La Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes los procesamientos del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y de su esposa, Alessandra Minnicelli, en la causa en que ambos están investigados por supuesto enriquecimiento ilícito.

Se les reprocha un enriquecimiento patrimonial no justificado de alrededor de 677.000 dólares, según la decisión del juez federal Sebastián Casanello.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado por los abogados defensores del exfuncionario y su pareja.

El 9 de febrero último, el juez federal Casanello procesó sin prisión preventiva a De Vido y a Minnicelli tras considerar un supuesto enriquecimiento ilícito reflejado en dos supuestos: la adquisición de un inmueble en esta ciudad cuyo valor sería de US$ 587.000, así como la tenencia no justificada de US$ 90.000 en efectivo.

De Vido había sido procesado como autor del delito, mientras que su mujer, como partícipe necesaria.

Se les imputa que durante el período 2003 a 2017 el exministro de Planificación “habría aumentado de manera apreciable e injustificada su patrimonio mientras se desempeñó en la función pública, para lo cual contó con la colaboración de su esposa y de terceras personas”.

Al rechazar el recurso, la Sala IV consideró que en el caso no se demostraron los requisitos formales necesarios para habilitar la instancia ya que la resolución recurrida no es de aquellas sentencias definitivas que ponga fin a la acción penal, ni las partes acreditaron en la causa una cuestión federal que permita la revisión de la alzada.

De Vido está en arresto domiciliario por razones de salud luego de que la Corte confirmó su condena a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos en el caso de la tragedia de Once. Además, enfrenta otra condena a cuatro años por fraude por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. También fue condenado a una pena de cuatro años por fraude en la adquisición de gas natural licuado.

En la actualidad, De Vido está siendo investigado en la causa de los cuadernos de las coimas, donde está acusado de recibir bolsos con dinero.

El caso de enriquecimiento había sido investigado por el fiscal Carlos Stornelli y los jueces Octavio Aráoz de Lamadrid, Luis Rodríguez y luego, en 2023, el exministro fue indagado por Julián Ercolini.

Casanello resolvió su situación procesal y lo procesó con su esposa. Fueron embargados por 998 millones de pesos cada uno.

Casanello sostuvo que no pudo acreditar dinero en efectivo, máxime cuando Minnicelli no tenía ingresos. Y también faltaban sus declaraciones juradas de bienes de 2000 a 2003.

Uno de los bienes que aparecen en el centro de las sospechas es un departamento sobre la Avenida del Libertador al 2200, que supuestamente De Vido alquilaba, pero que se sospecha estaba a nombre de sus testaferros.

Casanello embargó ese inmueble ubicado en la Avenida del Libertador 2275/2277, piso 10, la baulera y la cochera. Fue comprado entre 2007 y 2009 mediante una sociedad que buscó ocultar a sus dueños,

Estaba registrado a nombre de Uni-Vite Argentina S.A., pero De Vido y Minnicelli habrían simulado ser inquilinos hasta octubre de 2018. Estuvieron allí hasta marzo de 2023, cuando el departamento fue vendido.

El juez Casanello se sorprendió de que la venta no fuera objetada, máxime cuando había sospechas de que era simulada, por lo que llamó a indagatoria a los supuestos testaferros que figuraban como dueños y a los compradores del inmueble en 2023.

La valuación oficial determinó que el departamento tenía un valor de entre 600.000 y 660.000 dólares en 2007, y de entre 670.000 y 730.000 dólares en 2012, aunque en la operación figura el 50% de esas sumas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel defendió este jueves su decisión de autorizar de forma excepcional a la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti a votar en la sesión por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El decreto de la funcionaria no se llevó adelante por un planteo de Patricia Bullrich.

Villarruel contestó un posteo de un abogado constitucional que afirmaba que la autorización que había brindado la vicepresidenta no modificaba el reglamento del Senado, dado que se trataría de una decisión de carácter individual, excepcional y transitorio.

“Gracias, Dr. Armesto, por aclarar una decisión donde la Presidencia del Senado solamente ha trasladado a los senadores la resolución de este tema. Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”, señaló la vicepresidenta a través de X.

Fernández Sagasti había solicitado votar a distancia debido a que cursa 32 semanas de embarazo y no puede trasladarse por orden médica. Ante ello, Villarruel le dio una autorización excepcional a través de un decreto, que permitía el voto de manera virtual. Sin embargo, la medida estaba supeditada a lo que decidiera el pleno del cuerpo, que es el cual tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones.

La medida prometía complicar el inicio del debate del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que ya sufrió el recorte de su polémico capítulo III de extranjerización de tierras por oposición de bloques aliados y el rechazo social que generó.

Aun así, el tema fue tratado al comienzo de la sesión sin escándalo. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, presentó una moción de preferencia donde planteó enviar todos los proyectos vinculados a la regulación del voto no presencial a la Comisión de Asuntos Institucionales. La moción fue aprobada por amplia mayoría.

De esta manera, Fernández Sagasti quedó inhabilitada para la sesión de este jueves. Lo mismo ocurrió con el senador catamarqueño Flavio Fama, que atraviesa un postoperatorio y debe permanecer en su provincia. Fama no detalló a qué procedimiento fue sometido ni su período de recuperación. El legislador también había sido autorizado por Villarruel a votar.

El debate de este jueves en la Cámara alta gira en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos y a los cambios en la Ley de Manejo del Fuego para levantar los impedimentos para disponer de los predios de zonas productivas y pastizales afectados por un siniestro.

En paralelo, frente al Congreso, organizaciones sociales, sindicales y la oposición llevan adelante una manifestación contra el proyecto, donde se registraron al menos tres detenidos y dos efectivos de las fuerzas federales heridos.

La medida de la vicepresidenta sumó tensiones al ya creciente enfrentamiento con el presidente Javier Milei e importantes funcionarios de su Gabinete.

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