POLITICA
Inocentes y culpables en tiempos de Milei
Patricia Bullrich nunca se sintió atraída por las alcantarillas ni por los semáforos de la Capital. Siempre la atraparon las políticas nacionales y no las pequeñeces locales. Por eso, suponer que ella aspiraba a ser la sucesora de Jorge Macri fue una ingenuidad. De hecho, en estos días no está discutiendo con el actual jefe del gobierno capitalino, sino con el propio presidente de la Nación o, lo que es más grave, con su hermana.
La discordia de Bullrich con los Milei se refiere al caso más notorio y comprobable de injusticia que cometió este Gobierno. Javier Milei nos acostumbró a los periodistas a sus insultos y agravios, pero nunca hasta ahora había tomado represalias contra la familia de un profesional del periodismo. Lo está haciendo con María Verónica Michelli, que tiene el único demérito de ser hermana de la esposa del periodista Hugo Alconada Mon. Con más de 30 años de carrera judicial y académica, la cuñada del periodista fue ya dos veces propuesta como jueza de un Tribunal Oral de La Plata, pero esta vez chocó con el obstáculo insalvable de ser pariente de quien investigó supuestos actos de corrupción con la criptomoneda $LIBRA; las denuncias de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que ventiló en conversaciones telefónicas su propio exdirector, Diego Spagnuolo, y los despilfarros patrimoniales de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y protegido de Karina Milei. La hermana presidencial está involucrada también en los otros dos casos en los que hurgó Alconada Mon. Ella es, entonces, la autora intelectual de la arbitrariedad contra una persona de la que ni siquiera se sabe qué piensa políticamente.
Michelli había sido propuesta como jueza de ese tribunal por el gobierno de Mauricio Macri en una lista de decenas de pedidos de acuerdos que envió al Senado en 2018, pero un año después llegó Alberto Fernández y retiró esa lista y armó otra propia, que tampoco fue aprobada. Aquella vez, uno de los que propulsaron la candidatura de Michelli fue el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, porque entonces era el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, que es la institución que debe examinar las candidaturas a jueces y elaborar una lista con los mejores. Ahora, ya ministro de Milei, Mahiques volvió a firmar la propuesta para que se hiciera justicia con Michelli. Es el mismo Mahiques que después de haber promovido dos veces el ascenso de Michelli pidió retirar en los últimos días su pliego del Senado.
Hay una particular obsesión del mileísmo contra Michelli, pero el capricho es de Karina especialmente. ¿Qué podía hacer Mahiques si la persona más poderosa del Gobierno decidió vengarse de un periodista maltratando a un familiar de este? “Nada; solo cumplir la orden”, se escuchó entre los que están cerca de la secretaria general de la Presidencia. No es cierto. El ministro podría haber renunciado en homenaje a sus propias decisiones anteriores. Pero Mahiques hizo trascender que él se quedaba en el cargo con el propósito de moderar a los inmoderados. Ha fracaso en el intento, si fuera así. Formalmente, fue él además quien le dio la orden al presidente de la comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto, para que retuviera el pedido de acuerdo de Michelli. O para que se lo devolviera al Poder Ejecutivo.
Resulta que tiene un problema: el acuerdo de Michelli ya tiene la firma de la mayoría de los senadores que integran esa comisión. Una mayoría de senadores consideró que Michelli tiene los pergaminos suficientes como para ser jueza de un tribunal oral. Pagotto es un riojano por adopción, amigo entrañable del clan Menem y, por lo tanto, está a las órdenes de Karina Milei, ya sea que esas órdenes estén dentro de la ley, fuera de ella o deslizándose entre sus costuras.
No demos más vueltas: la orden de castigar a Michelli fue de la hermanísima. Esa indicación hizo saltar algunos fusibles en el Senado y provocó el mayor desacuerdo de Patricia Bullrich con los Milei, a tal punto que, según confirmó este martes en una entrevista radial, el lunes por la noche le ofreció al Presidente su renuncia como presidenta del bloque libertario del Senado. Milei se la rechazó, dijo. No se trata de Hugo Alconda Mon, sino de la injusticia que se comete contra una mujer que está muy lejos del trabajo de su cuñado. Y que seguramente ni siquiera se entera de lo que este hace como profesional del periodismo.
