POLITICA
En un nuevo aniversario del atentado a la embajada, Milei ratificó su alianza con Israel y advirtió que “no puede haber tregua” con el terrorismo

Eran las 14.32 y la lluvia caía, impiadosa, sobre la calle Arroyo. Con la capucha de su piloto en la cabeza y mientras un colaborador sostenía un paraguas que lo protegía de las inclemencias del clima, el presidente Javier Milei llegó al lugar en el que se erigía la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires, para conmemorar el aniversario número 34 de aquel ataque terrorista que redujo a escombros la sede diplomática provocó la muerte de 29 personas e hirió a más de doscientas.
Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el Presidente llegó a la plaza seca con el claro objetivo de reafirmar su alianza y apoyo con el Estado hebreo, hoy embarcado en una durísima guerra contra Irán, en conjunto con Estados Unidos.
“Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y el combate al terrorismo», dijo el Presidente, en sus nueve minutos de discurso, ante diplomáticos, dirigentes políticos y unas pocas decenas de asistentes que desafiaron el mal tiempo y sortearon las estrictas medidas de seguridad dispuestas por la embajada de Israel, en conjunto con autoridades nacionales y porteñas.
“El ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”, dijo Milei, en un discurso escrito que le mandó nueve minutos. Fue su segunda participación en un aniversario de ese ataque, aunque en 2024 no habló.
“Israel encarna los valores fundamentales de Occidente y es un ejemplo de resiliencia”, dijo el Presidente, acompañado en el escenario cubierto por Karina Milei, Adorni, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri (a quien saludó con un efusivo abrazo), el embajador de Israel, Eyal Sela; el empresario Marcelo Mindlin, y el presidente del Museo Yad Vashem de Jerusalén, Dani Dayán.
“Frente al terrorismo no puede haber tregua”, afirmó el Presidente, en referencia a los atentados a la embajada y la AMIA, atribuidos por la Justicia argentina a la organización terrorista Hezbollah, financiado y apoyado por el gobierno iraní. Allí destacó que su gestión “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia”, en referencia al inminente juicio en ausencia a los ex funcionarios del régimen iraní, acusados de la planificación del atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, y que continúan con pedido de captura de Interpol.
No se olvidó, tampoco, de destacar el ataque de la organización terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, “la mayor matanza de judíos desde el Holocausto”. Reafirmó su decisión de firmar un “memorándum de entendimiento con Israel”, a quien calificó de “aliado estratégico”, y se diferenció sin mencionarlos a los gobiernos kirchneristas, “que firmaban memorándum con Irán”, en referencia al pacto de enero de 2013, refrendado por el Congreso y que establecía la creación de una comisión para reexaminar el atentado a la AMIA, pero que nunca se concretó.
Días después de recibir una amenaza concreta del régimen de Teherán a través de una editorial del Tehran Times, que lo acusó de “haber cruzado una línea roja” por su alineamiento con los presidentes Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el Presidente aludió en varias oportunidades a Irán. Lo acusó de “tener cautiva a su población”, y de “exportar el terror”, además de avalar la “decisión de Estados Unidos e Israel de acabar con el régimen” que gobierna Irán desde 1979. También se mostró enfático en la “lucha contra el antisemitismo”, que es –dijo- “la pelea por defender nuestros valores”. Y sumó algo de política local al afirmar que “combatir la pobreza” era una herramienta para desterrar prejuicios y violencia.
Apenas terminó el discurso, que comenzó varios minutos antes de lo pautado, y 18 minutos después de llegar, Milei y su comitiva se retiraron, por motivos “de agenda”. Con el canciller Pablo Quirno en el escenario como representante del Gobierno, el rabino Ioni Shalom recitó la oración Kadish en memoria de las víctimas, mientras monseñor Raúl Pizarro, secretario del Episcopado, recordó la memoria del sacerdote Juan Carlos Brumana, que falleció en el atentado mientras cumplía funciones en la Iglesia Madre Admirable, ubicada frente a la sede diplomática israelí.
