POLITICA
Los errores interminables de Milei

El error político nunca es una simple anécdota; al revés, sus consecuencias son interminables. Javier Milei cometió dos graves errores políticos en un apretado fin de semana. El primero fue anunciarles a varios periodistas independientes que los espera el fuego de la hoguera, simplemente porque hurgaron en la anomalía que ocurrió con la criptomoneda $LIBRA, a la que el Presidente ayudó a difundir y luego le quitó el apoyo. Se abrieron 114.000 cuentas en el acto, pero casi el 80 por ciento perdió lo que había apostado. Los que ganaron son muy pocos. Es cierto que ese mundo se parece más a un casino que a un negocio en serio. Pero hasta los casinos deben ser imparciales y honestos y no cambiar las reglas del juego cuando la bolilla ya está girando. Esto último es lo que hizo Milei cuando le dio y le sacó su respaldo a una operación digital, mientras los dueños del quiosco entraban y salían de la Casa de Gobierno. O hablaban por teléfono con las principales autoridades del país, sobre todo con los hermanos Milei.
El error político, con todo, fue otro: el escándalo de sus palabras contra la prensa libre, tal vez las más graves que se hayan pronunciado desde el poder contra el periodismo desde que el país vive en democracia, eclipsó el juicio a la familia Kirchner por lavado de dinero en los hoteles de Hotesur y en los edificios de la empresa Los Sauces. Es la más seria y directa acusación contra Cristina Kirchner y su hijo, Máximo, porque solo los comprende a ellos y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, además de otros personajes menores. No hay exfuncionarios en el medio. Es una noticia de gran magnitud, que quedó opacada por el farragoso discurso presidencial en la inverosímil noche del viernes.
El segundo error que cometió el jefe del Estado fue haberle llamado “ladrón y mentiroso” al presidente de Brasil, Lula da Silva, un día antes del balotaje que decidiría su permanencia al frente del Estado de la primera economía de América Latina. Lula ganó y seguirá siendo presidente por cuatro años más. No le quebraron el invicto: el exdirigente obrero de San Pablo no perdió nunca un balotaje. Tampoco lo perdió el domingo.
¿Nadie le advirtió a Milei que es mejor guardar silencio en las vísperas de cruciales elecciones porque los resultados no siempre son los esperados? ¿Nadie le dijo que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y que muchas empresas internacionales se instalaron en la Argentina (algunas ya se fueron) porque existe el Mercosur y porque Brasil tiene un mercado interno cuatro veces más grande que el de la Argentina? El Mercosur comenzó protagonizado por Brasil y la Argentina y los dos países siguen siendo sus principales miembros.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2025 el intercambio comercial entre los dos países fue de casi 32.000 millones de dólares. Un 64 por ciento de las exportaciones argentinas, de acuerdo con esa reseña, son manufacturas de origen industrial, y el 30 por ciento corresponden a productos del sector agroindustrial. La conclusión obvia es que la industria argentina, que es el sector de la economía que más empleos crea, depende en gran medida de las exportaciones a Brasil.
El próximo 3 de noviembre se realizarán las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos. Donald Trump y sus seguidores ya dan por seguro que perderán la Cámara de Representantes (lo que aquí se llama la Cámara de Diputados) y luchan desesperadamente para conservar la mayoría en el Senado, según la información de las encuestas norteamericanas y de los medios periodísticos más serios de ese país. Lo que importa para el futuro de Milei, y del continente, son Brasil y los Estados Unidos.
La victoria o la derrota en las elecciones de Israel, donde otro amigo de Milei, Benjamin Netanyahu, está al frente de la administración serán simbólicas. Gobierna ese país un sistema parlamentario y, por lo tanto, los resultados son relativos hasta que alguna coalición no logre construir una mayoría en el Parlamento. No hay una significativa relación comercial entre la única democracia de Medio Oriente (Israel lo es) y la Argentina, ni tampoco el gobierno de Jerusalén dispone, como Washington, de la capacidad económica para respaldar decisivamente a Milei en las proximidades electorales.
Al final de actual proceso eleccionario en el mundo, es probable que Milei termine chocando con una realidad ingrata: la victoria de Lula y la derrota de Trump. Si fuera así, el presidente argentino deberá imaginarse la forma de enfrentar en soledad las elecciones del próximo año, en las que se decidirá si seguirá con su actual empleo. También contará con un apoyo más moderado de la administración de Washington en los organismos multilaterales de crédito, incluido el Fondo Monetario Internacional. No nos olvidemos: las derrotas tienen más consecuencias que la fugaz mala hora de un domingo electoral, también para los gobernantes de Washington. Ninguna desgracia viene sola.
