POLITICA
Un informe reveló que la droga incautada en Argentina aumentó un 500% y que el tráfico tiene a Europa como destino final
Argentina no tiene cárteles como los de Colombia o México, ni organizaciones criminales con el arraigo territorial del Primer Comando Capital o el Comando Vermelho, que dominan las favelas de Brasil a sangre y fuego. Pero los números cuentan otra historia: entre enero de 2024 y junio de 2026, las fuerzas federales argentinas decomisaron 14.946 kilos de clorhidrato de cocaína en operativos de gran escala, una cifra que representa un incremento del 508 % en el volumen incautado y del 680 % en la cantidad de procedimientos respecto del promedio registrado entre 2020 y 2023.
El dato surge de un informe elaborado por el Fondo de Investigación e Inteligencia Financiera (FININT) que analizó 44 procedimientos verificables —todos con cargamentos de al menos 100 kilogramos— y que traza, con precisión estadística, el avance del narcotráfico transnacional sobre el territorio argentino.
La ausencia de estructuras criminales verticales y violentas como las que operan en los países vecinos no equivale a inmunidad frente al tráfico de drogas. Lo que muestran los datos de FININT es que Argentina funciona cada vez más como un corredor de tránsito y distribución de cocaína, con rutas consolidadas, modalidades de transporte diversificadas y un origen geográfico dominante: Bolivia, país al que se rastreó la procedencia de más del 80 % de las cargas decomisadas.
El estudio analizó procedimientos en los que la cantidad incautada fue igual o superior a los 100 kilogramos, todos realizados dentro del territorio argentino o en pasos fronterizos bajo control de fuerzas federales. La base empírica se construyó a partir de información pública del Ministerio de Seguridad de la Nación, complementada con portales periodísticos nacionales y provinciales, y con datos del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF). Los 44 casos relevados totalizan 14.946 kg y representan aproximadamente el 85 % de toda la cocaína incautada en el período bajo análisis.
Infobae conversó con Juan Félix Marteau, presidente de FININT, a raíz del informe que realizó el equipo de especialistas de FININT titulado “ Incautaciones de Cocaína en Argentina” para comprender la magnitud de estos datos.
—¿A partir de sus investigaciones encuentran una razón objetiva sobre el mayor número de incautaciones de drogas en los años analizados, comparados con los cuatro años anteriores? Ustedes creen que esto es producto de una decisión política de perseguir este tipo de delito; es producto de que ingresa más droga y por eso se suman más kilos secuestrados; o es una combinación de ambos posibilidades?, preguntó este medio.
Hay dos razones que tienen fundamento objetivo: por un lado, los países andinos que tienen el oligopolio en la producción de cocaína de máxima pureza están batiendo récords en esta actividad. En 2023, Colombia, Perú y Bolivia pusieron en el mercado 3700 toneladas de esta droga, lo que implica un crecimiento de más del 300% en esta última década. Al mismo tiempo, el mercado de consumo de cocaína europeo ha seguido creciendo. Recordemos que la Argentina es un territorio de tránsito en el abastecimiento de estos consumidores. Por otro lado, indudablemente las fuerzas federales están más activas en su tarea de control de las rutas habituales por las que se transporta este tipo de sustancia. El nivel de violencia que provoco el narcotráfico en la Argentina hasta 2023 produjo una reacción tanto del gobierno federal como de los gobernadores, incluida la provincia de Santa Fe. La conclusión es que una importante cantidad de cocaína sigue circulando por nuestro territorio lo que implica que el narcotráfico continúa siendo una amenaza relevante para nuestro país, respondió Marteau.
El salto estadístico
Según el trabajo realizado por FININT, entre los años 2020 y 2023, es decir bajo el gobierno de Alberto Fernández, el promedio anual de procedimientos de esta escala fue de 2,5 casos y 1.092 kilos incautados. Entre 2024 y 2025, esto es en el gobierno de La Libertad Avanza, esa cifra saltó a 19,5 operativos y más de seis toneladas por año. El cargamento promedio por procedimiento fue de 340 kilos.
