POLITICA
Fentanilo mortal: la ANMAT y la INAME vuelven a estar en el centro de la investigación
El avance de la causa, que investiga la distribución de fentanilo contaminado, vinculada a la muerte de 90 pacientes, mantiene bajo la lupa a los principales organismos de control del Estado. El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak espera la presentación de un dictamen clave por parte de la fiscal María Laura Roteta: el impulso de la acción penal contra funcionarios y ex funcionarios del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), después de la feria judicial, esto es a partir del 31 de julio.
La investigación ya tiene 13 personas procesadas, entre ellas el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, Ariel García Furfaro, uno de sus hermanos y su madre. En esta segunda etapa de la pesquisa el foco está puesto en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ambos bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Los organismos habrían incurrido en omisiones y demoras que permitieron la circulación de medicamentos fuera de las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.
Durante el período investigado, el INAME estuvo dirigido por Gabriela Mantecón Fumado, quien fue apartada preventivamente del cargo el 21 de agosto de 2025. La medida siguió a la detención de García Furfaro, dueño de HLB Pharma, y estuvo motivada por las demoras en tomar decisiones frente a los desvíos de calidad detectados en los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Hasta enero de este año, la ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. Pese a que en su renuncia alegó que se trataba de razones personales, fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste generado por el escándalo del fentanilo.
El expediente judicial expone deficiencias graves en los controles estatales. La Fiscalía, en un dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, calificó como “insuficiente” la información aportada por la ANMAT y advirtió sobre la ineficacia de sus acciones regulatorias durante la producción y distribución del anestésico contaminado. En esa línea, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostuvo que “la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo, colocó a la población en una situación de riesgo inadmisible”.
Uno de los puntos más críticos señalados por la fiscal Roteta en el dictamen anterior fue la falta de acción de la ANMAT tras recibir el reporte de un brote de contaminación bacteriana. “La información recabada y comunicada por el juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”, sostuvo la fiscal. Además, solicitó notificar a los funcionarios sobre las consecuencias penales asociadas al incumplimiento de las órdenes judiciales de retiro de productos.
La causa judicial documenta que fue el propio juzgado y no la autoridad de control, quien realizó el retiro de las partidas de fentanilo adulterado en hospitales, clínicas y droguerías de todo el país.
El juez Kreplak incluyó en su resolución de procesamiento de los 13 imputados una serie de hallazgos que dan cuenta de la falta de seguimientos posteriores por parte de la ANMAT y el INAME para verificar la subsanación de irregularidades detectadas en los laboratorios, como la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados y ausencia de documentación técnica.
Irregularidades detectadas por ANMAT e INAME desde 2018
Como ya informó este medio, en el expediente judicial revela que las inspecciones y controles oficiales documentaron desde 2018 los siguientes puntos críticos y demoras:
- Mayo de 2019: se detectó que HLB Pharma operaba en un nivel no aceptable. Se recomendó la clausura, pero la sanción quedó reducida a “inhibición” durante el trámite administrativo.
- Marzo de 2020: se hallaron deficiencias mayores en la producción de medicamentos y soluciones parenterales, pero el acta de inspección las calificó como “aceptable con exigencias correctivas”.
- En 2021: el INAME archivó un expediente citando una inspección de ese año como prueba de corrección de deficiencias, sin comprobar efectivamente la solución de los problemas.
- 14 de febrero de 2022: se constató que Laboratorio Ramallo “no cuenta con procedimiento de análisis de tendencias” y que los desvíos ocurren por fallas en equipos asociados a la producción de soluciones parenterales.
- 25 de febrero de 2022: se ordenó el retiro del mercado de un lote de Solución de Dextrosa al 5% HLB tras hallarse partículas y desarrollo compatible con crecimiento microbiano.
- 19 de mayo de 2023: se dispuso el retiro del mercado de un lote de Diclofenac HLB por la presencia de partículas negras en suspensión.
- 7 de octubre de 2024: en una inspección previa, se inmovilizaron varios productos, pero posteriormente fueron liberados comercialmente.
- 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024: en una inspección “no programada” al Laboratorio Ramallo se detectaron deficiencias críticas y mayores en todos los niveles de control, comprometían directamente la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Se recomendó la clausura inmediata, pero no se ejecutó.
- 5 de diciembre de 2024: fecha del acta de inspección que ordenaba la inhabilitación del laboratorio; el documento fue cargado en el sistema recién el 3 de enero de 2025 y firmado por la titular del INAME el 10 de febrero de 2025.
- 18 de diciembre de 2024: se produjo el lote de fentanilo contaminado (31202), trece días después de la inspección que ya sostenía que el laboratorio no debía continuar con su actividad productiva.
