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POLITICA

Axel Kicillof, en modo campaña: “Cuatro años más de Milei serían una calamidad”

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LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof volvió a posicionarse en la carrera 2027 tras la cumbre peronista de San Fernando, a la que fue invitado. Se mostró junto a Jorge Ferraresi, candidato a sucederlo por el Movimiento Derecho al Futuro. Y llamó a rechazar una eventual reelección del Presidente: “Cuatro años más de Milei serían una calamidad”, advirtió.

La nueva incursión de Kicillof en Avellaneda, uno de los distritos más fuertes del peronismo en el Gran Buenos Aires, tuvo lugar dos días después de la foto que protagonizó Sergio Massa junto a intendentes de La Liga y referentes del peronismo federal, el martes pasado en San Fernando.

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El gobernador se centró en evitar una reelección del líder de La Libertad Avanza, mientras en el Congreso se mueve un proyecto para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que pondrá en apuros la selección de candidatos por parte del peronismo.

En un acto con estética de campaña, el gobernador habló en Avellaneda tras la entrega de viviendas que quedaron inconclusas por el ajuste impuesto con la asunción de Milei en la presidencia en 2023.

“Milei se burla de todos los que pasan penurias y dificultades”, sostuvo Kicillof. “Hoy nuestra provincia es una excepción en todo el país porque estamos haciendo un gran esfuerzo para terminar las obras que Milei paralizó”, dijo el gobernador.

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En la misma línea enfatizó: “Tenemos que ser muy claros: cuatro años más sin obra pública, sin remedios, sin inversión en infraestructura, serían una verdadera calamidad” .

Kicillof en Avellaneda junto a la intendenta Magdalena Sierra y el candidato a gobernador Jorge FerraresiNICOLAS ABOAF

Habló así al entregar 55 viviendas para los barrios de Villa Tranquila e Isla Maciel por una inversión informada de $3.168 millones. El gobierno provincial denunció que Nación paralizó mil obras por 10.1 billones de pesos. Según el sitio Chequeado, son 787 los trabajos inconclusos relevados en 126 municipios.

En San Pedro

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“Nunca nos van a ver arrodillados y apoyando proyectos que van en contra de los intereses de nuestro pueblo”, dijo poco antes Kicillof, en una visita a San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires.

“Sabemos que entregar viviendas e inaugurar obras que mejoran la salud pública parece toda una excepción en la Argentina de Milei, que se propuso destruir el Estado desde dentro”, manifestó en el distrito gobernado por Cecilio Salazar. “El problema no se resuelve dejando que cada uno se arregle como pueda”, subrayó el mandatario.

En tanto, el mensaje de Avellaneda junto a Ferraresi llegó luego de que Massa se mostrara como eventual candidato presidencial por el peronismo junto a intendentes que aspiran a ser gobernador, como Federico Achaval, Mariel Fernández y Mayra Mendoza, entre otros.

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Esos intendentes alineados con el grupo San Fernando buscan ser competitivos por fuera del Movimiento Derecho al Futuro. El martes, mientras Massa juntaba a su tropa, Kicillof se mostró con el intendente de La Plata, Julio Alak, que también esta anotado en la carrera por la sucesión.

Axel Kicillof, el platense Julio Alak y Verónica MagarioPrensa PBA

El gobernador deberá adoptar cuál será el criterio a seguir en la provincia en caso que Nación suspenda las PASO. En este territorio están vigentes las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias por ley 14.086 que deben ser simultáneas con Nación.

En caso de que el Congreso suspenda las PASO, una versión insistente es un posible desdoblamiento de las elecciones provinciales, tal como sucedió en 2023, donde el peronismo arrasó con un resultado histórico en la Legislatura provincial.

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En ese caso Kicillof tendrá un dilema: si mantiene las PASO provinciales y desdobla se votaría tres veces el año próximo, una situación inédita. Pero para eliminarlas debería llegar a un acuerdo con todos los sectores del peronismo para que salga una ley en la Legislatura, como sucedió en 2023.