Los oradores que siguieron aludieron al Presidente como si estuviese presente. Tres sobrevivientes del ataque, por caso, leyeron un discurso conjunto en el que renovaron su reclamo “para que la Corte Suprema diga quienes fueron los colaboradores locales que dieron la logística”, para el ataque de marzo de 1992 y que se cumpla una ley aprobada en 2017 para que en las escuelas del país “se recuerde a las víctimas” del ataque terrorista.
El embajador Sela, en tanto, la emprendió contra “el régimen dictatorial iraní”, y lo acusó de “acciones terroristas” en distintas partes del mundo. “Frente a ellos, el silencio es complicidad”, sostuvo el diplomático israelí. Justificó, además, el ataque conjunto contra Irán “para impedir el plan nuclear” de Teherán, y recogió aplausos al elogiar la “voz firme” del Presidente en su condena a Irán.
La lluvia impidió un momento musical previsto, y obligó a acortar los tiempos. El Gobierno dijo presente, además, con la mayoría del gabinete nacional, y legisladores como Patricia Bullrich, Luis Petri y Sabrina Ajmechet, mientras que de la oposición estuvieron el ex diputado de la CC-ARI, Juan Manuel López, el ex jefe de gobierno Jorge Telerman y el senador peronista Juan Manzur.
“Pasaron 34 años y el barrio está igual. Lo único que falta es el edificio de la embajada”, dijo a Jorge Cohen, exsecretario de prensa en la sede diplomática que la bomba redujo a escombros, a modo de resignado resumen.
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Un Gobierno en apuros: Karina Milei anudó pactos políticos y Bullrich le puso el cuerpo a las PASO

“No me voy a convertir en la casta que vine a combatir”. La frase que ayer Javier Milei eligió para explicarle a Eduardo Feinmann, en A24, por qué no tomará medidas económicas expansivas rescató del archivo una palabra que el Presidente no pronunciaba desde hacía tiempo. “Casta”, aquel concepto que lo catapultó en 2023 y que usó hasta el cansancio contra la clase política que “hace lo que sea por defender sus privilegios”, había desaparecido de su boca en los últimos meses.
Si se mira la praxis política que tuvo el Gobierno durante esta semana, la frase de Milei resulta, por lo menos, irónica. Es que, apenas León XIV se fue de la Argentina, La Libertad Avanza (LLA) se enfrascó en uno de los peores vicios de la casta: el de cambiar las reglas electorales en función de su propia conveniencia.
La dinámica de los últimos días mostró a una Casa Rosada muy urgida políticamente. El plan por la reelección derivó en actos de desesperación. El lunes, Milei le hizo promesas al empresariado para 2031 y Luis Caputo brindó una extensa entrevista radial para hablarle a los decisores económicos tras la seguidilla de encuestas que marcaron una nueva caída en la imagen del Gobierno.
Karina Milei, por su parte, hizo algo inédito: levantó ella misma el teléfono para negociar con varios gobernadores (en particular, los de la UCR). Y también telefoneó más de una vez a Mauricio Macri. Se metió en el barro para juntar los votos para suspender las PASO en 2027 y empujar la reelección de su hermano.
“Rosquea fuerte la señora”, dijo alguien de su primer anillo a Infobae. La hermana del Presidente trabajó palmo a palmo con Diego Santilli y con su lugarteniente, Eduardo “Lule” Menem, para amasar los acuerdos. Patricia Bullrich, que hasta acá se había declarado prescindente en la materia, terminó por ponerle el cuerpo al proyecto en el Senado.

La exministra sacó pecho cuando anunció que finalmente no se incluiría el engendro de las colectoras en la reforma electoral. Le ahorró la incomodidad a muchos que en el pasado habían vilipendiado el mecanismo y que ahora tenían que votarlo con la nariz tapada.
¿Cómo fue el toma y daca? La cuestión se destrabó, sencillamente, porque la Casa Rosada aceptó adelantar el pacto electoral nacional con los gobernadores de la UCR. Alfredo Cornejo (Mendoza) allanó la firma en el dictamen del senador Rodolfo Suárez. Y los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes) habilitaron la rúbrica de Eduardo Vischi e, indirectamente, de Carlos “Camau” Espínola, que se hizo desear hasta el final.
