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POLITICA

La Corte Suprema ordenó al Gobierno entregar los resultados de las pruebas Aprender por escuela

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La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno entregar los resultados de las evaluaciones Aprender y Enseñar desagregados por establecimiento educativo correspondientes a los años 2016 y 2017 de la provincia de Salta.

Rechazó así el argumento oficial de que publicar esos datos permitiría armar rankings y estigmatizar a escuelas, alumnos y docentes.

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En cambio dijo que “hacer pública la información requerida, por lo tanto, apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades, antes que a estigmatizar alumnos y docentes; en efecto, que la comunidad cuente con herramientas idóneas para conocer resultados en materia de educación importa otorgarle la posibilidad de peticionar a las autoridades públicas políticas concretas para revertir resultados deficitarios y, con ello, mejorar la situación de sectores desaventajados”.

“Esto es exactamente lo contrario de lo que postula la demandada [el entonces Ministerio de Educación], quien pretende echar sombra en donde tiene que haber claridad”, escribió la mayoría.

El fallo apunta contra el entonces Ministerio de Educación (hoy absorbido por Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello) y fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefin y Juan Fernando Perozziello Vizier.

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El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, pero adhiriendo casi en su totalidad al dictamen de la Procuración.

De este modo, el máximo tribunal confirmó una sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Salta en el amparo que inició en 2019 Rafael Aurelio Argañaraz Olivero, padre de un estudiante.

El salteño había pedido los “Reportes de Resultado” de todas las escuelas e institutos de formación docente de la provincia que participaron en los operativos de 2016 y 2017.

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La evaluación nacional Aprender busca conocer los aprendizajes de los estudiantes de tercer grado de primaria

El Ministerio le había negado la información. Sostuvo que se había obtenido con carácter confidencial y le ofreció, como alternativa, resultados agregados por municipio, siempre que hubiera al menos dos escuelas en cada uno.

En el juicio, el Estado agregó que difundir los datos por escuela expondría en forma indirecta información sobre los chicos, porque las pruebas también revelan si el hogar es pobre, migrante o indígena.

Argumentó además que eso habilitaría clasificar escuelas en “mejores” y “peores”, lo que llamó “moralmente condenable”.

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También dijo que pondría en riesgo el propio sistema de evaluación porque alumnos y docentes dejarían de responder con honestidad. Y mencionó la oposición de los gremios docentes Ctera y Sadop.

La Corte respondió que el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional dispone que la difusión de los resultados “resguardará la identidad” de alumnos, docentes e instituciones “a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.

Según el voto de la mayoría, esa reserva rige “si y solo si” es necesaria para evitar la estigmatización, y el Estado debe demostrar ese riesgo en cada caso.

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La resolución del Consejo Federal de Educación que prohibió cualquier dato desagregado puso en el mismo plano “identificar” y “estigmatizar”, y eso, dijo el tribunal, no se ajusta al texto de la ley.

La Corte también descartó que rigiera el secreto estadístico de la ley del Indec, porque el ministerio no demostró que los datos se hubieran reunido con fines exclusivamente estadísticos.

Calificó la negativa oficial de “genérica, abstracta y conjetural”. Sobre el temor a que el sistema de evaluación se derrumbe, dijo que la postura del ministerio “parece claudicante y esquiva” frente a su responsabilidad legal.

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El argumento de fondo es el control de la política educativa. Para los jueces, los operativos Aprender “no son una gracia o favor del gobierno”. Conocer sus resultados por escuela permite verificar si hay establecimientos que persisten en malos resultados y si el Estado diseñó planes para revertirlo.

También permite controlar si se envía a los docentes más calificados a las escuelas más desfavorecidas o si se garantiza la educación bilingüe e intercultural a los pueblos originarios, como manda la ley.

La Corte sostuvo que publicar los datos apunta a “efectivizar la igualdad real de oportunidades antes que a estigmatizar alumnos y docentes”.

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Ahora, los jueces de Salta deberán delimitar la entrega para que no se difunda información que permita identificar a personas que participaron de los operativos, en especial a menores de edad.

El juez Rosenkrantz votó por revocar la sentencia y devolver el caso a la Cámara de Salta para que dicte un nuevo fallo.

Hizo suyos los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal ante la Corte, que también había aconsejado revocar, con excepción de un párrafo de ese dictamen.

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Rosenkrantz escribió que es admisible que el ordenamiento jurídico establezca restricciones al acceso a la información, siempre que sean “verdaderamente excepcionales” y estén “establecidas previamente en términos claros y precisos” la ley de acceso a la información pública.

El caso tardó siete años en llegar a sentencia firme, pues en primera instancia, el juzgado federal 2 de Salta había rechazado el amparo, la Cámara de apelaciones lo revirtió y la Corte ahora confirmó ese fallo.



Corte Suprema de Justicia,Conforme a

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POLITICA

La CGT saldrá a la calle por la crisis de las obras sociales y definió cómo será su protesta sin paros en diciembre

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La CGT ya definió su calendario de protestas hasta fines de año: el jueves próximo, realizará una marcha por la crisis de las obras sociales ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y, a mediados de diciembre, innovará al promover un cese de actividades de 2 o 4 horas, con asambleas en los lugares de trabajo.