Esta perspectiva hoy resulta compleja: por ahora los líderes peronistas sólo dialogaron sobre la necesidad de sostener las PASO. En caso que se suspenda esa ley ordenadora habrá una fuerte tensión.



María José Lucesole,Conforme a

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POLITICA

Un diputado nacional renunció al bloque oficialista tras denunciar un acuerdo de LLA con el PJ en Tucumán

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El diputado nacional Mariano Campero renunció al bloque de La Libertad Avanza tras denunciar un acuerdo político entre el gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el referente libertario provincial Lisandro Catalán. La decisión se conoció horas después de que el oficialismo fracasara en su intento de abrir una sesión en la Cámara de Diputados por falta de quórum y dejó a la bancada que conduce Gabriel Bornoroni con 94 legisladores.

La salida de Campero, uno de los dirigentes conocidos como los “radicales peluca”, expuso diferencias internas en el oficialismo vinculadas con las negociaciones políticas en Tucumán de cara a las elecciones provinciales del 9 de mayo del próximo año.

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El legislador ya había conversado sobre su situación con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y con Bornoroni. Sin embargo, la presentación formal de su renuncia confirmó una decisión que podría anticipar otros movimientos dentro del espacio libertario.

Pese a la pérdida de una banca, La Libertad Avanza continuará siendo el bloque más numeroso de Diputados.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Foto: X @OsvaldoJaldo

Campero denunció un acuerdo entre Jaldo y La Libertad Avanza en Tucumán

El principal motivo de la renuncia está relacionado con la situación política de Tucumán y las negociaciones entre el gobernador Osvaldo Jaldo y Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza en la provincia.

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Campero cuestionó especialmente el desistimiento de una acción judicial impulsada por distintas fuerzas opositoras para impedir que el mandatario provincial pueda presentarse a un nuevo mandato.

“Me refiero, en concreto, al acuerdo que hay entre el gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista) y Lisandro Catalán, de LLA Tucumán. Este pacto motivó recientemente el desistimiento por parte del partido Creo de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el artículo 90 de la Constitución provincial”, sostuvo el diputado.

Mariano Campero junto ala senadora nacional Patricia Bullrich, el pasado 3 de noviembre. Foto X @mariano_campero
Mariano Campero junto ala senadora nacional Patricia Bullrich, el pasado 3 de noviembre. Foto X @mariano_campero

En la nota dirigida a Martín Menem, Campero recordó que ya había conversado sobre esta situación con Bornoroni y dejó en claro que no estaba dispuesto a acompañar los entendimientos políticos que cuestiona.

“Los intereses de los tucumanos y el respeto a las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo político”, afirmó.

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El conflicto se produce en medio de los preparativos para las elecciones provinciales del 9 de mayo, en las que Jaldo buscará un nuevo mandato como gobernador.

La disputa judicial por una nueva candidatura de Osvaldo Jaldo

El PRO, la UCR, CREO y Fuerza Republicana se encuentran entre las fuerzas políticas que impulsaron una presentación ante el máximo tribunal de justicia de Tucumán.

En esa acción solicitaron que se declare parcialmente inconstitucional el artículo 90 de la Constitución provincial y que esa disposición no pueda utilizarse para habilitar una nueva candidatura de Jaldo.

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POLITICA

Frenaron el peritaje de los videos de los dólares que grabó Jésica Cirio en el vestidor de la casa de Insaurralde

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El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, frenó los peritajes sobre dos videos en los que se ve a Jésica Cirio entre fajos de dólares termosellados, en el vestidor de la casa que compartía con su exmarido, el exintendente Martín Insaurralde.

La medida se tomó en la causa en la que se investiga a Insaurralde y a la propia Cirio por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Llega mientras la fiscalía prepara un escrito para ampliar la acusación y para que, tres años después, se avance con la declaración indagatoria del exjefe comunal, de parte de su familia y de su exesposa, según dijeron fuentes judiciales a .

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Rodríguez Ponte aceptó un pedido de la defensa del exintendente y suspendió los peritajes hasta que la Cámara Federal de La Plata resuelva si los videos son válidos como prueba.

Las imágenes aportadas por y otro video entregado por la Fundación Apolo se están analizando para determinar si fueron alteradas con inteligencia artificial y si quien aparece es Cirio.

