El gobierno de Javier Milei anunció que, a partir del miércoles 3 de junio, se abrirá un registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, tras el levantamiento de una cautelar judicial que frenaba la medida.

Desde esta semana, los establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos podrán anotarse en un registro nacional digital y público. El Ejecutivo apunta a descentralizar el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ampliar la oferta de servicios y permitir a los usuarios elegir dónde realizar la revisión técnica de sus vehículos.

“A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV”, comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X.

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron a Infobae que se levantó la cautelar judicial que, hasta el momento, había frenado la implementación del nuevo esquema. Se espera que en las próximas horas la medida sea publicada en el Boletín Oficial.

Los cambios, incluidos en el Decreto 196/2025 que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito, apunta a modernizar el sistema de RTO y crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. “A partir de ahora, cualquier taller, que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse para realizar revisiones técnicas vehiculares”, detallaron desde la administración libertaria.

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos operará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con carácter público, gratuito y digital. Las inspecciones podrán llevarse a cabo en cualquier taller inscripto en el registro nacional y que cumpla los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

Las personas usuarias tendrán la posibilidad de elegir el taller de su preferencia, siempre que esté habilitado y registrado. Los establecimientos autorizados estarán facultados para revisar vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros y de carga, así como unidades antiguas o especiales.

La normativa mantiene todos los criterios técnicos y de seguridad vial vigentes. Los talleres deberán respetar los procedimientos de inspección, contar con un Director Técnico responsable y acreditar la capacidad técnica, el equipamiento necesario y las condiciones exigidas. La inscripción en el registro se realizará mediante declaración jurada.

En cuanto a los plazos, los vehículos particulares 0 km deberán pasar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento. Para aquellos de hasta diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada veinticuatro meses, mientras que los que superen esa antigüedad deberán realizarla de forma anual. La primera revisión deberá realizarse dentro de los doce meses posteriores al patentamiento y luego renovarse cada doce meses.

“Los usuarios contarán con más opciones para realizar la revisión técnica, podrán elegir libremente dónde efectuarla y dispondrán de un sistema más ágil, accesible, transparente y previsible”, aseguraron desde Casa Rosada.

El 10 de marzo, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, había informado la resolución del conflicto que impedía aplicar los cambios previstos por la nueva Ley Nacional de Tránsito en relación a la RTO, conocida hasta ahora como VTV.

Entre las novedades se encuentran la autorización para habilitar nuevos centros donde realizar la revisión, la desregulación de aranceles para promover la competencia y la inclusión de automóviles particulares al sistema nacional de control, que hasta ahora se aplicaba principalmente al transporte de cargas.

Sin embargo, el Ejecutivo enfrenta el desafío de que cada provincia acepte poner en marcha el nuevo esquema de VTV. Si las jurisdicciones no adhieren, sus ciudadanos no podrán acceder a servicios mejorados ni a la opción de realizar la verificación técnica en talleres cercanos o en concesionarias oficiales. La provincia Buenos Aires fue el primer provincia en anunciar que no acompañará el nuevo sistema.

Por otro lado, aún resta definir un protocolo específico de revisión para vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, que requieren controles adaptados a su tecnología.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará en los próximos días un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la ley de Inocencia Fiscal de forma tal que incentive la canalización de ahorros en dólares hacia la inversión productiva.

“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda durante su intervención en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La lógica detrás del proyecto es clara para el ministro: si los contribuyentes tienen mayor seguridad jurídica, más ahorros en dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero se canalizarán hacia la inversión productiva. Y esa inversión, en su visión, activa un círculo virtuoso. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, afirmó Caputo en el IAEF. “A mayor crecimiento, habrá mayor formalidad. Entonces, manteniendo el gasto constante, eso nos dará un mayor nivel de superávit que nos va a permitir seguir bajando impuestos”, completó.

El ministro también puso en perspectiva la trayectoria fiscal del Gobierno: “Ya hemos bajado tres puntos de impuestos, más o menos veinte mil millones de dólares por año”, señaló, subrayando que la meta no es solo bajar el déficit sino habilitar una reducción sostenida de la presión tributaria.

El proyecto que llegará al Congreso apuntaría a modificar el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en al menos tres puntos. El primero tiene que ver con la posibilidad de rectificar declaraciones juradas en más supuestos que los hoy previstos. En la normativa vigente, si la diferencia en el saldo a favor del fisco supera el 15%, el contribuyente pierde la presunción de exactitud en sus declaraciones y queda expuesto a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revise ejercicios anteriores. Con la modificación proyectada, la ARCA podría detectar una discrepancia y darle al contribuyente la posibilidad de corregir la declaración. Si regulariza y paga la diferencia, mantiene la presunción de exactitud y el efecto liberatorio sobre los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024.

