El Gobierno buscará hoy avanzar con dos de sus principales apuestas económicas: el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios contra la Argentina, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones.

La sesión especial comenzó sobre la hora con 129 diputados. Contó con el respaldo de los mismos aliados que ayer le dieron una tregua al oficialismo al impedir el debate para interpelar a Manuel Adorni. Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de Provincias Unidas y distintos bloques provinciales -como los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos cercanos a Marcelo Orrego, los salteños de Gustavo Sáenz, y los catamarqueños vinculados a Raúl Jalil– volvieron a acompañar a La Libertad Avanza (LLA) y garantizaron el quorum.

El debate comenzó con la renuncia de Adrián Ravier, el diputado libertario que asumirá como vocero presidencial. Lo reemplazará Martín Matzkin, que se desempeñó hasta hoy como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. En señal de apoyo, Patricia Bullrich presenció su asunción. Los cambios se sometieron a consideración del recinto. Se esperan más de 12 horas de debate entre exposiciones, homenajes y cuestiones de privilegio.

Además de los dos proyectos económicos, la Cámara discutirá una serie de convenios internacionales vinculados con la doble imposición y la evasión fiscal con Francia, la cooperación para desalentar la pesca ilegal y acuerdos de seguridad social con Suiza y San Marino.

El acuerdo con los holdouts ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno aspira a convertirlo hoy en ley. El “Súper RIGI”, en cambio, inicia su recorrido legislativo en Diputados y el oficialismo busca otorgarle media sanción para enviarlo a la Cámara alta.

“Súper RIGI”

El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.

El esquema limita, además, la capacidad de provincias y municipios para establecer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos.

Durante el debate en comisiones se incorporaron cambios impulsados por los bloques aliados. Entre ellos, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.

También se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial, y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en su área de influencia.

Holdouts

El acuerdo con Bainbridge y Attestor contempla el pago de US$171 millones a cambio de cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.

Según el Gobierno, la transacción implica una reducción superior al 30% respecto de los montos reclamados y busca eliminar riesgos judiciales sobre activos estratégicos del Estado argentino.

La Cancillería argentina confirmó que María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, los argentinos detenidos en Libia tras ser interceptados a bordo de la flotilla humanitaria Global Sumud Maghreb, fueron liberados este martes por la mañana.

Los activistas —oriundos de Mendoza y directores de investigación del portal de noticias de América Latina y el Caribe Nodal— permanecían detenidos en Bengasi, Libia del Este, desde el 24 de mayo, cuando las autoridades bloquearon el paso de la delegación terrestre que partió a comienzos de mayo desde Mauritania con destino a Gaza para llevar ambulancias, medicamentos y alimentos.

El convoy humanitario había salido de Argelia el 8 de mayo y arribado a Libia con rumbo a Gaza. Según detallaron en la misión humanitaria, luego de que la delegación llegara a un puesto de control militar en la ciudad de Sirte, se perdió toda comunicación con el grupo.

El canciller argentino Pablo Quirno detalló que, tras ser expulsados junto a otros extranjeros, ambos se encuentran “seguros” en Estambul, Turquía, y que fueron asistidos por funcionarios del Consulado General estambuliota.

“Desde el 24 de mayo, fecha en la que Gimenez y Aguilera fueron detenidos, la Cancillería Argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada Argentina en Túnez, llevó adelante de manera permanente distintas gestiones consulares y políticas, incluyendo el desplazamiento del Cónsul argentino en Túnez a Bengasi y las arduas gestiones junto a países amigos», destacó Quirno.

La liberación fue coordinada con The United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL, Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, en español) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto añadió: “La Cancillería Argentina no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior. Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron».

Detenciones en Israel

Al mismo tiempo que la caravana terrestre fue detenida, otro grupo también fue privado de su libertad en Israel. Esto suscitó un gran repudio internacional y reclamos por la “liberación inmediata”. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, difundió un video en el que se burlaba de los manifestantes, a quienes se veía arrodillados y con las manos atadas detrás de la espalda.

Finalmente, en mayo de este año se confirmó que todos habían sido liberados. “Todos los activistas extranjeros de la flotilla de la Solidaridad con Palestina han sido deportados de Israel”, confirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein, tras el reclamo de varios países. Pese a la fuerte condena internacional, el funcionario se jactó de que su país “no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza”.

Los cerca de 430 tripulantes que iban a bordo de unos 50 barcos habían sido interceptados días antes por el ejército israelí en el Mediterráneo, al oeste de Chipre. Luego fueron llevados por la fuerza a Israel, y detenidos en la prisión de Ktziot, según explicó la organización israelí de defensa de los derechos humanos Adalah, que se encarga de su representación legal.

El trato que recibieron por parte de los agentes de policía bajo las órdenes de Itamar Ben-Gvir provocó una protesta internacional y una reprimenda del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.