POLITICA
Sergio Schoklender aseguró que perdió plata con Sueños Compartidos: “Jamás se desvió un centavo”
Sergio Schoklender, uno de los máximos responsables de Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales instrumentado durante el kirchnerismo por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, buscó despegarse del manejo del dinero al ampliar hoy su indagatoria en el juicio oral que revisa desvíos millonarios y un presunto fraude al Estado.
“Fue realmente el único desarrollo de obra pública intachable, en donde jamás se desvió un centavo”, aseguró Schoklender. “Mi estándar de vida -se defendió- cuando comenzó Sueños Compartidos cayó en picada. La cantidad de dinero y de recursos personales que fui poniendo para sostener la estructura era descomunal. Hasta dos aviones puse. Los compré con fondos propios”.
“Tuve uno de los estudios jurídicos más importantes, tuve varias empresas, me dediqué a un montón de emprendimientos, tecnológicos y comerciales, y casi todo lo puse al servicio de este proyecto porque creía en él”, siguió.
A Sergio Schoklender, que fue apoderado de la fundación Madres en el periodo, se lo acusa de desviar junto a su hermano Pablo más del 23% del presupuesto destinado al programa de viviendas. Una suma que superaba en ese momento los 200 millones de pesos. Se lo vincula a una red de empresas que canalizaron aquellos fondos. Una de ellas, Meldorek S.A., de la cual Schoklender adquirió el 90% de las acciones, compró aviones y vehículos de lujo, entre ellos una Ferrari.
Durante poco más de una hora, con algunos comentarios ácidos y guiado siempre por un ayuda memoria, defendió los rasgos generales del proyecto que lideró, criticó otros programas de construcción de aquella época, y reconoció “errores” y algunos retrasos en algún proyecto puntual. Aseguró también que el alcance nacional del proyecto hacía ineludible el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo. “En los pueblos pequeños del interior no era tan fácil. En algunos no había ni siquiera bancos. En otros no había forma de que hicieran 200 tarjetas en simultáneo”, sostuvo.
Reconoció dos haber cometido dos errores. Uno, dijo, fue convocar en los inicios del plan a profesionales comprometidos políticamente. “Me puse todos los proyectos de sombrero porque los profesionales militantes no están acostumbrados a trabajar en general. Tuve que empezar a buscar profesionales serios”, disparó.
Otro fue delegar parte del trabajo en las organizaciones sociales en el territorio, que buscaron, dijo, oficiar de intermediarios de los recursos, lo que le generó problemas, uno de ellos con el clan que lideraba en Chaco, Emerenciano Sena.
Apuntó también contra la creación de un fideicomiso creado tras su salida de la fundación, en 2011. Según su versión, reflejada una vez más en su testimonio de este miércoles, habría sido organizado por contadores vinculados al exvicepresidente Amado Boudou para apropiarse de la “totalidad del patrimonio de la fundación”. “Hebe le firmó”, dijo.
En marzo, cuando fue indagado por primera vez en el juicio, responsabilizó a la fallecida Hebe Bonafini de poner los fondos del programa al servicio de la política y la militancia kirchnerista. “No era capaz de decirle que no a los pedidos de Néstor y Cristina Kirchner”, dijo.
“Mientras yo iba por más escuelas y viviendas, ella estaba tan cooptada por el kirchnerismo que empezamos a gastar mucho en actos y movilizaciones para toda esa runfla y el dinero se acabó“, sostuvo.
El objetivo central de Sueños Compartidos -cuyos fondos provenían del Ministerio de Planificación- fue la construcción de viviendas sociales, pero también se dedicó a la creación de centros de salud u hospitales para sectores vulnerables. Todo, con un “abordaje integral”, definió hoy Sergio Schoklender.
Además de él y su hermano Pablo, ligados al manejo del programa dentro de la fundación -y condenados por el parricidio de sus padres en los 80-, sentados en el banquillo están los exfuncionarios Julio de Vido, José López -detenidos ambos en otros procesos-, Abel Fatala y Luis Rafael Bontempo, entre otros.
Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, era una de las acusadas, pero falleció en noviembre de 2022.
El juicio se inició este año, al filo de la prescripción, y atraviesa ahora la etapa de declaraciones testimoniales, que hoy fue interrumpida para que Schoklender ampliara su indagatoria.