Regresemos al caso $LIBRA y a la apresurada decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano (no nos olvidemos de Taiano). El apuro del juez por hacerles un favor a los hermanos Milei fue descripto con precisión periodística por Paz Rodríguez Niell en . Esa decisión fue extraña porque los dos magistrados les negaron a los denunciantes (los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade) el rol de querellantes; ese rechazo les impide a los dirigentes políticos apelar la decisión del juez de sobreseer a todos los funcionarios públicos y a los empresarios y especuladores digitales. En síntesis, Ferraro y Frade no están ahora en condiciones de apelar esa decisión de Martínez de Giorgi y de Taiano.
Tampoco lo pueden hacer los perjudicados por la operación porque también le negaron la condición de querellantes. Ni el juez ni el fiscal llamaron a declarar a nadie, ni siquiera como testigos, ni cumplieron con su obligación de contrastar las pruebas, a pesar de la advertencia de peritos de la Policía Federal. También desde la procuración general de la Nación, donde están los fiscales más importantes del país, le avisaron a Taiano que los fondos que manejó el supuesto empresario norteamericano Hayden Davis, antes de conocerse la criptomoneda, “podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos investigados”.
Nadie sabe si Taiano leyó ese informe, porque él y el juez se quedaron solo con la versión oficial. Si las cosas no cambiaran, la causa moriría en los despachos de Martínez de Giorgi y Taiano. El único que podría apelar sería el fiscal, pero Taiano fue el primero en apresurarse para pedir el sobreseimiento de los hermanos Milei y de los aventureros de las finanzas virtuales. Martínez de Giorgi dictó la sorpresiva resolución −sorpresiva y rapidísima para ese juez que suele arropar y poner a dormir los expedientes que afectan al poder− y, luego, en el acto, pidió licencia.
El juez federal Daniel Rafecas quedó ahora a cargo temporalmente de esa investigación y será él quien resolverá si es admisible la apelación del perjudicado Juan Patricio Marchetto, eyectado del expediente por Martínez de Giorgi. Marchetto quiere ser aceptado como querellante, pero la decisión final la tendrá la Cámara de Casación. La sala que resolverá ese reclamo de apelación de Marchetto está conformada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci. Ninguno tiene fama de cercanías con los Milei o con la familia Mahiques, que manda y ordena en la Justicia.
Semejante precariedad, no resuelta del todo aún, es lo que desestabilizó a Milei y lo llevó a pronunciar la diatriba más peligrosa que un presidente le haya dedicado al periodismo en casi 43 años de vida democrática. La hoguera es el símbolo histórico de la persecución y la condena a muerte. ¿Los periodistas dieron una información falsa o difamaron a alguien? La ley existe y los periodistas no están exceptuados de ella. Milei ya no sorprende a nadie. Es así, nadie puede controlar su temperamento y nada cambiará hasta el final de su mandato.
Solo cabe una aclaración: llevó las cosas a tal extremo que el periodista que no es insultado por él no es considerado periodista. El sayo les cabe a muchos. Debe destacarse la actitud de Patricia Bullrich, quien se distanció de Milei de manera rotunda cuando dijo: “Se cruzó un límite”. Ella nunca había hablado contra los periodistas, pero nunca tampoco había llegado tan lejos con sus diferencias con la Casa de Gobierno. Bullrich ya no está a tiro de decreto, como cuando era ministra; su actual cargo, senadora nacional, tiene un mandato inamovible. Es Milei, por el contrario, quien no puede alejarse mucho de ella, porque Bullrich es la persona con mejor imagen popular en la política argentina.
Bienvenida de nuevo Silvana Giudici a la defensa de la libertad de prensa y de expresión, porque últimamente pesaba más en ella su mileísmo de última hora que su viejo compromiso con la libertad de los periodistas.
Deben destacarse los duros pronunciamientos contra las amenazas de Milei del comité nacional de la Unión Cívica Radical, que es coherente con su historia, y del Frente Renovador. Veremos más adelante si las palabras del partido de Sergio Massa son auténticas o solo contingentes. Se sabe también que Mauricio Macri les indicó en las últimas horas a sus dirigentes que “todo el Pro, sin excepciones, debe defender la libertad de prensa”.