Es probable que un caso tan detestable haya provocado la sublevación de Bullrich, aunque también es cierto que ya era muy largo el silencio de la senadora que otrora fue una perseverante defensora de la libertad de prensa y de las prácticas justas en la política. Para peor, varios senadores que son amigos imprescindibles de la administración Milei −imprescindibles para aprobar las decisiones del jefe del Estado− anunciaron que se sumarán a la posición de Bullrich. Lógico: ¿por qué radicales o peronistas amigables serían más amigos del Gobierno que la propia jefa del bloque oficialista? ¿Por qué ellos tendrían menos cuestiones de conciencia que la más importante representante del oficialismo en esa cámara?
El caso de Michelli (que no es lo mismo que decir el caso de Alconada Mon) espoleó al fiscal federal Guillermo Marijuan a impulsar una denuncia contra el Gobierno por discriminación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. ¿Era necesario que el Gobierno se autoinfligiera semejante escándalo político y judicial y que no fuera advertido por el ministro Mahiques de lo que sucedería con semejante abuso?
Michelli podría entrar en un limbo legal si el Senado, en su reunión plenaria, le concediera el acuerdo porque luego el Presidente debe formalizar su designación. ¿La formalizará? ¿La firmará a pesar de la posición de su hermana? ¿Qué sucede con una candidata a jueza que tiene el acuerdo del Senado, pero que al mismo tiempo carece de la designación del propio gobierno que la propuso? Son extravagancias que solo cometía el kirchnerismo en su peor época o que solo pueden suceder en un país estrafalario. “El mileísmo es como la caída del Muro de Berlín: el Muro de la vieja dirigencia cayó, pero la nueva dirigencia no sabe ahora qué hacer”, dice alguien desde dentro de la Casa de Gobierno.
Mahiques no solo perdió la oportunidad de mostrarse como un ministro digno del cargo en este caso; también es el presunto responsable de que no se hable más de la causa que investiga los manejos financieros de la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia y de su tesorero, Pablo Toviggino. Se trata de 400 millones de dólares, que es, hasta ahora, el monto del supuesto fraude. En la Argentina, el caso tiene dos jueces: el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que hace la pesquisa por evasión fiscal, y el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que aparentemente investiga la propiedad de la mega quinta de Pilar cuyos dueños serían los dos cabecillas de la AFA. Amarante tiene fama de “mano dura” con la evasión fiscal y, sobre todo, con el narcotráfico. Es el juez natural de la causa porque la AFA está en la Capital, aunque hayan tratado de disimular y enmascarar esa realidad comprobable. González Charvay es el juez que prefieren Tapia y Toviggino, y que se hizo cargo del caso de la enorme propiedad de Pilar porque esta ciudad está dentro de la jurisdicción judicial de Campana.
No son dos delitos; es un solo. La quinta de Pilar forma parte de la evasión fiscal, del lavado de dinero o de cualquier irregularidad impositiva que les comprueben a Tapia y a Toviggino. Amarante cometió hasta ahora un solo error, a pesar de que los procesó a los dos patrones de la AFA, y consistió en permitirles que salgan del país para asistir al Mundial de Fútbol que comenzará dentro de una semana en los Estados Unidos. Tapia y Toviggino podrían aprovechar la oportunidad para fugarse y buscar protección en algún país que no tenga tratado de extradición con la Argentina. Además, ambos se han resguardado siempre detrás del escudo de la selección argentina, actual campeona del mundo, cuyos jugadores ni siquiera saben de las correrías de los máximos dirigentes de la entidad más importante del fútbol argentino.
Además, será mucho peor cuando progrese, como se asegura, la causa abierta en los Estados Unidos contra Tapia, Toviggino y otros cómplices por el trasiego de millones de dólares en bancos norteamericanos y por lavado de activos. Estados Unidos se atribuye jurisdicción cuando el dinero presuntamente mal habido transitó por el sistema financiero norteamericano. Según versiones que se escucharon en boca de políticos que conocen el mundo del fútbol, jueces norteamericanos tomarían drásticas decisiones después del Mundial de Fútbol.