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POLITICA
Elisa Carrió cuestionó a Javier Milei y analizó la interna con Patricia Bullrich: “Ella busca el poder”
Elisa Carrió volvió a marcar distancia del gobierno de Javier Milei y se refirió a las diferencias que comenzaron a hacerse visibles entre el Presidente y Patricia Bullrich. En una entrevista con Radio con Vos, la dirigente de la Coalición Cívica reconoció las cualidades personales de la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, aunque describió su perfil político con una definición contundente: “Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”.
La exdiputada se expresó sobre la posibilidad de que Bullrich esté construyendo un proyecto propio y eventualmente tome distancia del oficialismo. “Ella es así y lo fue siempre”, sostuvo en diálogo con Lorena Maciel, en el programa Futuro Imperfecto. Para explicar esa característica, recordó un episodio de la etapa en que compartieron espacio político: después de una derrota electoral, Bullrich le manifestó que quería sumarse al sector de Mauricio Macri.
“Me dijo: ‘Quiero que me echen, Lilita, porque me quiero ir con Macri’”, relató Carrió. Según contó, su respuesta fue: “Bueno, querida, arreglá con Adriana. Al final se fueron los dos”.
Aunque destacó la lealtad que Bullrich tuvo con ella, la dirigente aclaró que esa valoración no significa que acompañe electoralmente al partido gobernante. “Que yo diga que Patricia es buena no quiere decir que voy a votar a La Libertad Avanza”, afirmó. Y fue tajante al referirse al jefe de Estado: “Jamás votaría a Milei”.
POLITICA
Para el mercado, el Gobierno deberá revisar su plan financiero para afrontar los pagos de deuda de 2027
En el mercado se instaló un consenso: el programa financiero que el Gobierno presentó en julio pasado para atravesar el año electoral quedó obsoleto. Los supuestos sobre cuántos dólares iba a conseguir el Tesoro y con cuántas reservas iba a arrancar 2027 no se cumplieron en su totalidad y esa certeza se convirtió en un nerviosismo que se refleja en el precio de los bonos argentinos.
El riesgo país —el indicador que mide la sobretasa que exigen los inversores para prestarle a la Argentina en lugar de a Estados Unidos— cerró el viernes en 830 puntos básicos. Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció su plan, rondaba los 400 puntos, el nivel más bajo del año. En cuatro meses se duplicó, con un pico de 939 puntos el 6 de este mes.
Hubo factores externos que empujaron, como el triunfo de Luiz Lula da Silva en Brasil y la victoria demócrata en las elecciones en Estados Unidos. Pero el ruido principal es local. “Se había planificado un programa financiero que parecía muy razonable hace tres meses”, dijo la semana pasada Fernando Sedano, de Morgan Stanley, para quien ese esquema “quedó un poco obsoleto”.
El plan suponía que el Tesoro conseguiría US$6000 millones este año con la colocación de bonos en dólares bajo ley local y otros US$5000 millones en 2027. Sin embargo, desde agosto no se coloca el AO29, el título con el que se buscaba completar esa meta, y todavía faltan unos US$800 millones para alcanzarla, según la consultora Invecq. Con el riesgo país en estos niveles, salir a buscar ese financiamiento es bastante más caro.
El otro supuesto que quedó lejos es el de la caja. El programa preveía que el Tesoro cerraría el año con US$3700 millones depositados en su cuenta del Banco Central, un colchón para empezar 2027 con más margen. Hoy esos depósitos están en US$59 millones después del último pago de intereses al FMI. Y en enero llega un vencimiento de unos US$4500 millones con los tenedores de bonos.
Las privatizaciones, otra fuente de dólares del plan, también avanzan más lento. Antes de presentar el programa, el Gobierno ya había obtenido US$707 millones con cuatro hidroeléctricas del Comahue y US$356 millones con la venta de su participación en Transener. En julio, calculaba que ingresarían US$800 millones este año y US$1500 millones en 2027. Desde entonces, la mejor oferta por AySA fue de US$340 millones, por debajo de los US$450 millones que esperaba Economía. El resto de las licitaciones, como las de AMBA I, el Belgrano Cargas y las centrales eléctricas, se atrasaron.