El segundo cambio apuntaría a eliminar los límites de acceso al RSG. Actualmente, el régimen excluye a quienes superan $1.000 millones anuales de ingresos o $10.000 millones de patrimonio. El proyecto busca suprimir esos topes para ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherirse y, con ello, formalizar ahorros en moneda extranjera que hoy permanecen fuera del sistema.

El tercer punto contemplaría elevar el monto mínimo para litigar, que hoy se ubica en 25.000 pesos. La actualización busca adecuar ese umbral a los valores actuales y reducir la litigiosidad por montos bajos, permitiendo que tanto la ARCA como la Justicia concentren sus esfuerzos en casos de mayor impacto económico.

La Ley de Inocencia Fiscal fue enviada al Congreso junto con la ley de modernización laboral, y Caputo destacó ese vínculo en su exposición ante el IAEF. “No es una casualidad que hayan ido juntos al Congreso la ley de modernización laboral y la ley de inocencia fiscal”, afirmó el ministro, para quien ambas iniciativas forman parte de una misma estrategia de reactivación.

Sin embargo, los profesionales del sector detectaron debilidades en la redacción original que, en la práctica, podían desincentivar las adhesiones. Fue esa presión la que derivó en la reunión entre Caputo y un grupo de contadores, y en el compromiso posterior de enviar un proyecto con correcciones. El propio ministro reconoció el resultado del encuentro en la red social X: “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo Régimen.”

El cambio de postura implicó reconocer que la ley original no ofrecía, por sí sola, las garantías suficientes para que los contribuyentes se animaran a exteriorizar sus tenencias en dólares. La extensión del plazo para presentar la declaración jurada hasta fines de julio le dio al Gobierno un margen adicional para avanzar con las modificaciones legislativas antes de que venza la ventana de adhesión al RSG.

Hasta el momento, según los últimos datos difundidos por la ARCA, más de 80.000 contribuyentes se adhirieron al RSG. Sin embargo, esa cifra no implica necesariamente que hayan sacado los dólares del colchón: según los contadores, una parte significativa de los adherentes lo hizo con el objetivo de obtener el “tapón fiscal” frente al fisco nacional, es decir, protegerse de eventuales revisiones de períodos anteriores, sin por eso ingresar divisas al sistema.

Es precisamente esa brecha —entre quienes adhirieron al régimen y quienes efectivamente formalizaron sus ahorros en dólares— la que el Gobierno busca cerrar con las modificaciones anunciadas. La apuesta es que una mayor seguridad jurídica, con menos riesgo de perder los beneficios por errores formales en las declaraciones, se traduzca en un mayor flujo de divisas hacia la economía formal.

Caputo identificó el éxito de Inocencia Fiscal como uno de los pilares del crecimiento económico en el segundo semestre, junto con la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y la implementación de la reforma laboral. En este último caso, sin embargo, el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a postergar la iniciativa si fuera necesario para garantizar un superávit fiscal de alrededor del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a destacar el objetivo oficial de avanzar hacia una mayor convivencia entre el peso y el dólar dentro de la economía argentina y ratificó que el Gobierno buscará profundizar un esquema de competencia de monedas.

Durante su participación en el 43° Congreso Anual del IAEF, el funcionario sostuvo que la meta es permitir que ambas monedas circulen libremente y que sean los ciudadanos quienes definan cuál utilizar en sus transacciones cotidianas.

«Vamos a permitir la libre circulación de pesos y dólares y la gente elegirá», afirmó Caputo al describir el modelo económico que impulsa la administración encabezada por el presidente Javier Milei.

En ese contexto, recordó que la idea de competencia de monedas forma parte de uno de los ejes centrales planteados por Milei desde el inicio de su carrera política. «El Presidente siempre habló de competencia de monedas y hacia eso estamos yendo», aseguró, al tiempo que definió el esquema proyectado como «un sistema bimonetario, a la uruguaya».

Según explicó el ministro, la transición hacia ese modelo ya comenzó a instrumentarse mediante la habilitación de operaciones en distintas monedas. «Estamos permitiendo que se transe en diferentes monedas, pero la gente elegirá la moneda», señaló.

Caputo remarcó que esta iniciativa forma parte de una transformación más profunda de la economía argentina. La estrategia oficial apunta a consolidar un escenario de estabilidad fiscal y monetaria que favorezca la coexistencia entre el peso y el dólar sin recurrir a medidas obligatorias o imposiciones regulatorias.