- 6 de marzo de 2025: la ANMAT prohibió el producto Propofol HLB, lote 60000, al detectarse que no contaba con etiqueta de trazabilidad, ordenando el recupero de las unidades.
Entre 2018 y 2025 los organismos de control también registraron los siguientes cuestionamientos sin que se accionara sobre las plantas de producción:
- Ausencia de libro de elaboración actualizado ni registros completos de lotes fabricados.
- Elaboración y comercialización de al menos 69 lotes en envases plásticos tipo BFS (blow-fill-seal), tipo de envase no habilitado por ANMAT.
- Falta de validación de procesos, estudios piloto y análisis de estabilidad para los lotes fabricados en plástico.
- Liberación de productos por personal sin participación de control de calidad, y algunos lotes sin hojas de elaboración ni reportes analíticos.
- Tercerización de elaboraciones para HLB Pharma Group S.A. sin comunicación previa a ANMAT sobre cambios de acondicionamiento.
Entre las observaciones registradas en la causa, se destaca que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección. Sin embargo, “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la inhibición de actividades productivas dictada recién con la disposición 3158/2025 tras las primeras muertes notificadas. Es decir, después que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano de La Plata.
Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado federal de La Plata y la Fiscalía que impulsa la pesquisa por la mayor masacre sanitaria del país avanzan sobre posibles responsables por acción u omisión mientras la segunda instancia judicial resuelve las apelaciones de los 13 procesados.
Fentanilo,Tragedia Sanitaria,Salud Pública,Crisis Opiáceos,Muertes,HLB Farma,Seguridad,Farmacéutica,Epidemia,Drogas
El juez federal Daniel Rafecas sumó al iraní Alí Asghar Hejazi al juicio en ausencia por el ataque a la AMIA. De esa forma, hizo lugar al pedido de la fiscalía, que considera a Asghar Hejazi como el presidente del comité que decidió el atentado terrorista de 1994.
El dirigente iraní, cuyo nombre también se consigna como Alí Asghar Mirhejazi, tiene actualmente 79 años y era en 1994 el delegado personal del entonces líder supremo Alí Khamenei, su mano derecha.
El fiscal federal especial para la causa AMIA Sebastián Basso entendió en un dictamen que la decisión de atacar la mutual se tomó durante una reunión de un comité secreto conocido como “Vijeh”, encabezado por Khamenei y Hejazi.
El fiscal considera que intervinieron en la decisión del atentado Mohsen Rezai (comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica), Ahmad Vahidi (a cargo de la Fuerza Al Quds, la sección encargada de operaciones fuera de Irán), Alí Fallahian (ministro de Inteligencia) y Alí Akbar Velayati (a cargo de la política exterior).
La fiscalía entiende que el 14 de agosto de 1993 se decidió el atentado del 18 de julio de 1994 en ese Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, con el aval de Khamenei.
Desde ese momento, el comité presidido por Hejazi se ocupó de los preparativos y la definición de la fecha del ataque, que provocó la muerte de 85 personas y dejó 300 heridos.
La fiscalía entendió que Hejazi estuvo en Buenos Aires en marzo de 1993, como delegado personal de Khamenei y para supervisar la operación y analizar sus posibilidades.
Según Basso, integrantes de la Fuerza Al Quds, liderada por Vahidi, transmitieron las directivas para la ejecución material del atentado a Imad Mughniyeh, señalado como el jefe de la estructura más clandestina de Hezbollah hasta su muerte en 2008.
El juzgado de Rafecas dictó la captura nacional e internacional de Hejazi el 10 de abril pasado, pidió a Interpol la difusión de una circular roja y lo declaró rebelde el 7 de mayo.
El tribunal remarcó que la cancillería iraní fue notificada de todas las medidas dispuestas en su contra, y concluyó que “no existe forma alguna que Hejazi no haya tomado conocimiento de las imputaciones que pesan en su contra y de la existencia del proceso penal”.
Por eso es que lo sumó al resto de los acusados al juicio en ausencia, cuya viabilidad analiza la Cámara de Casación Penal.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El ministro de Defensa ordenó iniciar el proceso para destituir al personal de la Armada involucrado en los presuntos sobresueldos
El ministro de Defensa, Carlos Presti, reveló este miércoles durante su paso por ¿La Ves? que ordenó al jefe de la Armada que inicie el proceso para destituir al personal de su fuerza señalado por cobrar presuntos sobresueldos de manera irregular por $980 millones.
“Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco o veinte delincuentes”, enfatizó Presti en una entrevista con TN. Y confirmó: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un consejo de disciplina militar pasen a ser destituidos”.
