La Libertad Avanza busca asegurarse los votos para avanzar con los cambios a la Ley de Tierras y ya activó una ronda de reuniones con legisladores propios y aliados de cara al nuevo intento por debatir el proyecto en el Senado, previsto para el próximo 6 de agosto.

Aunque el oficialismo ajustó el texto tras sucesivas negociaciones con el Ministerio de Desregulación, en el Gobierno reconocen que todavía no hay certezas sobre las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa.

La senadora Patricia Bullrich ya diagramó encuentros para la semana próxima con integrantes de su bloque y con sectores dialoguistas para definir el nivel de respaldo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que además incluye desalojos exprés y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, llega al recinto con una decimoquinta versión, fruto de las conversaciones que mantuvo la legisladora con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El punto de mayor conflicto sigue siendo la reforma de la Ley de Tierras, especialmente el régimen para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Desde el oficialismo defienden los cambios con el argumento de que favorecerán la producción y las inversiones. “La ley es favorable a la producción y va a generar fuentes de trabajo. La tierra va a estar relacionada con la producción, donde no se pierde ninguna soberanía, se van a permitir inversiones y generación de empleos”, sostuvo el senador libertario Bartolomé Abdala en declaraciones a TN.

Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencias incluso entre sectores habitualmente cercanos al Gobierno. Uno de los focos de incertidumbre está en Misiones, donde el Frente Renovador de la Concordia atraviesa una fuerte crisis política entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder provincial Carlos Rovira.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut todavía no anticiparon cómo votarán. No obstante, el diputado nacional y exgobernador Oscar Herrera Ahuad expresó públicamente su rechazo a la iniciativa y advirtió que su aprobación representaría un riesgo para la producción, el ambiente y la soberanía provincial.

“Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”, afirmó Herrera Ahuad, en una definición que podría anticipar la postura de los representantes misioneros en la Cámara alta.

La construcción de las mayorías

En la búsqueda de consensos, el oficialismo también toma nota de una particularidad institucional: la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión debido a un nuevo viaje del presidente Javier Milei, esta vez a Colombia. La conducción del debate quedará en manos de Bartolomé Abdala.

Villarruel ya manifestó su rechazo a la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. En un intercambio por redes sociales con la diputada Lilia Lemoine reiteró su postura al señalar: “Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

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Para el oficialismo, la ausencia de la vicepresidenta elimina la posibilidad de un eventual desempate negativo como el protagonizado por el exvicepresidente Julio Cobos durante la votación por las retenciones móviles en 2008.

Otro de los sectores que volvió a cuestionar el proyecto fue la Iglesia Católica. En una carta enviada a todos los senadores nacionales, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas pidieron que “quienes debatan esta iniciativa guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares”.

El rol de la UCR

En la Unión Cívica Radical la posición predominante es acompañar la iniciativa del Gobierno. El espacio que conduce el correntino Eduardo Vischi considera que la redacción final del proyecto convence, en principio, a siete de los diez integrantes del bloque.

Los rechazos confirmados corresponden a Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, mientras que Flavio Fama todavía no definió su voto.

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En paralelo, la conducción nacional de la UCR difundió un comunicado firmado por Leonel Chiarella en el que cuestionó la propuesta oficial. Allí advirtió que “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional”.

El documento recordó que la ley vigente, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y fija un límite de 1000 hectáreas en la zona núcleo.

La estrategia libertaria

Bullrich convocó a los senadores de La Libertad Avanza para el miércoles previo a la reanudación de la sesión. También mantendrá una reunión con legisladores dialoguistas en las oficinas radicales del segundo piso del Palacio Legislativo.

El objetivo será determinar con precisión cuántos votos tiene asegurados el oficialismo y definir la redacción definitiva que llegará al recinto.

La senadora espera contar con los 21 integrantes del bloque libertario, además de los tres representantes del PRO que conduce Martín Goerling Lara, con el regreso de Andrea Cristina tras su licencia por maternidad. También aspira a sumar a Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Julieta Corroza.