En esa historia de adhesiones y rechazos, llamó la atención que conocidos empresarios argentinos hayan aplaudido un discurso del Presidente que aludió de la peor manera a la prensa argentina. La misma prensa que los defendió cuando esos hombres de negocios eran miserablemente atacados por el kirchnerismo. Es lo que la prensa debió hacer en aquel momento, y lo que deberá hacer si se repitieran las agresiones a las personas que con sus empresas crean empleo genuino en el país. Sin embargo, muchos de esos empresarios ya cometieron el error de aplaudir sin pausa ni responsabilidad las cadenas nacionales de Cristina Kirchner, y no quedaron bien ante la opinión pública.
Hubo excepciones, desde ya, como el documento de IDEA promoviendo un diálogo serio y respetuoso justo en las horas de la calamidad presidencial contra el periodismo. Y hubo muchos otros empresarios (el caso de Paolo Rocca fue el más notorio) que directamente no asistieron a ese espectáculo de furia y fuego. La historia es tenaz. Los que estuvieron ahí para ver y aplaudir esa catarsis de odio deberían recordar la célebre frase de Borges: “Solo una cosa no existe. Es el olvido”.
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POLITICA
El diputado que rompió con LLA dijo que quiere ser gobernador de Tucumán y respaldó una candidatura presidencial de Patricia Bullrich

Tras romper con el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Mariano Campero anunció este jueves que quiere ser gobernador de Tucumán. Además, acusó a un sector del Gobierno de querer correr a Patricia Bullrich, su referente política, y dijo que le gustaría que ella “pueda ser presidente”.
Líder del grupo que en 2024 se conoció como “radicales con peluca”, por su salto del bloque de la UCR a La Libertad Avanza, Campero oficializó su renuncia a la bancada oficialista tras denunciar un acuerdo político del partido liderado por Karina Milei en Tucumán con el gobernador peronista Osvaldo Jaldo.
“Quiero tener la determinación clara con el partido Cambia Tucumán, que es el que me hizo intendente en la ciudad de Yerba Buena y me hizo diputado nacional en el frente que me llevó con Patricia Bullrich. Quiero ser gobernador de Tucumán y estos acuerdos que tiene me lo impiden”, sentenció.
Según el legislador, el artífice del pacto fue el exministro del Interior Lisandro Catalán, que busca competir con el sello de La Libertad Avanza en 2027. “Apretó a uno de los partidos que firmó con nosotros la presentación judicial en contra de Jaldo y lo obligó a desestimarla. Ahí queda explícito el acuerdo de LLA Tucumán con el gobernador”, sostuvo.
El respaldo a una candidatura presidencial de Patricia Bullrich
Sin embargo, Campero fue más allá. Alineado políticamente con Patricia Bullrich, el diputado integró la reunión de la jefa de la bancada oficialista en el Senado con sus principales colaboradores que en la Casa Rosada fue leída como un desafío a la conducción de Karina Milei.
“Yo fui con Patricia Bullrich en 2023 y la verdad que me parece medio injusto hacia Patricia, que lo único que ha hecho es poner todo lo necesario para que le vaya bien al Gobierno. Por eso destaco las palabras del presidente, que ayer la puso en valor a Patricia, pero hay algunos sectores que pueden haberse sentido perturbados. Hay muchos actores en el Gobierno que intentan generar un problema donde no lo hay”, sentenció el tucumano en diálogo con LN+.
En ese contexto, en medio de las crecientes tensiones de algunos integrantes del Ejecutivo con Bullrich, dijo: “Si me preguntaras, ‘¿a vos te gustaría que sea presidente? Que sería una pregunta válida. Si fue mi candidata en el 23, por supuesto, me gustaría. Me gustaría que pueda ser presidente«.
Para Campero, el planteo no es una “antinomia” a una candidatura de Javier Milei, ya que sostuvo que la Argentina “va en un rumbo correcto”. Sin embargo, subrayó la puesta en valor de Patricia Bullrich y dejó la puerta abierta sobre lo que pueda pasar en 2027.
POLITICA
Aprueban la nueva ley de Discapacidad y reclaman que el Gobierno cumpla con su reglamentación

En una maratónica sesión atravesada por un temario variopinto, el Senado convirtió en ley uno de los temas más sensibles para el Gobierno: el proyecto sobre discapacidad que regulariza el esquema de atención y prestaciones del sector. La propuesta, que surgió inicialmente como respuesta a la emergencia, adquirirá a partir de ahora carácter permanente.