Mahiques podría haber evitado esa vergüenza con solo no dejarse llevar por sus simpatías personales o por sus compromisos con la AFA de Tapia, en la que tuvo alguna función. Y su padre, el juez Carlos Mahiques, festejó su cumpleaños número 74 en la fastuosa quinta de Pilar que sería propiedad de Tapia o de Toviggino o de los dos.
Javier Milei se pronunció en diciembre pasado contra la jerarquía de la AFA. “Tapia está destruyendo el fútbol argentino”, dijo, y agregó: “La Justicia se tiene que ocupar porque el que las hace las paga”. En marzo, el Presidente designó a Mahiques en lugar de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, y desde entonces el escándalo público de la AFA cesó. La causa que se ventila en Campana en manos del juez González Charvay, que es el preferido por Tapia y Toviggino, entró a dormir el sueño de los justos. Mahiques habría congelado también la petición que envió al Poder Ejecutivo el juez de la Cámara Federal de la Capital Martín Irurzun para continuar en el cargo después de cumplir los 75 años, el 18 de julio próximo. Irurzun es uno de los jueces más prestigiosos del fuero federal que habita el edificio de Comodoro Py. En cambio, el padre del ministro, el camarista Mahiques, consiguió ese acuerdo en tiempo récord y seguirá siendo juez hasta los 80 años. Mahiques, el ministro, no evita nada y no se priva de nada.
Patricia Bullrich,ingenuidad,El gobierno de Milei ya es otro gobierno,su renuncia,Joaquín Morales Solá,Javier Milei,Patricia Bullrich,Karina Milei,Conforme a,,»Seguiré defendiendo las ideas de la libertad». Una funcionaria cercana a Patricia Bullrich anunció su salida del Ministerio de Salud,,»Son cosas normales». Menem minimizó las internas y las investigaciones por presuntos hechos de corrupción,,Micrófonos y rastreadores. El expresidente de Arsat detenido tenía equipos profesionales de espionaje en su casa,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: el conflicto por los fondos universitarios y la reglamentación de la reforma laboral,,Milei frente a ejecutivos de finanzas. Una arenga por los “mejores 30 años” y el antídoto contra los “monstruos”, en medio de una nueva tensión interna,,“Monstruo, no nos asustás más”. Milei comparó la batalla cultural del modelo libertario con una película de Pixar
POLITICA
Cómo seguirá la situación judicial de Edgardo Kueider tras haber sido condenado en Paraguay por intentar ingresar US$200.000 sin declarar
La condena dictada este lunes por la Justicia de Paraguay no puso fin a la complicada situación judicial de Edgardo Kueider. Aunque el exsenador fue condenado a dos años de prisión por contrabando en grado de tentativa, la pena fue impuesta con suspensión de la ejecución, por lo que no será trasladado a una cárcel y continuará bajo prisión domiciliaria en Asunción.
La misma resolución alcanzó a su exsecretaria, Iara Guinsel, quien recibió una condena de un año y diez meses, también con suspensión de la ejecución de la pena. Ambos fueron encontrados culpables por intentar ingresar a Paraguay más de US$200.000 sin declarar en diciembre de 2024.
Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria desde hace alrededor de un año y medio. Si la sentencia queda firme, ese tiempo empezará a ser descontado de las condenas impuestas, por lo que -en principio- solo les restarían algunos meses para completar la pena, aunque el plazo definitivo será determinado por la Justicia paraguaya.
Las causas que enfrenta en la Argentina
Más allá de la condena de este lunes en Paraguay, el exsenador continúa involucrado en distintas investigaciones judiciales en la Argentina.
Junto con Guinsel, está procesado por presunto lavado de activos en una causa que investiga la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción.
Además, enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, en Entre Ríos, y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.
La extradición sigue pendiente
En paralelo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider para que responda ante la Justicia argentina. El pedido ya fue autorizado por las autoridades paraguayas, pero su ejecución todavía no se concretó.
La definición quedó supeditada a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver qué tribunal argentino tendrá competencia para continuar con las investigaciones en su contra.