Un primer peritaje concluyó que el video de no tiene metadatos porque proviene de una copia compartida por WhatsApp. El de la Fundación Apolo, en cambio, conserva el hash, una suerte de huella digital del archivo que permite verificar si fue modificado, explicaron las fuentes.

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En las imágenes se ve a Cirio frente a billetes guardados en cajones, ocultos entre lencería y ropa interior. La Fundación Apolo entregó el material a la Justicia en un pendrive para que se incorpore como prueba. En septiembre, Rodríguez Ponte ordenó un peritaje para establecer si los archivos son auténticos, cuándo se crearon y si fueron modificados o manipulados.

Presentan nuevas imágenes en la causa por enriquecimiento ilícito que tiene en la mira a Martín Insaurralde y Jesica Cirio

La investigación empezó en 2023, después del escándalo del Yategate, cuando Insaurralde, entonces jefe de Gabinete bonaerense, fue fotografiado de vacaciones en Marbella con la modelo Sofía Clerici.

Según los dictámenes fiscales, ese viaje costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares. Luego hubo allanamientos en los que se secuestraron casi 600.000 dólares en la casa de Clerici.

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En octubre de 2024, el fiscal federal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde por lavado de dinero y el juez federal Ernesto Kreplak lo intimó a justificar sus bienes en diez días.

Para la fiscalía, Insaurralde no podía justificar con sus ingresos el viaje a Marbella ni la compra de tres propiedades en Puerto Madero, Banfield y San Vicente. El pedido incluía también a sus hijos, a su exesposa y a dos presuntos testaferros.

Mola y Diego Velasco, de la Procelac, sostuvieron además que la sociedad Sasaxa era una cáscara para ocultar quiénes eran los dueños de los bienes y de dónde venían los fondos.

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Después, la UIF amplió la acusación y pidió indagar a Cirio y a Clerici. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Cirio y Clerici.

La causa se reactivó en junio pasado, cuando publicó siete videos del vestidor. Mola pidió varias medidas de prueba y le requirió a este diario que entregara los siete videos a la Justicia.

El video de los dólares que grabó Cirio

También pidió la detención de Insaurralde y de Cirio por el riesgo de que se destruyeran pruebas. El entonces juez del caso Luis Armella rechazó los arrestos, y la defensa de Insaurralde recusó al fiscal por “enemistad manifiesta”. Armella prohibió a ambos salir del país y les impuso no alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización.

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La fiscalía calcula que los fajos que filmó Cirio sumaban cerca de 10 millones de dólares y busca establecer qué pasó con ese efectivo y si fue escondido a través de personas cercanas a la expareja.

La defensa de la conductora, por su parte, recordó que el expediente ya registra que, al separarse, Cirio le entregó 250.000 dólares a Insaurralde, y lo presentó como prueba de que ella tenía fondos propios de origen lícito.

Una pericia oficial estableció que las imágenes se grabaron en la casa de Insaurralde en el barrio Fincas de San Vicente. A la vez, una pericia contable sobre el patrimonio del exfuncionario encontró inconsistencias entre los ingresos que declaró y los gastos registrados.

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Armella, que subrogaba el juzgado, sobreseyó a Clerici. Mola y Velasco apelaron: dijeron que la decisión era prematura y arbitraria, y criticaron a Kreplak y Armella por no avanzar con las pruebas que había propuesto la fiscalía.

Ya al frente del expediente, Rodríguez Ponte rechazó las nulidades que había planteado la defensa de Cirio para apartar los videos. Ahora la discusión sobre la validez de esa prueba quedó en manos de la Cámara de La Plata.

Mola trabaja en un escrito para ampliar la acusación. Va a sumar a la imputación contra Insaurralde y Cirio los dólares que aparecen en los videos del vestidor y volverá a pedir la indagatoria del exintendente, de sus familiares y de su exesposa.

