El Gobierno nacional, a través de la Casa Militar, inició acciones legales contra dos periodistas tras la difusión de un informe grabado en el interior de la Casa Rosada. La presentación judicial quedó en manos del juez Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py, bajo cargos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares.

Distintas entidades periodísticas condenaron fuertemente la prohibición de ingreso de trabajadores de prensa a la Casa Rosada.

La denuncia sostiene que el accionar periodístico vulneró la seguridad de las instalaciones y expuso datos estratégicos del Poder Ejecutivo Nacional. Por su parte, la administración libertaria tomó medidas administrativas inmediatas sobre los involucrados.

La presentación señala a Luciana Geuna e Ignacio Salerno, integrantes del equipo de TN. Ambos participaron en la realización de un informe emitido el domingo pasado en el programa Y mañana qué, donde exhibieron diversos sectores del palacio de gobierno.

El Gobierno afirma que los periodistas grabaron material de forma furtiva, sin autorización de las autoridades. La Casa Militar argumenta que el video muestra sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso que deben mantenerse bajo reserva.

La acusación cita posibles delitos contra la seguridad nacional previstos en el Código Penal y la Ley Nacional de Inteligencia, bajo el argumento de que el material facilita inteligencia sobre los movimientos del Presidente.

El mandatario, quien se encontraba de viaje en Israel durante la emisión del material, utilizó su cuenta en la red social X para criticar la labor de los periodistas. Milei calificó el hecho como una conducta delictiva y reclamó consecuencias para los responsables, en línea con sus frecuentes cuestionamientos públicos hacia sectores de la prensa.

“BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“, escribió este miércoles por la tarde.

Además de la causa judicial, la Casa Rosada aplicó una medida inmediata sobre Ignacio Salerno. Según fuentes oficiales, el periodista perdió su acreditación para ingresar al edificio.

La Secretaría de Comunicación y Medios califica el hecho como una falta grave al reglamento de convivencia, el cual prohíbe registrar imágenes en espacios no autorizados dentro del predio.

La normativa vigente de la Secretaría de Comunicación prohíbe transmitir en vivo o registrar videos en zonas restringidas. El reglamento estipula que la transgresión de estas normas constituye una falta grave que habilita a la revocación de las acreditaciones otorgadas a los cronistas.

Los responsables de seguridad nacional enfatizaron que el video expuso riesgos injustificados para el funcionamiento del Ejecutivo y la integridad del primer mandatario, puesto que precisa la ubicación de despachos y salas de reuniones estratégicas.

Luego de que se prohibiera el ingreso de periodistas a la Casa Rosada entidades periodísticas condenaron la medida y solicitaron que sea eliminada. Organizaciones periodísticas como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) marcaron la “gravedad institucional” y la “enorme preocupación” que implica la decisión.

Fopea expresó “su rechazo ante la decisión del gobierno nacional de no permitir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que afecta de manera generalizada a la totalidad de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo”. La entidad periodística remarcó que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

“Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”, subrayó Fopea.

La Policía de la Ciudad buscaba desalojar este jueves en el barrio porteño de La Paternal un predio ocupado por más de 100 personas. El terreno, ubicado en la esquina de las calles San Blas y Andrés Lamas, posee cinco propiedades horizontales en donde viven varias familias.

Según consignaron en LN+, el conflicto comenzó en el año 1998, cuando la dueña dejó a cargo del inmueble a una mujer y, cuando regresó años después, se encontró con que más personas vivían en el lugar.

A partir de este momento, se dio una puja legal en la que los ocupantes ilegales acumularon una serie de denuncias y antecedentes, e incluso algunos están imputados y tienen sumarios. Uno de ellos, incluso, sería delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), según consignaron fuentes de Seguridad porteñas a .

A partir de 2009, la propiedad tuvo sentencia firme para desalojo de la Justicia. Los habitantes “no querían dejar cumplir la inspección de la Fiscal” que había autorizado la inspección por supuesto “peligro estructural de la propiedad”.

“Las personas adentro están incomunicadas, no nos dejan entrar. Es un procedimiento irregular: no hay notificaciones previas. Vienen por un pedido de inspección. Las familias tienen derecho a decir sí o no”, denunció una de las personas que se acercó al lugar en diálogo con LN+.

Otro añadió: “Los estafaron, hay familias que pagaban… Los estafaron porque era alguien que seguro había comprado esta propiedad. Hay una mamá que la compró a quien decía ser el dueño. ¿Les parece justo esto? Esto es todo mentira».

Desde detrás de las vallas de contención que colocaron los efectivos de la Policía porteña, los vecinos desalojados denunciaron que entre los habitantes del predio hay “gente discapacitada y niños”. “Hacemos lo que podemos, dicen que nos van a desalojar pero no nos mostraron una orden… Dijeron que nos van a dar $150.000, vamos a resistir hasta que nos muestren una orden», aseguró una mujer.

En los últimos meses, el gobierno porteño ya recuperó casi 600 propiedades en el marco de las medidas que impulsa para garantizar “el respeto de la propiedad privada” y “el orden público”. “Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Y agregó: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito”.

Más de medio año después de que fuera cedido a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el histórico complejo de hoteles de Chapadmalal será desalojado. Empleados y familiares que habitan el establecimiento que fue símbolo del turismo social fueron intimados a dejar las propiedades en los próximos diez días corridos. Sino, afrontarán el desalojo.

A mitad del año pasado el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, trasladó las Unidades Turísticas de Chapadmalal a la AABE, encargada de definir su destino final. La decisión fue tomada luego de que fracasara una prueba piloto para que el Turismo Social sea “autosuficiente”.

Scioli declaró la “innecesaridad” de las unidades e hizo hincapié en la emergencia pública en materia administrativa, económica y financiera para su traspaso a la Agencia.

El complejo no puede venderse porque se ubica en tierras expropiadas y declaradas patrimonio histórico cultural en 2013. La AABE es la única que posee la habilitación para su venta.