En el mercado nadie pone en duda el compromiso del Gobierno de pagar sus deudas. Lo que se discute es de dónde saldrán los dólares para hacerlo. Según Sedano, el país necesitará conseguir al menos US$10.000 millones durante 2027. Los funcionarios, contó el economista, le aseguraron que el programa “ya está cerrado” y que hay fuentes alternativas de financiamiento. “Si eso es así, es un problema menos”, señaló.
Consultados por , en el Ministerio de Economía no respondieron si planean presentar un nuevo programa financiero.
Vencimientos concentrados
La Argentina no tiene un problema grande de deuda. Según datos oficiales, esta representa menos del 70% del PBI. La dificultad está en el calendario. En 2027, entre el Tesoro y el Banco Central deberán pagar US$21.300 millones en moneda extranjera a privados y al FMI, y US$27.700 millones en 2028. Y el país todavía no recuperó el acceso al mercado internacional de crédito, uno de los objetivos que se había planteado el Gobierno al asumir.
Tampoco queda margen del lado del FMI. El organismo ya le prestó a la Argentina más de US$57.000 millones y el país es su principal deudor. En julio último, durante su visita, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, dijo que no veía necesario que la Argentina pidiera financiamiento adicional. Por eso, si el Tesoro no vuelve a colocar bonos en el mercado local, la variable de ajuste serán las compras de dólares al Banco Central. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), en ese escenario deberían pasar de los US$4900 millones previstos en el programa a US$13.100 millones.
A todo eso se suma la dolarización de los ahorristas. Según cálculos del mercado, en 2027 las personas comprarían unos US$2600 millones por mes, lo que daría US$32.000 millones en el año electoral. La referencia es lo que ya ocurre sin elecciones de por medio. En agosto, las personas compraron US$2853 millones en billetes y en septiembre, US$2896 millones, según el Balance Cambiario del Banco Central. Es una demanda que compite con el Tesoro por los mismos dólares.
Para el expresidente del Banco Central Martín Redrado, lo ideal hubiera sido salir a buscar financiamiento afuera a principios de julio, cuando el riesgo país estaba en torno de los 400 puntos. “Se perdió esa oportunidad”, dijo.
Lo llamativo es que, mientras el riesgo país se duplicó, el dólar casi no se movió. El oficial minorista se mantiene en $1570 en el Banco Nación y en lo que va del año subió apenas 6,1%, frente a una inflación acumulada de 26,3%.
Desde la consultora 1816, en tanto, señalaron que no es habitual que los bonos y el dólar vayan por caminos tan distintos. Una de las explicaciones es que quienes venden bonos argentinos son, sobre todo, inversores extranjeros que operan desde Wall Street, y esos dólares no pasan por el mercado local.
La otra explicación está en el Banco Central. En lo que va del año, compró más de US$16.000 millones en el mercado de cambios para engrosar las reservas y, al mismo tiempo, mantuvo bajo control la cantidad de pesos en la calle, lo que dejó menos margen para que los ahorristas se pasaran al dólar. Pero en lo que va de noviembre el ritmo de compras se frenó.
Para Invecq, la clave de las próximas semanas será la respuesta del equipo económico. Mientras dure la incertidumbre electoral, advirtió la consultora, los inversores seguirán pidiendo un premio para prestarle a la Argentina más allá de 2027.
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POLITICA
El Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios para continuar con el cierre de la ex obra social de las FFAA
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que afronta una grave crisis financiera en los últimos años, puso en marcha un régimen de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente que prestan tareas en ese organismo. Es una decisión que avanza con la “motosierra” y liquidación de la estructura que desde 2013 funcionaba como obra social de los militares y de sus familiares.
La medida, que se publicó hoy en el Boletín Oficial a través de la Disposición 721/2026, ofrece a los empleados públicos una “gratificación” de hasta 30 sueldos y seis meses de cobertura médica para el grupo familiar como compensación por la desvinculación, según l edad, antigüedad y situación jubilatoria. El régimen para solicitar el retiro estará abierto por una ventana estrecha de tiempo, entre el 12 y 26 de noviembre, sin posibilidad de prórroga.
La expectativa del Gobierno es que una dotación menor de agentes sea transferida a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), el nuevo organismo que absorberá las funciones de IOSFA. El instituto emplea un personal de 2.450 personas, abarcando todo tipo de contrataciones, según los últimos datos oficiales.
