuar con su intervención sobre el proyecto que se debatía.
El episodio terminó reflejando uno de los cruces políticos más intensos de la jornada y volvió a poner en discusión los límites entre la actividad privada de los legisladores y los posibles conflictos de intereses durante el tratamiento de proyectos que pueden afectar los sectores en los que desarrollan sus negocios.
POLITICA
El mensaje de García Cuerva: un reclamo para encontrar soluciones a la deuda social y “no mirar para otro lado”
Una pintura descarnada sobre los obstáculos que encuentran los sectores más vulnerables y excluidos trazó el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en la festividad de San Cayetano, que cada año encuentra más demandas sociales que religiosas.
Fue el tercer llamado de atención con fuerte repercusión social del arzobispo porteño en menos de tres meses, tras los mensajes de los tedeum del 25 de Mayo y del 9 de Julio en la Catedral metropolitana, cuando delante del presidente Javier Milei pidió decir “basta a arengar la división y la polarización” y fustigó severamente “las cuevas de corrupción”.
Con la visita del papa León XIV en el horizonte, García Cuerva tomó el magisterio del Papa, construido en el último año como legado del pontificado de Francisco, y animó a “seguir creyendo que el trabajo es un derecho y también es dignidad”.
Citó de entrada el documento Dilexi te, la exhortación apostólica presentada por León XIV en octubre de 2025, cinco meses después de asumir como papa. Se trata de un texto que pone de relieve el valor supremo del compromiso en favor de los necesitados. Un texto que en el Vaticano fue presentado por el entonces limosnero pontificio, el cardenal polaco Konrad Krajewski, hoy arzobispo de Lodz. Insistió, así, en que la principal ayuda a una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo, para que pueda ganarse una vida más acorde a su dignidad.
“Ni una línea de las homilías del arzobispo de Buenos Aires se aparta de la doctrina social de la Iglesia. Es el mensaje que la propia Iglesia transmite desde hace 2000 años”, explican fuentes cercanas a García Cuerva cuando se consulta sobre sus palabras.
Marcar las deudas sociales no implica un choque en términos personales, indican en la Iglesia. Distintas fuentes coinciden en que el arzobispo García Cuerva, por ejemplo, mantiene un “excelente trato con el Gobierno”. Habitualmente, cuando se retira del tedeum, el Presidente se lleva la homilía impresa firmada por el arzobispo y hay un diálogo constante con los ministros. Son formas y tratos que, además, permiten avanzar en otros objetivos, como el logro de la confirmación de la visita del Papa a la Argentina, programada para noviembre.
Cargada por las motivaciones que le imprimen las organizaciones sociales, la misa de San Cayetano no reúne las formalidades de una celebración con el Presidente en la Catedral. Pero tiene un fuerte impacto político desde los tiempos del cardenal Jorge Bergoglio, cuando, además de advertir sobre los signos de la deuda social, recorría desde temprano las filas de los peregrinos que llegaban al santuario de Liniers para pedir trabajo. En agosto de 2001, cuatro meses antes del estallido de la crisis que en diciembre puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa, Bergoglio observó que “mientras los pobres están en la calle buscando trabajo, y encima son reprimidos, la gente rica festeja fastuosamente, elude la Justicia y, encima, recibe aplausos”.
Promesas incumplidas
En su mensaje, el arzobispo porteño levantó la voz del pueblo argentino y destacó que “es un pueblo cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”. Un reclamo que puede extenderse a dirigentes de distintas fuerzas políticas.
Así como en el tedeum del 25 de Mayo denunció “el terrorismo de las redes”, en una crítica a las usinas libertarias, esta vez el mensaje del arzobispo dejó en claro que “la responsabilidad y la solución concreta a los problemas económicos y sociales la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado y poner toda su energía en descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie”.