La distribución cada 12 meses muestra una curva ascendente: 15 procedimientos en 2024 con 5.654 kilos secuestrados; 24 procedimientos en 2025 con 7.631 kilos; y 5 procedimientos en el primer semestre de 2026 con 1.660 kilos sin registrarse ningún caso en junio. Pero, cuál es la principal ruta de ingreso de estupefacientes ilegales al país. El titular de FININT, explicó así: “Las incautaciones que analizamos permiten concluir que la ruta 34 es el principal vector de tráfico de cocaína boliviana en nuestro territorio. De los casi 15.000 kilogramos secuestrados, 5.000 fueron incautados en este corredor.
—Según sus estudios, qué destino tenía la droga secuestrada y de qué forma iba a salir del país, quiso saber Infobae.
—La presunción es que la droga secuestrada, en su gran mayoría, tenía por destino Europa. Pero para ser certeros en esta conclusión, deberíamos realizar un estudio sobre las conclusiones a las que arriba la investigación penal en cada uno de los casos analizados. Se trata de un tipo de informe con que la Argentina debe contar con cierta urgencia, respondió Juan Félix Marteau,
El especialista también explicó que el análisis geográfico de los procedimientos relevados evidencia una marcada concentración sobre el corredor terrestre articulado en torno a la Ruta Nacional 34, que conecta los principales pasos fronterizos con Bolivia —entre ellos Aguas Blancas, Salvador Mazza, La Quiaca, Aguaray y Pichanal— con los centros urbanos del litoral y el área metropolitana de Rosario, y desde allí, a través de la Ruta Nacional 9, con la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el estudio identificó un corredor aéreo vinculado a operaciones de aterrizaje clandestino en el norte de la provincia de Santa Fe—particularmente en Vera, Villa Eloísa y San Cristóbal— mediante el empleo de avionetas Cessna con matrícula boliviana.
“En el marco de los 44 procedimientos analizados eñ 11 % de la muestra involucraron la incautación de aeronaves que en todos los casos, se tratan avionetas Cessna 210 procedentes de Bolivia, que fueron halladas en pistas de aterrizaje clandestinas en el norte de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos”, explicó y precisó: “Aquí tenemos un caso de una entrega vigilada producto de una cooperación internacional con la DEA que permitió a la Gendarmería y a la PROCUNAR secuestrar el estupefaciente que transportaba. No tenemos dudas de que este tipo de transporte es el más difícil de identificar debido a la versatilidad que tiene para hacer vuelos desde el vecino país andino”.
Estacionalidad y picos de actividad
El análisis mensual de los procedimientos del estudio revela dos patrones recurrentes. Por un lado, una concentración notable en los meses de mayo y noviembre: esos dos meses -se lee en el trabajo- acumulan 8 y 7 procedimientos respectivamente, equivalentes al 34 % del total de casos. Por otro lado, una ausencia sistemática de operativos en febrero —cero procedimientos en los tres años— y una baja relativa en agosto.
En de noviembre de 2025, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, fue el mes de mayor actividad de toda la serie investigada, tanto en número de casos, tres, como en volumen: 1.748 kilos de cocaína incautada. El dato más saliente de ese mes fue la detención de Brian Bilbao en el marco del operativo Cosecha Blanca II, con 957 kilos decomisados.
Mayo de 2025, a su vez, concentró cuatro procedimientos y 1.314 kilos, entre los que se destacó la Operación Cereales Blancos sobre el buque MV Ceci en el puerto de San Lorenzo, con 469 kilos de cocaína secuestrada por las fuerzas de seguridad.
La distribución territorial de los operativos dibuja con precisión el mapa del narcotráfico transnacional en Argentina. Salta concentra 20 de los 44 procedimientos —el 45 % del total— y 6.014 kilos —el 40 % del volumen—, lo que la posiciona como el principal corredor de ingreso desde Bolivia. Le siguen Santa Fe (7 casos, 2.737 kilos), Buenos Aires (4 casos, 1.972 kilos) y Jujuy (2 casos, 1.107 kilos).
El eje articulador de ese tráfico es la Ruta Nacional 34, que conecta los pasos fronterizos con Bolivia —Aguas Blancas, Salvador Mazza, La Quiaca, Aguaray y Pichanal— con los centros urbanos del litoral y el área metropolitana de Rosario, y desde allí, por la Ruta Nacional 9, con la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo se mueve la droga
El análisis realizado por la Fundación FININT revela varias categorías de transporte:
- Las camionetas que es el vehículo más frecuente: representan el 39% de los casos.
- Los camiones, el 18 %
- Los automóvil, el 11 %.