Mientras esa cuestión permanece abierta, Kueider seguirá bajo prisión domiciliaria en Paraguay, donde comenzará a cumplir la condena impuesta por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción.
Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia, condena
POLITICA
La Justicia habilitó el cierre del programa Volver al Trabajo y el Gobierno avanzará con los vouchers de capacitación laboral
La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la meóida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, abriendo paso al cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. La decisión, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.
El tribunal de alzada anuló la resolución original del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa. Los magistrados consideraron que mantener la transferencia constituía “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, permitiendo al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del plan por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
Los beneficiarios del programa, representados, entre otros por Andrea Liliana Ledesma, solicitó la medida cautelar para que el Estado Nacional mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas o estableciera un dispositivo equivalente, hasta que se implementara de manera efectiva una política sustitutiva que garantizara niveles de protección iguales o superiores tanto en ingresos como en inclusión socio-laboral. Argumentaron que la suspensión del programa los privaba de un ingreso mensual, lo que generaba un perjuicio actual, concreto e inminente de orden patrimonial y social.
También sostuvieron que no reclamaban un derecho individual exclusivo, sino la protección de derechos individuales homogéneos, derivados de la decisión de finalizar el programa sin prever continuidad para los beneficiarios.
El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar bajo los siguientes fundamentos principales:
- Reconoció la existencia de una causa fáctica común, es decir la extinción del programa “Volver al Trabajo”, como hecho único que afectaba a todos los incluidos en el padrón.
- Consideró que la acción colectiva era el medio idóneo para garantizar la tutela judicial efectiva, dada la dificultad para que los afectados accedieran individualmente a la justicia.
- Señaló que la finalidad del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor exclusión y vulnerabilidad social, por lo que el cese abrupto de la prestación generaba un riesgo de daño irreparable.
- Enfatizó que, ante el peligro de un daño de extrema gravedad e irreparable, los requisitos para dictar medidas cautelares pueden flexibilizarse.
- Destacó que la continuidad del programa debía mantenerse hasta que existiera una política pública sustitutiva real y comprobable, no considerándose suficiente la sola declaración de futuros reemplazos.
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló esa resolución, y la Cámara de Apelaciones de san Martín le dio la razón. Entre los puntos principales los camaristas sostuvieron:
- Revocación de la medida cautelar que ordenaba al Estado Nacional continuar con los pagos del programa “Volver al Trabajo”.
- Reconocimiento de la facultad del Poder Ejecutivo para definir y concluir programas sociales, sin que exista un derecho adquirido a la continuidad por parte de los beneficiarios.
- Presunción de legitimidad de los actos estatales, lo que refuerza la autonomía del Gobierno en la gestión de fondos y políticas públicas.
- Falta de cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de una medida cautelar en este caso, por no haberse acreditado peligro en la demora ni verosimilitud en el derecho invocado.
- Existencia de un nuevo programa alternativo presentado por el Gobierno, que sustituye al anterior esquema asistencial.
- Impacto presupuestario: la Cámara consideró que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría recursos públicos y alteraría el diseño de políticas oficiales.
Según la resolución, el programa “Volver al Trabajo” carecía de derecho adquirido para sus beneficiarios, ya que su vigencia estaba limitada a dos años.
La Cámara remarcó que las medidas cautelares no pueden interferir en la definición y ejecución de políticas públicas adoptadas por el Poder Ejecutivo, y subrayó que los requisitos legales para dictar una tutela provisoria no se hallaban satisfechos en este caso.
La decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales. Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, recupera la potestad presupuestaria para reorientar los fondos y avanzar con el rediseño de las políticas sociales.
El nuevo esquema diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de los talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias individuales.
Ante la decisión de los jueces, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado en el que sostiene que: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.
Desde la Casa Rosada afirman que los fondos liberados del programa financiarán la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias situadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.
La resolución de la Cámara se dictó “con costas por su orden”, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, atendiendo a la complejidad y naturaleza del debate.
La anulación de la cautelar tendrá un efecto inmediato: desde agosto, los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de percibir la asignación mensual, impactando de manera directa en sectores informales de todo el país.