García Cuerva llamó a “no dar la espalda ante el dolor de los que sufren”, y a “trabajar por una patria de hermanos, en la que nadie sea descartable y nadie sea desechable”, en sintonía con expresiones de León XIV en su encíclica Magnifica humanitas. De allí surge la advertencia de que “la libertad económica no puede ser absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona”.
Un pensamiento que se vincula directamente con principios de la doctrina social de la Iglesia. Especialmente, los referidos al bien común y el destino universal de los bienes, que la Iglesia considera prioritarios desde los tiempos de León XIII, cuyo programa de reforma social diseñado en la encíclica Rerum novarum, en 1891, es reivindicada por el papa Prevos a partir de la elección de su nombre pontificio.
La Iglesia sostiene que la propiedad privada es un derecho natural legítimo, pero no un derecho absoluto. Un debate que se reactiva en momentos en que el gobierno de Milei espera lograr la sanción de la ley de extranjerización de las tierras, en medio de fuertes reclamos sociales.
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POLITICA
Javier Milei acompañó la asunción del nuevo presidente de Colombia, en medio de un megaoperativo antiterrorista
El presidente Javier Milei participó este viernes de la ceremonia de jura y toma de posesión de Abelardo de la Espriella, quien asumió como nuevo mandatario de Colombia con un discurso centrado en la seguridad, la recuperación económica y el combate contra las organizaciones criminales.
El acto se realizó en la Arena de la Universidad de Santiago de Cali, en la ciudad de Cali, donde se reunieron los invitados internacionales para acompañar el inicio del nuevo gobierno. Después de la ceremonia, De la Espriella se trasladó al Cantón Militar Pichincha, donde pronunció su primer discurso como presidente ante efectivos de las Fuerzas Armadas.
En una de sus primeras definiciones, el flamante mandatario aseguró que su gobierno buscará “recuperar el orden, la seguridad y la libertad” y prometió una política de fuerte confrontación contra el narcotráfico y las organizaciones armadas.
“Vamos a derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”, afirmó De la Espriella. En ese sentido, les planteó dos alternativas a los integrantes de esos grupos: “someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano”.
Leé también: Como parte de su gira, Javier Milei se reunió con el rey de España en Colombia
El mensaje estuvo en línea con uno de los principales ejes de su campaña electoral, basada en una política de mano dura frente a las guerrillas y las estructuras vinculadas al narcotráfico.
El giro económico que anunció De la Espriella
El nuevo presidente colombiano también aprovechó su primer discurso para anticipar una serie de medidas económicas destinadas a recuperar la confianza de los inversores y reactivar la actividad.
Entre las iniciativas que anunció aparecen un decreto para congelar el gasto público, una reforma tributaria estructural y la eliminación del impuesto al patrimonio.
“Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo”, sostuvo.
De la Espriella aseguró además que su administración buscará recuperar el crecimiento económico, aumentar la producción y las exportaciones y generar empleo.
En materia energética, confirmó otro de los cambios que pretende impulsar: la autorización del fracking para la explotación de hidrocarburos.
“Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible”, anunció. La medida apunta a incrementar las reservas de petróleo y gas del país.
En su primer discurso como presidente, De la Espriella también buscó enviar una señal sobre el funcionamiento de las instituciones colombianas.
Aseguró que respetará la independencia de los poderes del Estado y prometió mantener una relación armónica con el Congreso. Además, descartó convocar a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución.
“En el gobierno de El Tigre se harán respetar todas las reglas de la democracia”, afirmó, en referencia al apodo con el que es identificado.
El nuevo mandatario también prometió que entregará el poder dentro de cuatro años, al finalizar el período constitucional para el que fue elegido.
La presencia de Javier Milei en la ceremonia marcó uno de los puntos políticos de la jornada. El presidente argentino viajó a Colombia para acompañar la asunción de De la Espriella, con quien comparte afinidades ideológicas en distintos aspectos de su agenda.
