Además del paquete de iniciativas que giró en la última semana el Gobierno al Congreso, se espera que en los próximos días ingrese un proyecto para cambiar la Ley de Sociedades. Una iniciativa encabezada por el ministerio de Justicia, que encabeza Juan Bautista Mahiques, con fuerte protagonismo de la Inspección General de Justicia (IGJ), pero al que también hicieron aportes el de Desregulación, que lidera Federico Sturzenegger, y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a cargo de María Ibarzábal Murphy, cuya función es revisar toda normativa puesta a consideración presidencial. .

El proyecto propone transformaciones de fondo en los procesos de creación, gestión y documentación de empresas. Con énfasis en la digitalización de procesos, la incorporación de nuevos instrumentos para startups, pero sobre todo la reducción de la intervención estatal.

Infobae accedió a los detalles centrales de la iniciativa a través de fuentes al tanto del proyecto. En teoría, la iniciativa iba a ingresar la semana que pasó por el Senado y se planteó como un tema central para avanzar durante la reunión de mesa política del martes pasado en Casa Rosada, pero se postergó.

“Va a habilitar la constitución y modificación de sociedades mediante firma digital, e incorporará registros y legajos societarios digitales”, comentó una fuente en off the record a Infobae. La posibilidad de constituir y modificar sociedades mediante firma digital es uno de los puntos más comentados entre los especialistas.

“Es una de esas reformas que no salen en los diarios porque no generan peleas políticas, pero que pueden ahorrar miles de horas de burocracia y costos a emprendedores, profesionales e inversores”, opinó el tributarista Diego Fraga, socio de Expansión.

Este cambio implicaría menos papel y más libertad, ya que hoy todavía hay muchos trámites que exigen firmas certificadas, escribanos, papel y presentaciones presenciales. Según Fraga, con la reforma sería posible que dos socios que se encuentran en diferentes partes del mundo firmen la documentación sin viajar y sin pasar por una escribanía. “Impacta en menos costo, menos tiempo y menos burocracia”, resumió.

En cuanto a los registros societarios, muchas sociedades siguen teniendo libros físicos, actas en papel y documentación archivada en carpetas. En caso de aprobarse la nueva Ley se podrían mantener íntegramente en formato digital. “El libro de actas del directorio estaría en la nube con respaldo electrónico, lo que implica menos costos administrativos y menor riesgo de pérdida de documentación”, afirmó Fraga.

Es un punto que también celebró el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, quien remarcó que desde hace tiempo y en paralelo a la nueva Ley, la Inspección General de Justicia (IGJ) -ahora a cargo de Alejandro Horacio Ramírez– está trabajando en la presentación de balances vía digital, lo que permitiría hacer presentaciones sin imprimir ni acudir de forma presencial a un organismo.

Otra de las novedades del proyecto, según pudo saber Infobae, es el reconocimiento de activos digitales como aportes de capital. Si bien ya existen antecedentes en la IGJ sobre aportes con criptomonedas, la regulación es limitada. “Se reconocería expresamente que ciertos activos digitales pueden aportarse al capital social”, explicó Frega. Así, un socio en vez de aportar dinero en efectivo podría hacerlo a través de activos digitales como BTC, ETH, USDC, tokens representativos de activos o determinados derechos digitales. Lo que acerca el derecho societario al mundo cripto y fintech.

A su vez, el proyecto del oficialismo apuntará a flexibilizar la constitución de sociedades unipersonales. Diego Fraga explicó que, aunque la Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) ya existe, tiene exigencias que la vuelven poco atractiva. “Sería más fácil tener una sociedad con un único dueño”, afirmó. Dio el ejemplo de un profesional o emprendedor que podría operar a través de una sociedad propia sin tener que buscar un socio del 1%. Otro aspecto destacado será la habilitación de reuniones societarias remotas, una práctica que se generalizó después de la pandemia de covid-19.

Pero la cuestión central va a radicar en el cambio del rol del Estado en las fiscalizaciones de las sociedades. “La IGJ parece correrse de una lógica muy formalista y más enfocada en el trámite por el trámite mismo, para pasar a un esquema más alineado con la dinámica real de las operaciones corporativas”, sostuvo la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi.

Para que se derogue gran parte de los artículos anteriores también muestra el nivel de acumulación regulatoria que existía en esta materia y la intención de simplificar un régimen muy complejo. “Uno de los cambios conceptuales más importantes es que el foco deja de estar tan puesto en las formalidades y pasa más por controles considerados sustanciales o de riesgo”, aseguró.

Ya durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia hubo avances, aunque mínimos, para limitar las fiscalizaciones al elevar el monto a partir del cual se llevan a cabo. “El artículo 299 de la Ley de sociedades -que regula el control estatal sobre sociedades anónimas con más de $2.000 millones de capital- no contempla el ajuste por inflación, por lo que cada vez más empresas pasan a ser sociedades controladas, aun sin justificación de fondo», comentó Domínguez.

Según fuentes que participaron en la redacción de la reforma de la Ley de Sociedades, la iniciativa también suma una figura societaria específica que hasta el momento no se sabe cuál es y amplía las posibilidades de financiamiento privado.

Todos los especialistas consultados por Infobae están de acuerdo en que la nueva Ley esta orientada hacia la digitalización general del sistema, la reducción de cargas formales y la convergencia con estándares internacionales más ágiles y flexibles para el funcionamiento de sociedades en Argentina.