LA PLATA. – A 50 años de La Noche de los Lápices, cuando la última dictadura secuestró en La Plata y sus inmediaciones a una decena de estudiantes secundarios que reclamaban la instauración del boleto estudiantil, la marcha para reivindicar a las víctimas del accionar militar exhibió una fuerte división en el peronismo gobernante en territorio bonaerense, ya que en la manifestación hubo columnas que se convocaron con distintas consignas y referentes.

Por caso, el gobernador Axel Kicillof participó de un acto y de la marcha por el aniversario de aquel hecho que enlutó a la capital bonaerense. Y en ese marco, llamó a construir un proyecto distinto al de Javier Milei de cara al recambio presidencial de 2027. Lo hizo acompañado por dirigentes de derechos humanos, con Estela de Carlotto como máxima figura a su lado.

De la misma marcha, aunque en columnas separadas, participaron las agrupaciones estudiantiles de La Cámpora, que portaron banderas para reclamar la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner -con prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad- y postularon su candidatura para el año próximo, aunque sigue inhabilitada para ejercer cargos públicos.

En medio de la disputa peronista por la conducción nacional hacia 2027, dirimida a la luz del día en las calles de esta capital, estuvieron como fuelles de ancla en el pasado revindicado en común los sobrevivientes Pablo Díaz y Emilce Moler, dos de los secuestrados en la fatídica redada que tuvo como blanco a estudiantes que, en su mayoría, fueron asesinados en centros clandestinos de detención como el Pozo de Arana y el Pozo de Banfield.

El 16 de septiembre de 1976 se registró un raid de secuestros a cargo de militares bajo las órdenes de Ramón Camps -general del Ejército que estaba al mando de la Policía bonaerense-, que tuvo por objetivo a una decena de estudiantes secundarios, de quienes seis siguen desaparecidos.

A estos militantes del denominado campo popular conmemoró el peronismo, junto a otros movimientos políticos y sindicales más identificados con la izquierda. En coincidencia por el reclamo de “Nunca Más”, los distintos actores de la oposición al gobierno libertario no lograron unificar un ordenamiento hacia el futuro.

La marcha partió desde Plaza Olazábal, en 7 y 38, y se trasladó hasta el ministerio de Obras Públicas, en 7 y 58. La procesión se desplazó a lo largo de veinte cuadras en el centro platense. Antes, Kicillof participó de un acto junto a Carlotto y el intendente local Julio Alak. Allí aprovechó para recordar que su gobierno reinstauró el boleto estudiantil en la provincia.

Los sectores en pugna dentro del peronismo marcharon con distintas consignas a futuro, más allá de la reivindicación por los sucesos del pasado. Mientras Kicillof buscó diferenciar su proyecto de Mieli, La Cámpora denunció la supuesta proscripción de Cristina Kirchner y pidió por la liberación de la expresidenta, que cumple una condena a seis años de prisión.

“A nivel nacional y en gran parte del continente vemos proyectos con programas económicos similares a los de la dictadura militar sostuvo Kicillof y concluyó: “Nos espera una responsabilidad fundamental para honrar la historia de nuestro país: el compromiso democrático de ponerle un freno a este experimento de la ultraderecha en la Argentina. Lo hacemos con la convicción de defender los derechos conquistados y en memoria de los 30.000 compañeros que hoy están más presentes que nunca”.

La marcha convocada para conmemorar el secuestro y la desaparición forzada de un grupo de estudiantes secundarios durante la última dictadura suscitó controversia entre los distintos sectores del peronismo. Pero en las calles la convivencia fue pacífica, más allá de las tensiones retóricas.

En la primera columna estuvieron los estudiantes –alineados con La Cámpora-. Luego los representantes de la segunda y de la tercera sección electoral. Y finalmente el resto de las organizaciones sociales.

La Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata reclamó por la libertad de Cristina Kirchner. Esta organización visitó a la expresidenta en su domicilio de detención en San José 1111 y luego lanzó una convocatoria bajo la consigna “Contra el FMI y los vendepatria, 30.000 razones para liberar a Cristina”.

La Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y la Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace) también expresaron consignas a favor de la conducción política de la expresidenta. “Desde la FES con la Renace sabemos que los lápices siguen escribiendo”, dijo Alma Palma Hair. “Hoy los lápices escriben en todo el país Cristina Libre y Presidenta”, destacó la estudiante, que forma parte de una conducción alineada con La Cámpora.

La Federación de Estudiantes Secundarios fue más allá: difundió una carta abierta con tono crítico al gobernador por no habilitar colectivos para movilizar estudiantes. Esta petición fue negada ante por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Los estudiantes apuntaron contra Ayelén López, directora de Juventudes del gobierno bonaerense.

“Queremos decirle esto a usted directamente señor gobernador. Vimos el video que publicó convocando a un acto en Avellaneda (que tendrá lugar el sábado organizado por el Movimiento Derecho al Futuro). Sabemos que el ministro de Desarrollo de la Comunidad ha prestado debida atención a garantizar la movilidad de los militantes que participen”, denunció la FES.

Más allá de la interna peronista, el 16 de septiembre es una jornada de memoria sobre la privación ilegítima de libertad contra un grupo alumnos secundarios durante la dictadura. Hace 50 años, cinco estudiantes secundarios identificados como Claudia Falcone y Francisco López Muntaner de 16 años; Horacio Ungaro de 17, María Clara Ciocchini, y Daniel Racero -los dos de 18 años y militantes de la UES- fueron secuestrados por reclamar por el boleto estudiantil.

La redada había comenzado el 4 de septiembre con la detención de Víctor Treviño, militante de la Juventud Guevarista, que al igual que los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre continúa desaparecido. El 8 de septiembre fue secuestrado Gustavo Calotti también de la Juventud Guevarista y de la UES. El 15 de septiembre fue detenido Horacio Acha, que continúan desaparecido.