POLITICA
La Fiscalía espera pericias clave para detectar dónde están los dólares del video de Jesica Cirio
El fiscal federal Sergio Mola espera recibir en los próximos días una serie de pericias que considera determinantes para avanzar sobre una nueva línea de investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Los informes apuntan a determinar si los fajos de dólares que aparecen en los videos pueden ser atribuidos formalmente a ambos.
La expectativa de la fiscalía está puesta en distintas medidas de prueba que fueron ordenadas en las últimas semanas y cuyos resultados podrían darle nuevos elementos para insistir con un avance procesal. Entre ellas figuran la pericia sobre la autenticidad de los videos, el análisis técnico del vestidor donde habrían sido grabados, la estimación de la cantidad de dinero que aparece en las imágenes y nuevas medidas patrimoniales.
Según pudo saber TN de fuentes vinculadas al expediente, Mola ya considera que existen indicios suficientes para vincular ese dinero con Insaurralde. De hecho, esa fue una de las bases del pedido de detención que presentó anteriormente junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Sin embargo, el juez federal Luis Armella rechazó ese planteo por considerarlo prematuro. Ahora, el fiscal espera reforzar su posición con nuevas pruebas antes de volver a impulsar una medida procesal.
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Todavía no está definido de qué manera avanzará. Una de las posibilidades es solicitar una nueva declaración indagatoria. La otra alternativa es insistir con un nuevo pedido de detención. La estrategia dependerá de los resultados de las pericias que se incorporen al expediente.
Uno de los informes más esperados es el que realiza la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que debe establecer si el video presenta algún tipo de manipulación o si fue generado mediante inteligencia artificial.
Además, la fiscalía busca determinar en qué momento fue grabado el material. La hipótesis bajo análisis es que las imágenes correspondan al período en el que Cirio e Insaurralde todavía eran pareja, entre 2022 y 2023.
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Otro punto central será establecer cuánto dinero aparece en las imágenes. La causa incorpora una pericia destinada a calcular el monto total de los fajos de dólares que se observan en el vestidor para luego contrastarlo con la información patrimonial declarada por los imputados.
En paralelo, los investigadores esperan el informe técnico definitivo sobre la inspección ocular realizada días atrás en la casa de Insaurralde en el country Fincas de San Vicente.
Durante ese procedimiento, los especialistas detectaron rastros compatibles con una obra en el dormitorio principal. Según esa observación preliminar, el ambiente donde habría estado el vestidor presenta indicios de modificaciones.
Las fuentes consultadas indicaron además que en la vivienda encontraron sillones, una alfombra y una mesa pequeña en un sector que habría cambiado de disposición. También señalaron una particularidad que llamó la atención de los investigadores: todos los dormitorios tenían vestidor, excepto el principal.
Ese informe será relevante para establecer si el ambiente donde aparecen los fajos de dólares fue modificado antes del primer allanamiento realizado en 2024.
La investigación también busca reconstruir qué ocurrió con el dinero que aparece en las imágenes. En ese marco, el fiscal solicitó un entrecruzamiento de llamadas telefónicas y un análisis de geolocalización para conocer con quiénes se comunicaron los imputados y por dónde se desplazaron durante el período en el que habría sido grabado el video.
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Ese pedido permanece en discusión porque las defensas cuestionaron la medida al considerar que afecta la privacidad de los involucrados. No obstante, el objetivo de la fiscalía es reconstruir los movimientos realizados en esos días para intentar determinar qué ocurrió con el dinero, ya que si el vestidor fue modificado posteriormente, los investigadores entienden que los dólares también debieron ser retirados de ese lugar.
Otra de las medidas pendientes es la pericia contable sobre el patrimonio de los imputados. El informe todavía no incorpora las tasaciones de los inmuebles que integran el patrimonio investigado. Entre las propiedades que aún deben ser valuadas figuran la casa de San Vicente, la vivienda de Banfield y el resto de los inmuebles incluidos en la investigación. Esos valores serán incorporados al análisis patrimonial que busca determinar si existe correspondencia entre los bienes y los ingresos declarados.
Por el momento, no están previstas nuevas declaraciones testimoniales.
Martín Insaurralde, Jesica Cirio
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