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POLITICA

Posadas eliminó la Ley de Lemas y el resultado podría condicionar la negociación de Santilli con un gobernador

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POSADAS.– En lo que podría considerarse una victoria política de la oposición al Frente Renovador de la Concordia, se derogó en Posadas la adhesión a la Ley de Lemas, un sistema por el cual en la capital misionera había cada cuatro años entre 40 y 50 candidatos a intendente.

Con una mayoría de 9 votos a favor y 6 abstenciones, el Consejo Deliberante votó este jueves una reforma electoral para Posadas, que básicamente deroga la adhesión de la capital a la Ley de Lemas provincial y crea un nuevo régimen electoral.

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Para el oficialismo, encabezado por Hugo Passalacqua, que busca la reelección en 2027, es una jugada de La Libertad Avanza que podría condicionar su eventual apoyo a una suspensión de las PASO en el Senado. El gobernador tiene influencia sobre los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y la Casa Rosada necesita de sus votos para lograr su objetivo de suspender las primarias.

El Concejo Deliberante de Posadas eliminó la adhesión de la capital misionera a la Ley de Lemas y creó un nuevo sistema electoral.

¿Cómo funcionaba la Ley de Lemas?

Antes, cada frente podía presentar una cantidad ilimitada de candidatos, que luego se sumaban entre sí al más votado. En 2023 hubo 42 candidatos a intendente, de los cuales 12 fueron de Juntos por el Cambio, 11 de la Renovación (oficialismo) y 10 del Frente de Todos.

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Ahora, cada partido podrá presentar hasta dos listas y cada frente electoral hasta tres, que no se sumarán entre sí.

En la elección de intendente ganará la candidatura que obtenga más votos en forma individual. La ordenanza incorpora además la Boleta Única de Papel y crea un Tribunal Electoral Municipal.

La reforma ahora será refrendada por el intendente, Leonardo “Lalo” Stelatto, pero podría ser impugnada en la Justicia por el oficialismo, con el argumento de la dificultad de aplicación del nuevo sistema y sus altos costos, calculados en más de 2000 millones de pesos para el erario municipal.

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La polémica por la Ley de Lemas

Misiones es una de las cinco provincias en las que subsiste la polémica Ley de Lemas, que tuvo su auge en los años 90 (otras son Formosa, Santa Cruz, a las que se agregaron últimamente San Luis y San Juan).

En Misiones hace tiempo se derogó la norma para la elección a gobernador y vice, y quedó solamente para la categoría de intendente y concejales en los 78 municipios de la provincia. Ahora Posadas se bajó.

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Para algunos analistas, la Ley de Lemas le permitía al oficialismo, con mayor aparato electoral y recursos, no tener que elegir a un candidato y dejar “heridos políticos”, ungir a una docena, y abrir el abanico para captar a distintos sectores con figuras muy diversas:

Por ejemplo, un dirigente con fuerte trabajo territorial en los barrios pobres, alguna figura del gabinete y una empresaria de alto perfil que capte al votante “del centro” de la ciudad.

La lista de los 42 candidatos a intendente de Posadas en 2023

Sin embargo, por este mismo motivo, la oposición también ha sabido sacar provecho de la Ley de Lemas para que cada figura de la oposición pudiera realizar su propio armado sin tener que dirimir quién manda en una interna.

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Uno de los puntos débiles de la oposición en más de 20 años de hegemonía del oficialismo fue que siempre tuvo dificultades para aglutinarse en torno a una sola figura y primaron siempre los intereses personales de cada dirigente, que buscó llevar “agua para su molino” en lugar de armar un gran frente “anti” Renovación.



Martín Boerr,Elecciones 2027,Conforme a

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Un aliado de Bullrich se va del bloque libertario: denunció un acuerdo entre LLA y el PJ en su provincia

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El diputado nacional tucumano Mariano Campero anunció este miércoles que dejará el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados y conformará un monobloque bajo el nombre Cambia Tucumán. El dirigente, que había sido uno de los “radicales con peluca” que se pasaron al oficialismo y ahora se muestra cerca de Patricia Bullrich, aseguró que su alejamiento del oficialismo se debe al “acuerdo político” entre los armadores libertarios en su provincia y el gobernador Osvaldo Jaldo.