El 17 de septiembre, en plena madrugada, fue secuestrada a Emilce Moler. Al poco tiempo, el 21 de septiembre, Pablo Díaz, entonces de 18 años, fue secuestrado en el raid que se pasó a la historia como La Noche de los Lápices.

Díaz estuvo detenido en el Pozo de Banfield junto a los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre de 1976 que permanecen desaparecidos. “Estuvimos al cuidado de mujeres embarazadas. Vivíamos en un calabozo encerrados sin luz. A mi me sacaron. A ellos los mataron de un tiro”, dijo Díaz. Su testimonio fue clave en los Juicio a la Juntas y Juicios de la Verdad, donde tuvo careos con exmilitares que participaron de los delitos de lesa humanidad.

El Senado se prepara para sesionar este jueves con una agenda económica de fuerte contenido político, en la que el oficialismo buscará avanzar con dos iniciativas sensibles para el Gobierno y para distintos sectores productivos: el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II y el nuevo régimen de biocombustibles.

La concreción de la sesión, llamada para las 11, fue definida esta tarde en reunión de jefes de bloque, Sin embargo, su realización es todo un albur ya que algunas ausencias en el oficialismo y en la oposición dialoguista, a lo que se suman los severos cuestionamientos de varios senadores a proyectos como el de biocombustibles, abren un interrogante sobre si la reunión dará inicio y, en caso de hacerlo, hasta dónde se extenderá.

La convocatoria llega después de varios días de caóticas negociaciones entre el bloque de La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich (Capital), las bancadas de la oposición dialoguista y representantes de provincias, sobre todo las de la región del noroeste argentino que son productoras de bioetanol, interesadas en que avance el proyecto de ley que modifica el régimen vigente de fomento y producción de combustibles de origen agrícola.

De hecho, Bullrich decidió incluir en el temario del proyecto de biocombustibles, que es rechazado por varios senadores de la UCR y hasta por algunos miembros de la bancada oficialista, por la exigencia de los senadores de las provincias azucareras, que plantearon su negativa a bajar al recinto si el tema quedaba excluido de la sesión.

El temario previsto para este jueves incluye, además, dos convenios que convalidan el traspaso al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de la justicia penal juvenil y la competencia sobre los delitos relacionados con ése fuero.

También se tratarán los pliegos que proponen Alejandro Catania y Javier Galván Greenway como camaristas del fuero penal económico. Sus nominaciones quedaron demoradas durante casi cuatro meses por orden de la Casa Rosada, por sus supuestos vínculos con la AFA, y recién obtuvieron luz verde en la Comisión de Acuerdos diez días atrás por presión de un grupo de senadores de la oposición dialoguista.

El proyecto de Inocencia Fiscal II, impulsado por el Poder Ejecutivo y ya aprobado por la Cámara de Diputados, apunta a ampliar el régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias administrado por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según el Gobierno, la iniciativa busca reducir la carga informativa de los contribuyentes, dar mayor previsibilidad frente a eventuales fiscalizaciones y facilitar la regularización de inconsistencias impositivas sin que eso implique, de manera automática, la pérdida de beneficios.

Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al régimen. De aprobarse la reforma, podrán adherir contribuyentes con residencia fiscal en el país sin quedar excluidos por superar determinados umbrales, lo que amplía de manera significativa el universo alcanzado por el sistema simplificado.

La iniciativa también redefine el margen de acción de ARCA para impugnar declaraciones. El organismo solo podría formular observaciones cuando detecte diferencias significativas y fundadas, con un criterio vinculado al impuesto determinado y no al saldo final a pagar. Además, se contempla la posibilidad de rectificar declaraciones sin quedar automáticamente afuera del régimen, siempre que el contribuyente regularice la situación.

El capítulo más discutido de la propuesta se ubica justamente en sus efectos políticos y fiscales. Para el Gobierno, la norma busca consolidar una relación menos punitiva entre el fisco y los contribuyentes y alentar el ingreso de fondos al circuito formal.

Para sus críticos, en cambio, el texto es un blanqueo encubierto, pudiendo convertirse en una herramienta demasiado amplia de alivio tributario, con beneficios para sectores de mayor capacidad económica y con un eventual impacto sobre la recaudación.

El proyecto de ley de biocombustibles, en tanto, propone reemplazar el esquema vigente por un marco de mayor competencia, con subas graduales en los porcentajes obligatorios de mezcla y una transición para los distintos segmentos de la industria. La iniciativa unifica propuestas de varios bloques y fue negociada con especial atención por las provincias del noroeste.

El texto prevé elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con una distribución que reserva una porción para el producto elaborado a partir de caña de azúcar, otra para el derivado del maíz y un tramo abierto a la competencia. En biodiésel, la mezcla en gasoil y diésel oil pasaría del 7,5% al 10% después de un período de transición.

La reforma también introduce límites a la concentración empresarial y mecanismos de asignación de cupos. El punto más sensible está en la situación de las pymes de biodiésel, denominadas en el debate como empresas no integradas, que reclaman una cuota protegida más amplia y estable para abastecer el mercado interno. El dictamen contempla una participación reservada, pero con una reducción progresiva hasta 2036.

Allí se concentra la principal polémica. Las compañías más pequeñas y legisladores de provincias con plantas regionales advierten que una apertura demasiado rápida podría favorecer a grandes firmas integradas en una cadena productiva, capaces de producir a escala y dominar la cadena de valor.

Del otro lado, quienes defienden la reforma argumentan que el régimen actual se agotó, que la intervención estatal en precios y cupos desalienta inversiones y que un sistema más competitivo permitirá ampliar la producción y mejorar la eficiencia.