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POLITICA
Caso Pablo Grillo: la Justicia le pidió al Gobierno información sobre los vacíos en los registros policiales de los incidentes
La Justicia le pidió al Gobierno más información sobre los faltantes que existen en los registros que la Policía Federal entregó hasta el momento en la causa que investiga los incidentes ocurridos durante la movilización del 12 de marzo del año pasado, que terminó con heridos y con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido.
En la causa, que tramita en el juzgado de María Servini, la Policía ya suministró dos transcripciones de las conversaciones que efectivos mantuvieron por handy el día de los hechos. La primera entrega, que abarca desde el mediodía hasta la noche, registraba un faltante de una hora completa, entre las 17 y las 18, cuando Grillo fue alcanzado por el casquillo de una granada de gas.
En la segunda, que fue aportada durante esta última feria judicial y pretendía subsanar el faltante, en los minutos que rodearon al incidente se registran tramos de la conversación que fueron marcados por la Policía como “sin audio” o “ininteligible”, según pudo ver .
Fuentes al tanto del caso señalaron que el juzgado ya pidió al Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, “mayores precisiones” sobre los registros incompletos.
El intercambio de información ocurre en la causa que investiga todos los hechos ocurridos durante la movilización y que es paralela a la que investigó el ataque puntual contra Grillo, tramo que ya fue elevado a juicio oral.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante en el caso y busca orientar la investigación hacia la cadena de mandos, considera que los faltantes son deliberados.
“No es la primera vez que surgen maniobras tendientes a empantanar la investigación del ataque a Pablo Grillo por parte de fuerzas federales pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Nación”, señalaron en un comunicado.
“Ya en los primeros meses de ocurridos los hechos, la Gendarmería omitió entregar información y filmaciones obtenidas por gendarmes que estaban en las cercanías de Guerrero cuando efectuó el disparo a Grillo”, dice el texto.
Es que mayo del año pasado, la Gendarmería entregó en la Justicia el contenido de solo una de las dos cámaras llevadas por la fuerza de seguridad a la movilización. Luego, la fuerza policial, que depende del Ministerio de Seguridad que en ese momento lideraba Patricia Bullrich, afirmó que la segunda cámara nunca había sido “activada”.
“En dicha oportunidad [por el 12 de marzo] también portaba UNA (1) cámara de filmación ‘Go Pro’, número de serie C3161355578424, el Gendarme Jorge Luis Reyes (MI 42.993.212 CE 110275), integrante de la Sección Empleo Inmediato, la cual no fue activada por lo que no cuenta con registros fílmicos de dicho operativo”, explicó Gendarmería en una texto firmado por su director, Claudio Miguel Brilloni.
Grillo
Los hechos investigados ocurrieron frente al Congreso, en la tarde del 12 de marzo, durante una de las habituales movilizaciones por la situación de los jubilados. La manifestación terminó con graves incidentes, enfrentamientos entre policías y manifestantes, detenidos que luego fueron liberados y con Grillo peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía.
El tramo del caso que investigó la agresión identificó y procesó al gendarme Héctor Guerrero, del destacamento 6, como autor del disparo y ya fue elevado a juicio oral.
Quedó bajó la órbita del Tribunal Oral Federal N.º 6, integrado por Adriana Palliotti, Enrique Méndez Signori y Diego García Berro.
En su defensa, Guerrero sostuvo que nunca tuvo la intención de herir a Grillo y que había disparado su arma de acuerdo con el manual de uso.
Los videos de aquel día, sin embargo, muestran que el gendarme disparó el arma de manera horizontal, a contramano de lo que indica el manual, que establece que debe hacerse en ángulo para que el proyectil describa una parábola.
La jueza Servini estableció que Guerrero disparó en seis oportunidades, violando los protocolos para el uso de este tipo de armas, que lanzan cartuchos de gas lacrimógeno. Asimismo, ordenó extraer testimonios para seguir investigando la cadena de mandos.
la causa que investiga los incidentes,Federico González del Solar,Conforme a
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