La Libertad Avanza también intentará captar algún respaldo surgido de la interna política misionera, especialmente por la cercanía política de Carlos Arce con Carlos Rovira. Además, buscará el acompañamiento del bloque Convicción Federal, encabezado por Carolina Moisés e integrado también por Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, representantes de Tucumán y Catamarca, provincias cuyos gobernadores, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, mantienen una relación de cercanía con la Casa Rosada.

La negociación con las provincias

Antes del intento anterior por debatir el proyecto se alcanzó una redacción de consenso que incorporó participación de las provincias en las decisiones vinculadas con la venta de tierras rurales.

Ese esquema no convencía inicialmente a Federico Sturzenegger, quien envió al Senado al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y además se comunicó con varios legisladores para advertir que, si esa versión era aprobada, el Poder Ejecutivo la vetaría.

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La posición cambió tras la reunión que el ministro mantuvo con Bullrich el jueves pasado, donde finalmente aceptó la nueva redacción.

De todos modos, el objetivo central de la Casa Rosada se mantiene sin cambios: eliminar los límites para la venta de tierras rurales a extranjeros, con la única excepción de las zonas de frontera, cuya autorización quedaría sujeta a una doble aprobación por parte de la Nación y de las provincias.

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El presidente Javier Milei hablará este jueves a las 20 por cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más importantes que impulsa el Gobierno. Durante el mensaje, el mandatario explicará los principales lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso con el objetivo de modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y redefinir su rol dentro del esquema institucional.

La decisión de utilizar la cadena nacional busca darle centralidad política a una reforma que la Casa Rosada considera uno de los pilares de su programa económico. Según anticipó el Gobierno, la iniciativa apunta a fortalecer la independencia del Banco Central, establecer límites permanentes al financiamiento del Tesoro y fijar como misión principal de la entidad la preservación del valor de la moneda.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostuvo que “la estabilidad monetaria constituye un requisito indispensable para el crecimiento económico sostenido y la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos”. También señaló que “la experiencia argentina demuestra que la utilización del Banco Central para financiar déficits fiscales generó inflación, pérdida del valor de la moneda y reiteradas crisis económicas”.

El texto propone modificar la normativa vigente para impedir que el Banco Central pueda asistir de manera directa o indirecta al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. De esa manera, el Gobierno busca incorporar restricciones de carácter permanente sobre una de las herramientas que, según su diagnóstico, contribuyó a los procesos inflacionarios registrados durante las últimas décadas.

Otro de los cambios previstos redefine los objetivos de la autoridad monetaria. La iniciativa establece que la preservación del valor de la moneda será la función prioritaria del organismo, por encima de otros fines contemplados en la legislación actual. De acuerdo con la explicación oficial, esa modificación busca consolidar un marco institucional orientado a garantizar la estabilidad monetaria.

El proyecto también incorpora cambios vinculados con el gobierno del Banco Central. Entre ellos figuran nuevas condiciones para la designación y permanencia de sus autoridades, además de criterios específicos para una eventual remoción. La intención del Ejecutivo es reforzar la autonomía de la entidad respecto del Poder Ejecutivo y establecer mecanismos que limiten la posibilidad de modificar su conducción por razones ajenas a las previstas en la ley.

La presentación de Milei se producirá luego de varios días en los que distintos funcionarios adelantaron el contenido de la iniciativa. Desde el Gobierno remarcaron que la reforma forma parte de un conjunto de cambios destinados a consolidar el programa económico y otorgar previsibilidad al funcionamiento de la política monetaria.

En ese marco, el Presidente explicará por qué el Ejecutivo considera necesaria una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y cuáles son los principales cambios que propone incorporar. El mensaje también servirá para exponer los argumentos oficiales antes del inicio del debate parlamentario.

Una vez presentado formalmente, el proyecto comenzará su recorrido legislativo en el Congreso, donde deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de su tratamiento en los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado.

Entre los aspectos que incluye la iniciativa aparecen las limitaciones al financiamiento del sector público, la redefinición del mandato de la autoridad monetaria y las modificaciones relacionadas con el funcionamiento interno del organismo. El Gobierno sostiene que esos cambios permitirán consolidar un esquema institucional que preserve la independencia del Banco Central y reduzca la posibilidad de utilizar la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.

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