El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará en los próximos días un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la ley de Inocencia Fiscal de forma tal que incentive la canalización de ahorros en dólares hacia la inversión productiva.

“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda durante su intervención en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La lógica detrás del proyecto es clara para el ministro: si los contribuyentes tienen mayor seguridad jurídica, más ahorros en dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero se canalizarán hacia la inversión productiva. Y esa inversión, en su visión, activa un círculo virtuoso. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, afirmó Caputo en el IAEF. “A mayor crecimiento, habrá mayor formalidad. Entonces, manteniendo el gasto constante, eso nos dará un mayor nivel de superávit que nos va a permitir seguir bajando impuestos”, completó.

El ministro también puso en perspectiva la trayectoria fiscal del Gobierno: “Ya hemos bajado tres puntos de impuestos, más o menos veinte mil millones de dólares por año”, señaló, subrayando que la meta no es solo bajar el déficit sino habilitar una reducción sostenida de la presión tributaria.

El proyecto que llegará al Congreso apuntaría a modificar el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en al menos tres puntos. El primero tiene que ver con la posibilidad de rectificar declaraciones juradas en más supuestos que los hoy previstos. En la normativa vigente, si la diferencia en el saldo a favor del fisco supera el 15%, el contribuyente pierde la presunción de exactitud en sus declaraciones y queda expuesto a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revise ejercicios anteriores. Con la modificación proyectada, la ARCA podría detectar una discrepancia y darle al contribuyente la posibilidad de corregir la declaración. Si regulariza y paga la diferencia, mantiene la presunción de exactitud y el efecto liberatorio sobre los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024.

El segundo cambio apuntaría a eliminar los límites de acceso al RSG. Actualmente, el régimen excluye a quienes superan $1.000 millones anuales de ingresos o $10.000 millones de patrimonio. El proyecto busca suprimir esos topes para ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherirse y, con ello, formalizar ahorros en moneda extranjera que hoy permanecen fuera del sistema.

El tercer punto contemplaría elevar el monto mínimo para litigar, que hoy se ubica en 25.000 pesos. La actualización busca adecuar ese umbral a los valores actuales y reducir la litigiosidad por montos bajos, permitiendo que tanto la ARCA como la Justicia concentren sus esfuerzos en casos de mayor impacto económico.

La Ley de Inocencia Fiscal fue enviada al Congreso junto con la ley de modernización laboral, y Caputo destacó ese vínculo en su exposición ante el IAEF. “No es una casualidad que hayan ido juntos al Congreso la ley de modernización laboral y la ley de inocencia fiscal”, afirmó el ministro, para quien ambas iniciativas forman parte de una misma estrategia de reactivación.

Sin embargo, los profesionales del sector detectaron debilidades en la redacción original que, en la práctica, podían desincentivar las adhesiones. Fue esa presión la que derivó en la reunión entre Caputo y un grupo de contadores, y en el compromiso posterior de enviar un proyecto con correcciones. El propio ministro reconoció el resultado del encuentro en la red social X: “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo Régimen.”

El cambio de postura implicó reconocer que la ley original no ofrecía, por sí sola, las garantías suficientes para que los contribuyentes se animaran a exteriorizar sus tenencias en dólares. La extensión del plazo para presentar la declaración jurada hasta fines de julio le dio al Gobierno un margen adicional para avanzar con las modificaciones legislativas antes de que venza la ventana de adhesión al RSG.

Hasta el momento, según los últimos datos difundidos por la ARCA, más de 80.000 contribuyentes se adhirieron al RSG. Sin embargo, esa cifra no implica necesariamente que hayan sacado los dólares del colchón: según los contadores, una parte significativa de los adherentes lo hizo con el objetivo de obtener el “tapón fiscal” frente al fisco nacional, es decir, protegerse de eventuales revisiones de períodos anteriores, sin por eso ingresar divisas al sistema.

Es precisamente esa brecha —entre quienes adhirieron al régimen y quienes efectivamente formalizaron sus ahorros en dólares— la que el Gobierno busca cerrar con las modificaciones anunciadas. La apuesta es que una mayor seguridad jurídica, con menos riesgo de perder los beneficios por errores formales en las declaraciones, se traduzca en un mayor flujo de divisas hacia la economía formal.

Caputo identificó el éxito de Inocencia Fiscal como uno de los pilares del crecimiento económico en el segundo semestre, junto con la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y la implementación de la reforma laboral. En este último caso, sin embargo, el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a postergar la iniciativa si fuera necesario para garantizar un superávit fiscal de alrededor del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026.