El plan también apunta a desvincular a los trabajadores próximos a jubilarse y sin aportes suficientes. Para ese grupo, “ofrece una alternativa de prestación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta, con continuidad de aportes previsionales y de obra social, por hasta 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios”, señalaron fuentes oficiales.
La decisión se oficializó en el marco del proceso de liquidación y cierre de IOSFA, dispuesto por los DNU 88/2026 y 1286/2026 firmados por el presidente Javier Milei y el gabinete. Ambos decretos reestructuraron el área y crearon la OSFA para cubrir a ese personal, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad para Gendarmería Nacional y Prefectura Naval (OSFFESEG).
La estructura de OSFA busca financiar apenas 8% de sus recursos en gastos administrativos y de funcionamiento, mientras que el resto de las partidas tendrían como destino la atención sanitaria y provisión de medicamentos de los 325 mil afiliados de la institución. Antes de la reestructuración, IOSFA atendía a 550.000 afiliados, que incluía a las familias de prefectos y gendarmes que quedaron bajo la órbita de OSFFESEG.
El nuevo plan de desvinculaciones involucra un régimen específico para su personal de planta permanente de la institución, por tratarse de un organismo descentralizado que no le comprende el régimen general del Estado nacional.
Como ocurrió con otros organismos, y ante el anuncio de cierre, los trabajadores de IOSFA vienen siendo empujados por el Gobierno a terminar con su vínculo laboral. Quien está a cargo de esa tarea operativa es el administrador del IOSFA en liquidación, Gonzalo Secchi.
Secchi también está al frente del saneamiento de la entidad atravesada por deudas con prestadores, reclamos por atención médica y conflictos en farmacias, hoteles y residencias bajo su administración.
Con el decreto 1286/2026, la gestión libertaria definió que el personal no sea transferido de forma automática a la OSFA. De esta forma, el retiro voluntario impulsa las desvinculaciones, ante el panorama incierto de quienes permanecerán y quienes no en la nueva prestadora de salud. Según informaron desde el organismo, las oficinas de RRHH ya está recibiendo consultas e iniciando gestiones de personas interesadas en finalizar su vínculo.
Accediendo al retiro, los empleados podrán gozar de una gratificación de pago único en una cuota si las sumas indemnizatorias no exceden los 20.000.000 pesos. Cuando superen ese importe, el IOSFA podrá dividirlas en hasta tres pagos mensuales y consecutivos de $20.000.000, con el saldo en una última liquidación.
Lo cierto es que se establece una condición dura para quienes acepten e hicieron carrera en el sector público: los agentes cuyo retiro sea aprobado no podrán volver al Estado nacional durante ocho años desde su baja. La prohibición abarca empleos, contratos, asesorías, cargos de autoridad y vínculos con organismos multilaterales de crédito.
Sin embargo, hay resistencias al plan oficial.
Ayer, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un encuentro con más de 50 delegadas y delegados de todo el país para analizar el impacto de la disolución del IOSFA y el régimen de retiro voluntario. El sindicato informó que mantendrá el estado de alerta y movilización permanente, con un plan de lucha que continuará en las próximas semanas.
En varias provincias, donde existen farmacias, hoteles y espacios recreativos que dependen de IOSFA, la protesta sindical tuvo receptividad en concejos deliberantes y legislaturas. Se realizaron movilizaciones San Juan, Santa Fe, Tucumán, Mar del Plata y Punta Alta contra el cierre de los establecimientos, y se impulsaron proyectos de repudio y declaraciones en defensa de los puestos de trabajo.
El corazón del desguace de las plantillas está enfocado en la extensa red de farmacias, mientras que el personal que depende de los hoteles y centros recreativos regresarán bajo la órbita de las FFAA. Esas dependencias pertenecían a los cuerpos castrenses, antes de su unificación en IOSFA.
La incertidumbre laboral crecerá en la medida que se acerque el 4 de febrero de 2027, el plazo máximo previsto que definió el Gobierno para la disolución definitiva de la entidad. Desde la IOSFA aseguran que
Para contener la sangría, ATE anunció acciones gremiales para jueves y viernes en todo el país, además de nuevas jornadas de protesta en la semana del 20 de noviembre. El viernes 27 se realizará una marcha nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Es el último día hábil antes de que venzan los contratos laborales que no están alcanzados por la estabilidad del empleo público.
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