Así lo definió este jueves la mesa chica cegetista, que se reunió en la sede del Sindicato del Seguro, Carlos Pellegrini 575, en donde se analizó la estrategia que seguirán en las próximas semanas, que incluye aquellas dos acciones, pero sus máximos líderes están a la espera de una posible convocatoria del Gobierno al diálogo, instancia que se reabrió durante la visita del Papa.

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Al encuentro asistieron, además del anfitrión, Jorge Sola, titular del Sindicato del Seguro, los otros dos cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), más Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros. Ausentes con aviso: Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), quien está en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Suiza.

El ministro de Salud, Mario Lugones, en la mira de la CGT por las obras sociales (Foto: Jaime Olivos)

La medida más inminente es, como anticipó Infobae, la movilización del jueves 26 ante la sede de la SSS, en Bartolomé Mitre al 400, para reclamar al Gobierno una solución urgente a la aguda crisis financiera de las obras sociales, que los expertos de la CGT califican de “casi terminal” porque ocasiona cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

En los últimos meses, los jefes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, pero los dirigentes aseguran que el ministro sigue sin responder a las propuestas que efectuaron para superar la crisis.

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Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes sindicales, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

Una de las marchas de la CGT en contra de la reforma laboral del Gobierno

Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

La marcha ante la SSS será, además, una forma de no perder la iniciativa ante Luis Barrionuevo (gastronómicos), que le ganó de mano a la CGT y anunció que unos 50 gremios harán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, según denuncia, retiene unos $688 mil millones de pesos que corresponden al sistema de obras sociales.

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En la reunión de este jueves, además, se avanzó en la organización del cese de actividades parcial (de 2 o 4 horas) que proyecta la CGT para mediados de diciembre. Aclaran que no será un paro porque en este caso contemplará la permanencia en los lugares de trabajo, donde se promoverá la realización de asambleas.

La Estación Constitución, casi sin gente ni colectivos durante el último paro general de la CGT (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Será una medida de fuerza original para una CGT acostumbrada a concretar paros generales. Contra Javier Milei ya hizo cuatro y ahora definió que el eventual quinto paro general, si se hace, será el año próximo.

A fines de octubre, en la anterior reunión de la mesa chica cegetista, en su versión ampliada, se resolvió postergar otro paro general y concretar otra modalidad de protesta que permita visibilizar sus reclamos sin afectar a los trabajadores con la pérdida salarial del día o del presentismo para quienes adhieran a la medida.

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“No se le puede joder la vida a la gente”, dijo ese día un líder sindical a sus pares al justificar la propuesta de efectuar acciones que no perjudiquen al trabajador.

Pero, además, la conclusión de algunos líderes cegetistas es que “el paro general no cambia nada” porque Milei no rectificará ninguna de sus medidas por una protesta sindical. Es más, creen que el paro general servirá para que ataque a la CGT y lo utilice como una herramienta electoral para apalancar su proyecto de reelección.

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POLITICA

Axel Kicillof, en modo campaña: “Cuatro años más de Milei serían una calamidad”

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LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof volvió a posicionarse en la carrera 2027 tras la cumbre peronista de San Fernando, a la que fue invitado. Se mostró junto a Jorge Ferraresi, candidato a sucederlo por el Movimiento Derecho al Futuro. Y llamó a rechazar una eventual reelección del Presidente: “Cuatro años más de Milei serían una calamidad”, advirtió.

La nueva incursión de Kicillof en Avellaneda, uno de los distritos más fuertes del peronismo en el Gran Buenos Aires, tuvo lugar dos días después de la foto que protagonizó Sergio Massa junto a intendentes de La Liga y referentes del peronismo federal, el martes pasado en San Fernando.

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El gobernador se centró en evitar una reelección del líder de La Libertad Avanza, mientras en el Congreso se mueve un proyecto para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que pondrá en apuros la selección de candidatos por parte del peronismo.

En un acto con estética de campaña, el gobernador habló en Avellaneda tras la entrega de viviendas que quedaron inconclusas por el ajuste impuesto con la asunción de Milei en la presidencia en 2023.

“Milei se burla de todos los que pasan penurias y dificultades”, sostuvo Kicillof. “Hoy nuestra provincia es una excepción en todo el país porque estamos haciendo un gran esfuerzo para terminar las obras que Milei paralizó”, dijo el gobernador.

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En la misma línea enfatizó: “Tenemos que ser muy claros: cuatro años más sin obra pública, sin remedios, sin inversión en infraestructura, serían una verdadera calamidad” .

Kicillof en Avellaneda junto a la intendenta Magdalena Sierra y el candidato a gobernador Jorge FerraresiNICOLAS ABOAF

Habló así al entregar 55 viviendas para los barrios de Villa Tranquila e Isla Maciel por una inversión informada de $3.168 millones. El gobierno provincial denunció que Nación paralizó mil obras por 10.1 billones de pesos. Según el sitio Chequeado, son 787 los trabajos inconclusos relevados en 126 municipios.