La combinación de camionetas y camiones representa el 57 % de los procedimientos, un dato que refleja el peso del corredor terrestre Bolivia–Salta–Rosario/Buenos Aires, describe el informe al que accedió este medio.
Las modalidades aérea y marítima son numéricamente menores pero concentran un volumen muy importante: suman el 16 % de los casos pero acumulan el 30 % del volumen total incautado:4.466 kilos de cocaína secuestrada. Eso indica que los cargamentos trasladados por esas vías son, en promedio, considerablemente más grandes que los que circulan por tierra.
Los decomisos por fuerzas de seguridad
Gendarmería Nacional Argentina lideró 35 de los 44 procedimientos analizados por la Fundación FININT, el 80 % de la muestra. Esa centralidad responde tanto a la localización geográfica del fenómeno —frontera norte y principales rutas terrestres— como a la misión institucional de la fuerza en materia de control fronterizo e interdicción terrestre.
El informe establece que en más del 80 % de los procedimientos pudo determinarse que la cocaína tenía origen en Bolivia. Esa conclusión se apoya en la información geográfica de los operativos —la mayoría concentrados en la frontera norte—, en los datos de las investigaciones judiciales y en el perfil de los vehículos y aeronaves intervenidas, muchas de ellas con matrícula boliviana.
El estudio de FININT también procura contextualizar los hallazgos dentro de las transformaciones recientes del mercado global de cocaína. Según organismos internacionales especializados citados en el informe, la producción y el tráfico de cocaína a escala mundial atraviesan un período de expansión, lo que brinda un marco explicativo para el incremento observado en Argentina.
—¿Cuanto influyen las decisiones políticas y judiciales en el combate contra el narcotráfico?, le preguntó Infobae a Félix Marteau.
—El combate contra el narcotráfico es un concepto amplio y, en cierta medida, ambiguo. Se supone que engloba que el Estado impide u obstaculiza el ingreso de cocaína en el país; que las bandas criminales dedicadas a este negocio ilícito son identificadas y encarceladas; y, algo muy importante, que se produce un deterioro significativo de los circuitos económicos-financieros que produce el tráfico y la comercialización de este producto tan rentable. Algunos entienden que el combate, también debería incluir incentivos en la población para que dejen de consumir este tipo de sustancias. Este último punto es crítico porque aunque el Estado ponga todo de sí para ser exitoso, si ciertos grupos sociales tienen compromiso o deciden consumir, lo único que pueden hacer los gobiernos es barrer la basura que este goce produce.
—¿Cuál es la principal conclusión del informe?
—La investigación nos aporta indicios que se suman a los otros análisis de campo que hemos realizado en este último tiempo y nos permite concluir que los narcos que operan en la Argentina son menos violentos y están más ricos. Si los gobiernos nacionales y provinciales no multiplican mejoran su efectividad en el deterioro de las inversiones y las actividades comerciales de los traficantes y sus testaferros, es muy probable que la violencia resurja nuevamente. Tendrán un botín más grande por que pelearse, respondió.
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POLITICA
La Sociedad Rural se sumó al masivo repudio contra el fallo que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás
La Sociedad Rural Argentina se sumó a las múltiples expresiones de preocupación y repudio por el fallo judicial que esta semana absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, acusado de haber bloqueado las instalaciones de la empresa Rey Distribución SRL y exigido dinero a sus propietarios.
“Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.
La Sociedad Rural Argentina agregó que “la defensa de la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución Nacional, es una condición indispensable para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo. El derecho a huelga y la libertad sindical deben ser respetados, pero no pueden utilizarse como argumento para avasallar los derechos de terceros ni para legitimar acciones que vulneren la ley. El ejercicio de los derechos debe darse en un marco de respeto por las libertades individuales y por los bienes y el trabajo de los demás”.
“Desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que el respeto por la ley y la seguridad jurídica son fundamentales para garantizar la convivencia, fortalecer las instituciones y promover el crecimiento del país. La Argentina necesita reglas claras y justas, una Justicia que garantice los derechos de todos y el rechazo a cualquier forma de violencia o coerción. Defender la libre circulación, la propiedad privada y la libertad de trabajar es defender la producción, el empleo y el futuro de todos los argentinos”, concluyó.
Otras entidades manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista vinculado al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El juez Alejandro López argumentó que el accionar del sindicalista se enmarcó en el ejercicio del derecho de huelga, a pesar de que la fiscalía había pedido condenarlo a diez años de prisión por varios delitos.