Además de referirse al proceso de competencia de monedas, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que espera una continuidad en la desaceleración inflacionaria y aseguró que los compromisos de deuda se encuentran cubiertos durante todo el mandato presidencial.

Inflación, actividad económica y perspectivas

Durante su exposición, Caputo también defendió los resultados alcanzados por el programa económico implementado por el Gobierno y destacó la evolución de distintos indicadores de actividad.

En ese sentido, afirmó que la economía registra «24 meses consecutivos de alza» en la tendencia ciclo y sostuvo que el proceso de recuperación continuará profundizándose con el correr del tiempo.

«Va a ser progresivamente mayor en el tiempo», aseguró al referirse al crecimiento económico.

Respecto de la inflación, consideró que el proceso de desaceleración retomó su curso luego de las tensiones registradas durante el año pasado. «En abril se retomó el sendero descendente; mayo, esperemos que esté debajo de abril», indicó.

Asimismo, señaló que las proyecciones privadas relevadas por el mercado ubican la inflación mensual en una franja de entre 2% y 2,5%.

El ministro atribuyó el rebrote inflacionario previo a lo que definió como un «shock interno muy fuerte» en un contexto electoral, situación que, según explicó, también tuvo efectos sobre el riesgo país y el nivel de actividad.

«En estos meses hemos estado purgando ese shock», sostuvo.

Pese a ello, ratificó la confianza del Gobierno en la evolución futura de los precios y vinculó esa expectativa con la continuidad del equilibrio fiscal y la disciplina monetaria.

«Estamos muy confiados de que, mientras sigamos manteniendo el equilibrio fiscal y esta prudencia monetaria, es una cuestión de tiempo hasta que la Argentina converja con la inflación internacional», afirmó.

Por último, Caputo proyectó un escenario de crecimiento sostenido para los próximos años y aseguró que las condiciones económicas serán cada vez más favorables.

«Espero que los próximos 18 meses sean claramente mejores«, señaló, antes de anticipar un panorama inusual para el próximo ciclo electoral.

Según su visión, habrá «un 2027 totalmente atípico de lo que es un año clásico electoral argentino, creciendo fuertemente, con inflación a la baja, sin ese revuelo político que tradicionalmente hay en la Argentina».

Luis Caputo confirmó que enviará una versión renovada de la ley para el dólar colchón

a ley de Inocencia Fiscal tendrá una versión renovada. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este martes que el Gobierno enviará al Congreso un texto modificado del régimen de blanqueo.

El ajuste llega tras una reunión con contadores de todo el país, quienes plantearon observaciones sobre aspectos clave del proyecto original. Caputo anticipó que las modificaciones buscan dar «un impulso todavía mayor» a la iniciativa.

«Vamos a estar mandando una versión renovada, luego de haber tenido esta reunión con los contadores, que nos pasaron sus inquietudes», explicó Caputo. Y agregó: «Esperemos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor».

Las modificaciones surgieron de un encuentro reciente entre Caputo y referentes tributarios. Participó también Andrés Vázquez, titular de ARCA (ex AFIP).

Los especialistas pusieron sobre la mesa tres inquietudes centrales. Primera: la seguridad jurídica del régimen. Segunda: los límites patrimoniales para adherir. Tercera: algunos aspectos de la «discrepancia significativa», que habilita revisiones por parte del organismo recaudador.

Tras esas conversaciones, el Gobierno tomó una decisión inmediata. Prorrogó hasta fines de julio los vencimientos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.

La estrategia oficial apunta a incentivar que los ahorros no declarados ingresen al circuito formal de la economía, canalizándolos hacia inversiones productivas que generen mayor crecimiento.

Caputo vinculó la Inocencia Fiscal con otra medida reciente del Gobierno. Se refirió a la ley de modernización laboral, a partir de la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Según el ministro, ambas iniciativas comparten un objetivo común: favorecer la formalización de la economía argentina. «Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión», sostuvo.

Mayor formalidad equivale a mayor recaudación sin subir impuestos. Y esa ecuación, en la visión oficial, permite profundizar el superávit fiscal mientras la economía se expande.

El funcionario reiteró que el Gobierno continuará avanzando con reducciones impositivas. Aseguró que ya se bajaron tributos por el equivalente a u$s20.000 millones anuales.

El texto renovado llegará al Congreso en los próximos días. El Gobierno espera que la incorporación de las observaciones de los contadores acelere el tratamiento parlamentario y le dé más respaldo político a la iniciativa.