Campero formalizó su salida mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Allí señaló que “los intereses de los tucumanos y el respeto de las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier arreglo político”. Su intención es disputar la gobernación (cree que es su “última oportunidad”) pero nunca consiguió el apoyo formal del partido que preside Karina Milei, que respalda formalmente al ex ministro del Interior, Lisandro Catalán.

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En concreto, el ex “radical con peluca” denunció que los libertarios están avalando la candidatura de Osvaldo Jaldo al haber retirado su apoyo a una acción judicial impulsada por la oposición local contra el artículo 90 de la Constitución provincial.

La carta del diputado

Esa norma establece que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años y admiten una reelección consecutiva. Pero contempla que quien se desempeñó como vicegobernador puede postularse como gobernador por hasta dos mandatos. Lo que le permitiría a Jaldo buscar la reelección.

Jaldo ha sido un aliado clave de la Casa Rosada en el Congreso y los tres diputados del bloque Independencia suelen jugar en tándem con el oficialismo en las votaciones importantes.

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Por otro lado, La Libertad Avanza y Catalán apoyarían al libertario Federico Pelli para que dispute la intendencia de Yerba Buena. Campero fue intendente de ese municipio antes de ser diputado y dejó en su lugar a Pablo Macchiarola, que el año que viene buscará la reelección.

Campero había sido uno de los dirigentes radicales que respaldaron los vetos de Milei al financiamiento universitario y a la movilidad jubilatoria en 2024. Luego, junto al cordobés Luis Picat, el misionero Martín Arjol, el neuquino Pablo Cervi y el correntino Federico Tournier se sumaron al bloque oficialista.

Sin embargo, el pasado 3 de noviembre Campero fue el único de ese grupo que se mostró junto a Patricia Bullrich en la polémica foto que generó tensiones con la Casa Rosada. De hecho, Campero expresó que si bien “falta mucho” le gustaría que la actual senadora sea presidenta.

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Bullrich junto a sus legisladores cercanos

La salida de Campero es una señal de alerta para el oficialismo, que no solo enfrenta tensiones internas entre Bullrich y Karina Milei, sino que deberá compatibilizar los intereses de los referentes libertarios en las provincias con la estrategia nacional para la reelección de Milei. En ese sentido, muchos advierten que eventuales acuerdos con gobernadores podrían causar nuevos desprendimientos.

Con la salida de Campero, el bloque oficialista quedaría con 94 integrantes. El contexto no es favorable para la Casa Rosada ya que esta semana los libertarios no lograron reunir el quórum para tratar la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central. Faltaron solo tres diputados presentes, por lo que cada voto vale oro.

Campero dejó trascender que votará a favor del Presupuesto y también de la suspensión de las PASO, aunque aclaró que no lo hará si el proyecto no se trata este año.

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“Seguiré trabajando desde mi banca con las mismas convicciones, acompañando aquellas iniciativas que considere que considere correctas para la Argentina y para Tucumán”, dice al cierre de la nota que envió a Menem.

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Mansión de Pilar: las claves de la decisión de la Corte Suprema que complica la estrategia judicial de Tapia y Toviggino

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este jueves sin efecto la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que había asignado la competencia al Juzgado Federal de Campana y ordenó que la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA sea investigada en Comodoro Py.

En un fallo de 17 páginas, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti analizaron diversos aspectos y sostuvieron que las cuestiones de competencia no son “sentencia definitiva”.

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Por regla, no abren el recurso extraordinario, pero cuando la decisión afecta de modo severo e inequívoco la garantía del juez natural, como consideró la Corte que ocurrió en este caso, y configura una “prístina y grosera violación a las reglas de competencia” con evidente apartamiento de las constancias y de la normativa aplicable, se equipara a definitiva y habilita la intervención de la Corte.