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Nuevas imágenes del vestidor de Jesica Cirio y Martín Insaurralde
Nuevas imágenes del vestidor de Jesica Cirio y Martín Insaurralde



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POLITICA

Martín Lousteau defendió el rol de los impuestos y advirtió: “Todos los derechos cuestan y alguien los tiene que pagar”

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Martín Lousteau cuestionó la idea de que pagar impuestos sea equivalente a un robo y planteó que los tributos son necesarios para sostener los derechos y servicios de los que se beneficia una sociedad. Para explicar su posición, comparó el sistema tributario con la cuota de un club: un aporte que permite financiar instalaciones y servicios que utilizan todos sus integrantes, aunque no hayan participado de su construcción.

Durante su columna en Infobae a la Tarde, el economista puso en discusión el argumento que identifica a los impuestos con una pérdida individual y propuso centrar el debate en qué se financia con esos recursos, quién debe pagarlos y cómo los administra el Estado.

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“Me gusta pensar que el impuesto es como la cuota de un club. Vos pagás una cuota porque pertenecés a un lugar, pertenecés a una comunidad, pero estás usando cosas de ese club”, explicó.

Como ejemplo, enumeró las instalaciones que utilizan los socios sin haberlas construido: “Vos no hiciste la pileta, no hiciste la cancha de fútbol, no hiciste la cancha de rugby, no hiciste el gimnasio. Estás usando algo que construyó otro en otro momento”.

A partir de esa comparación, sostuvo que la discusión no debería limitarse a cuestionar el pago de impuestos, sino incluir el costo de los servicios y la calidad de su administración. “Cuando alguien va a la asamblea de un club, no dice: ‘La cuota es un robo’. En todo caso, discutirá si es cara o no, si se puede administrar mejor o si hay que arreglar tal o cual cosa”, señaló.

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La reflexión surgió después de que en el programa se reprodujeran declaraciones del presidente Javier Milei, quien había definido al Estado como una “organización criminal” y a los impuestos como “un robo” y “una rémora de la esclavitud”. Lousteau cuestionó esa concepción y advirtió que el debate también debe contemplar los servicios y las instituciones que se sostienen mediante la recaudación.

El costo de garantizar los derechos individuales y sociales

Lousteau cuestionó la distinción entre los derechos individuales y los derechos sociales. Según explicó, las libertades vinculadas con la propiedad, la vida y la expresión también requieren recursos públicos para poder ejercerse.

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“Para que vos puedas tener derecho a la vida tiene que haber policía, un sistema jurídico, un sistema penitenciario e infraestructura”, afirmó.

El economista extendió el argumento al derecho de propiedad. “Para que tengas derecho a la propiedad tiene que haber jueces y leyes. Para que tu propiedad valga lo que vale, tiene que haber iluminación pública, una calle y gas”, enumeró.

También señaló que la libertad de expresión necesita instituciones que protejan a quienes la ejercen y que la libertad religiosa requiere mecanismos para evitar persecuciones y agresiones.

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Para ilustrar su planteo, recordó el incendio de Westhampton, ocurrido en agosto de 1995 en el estado de Nueva York. Según relató, el fuego permaneció fuera de control durante 36 horas y demandó un operativo que involucró a fuerzas locales, estaduales y federales, además de bomberos voluntarios y equipos militares y civiles.

“Fuerzas locales, estaduales, federales, 1.500 bomberos voluntarios, equipos militares y civiles gastaron millones y millones de dólares. No se murió nadie y no se perdieron propiedades”, recordó.

Para Lousteau, el episodio demuestra el costo que implica proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de las personas. También comparó esa respuesta con la actuación ante catástrofes en la Argentina y mencionó el caso de Bahía Blanca.

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Lousteau cuestionó la suba de Ganancias frente a las rebajas impositivas para bienes personales, autos de alta gama y yates

Su cuestionamiento apuntó a lo que considera una contradicción: mientras se discute cuánto cuestan las jubilaciones, la educación o las pensiones por discapacidad, no suele ponerse el mismo énfasis en los recursos necesarios para garantizar la seguridad, la justicia y la propiedad privada.