Sin embargo, los propietarios de Rey Distribución SRL, una firma de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones por parte del dirigente y otros referentes camioneros desde 2017.
“Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”, consideraron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado difundido este viernes.
Desde el sector advirtieron que, aunque la sentencia del juez López “reconoce la existencia de medidas que impidieron el normal funcionamiento de la empresa”, finalmente se ampara en el derecho a huelga para eximir al sindicalista camionero.
En su sentencia, López argumentó que “no existe la posibilidad de que esos eventos [por los bloqueos] sean considerados típicos de los delitos acusados”.
Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. Todos ellos acusados de turbación de la posesión.
En relación a ello, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.
La entidad se encargó de reafirmar su “pleno respeto a los derechos laborales y a la huelga”, para luego enfatizar que “ningún reclamo puede justificar impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo”.
Así, instaron a la Justicia a “aplicar la ley con equidad y revisar esta resolución, resguardando la convivencia, el diálogo y las garantías constitucionales de todas las partes”.
La UIA también ahondó en la importancia de la seguridad jurídica para sostener la actividad empresarial, promover inversiones y generar empleo formal. Y en ese marco, reclamó que “las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución del dirigente camionero y los otros seis sindicalistas acusados de bloquear la pyme en 2021, y cuestionó duramente la decisión de los magistrados.
“La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, sentenció la entidad.
“La CAC reconoce el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en modo alguno implica aceptar que, bajo una interpretación absolutamente deformada, se acepten accionares a todas luces contrarios a la ley y al sentido común”, advirtieron luego.
Pese a que la CAC admitió que revertir problemas estructurales como la elevada carga impositiva y las deficiencias de infraestructura requiere tiempo, aclaró que “la recuperación del imperio de la ley” no admite demora.
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POLITICA
En el Día de la Lealtad, el PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón: “No se trata de justicia, se trata de proscripción”
El Partido Justicialista presentó a Cristina Fernández de Kirchner como víctima de una proscripción y equiparó su situación con la persecución que, según afirmó en un comunicado, sufrió Juan Domingo Perón antes del Día de la Lealtad.
“Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia”, encabezó el posteo previo al comunicado, que definió a la lealtad peronista como una obligación y no como una efeméride.
En un comunicado, sostuvo que la inhabilitación perpetua de la expresidenta para ejercer cargos políticos, en el marco de la condena en la causa Vialidad, busca impedir que la oposición vuelva a llevarla al poder.
Para ello, la fuerza peronista convocó a su militancia, a los trabajadores, a sus organizaciones y a los sectores democráticos a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para obtener la libertad de Fernández de Kirchner y el fin de la medida que define como proscriptiva. El llamado planteó la movilización y la unidad como una obligación política de los peronistas.
El texto posteado en las redes oficiales partidarias cuestionó también el régimen de visitas que se le aplica a la exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. El PJ sostuvo que esas restricciones no alcanzan, según su planteo, “a narcotraficantes ni a condenados por delitos de lesa humanidad”.
Sobre el fallo contra la dirigente, el partido afirmó que se dictó “sin pruebas” y acusó al tribunal de haber torcido el derecho y falsificado los hechos. También señaló que el presidente del tribunal “juega al fútbol en la quinta de Mauricio Macri con el fiscal de la acusación”.
El Partido Justicialista afirmó que el objetivo central de la condena no es la pena principal. “No se trata de justicia, se trata de proscripción”, expresó el PJ en su declaración.
La organización definió a Fernández de Kirchner como “la dirigente política más importante de la oposición” y sostuvo que su persecución forma parte de un modelo económico que busca disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía. “Cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción”, afirmó.
Para fundamentar esa comparación, el PJ recordó los hechos que rodearon al 17 de octubre de 1945. Según el comunicado, Perón había sido obligado a renunciar el 9 de octubre por un sector de las Fuerzas Armadas y luego fue detenido y trasladado a la isla Martín García.
La declaración reconstruyó que trabajadores de Berisso, Ensenada, Avellaneda, Lanús y otros puntos del conurbano caminaron hacia Plaza de Mayo para exigir su liberación. “Exigían la libertad de Perón y no se fueron hasta conseguirla”, señaló el texto sobre la movilización que precedió al discurso del entonces coronel desde los balcones de la Casa Rosada.