En San Pedro

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“Nunca nos van a ver arrodillados y apoyando proyectos que van en contra de los intereses de nuestro pueblo”, dijo poco antes Kicillof, en una visita a San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires.

“Sabemos que entregar viviendas e inaugurar obras que mejoran la salud pública parece toda una excepción en la Argentina de Milei, que se propuso destruir el Estado desde dentro”, manifestó en el distrito gobernado por Cecilio Salazar. “El problema no se resuelve dejando que cada uno se arregle como pueda”, subrayó el mandatario.

En tanto, el mensaje de Avellaneda junto a Ferraresi llegó luego de que Massa se mostrara como eventual candidato presidencial por el peronismo junto a intendentes que aspiran a ser gobernador, como Federico Achaval, Mariel Fernández y Mayra Mendoza, entre otros.

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Esos intendentes alineados con el grupo San Fernando buscan ser competitivos por fuera del Movimiento Derecho al Futuro. El martes, mientras Massa juntaba a su tropa, Kicillof se mostró con el intendente de La Plata, Julio Alak, que también esta anotado en la carrera por la sucesión.

Axel Kicillof, el platense Julio Alak y Verónica MagarioPrensa PBA

El gobernador deberá adoptar cuál será el criterio a seguir en la provincia en caso que Nación suspenda las PASO. En este territorio están vigentes las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias por ley 14.086 que deben ser simultáneas con Nación.

En caso de que el Congreso suspenda las PASO, una versión insistente es un posible desdoblamiento de las elecciones provinciales, tal como sucedió en 2023, donde el peronismo arrasó con un resultado histórico en la Legislatura provincial.

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En ese caso Kicillof tendrá un dilema: si mantiene las PASO provinciales y desdobla se votaría tres veces el año próximo, una situación inédita. Pero para eliminarlas debería llegar a un acuerdo con todos los sectores del peronismo para que salga una ley en la Legislatura, como sucedió en 2023.

Esta perspectiva hoy resulta compleja: por ahora los líderes peronistas sólo dialogaron sobre la necesidad de sostener las PASO. En caso que se suspenda esa ley ordenadora habrá una fuerte tensión.



María José Lucesole,Conforme a

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Un diputado nacional renunció al bloque oficialista tras denunciar un acuerdo de LLA con el PJ en Tucumán

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El diputado nacional Mariano Campero renunció al bloque de La Libertad Avanza tras denunciar un acuerdo político entre el gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el referente libertario provincial Lisandro Catalán. La decisión se conoció horas después de que el oficialismo fracasara en su intento de abrir una sesión en la Cámara de Diputados por falta de quórum y dejó a la bancada que conduce Gabriel Bornoroni con 94 legisladores.

La salida de Campero, uno de los dirigentes conocidos como los “radicales peluca”, expuso diferencias internas en el oficialismo vinculadas con las negociaciones políticas en Tucumán de cara a las elecciones provinciales del 9 de mayo del próximo año.

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El legislador ya había conversado sobre su situación con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y con Bornoroni. Sin embargo, la presentación formal de su renuncia confirmó una decisión que podría anticipar otros movimientos dentro del espacio libertario.

Pese a la pérdida de una banca, La Libertad Avanza continuará siendo el bloque más numeroso de Diputados.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Foto: X @OsvaldoJaldo

Campero denunció un acuerdo entre Jaldo y La Libertad Avanza en Tucumán

El principal motivo de la renuncia está relacionado con la situación política de Tucumán y las negociaciones entre el gobernador Osvaldo Jaldo y Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza en la provincia.

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Campero cuestionó especialmente el desistimiento de una acción judicial impulsada por distintas fuerzas opositoras para impedir que el mandatario provincial pueda presentarse a un nuevo mandato.

“Me refiero, en concreto, al acuerdo que hay entre el gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista) y Lisandro Catalán, de LLA Tucumán. Este pacto motivó recientemente el desistimiento por parte del partido Creo de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el artículo 90 de la Constitución provincial”, sostuvo el diputado.

Mariano Campero junto ala senadora nacional Patricia Bullrich, el pasado 3 de noviembre. Foto X @mariano_campero
Mariano Campero junto ala senadora nacional Patricia Bullrich, el pasado 3 de noviembre. Foto X @mariano_campero

En la nota dirigida a Martín Menem, Campero recordó que ya había conversado sobre esta situación con Bornoroni y dejó en claro que no estaba dispuesto a acompañar los entendimientos políticos que cuestiona.

“Los intereses de los tucumanos y el respeto a las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo político”, afirmó.

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El conflicto se produce en medio de los preparativos para las elecciones provinciales del 9 de mayo, en las que Jaldo buscará un nuevo mandato como gobernador.

La disputa judicial por una nueva candidatura de Osvaldo Jaldo

El PRO, la UCR, CREO y Fuerza Republicana se encuentran entre las fuerzas políticas que impulsaron una presentación ante el máximo tribunal de justicia de Tucumán.

En esa acción solicitaron que se declare parcialmente inconstitucional el artículo 90 de la Constitución provincial y que esa disposición no pueda utilizarse para habilitar una nueva candidatura de Jaldo.

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