“Parece que lo otro no cuesta, pero los derechos sociales sí cuestan”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que reducir impuestos no elimina el costo de las prestaciones públicas, sino que puede trasladarlo a otros sectores de la sociedad. “Cuando vos lo que hacés es bajarle impuestos al que más tiene, no es que el costo de proveer derechos desaparece, sino que empieza a haber desfinanciamiento”, planteó.

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El economista también cuestionó algunas decisiones tributarias del Gobierno. Como ejemplo, mencionó el aumento del impuesto a las Ganancias y lo contrastó con las reducciones aplicadas a los vehículos de alta gama, los yates y Bienes Personales, además del blanqueo de capitales.

De todos modos, aclaró que su posición no implica defender cualquier impuesto ni cualquier nivel de recaudación. Para Lousteau, también es necesario discutir cómo se distribuyen los recursos y qué gastos deben tener prioridad.

La gestión del Estado y las prioridades del gasto público

Otro de los puntos de la columna estuvo centrado en la administración de los recursos. Lousteau sostuvo que el Estado no solo necesita financiamiento, sino también capacidad para prestar servicios de calidad.

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Para explicar el problema, recuperó una comparación atribuida al jurista Carlos Nino: si una institución debe entregar leche a diez niños y de repente tiene que atender a cien, necesita producir las 90 porciones adicionales. Si no consigue los recursos para hacerlo, la alternativa es diluir la leche y reducir su calidad.

El economista utilizó ese ejemplo para cuestionar el funcionamiento de los servicios públicos y la falta de planificación para responder a una mayor demanda.

Lousteau advirtió que el superávit fiscal alcanzado por el Estado trasladó el déficit a los hogares y a las pymes (Infobae en Vivo)

“Nuestro Estado parece que, en lugar de gestionarse bien y garantizar esos derechos, diluyó la calidad de los bienes que brindamos”, sostuvo.

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También recordó un discurso del expresidente uruguayo José Mujica, quien al asumir había señalado que la educación sería la primera, segunda y tercera prioridad de su administración. Lousteau destacó especialmente otra parte de aquella intervención: la necesidad de definir a qué políticas se les debe decir que no para poder financiar las que se consideran prioritarias.

El planteo apuntó a que la discusión presupuestaria no puede limitarse a enumerar derechos o prometer prestaciones. También requiere establecer prioridades y garantizar los recursos necesarios para cumplirlas.

En ese contexto, cuestionó la interpretación del superávit fiscal como un resultado que necesariamente representa una mejora para todos los sectores. “Cuando el Estado dice que pasó a superávit, en el fondo le pasó el déficit a las familias”, afirmó.

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Como ejemplo, mencionó a los hogares que deben endeudarse cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y a las pequeñas y medianas empresas que recurren al crédito cuando caen sus ventas.

La informalidad laboral y el financiamiento de las jubilaciones

Lousteau también advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de empleo registrado para el sistema previsional. Al referirse a la discusión sobre cómo incrementar los recursos destinados a las jubilaciones, explicó que los trabajadores en relación de dependencia realizan aportes diferentes de los correspondientes al monotributo.

“El trabajo en relación de dependencia es el que más aporta a la jubilación”, señaló.

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A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la reducción de los puestos registrados compromete los ingresos futuros del sistema. “A medida que perdés trabajadores en relación de dependencia, más problemas vas a tener a futuro para pagar las jubilaciones”, advirtió.

El economista remarcó que el traslado de trabajadores hacia modalidades de menor contribución o directamente hacia la informalidad representa un problema fiscal. “Estás generando un problema fiscal muy grande con el principal gasto que tiene cualquier Estado moderno, que es el sistema previsional”, afirmó.

También rechazó que ese cambio responda necesariamente a una elección de los trabajadores. “No es que hay un deseo profundo de decir: ‘Quiero ir a ser Rappi’”, sostuvo.

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Para ilustrar esa situación, contó el caso de una persona que evaluaba cerrar su emprendimiento de venta de ropa y debía buscar otra actividad para sostener sus ingresos. Según planteó, la pérdida de empleos y el cierre de pequeños negocios pueden empujar a más personas hacia ocupaciones informales, con consecuencias sobre los aportes al sistema jubilatorio.

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martín lousteau

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