En ese sentido, el ministro fue aún más lejos y afirmó: “Más allá de la Justicia federal, que espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”.
Las declaraciones del funcionario se dan luego de que la propia fuerza presentara una denuncia penal por presuntas irregularidades en el pago de haberes a 23 personas, por un monto que asciende a $981.148.567,88. La denuncia fue radicada por el Jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, quien alertó sobre “modificaciones efectuadas sobre registros y archivos destinados a la acreditación bancaria de haberes”.
Según el escrito, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a favor de esas 23 personas, por importes superiores a los que correspondían según sus liquidaciones o directamente sin respaldo en haberes legítimos. El denunciante detalló que los registros generados por el Sistema de Haberes eran alterados de forma transitoria antes de su envío al Banco Nación, y luego restituidos a sus valores originales para que los cambios no quedaran reflejados en los recibos publicados.
Entre los señalados hay personal militar en actividad y en retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil jubilado, y cuatro personas sin ningún vínculo laboral ni funcional con la Armada. Una de ellas, María del Carmen Prieto —con 46 acreditaciones por $152.259.495,86, la cifra individual más alta de toda la causa—, es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff.
POLITICA
Fopea reclamó un nuevo estatuto del periodista para frenar la creciente vulnerabilidad de la profesión
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) hizo una fuerte defensa de la existencia de un estatuto del periodismo, como herramienta para evitar una aumento de la vulnerabilidad que, según plantearon sus autoridades, prevalece en el ejercicio de la profesión. Ante una comisión del Senado, las autoridades del colectivo periodístico abogaron por la sanción de un nuevo estatuto, ante la derogación del que estaba vigente, definida al aprobarse el proyecto de modernización laboral del gobierno del presidente Javier Milei.
Claudio Jacquelin, vicepresidente de Fopea y columnista de , planteó ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado que el periodismo se ejerce en “un marco de absoluta vulnerabilidad”. Y subrayó: “La ausencia de una ley específica, como el estatuto, dejaría en una condición de aún mayor vulnerabilidad al ejercicio periodístico, que es una institución fundamental de la democracia, como lo reconocen tratados a los que adscribe la Argentina y están vigentes, así como pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.
Jacquelin también puntualizó el rechazo de Fopea a la colegiación del periodismo (una iniciativa que propuso el Gobierno) y, en paralelo, volvió a argumentar a favor de la vigencia de un estatuto periodístico. “La existencia de un marco legal nacional garantizaría el ejercicio de la profesión en todo el país, teniendo en cuenta las particularidades de un país como la Argentina y las fragilidades con las que se desarrolla el ejercicio profesional a lo largo y ancho del país. Es imprescindible contar con una ley nacional que dé marco y garantía para ese ejercicio esencial a la democracia”, subrayó. El estatuto del periodista fue derogado por la ley de reforma laboral y dejará de regir en enero de 2027.
Entre otros puntos relevantes de protección de la tarea periodística, Jacquelin sostuvo que se debe “contar con un marco de respeto a la libertad de conciencia para el ejercicio de la profesión”, en un contexto de “estigmatización, acoso y ataque a la libertad de prensa”.
El vicepresidente de Fopea, además, abogó por el establecimiento de un “blindaje ante la vigilancia”. Señaló que se trata de “situaciones que, por avances tecnológicos y falta de acción de protección de parte de la Justicia y el Estado, se ven cada vez con mayor frecuencia”. También defendió la “autonomía de códigos de ética”.
En la comisión, presidida por la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), también se escucharon los planteos del presidente de Fopea, Fernando Stanich, y de la secretaria del foro, Paula Moreno. El encuentro se desarrolló en el Salón Illia.
Stanich rechazó que la vigencia de un estatuto signifique defender privilegios; por el contrario, consideró que implica la preservación de un “escudo democrático” que garantiza la circulación de información de interés público sin presiones políticas ni económicas. Aportó cifras del Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea, que marcan que, en 2025, hubo un récord de agresiones a periodistas (278 casos), con el que se superó el pico anterior, en 2013 (193 hechos).
Moreno, a su turno, identificó los ejes “El periodista y el derecho a la información”, “Independencia profesional y compromiso ético”, y “Entorno digital e Inteligencia Artificial” como los puntos que estructuran los lineamientos de Fopea. “Si cae el estatuto, no solo pierde el periodista; pierde la sociedad la posibilidad de acceder a información veraz y confiable”, dijo Fopea tras la intervención de sus autoridades en la Cámara alta.
del Senado,pic.twitter.com/C5r9bECzXE,September 16, 2026,PASO, ficha limpia y debate presidencial. Se agota el tiempo de las reformas,FOPEA,Periodismo,Senado de la Nación,Conforme a
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