Con 71 votos a favor y en 0 en contra, el proyecto, que ya había obtenido un respaldo casi unánime en Diputados, con 237 avales, quedó definitivamente sancionado esta tarde.
Durante la jornada, tanto el oficialismo como la oposición coincidieron en la urgencia de avanzar con la ley, aunque desde algunas bancadas opositoras advirtieron que el debate está lejos de quedar saldado y que la iniciativa aún es “perfectible”.
A su vez, varios legisladores retomaron en sus discursos las palabras del papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes” fue una de las frases más repetidas durante el debate.
En alusión a ello, la senadora del PJ Ana Marks pidió que “no se transformen en palabras vacías”, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad llamó a traducir el mensaje en acciones. “Tenemos que sembrar la esperanza del papa León con decisiones concretas que transformen la vida de los sectores más vulnerables”, sostuvo.
Sin embargo, no faltaron quienes expresaron su escepticismo sobre la posibilidad de un entendimiento entre el sumo pontífice y Milei en torno a esta cuestión. Entre los más críticos, desde la bancada peronista pusieron en duda las intenciones del Gobierno y hablaron de un “repentino y simulado interés”. Entonces, plantearon sus sospechas sobre el efectivo cumplimiento de la ley, al recordar el veto anterior del Poder Ejecutivo, que fue rechazado por ambas cámaras y derivó en una posterior judicialización.
“Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno sigue el discurso del Presidente lo que escucha es un desprecio permanente a las personas con discapacidad”, señaló el diputado de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro.
Sin embargo, el consenso alcanzado en ambas cámaras representa un obstáculo para un eventual veto del Ejecutivo, ya que el oficialismo difícilmente podría reunir los apoyos necesarios para sostenerlo. Además, una decisión de ese tipo pondría en una encrucijada a varios legisladores libertarios que se pusieron al frente de las negociaciones para avanzar con un proyecto “superador”.
Tal es el caso de la diputada María Laura Rodríguez Machado, una de las principales espadas legislativas de Martín Menem en Diputados, que encabezó las conversaciones para alcanzar un acuerdo. Incluso durante la sesión en la Cámara baja, la legisladora cordobesa y su par libertaria Giselle Castelnuovo, con llegada directa a Karina Milei, activaron el diálogo con representantes de Unión por la Patria para ultimar una serie de cambios que terminaron por garantizarles el respaldo de casi toda la bancada peronista que hasta entonces impulsaba la prórroga de la emergencia.
Por parte del Senado, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich fue quien aceleró el tratamiento en el recinto al difundir por redes sociales un mensaje en el que ratificaba que su bancada ya estaba “lista” para tratar la ley de discapacidad en el Senado, un día después que el Papa finalizara su visita al país.
Sus declaraciones se dieron en medio de una serie de desmarques legislativos y después de que el proyecto de discapacidad motivara uno de sus cruces más fuertes con el Gobierno. Es que, entre los varios vaivenes que sufrió la iniciativa, el más resonante se produjo cuando el Ejecutivo giró al Congreso el Presupuesto 2027, que incluía entre sus artículos modificaciones que derogaban aspectos centrales del proyecto que, en paralelo, negociaban algunos diputados libertarios.
Una contradicción que provocó la furia de Bullrich, quien por entonces lanzó una advertencia: “No me tomen por tonta”. Sus achaques iban dirigidos a parte de la mesa política, que según aseguró la ex-Pro, no le informaron sobre la publicación de un articulado que iba en dirección contraria a lo que se venía trabajando en el Congreso.
Entre los aspectos más relevantes, la ley garantiza la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, un mecanismo que había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027.
El proyecto establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora eran definidos por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
Asimismo, mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. También establece mecanismos para evitar que los recursos asignados por beneficiario pierdan valor frente a la inflación.
Otro de los ejes centrales es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizar los pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes.
En cuanto a las pensiones por invalidez, la iniciativa asegura a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.
Al comienzo de la sesión, el peronismo tomó la palabra y logró acordar porque durante la próxima sesión del jueves 26 de noviembre, en la que se prevé se trate la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se incluya en el temario la media sanción que busca prevenir la ludopatía, así como una prórroga del Estatuto del Periodista.
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La Corte Suprema ordenó al Gobierno entregar los resultados de las pruebas Aprender por escuela

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno entregar los resultados de las evaluaciones Aprender y Enseñar desagregados por establecimiento educativo correspondientes a los años 2016 y 2017 de la provincia de Salta.