La Corte destacó también que el objeto de la investigación no es solo la compra del inmueble de Villa Rosa. Al respecto, los jueces consideraron que Casación erró al tomar como eje exclusivo la ubicación del inmueble adquirido por Real Central SRL. Se trata de una investigación compleja de lavado de activos a través de un entramado societario y financiero: constitución y modificación de sociedades, cesión de participaciones, ampliaciones de capital, transferencias, vehículos de alta gama, caballos, circuitos financieros internacionales, etc.

Por decisión de la Corte Suprema, la causa por la mansión de Pilar quedó en manos del juez de Comodoro Py Daniel Rafecas. (Foto: NA – Hugo Villalobos).

Todo esto, agregó la sentencia, presuntamente vinculados a la administración de recursos de la AFA y desvío de fondos. El inmueble de Pilar fue solo el hecho que motivó la denuncia inicial y el primer indicador patrimonial, no el centro de la operatoria. “En definitiva, la cámara de casación, al reseñar el recurso del fiscal general Villar, reconoció que el Ministerio Público había planteado la existencia de elementos objetivos que, a juicio del órgano fiscal, eran suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que debía investigarse en el fuero de excepción de esta jurisdicción, pero omitió deliberadamente analizar sus argumentos”, se lee en el fallo.

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Los elementos que vinculan el caso con la Ciudad de Buenos Aires

El fallo remarcó que la sede social de Real Central SRL está en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo ocurre con la sede de la AFA, ubicada en en Viamonte 1366, donde se habrían realizado los actos de gobierno, disposición y administración de fondos.

También los domicilios de empresas y personas denunciadas se encuentran en esta jurisdicción, y los delitos habrían ocurrido en territorio porteño.

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Cuadernos de las Coimas: un testigo que auditó la obra pública en Santa Cruz dejó una frase confusa y se desdijo en pleno juicio

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Un auditor de Vialidad Nacional que supervisó en 2016 la obra pública la provincia de Santa Cruz ofreció este jueves una confusa frase y luego se desdijo al declarar como testigo en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, en el que se juzga la existencia de un presunto esquema de sobornos entre empresarios y funcionarios del kirchnerismo.

Se trata de Martín González Oría, un ingeniero que desde 2008 se desempeña en la unidad de auditoría del organismo y que en 2016 integró el equipo que, a pedido de Javier Iguacel, revisó el estado de alrededor de 40 obras en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.

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“Sí, lamentablemente se constató eso, la existencia física de la obra”, respondió cuando le consultaron si habían ido a comprobar sobre el terreno si las obras efectivamente existían.

El sentido de la frase no quedó claro y la frase misma pasó desapercibida hasta casi el final de la audiencia, cuando la retomó el representante de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Mariano Galpern. “Usted contestó ‘lamentablemente’”, le marcó.

“¿Lamentablemente dije yo? No recuerdo haber dicho eso, sería ilógico lamentar algo así como una obra que esté ejecutada«, respondió. “No recuerdo haber usado ese término”, aseguró.

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Nelson Periotti durante su indagatoria en Cuadernos

La declaración del técnico González Oría fue solicitada por la defensa de su exjefe y titular de Vialidad durante el kirchnerismo, Nelson Periotti, quien fue condenado en la causa Vialidad y es acusado en Cuadernos por asociación ilícita, como la expresidenta Cristina Kirchner.

En su declaración, González Oría se mostró renuente a reconocer que las empresas de Báez fueron beneficiadas con la mayor parte de la obra pública y evitó ser preciso en este punto. “Había diversas empresas”, dijo primero. Cuando el fiscal Nicolás Codromaz le preguntó si recordaba alguna en particular, nombró varias y, al ser consultado puntualmente por Austral, evitó precisiones.

“Son informes bastante antiguos. Está escrito en el informe”, dijo. “Era un porcentaje alto”, reconoció tras las preguntas de la fiscalía.

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De esta manera evitó mencionar que las empresas de Baez fueron adjudicatarias de casi el 80% de la obra pública de la provincia, según el informe que él mismo ayudó a confeccionar.

El juicio ya ingresó en la etapa de los testimonios solicitados por las defensas, con alrededor de 200 declaraciones todavía pendientes, aunque esa cifra podría reducirse si las partes continúan desistiendo.



Federico González del Solar,Los cuadernos de las coimas,Conforme a

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