El partido también mencionó la proscripción que atravesó el movimiento tras el golpe de 1955, período en el que, según indicó, Perón estuvo exiliado y hasta su nombre fue prohibido durante 18 años. Para el PJ, la organización popular permitió el regreso del expresidente a la Argentina.
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POLITICA
Un ministro chileno tildó de "loco" a Milei y tuvo que pedir disculpas tras las críticas de su propio espacio político
El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje, se vio obligado a ofrecer disculpas públicas tras calificar de “loco” al presidente argentino Javier Milei durante un foro empresarial en Santiago. El exabrupto generó un rápido repudio dentro de la propia coalición gobernante y llevó al presidente José Antonio Kast —que se encontraba de visita oficial en Bolivia— a intervenir con un mensaje directo: “Esto no se va a volver a repetir”.
La polémica se originó ayer, viernes, en un ciclo organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) y en un contexto de tensión latente por declaraciones cruzadas entre dirigentes de ambos países a raíz de la reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas.
Allí, Poduje fue consultado sobre las fórmulas para reactivar el sector de la construcción. Al defender la inversión estatal en infraestructura como herramienta para reducir costos productivos, el secretario de Estado apuntó contra la postura de Milei.
“La inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública”, expresó el funcionario, e imitó incluso el tono del presidente argentino: “‘¡¿Qué obra pública!?’. Está cada vez más loco».
Esta declaración provocó una rápida reacción dentro del oficialismo. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó los dichos como “muy imprudentes” y advirtió que “hay cosas que no se pueden decir” en un contexto de tensiones diplomáticas con Buenos Aires.
“Nadie sabe cómo reaccionará Milei por su temperamento y lo demás que todos conocemos. Prudencia es lo necesario en estos tiempos difíciles en política exterior”, escribió Moreira en X, donde además señaló que, si no se controlan las declaraciones de los ministros, el episodio “puede terminar en cambio de gabinete”.
Desde el Partido Nacional Libertario, cuyo líder Johannes Kaiser mantiene una relación cercana con el mandatario argentino, también hubo cuestionamientos. El diputado y vicepresidente de esa fuerza, Hans Marowski, sostuvo que “un ministro de Estado debe estar a la altura de su cargo” y que las descalificaciones personales “no aportan en nada”. Su compañera de bancada, la diputada Paulina Muñoz, fue más allá y emplazó directamente a Kast: “Si al Presidente le gusta poner ministros de izquierda en carteras clave, lo que tiene que hacer es alinearlos”.
Horas después de su intervención en el foro, Poduje publicó un mensaje en su cuenta de X para retractarse. “Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, escribió.
El vicepresidente en ejercicio (a raíz del viaje de Kast a Bolivia), Claudio Alvarado, dio por superado el incidente. “Lo importante es que el propio ministro Poduje corrigió sus dichos, pidió las excusas correspondientes, y con eso el tema lo damos nosotros por cerrado”, afirmó.
Desde La Paz, donde encabezó la primera visita oficial de un presidente chileno a Bolivia en 71 años, Kast también se pronunció. “Lamentamos las expresiones. El ministro Poduje pidió las disculpas como corresponde, disculpas públicas, y esto no se va a volver a repetir”, declaró el mandatario.
Un exabrupto y tensión bilateral
Las declaraciones de Poduje no ocurrieron en el vacío. La relación entre Santiago y Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más delicados en años, marcado por la disputa en torno a la reactivación de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
El buque chileno Danstar, de la naviera Easter Island Naviera, prevé zarpar hacia Puerto Argentino a más tardar en noviembre para restablecer un servicio de abastecimiento que funcionó durante más de un siglo pero dejó de operar a comienzos de los 2000. El recorrido de unos 900 kilómetros atravesaría el Estrecho de Magallanes y ofrecería una alternativa al trayecto actual desde Montevideo, que implica una travesía de casi 2.000 kilómetros.
Argentina ha expresado su preocupación por la iniciativa. El canciller Pablo Quirno advirtió que el gobierno monitorea la situación y pidió respetar los acuerdos vigentes, aunque descartó una interceptación del navío. Desde el lado chileno, el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, defendió el derecho a la libre navegación y sostuvo que “todo barco que sale del Estrecho de Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”. También descartó la necesidad de escoltar al Danstar.
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