Rechazó así el argumento oficial de que publicar esos datos permitiría armar rankings y estigmatizar a escuelas, alumnos y docentes.
En cambio dijo que “hacer pública la información requerida, por lo tanto, apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades, antes que a estigmatizar alumnos y docentes; en efecto, que la comunidad cuente con herramientas idóneas para conocer resultados en materia de educación importa otorgarle la posibilidad de peticionar a las autoridades públicas políticas concretas para revertir resultados deficitarios y, con ello, mejorar la situación de sectores desaventajados”.
“Esto es exactamente lo contrario de lo que postula la demandada [el entonces Ministerio de Educación], quien pretende echar sombra en donde tiene que haber claridad”, escribió la mayoría.
El fallo apunta contra el entonces Ministerio de Educación (hoy absorbido por Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello) y fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefin y Juan Fernando Perozziello Vizier.
El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, pero adhiriendo casi en su totalidad al dictamen de la Procuración.
De este modo, el máximo tribunal confirmó una sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Salta en el amparo que inició en 2019 Rafael Aurelio Argañaraz Olivero, padre de un estudiante.
El salteño había pedido los “Reportes de Resultado” de todas las escuelas e institutos de formación docente de la provincia que participaron en los operativos de 2016 y 2017.
El Ministerio le había negado la información. Sostuvo que se había obtenido con carácter confidencial y le ofreció, como alternativa, resultados agregados por municipio, siempre que hubiera al menos dos escuelas en cada uno.
En el juicio, el Estado agregó que difundir los datos por escuela expondría en forma indirecta información sobre los chicos, porque las pruebas también revelan si el hogar es pobre, migrante o indígena.
Argumentó además que eso habilitaría clasificar escuelas en “mejores” y “peores”, lo que llamó “moralmente condenable”.
También dijo que pondría en riesgo el propio sistema de evaluación porque alumnos y docentes dejarían de responder con honestidad. Y mencionó la oposición de los gremios docentes Ctera y Sadop.
La Corte respondió que el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional dispone que la difusión de los resultados “resguardará la identidad” de alumnos, docentes e instituciones “a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.
Según el voto de la mayoría, esa reserva rige “si y solo si” es necesaria para evitar la estigmatización, y el Estado debe demostrar ese riesgo en cada caso.
La resolución del Consejo Federal de Educación que prohibió cualquier dato desagregado puso en el mismo plano “identificar” y “estigmatizar”, y eso, dijo el tribunal, no se ajusta al texto de la ley.
La Corte también descartó que rigiera el secreto estadístico de la ley del Indec, porque el ministerio no demostró que los datos se hubieran reunido con fines exclusivamente estadísticos.
Calificó la negativa oficial de “genérica, abstracta y conjetural”. Sobre el temor a que el sistema de evaluación se derrumbe, dijo que la postura del ministerio “parece claudicante y esquiva” frente a su responsabilidad legal.
El argumento de fondo es el control de la política educativa. Para los jueces, los operativos Aprender “no son una gracia o favor del gobierno”. Conocer sus resultados por escuela permite verificar si hay establecimientos que persisten en malos resultados y si el Estado diseñó planes para revertirlo.
También permite controlar si se envía a los docentes más calificados a las escuelas más desfavorecidas o si se garantiza la educación bilingüe e intercultural a los pueblos originarios, como manda la ley.
La Corte sostuvo que publicar los datos apunta a “efectivizar la igualdad real de oportunidades antes que a estigmatizar alumnos y docentes”.
Ahora, los jueces de Salta deberán delimitar la entrega para que no se difunda información que permita identificar a personas que participaron de los operativos, en especial a menores de edad.
El juez Rosenkrantz votó por revocar la sentencia y devolver el caso a la Cámara de Salta para que dicte un nuevo fallo.
Hizo suyos los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal ante la Corte, que también había aconsejado revocar, con excepción de un párrafo de ese dictamen.
Rosenkrantz escribió que es admisible que el ordenamiento jurídico establezca restricciones al acceso a la información, siempre que sean “verdaderamente excepcionales” y estén “establecidas previamente en términos claros y precisos” la ley de acceso a la información pública.
El caso tardó siete años en llegar a sentencia firme, pues en primera instancia, el juzgado federal 2 de Salta había rechazado el amparo, la Cámara de apelaciones lo revirtió y la Corte ahora confirmó ese fallo.
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