En rigor, el sistema de adhesiones o colectoras (dos listas legislativas colgadas de un candidato presidencial) funcionaba únicamente como un reaseguro para los gobernadores aliados. Y se explicaba sólo por la desconfianza que en el pasado había sembrado LLA a la hora de repartir lugares en las nóminas. Algo así como “si Karina va a monopolizar la lapicera y no es generosa, quiero tener la posibilidad de colgar a mis candidatos”. En la Casa Rosada decían que era un pedido de los gobernadores. Y en las provincias aseguraban, en cambio, que la idea fue de “Lule” Menem. Nadie quiso cargar con el muerto.
La promesa del karinismo es que, más allá de lo que ocurra en las contiendas provinciales, en las nóminas de diputados y senadores nacionales habrá casilleros para que los gobernadores cuelen a los suyos entre los violetas. “Fue la magia de la negociación, se generó la confianza”, dijo una alta fuente del oficialismo.
Transpirando, el Gobierno consiguió anoche las firmas de once senadores en la comisión de Asuntos Constitucionales para obtener dictamen. Es apenas el primer paso: falta votar el proyecto en el recinto en la Cámara alta (la semana que viene) y todo el trámite en Diputados. Aunque hay esfuerzos por disimularlo, el proyecto quedó lejos de ser una transformación superadora para el sistema democrático y se convirtió en un traje a medida de la necesidad de cada uno.
Karina y Mauricio
El camino para el Gobierno, no obstante, empezó a allanarse cuando el PRO publicó el comunicado informando que acompañaría la suspensión de las PASO. “Al final del día, Mauricio cumplió”, comentaron Santilli y Karina Milei durante la reunión de mesa política del martes en Balcarce 50. La decisión de los amarillos se resolvió el lunes, en un Zoom que reunió virtualmente a Macri con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) y los jefes de los bloques, Cristian Ritondo y Martín Goerling. Este último quedó descolocado: siempre dijo que no apoyaría un cambio en las reglas de juego electorales.
En el PRO alegaron que la decisión pasó por cuidar la estabilidad económica. “Macri entendió que en este momento sería una muy mala señal que Milei no pueda suspender las PASO”, apuntaron en el partido. Tiene sentido el argumento: en su obsesión por inclinar la cancha en 2027, el Gobierno terminó por convertir a la reforma política en un test de gobernabilidad a los ojos de los mercados.

Pero hay algo más importante que Karina le dio a Macri en estas horas: el reconocimiento. La hermana del Presidente volvió a validar al exmandatario como su principal interlocutor político. No es poco, teniendo en cuenta las voces que la alientan para cerrar acuerdos con Jorge Macri en la Ciudad, con los gobernadores del PRO y con Ritondo en Buenos Aires, dejando al calabrés fuera de la foto.
En sus sucesivos llamados telefónicos, Karina Milei aceptó dejar para febrero o marzo la negociación en la Ciudad. Mauricio Macri ya dejó trascender que su vínculo político con su primo es irreconciliable. No parece casual que Fernando De Andreis, lugarteniente del expresidente, haya anunciado en una entrevista radial que quiere disputar la Capital Federal.
La decisión del PRO con la reforma electoral tiene un alcance mayor que lo puramente parlamentario. Implica ir zurciendo un gran pacto entre partidos. Y deja algo huérfano a Hernán Lacunza que, lanzado a la presidencia, había defendido a las PASO. “Hoy mi partido eligió otro camino. Lo respeto”, dijo el economista.
Javier y Patricia
Con el acercamiento al PRO, la secretaria general de la Presidencia sintonizó con un mandato que transmitió Javier Milei. El jefe de Estado delega la cuestión política en su hermana, pero de tanto en tanto baja el martillo. Así fue que pidió que incluyeran a Mauricio Macri en el encuentro con el Papa en el Palacio Libertad. La invitación se envió apenas un día antes.
Algo parecido ocurre con Patricia Bullrich: Milei dijo ayer que la quiere conservar como su “socia política”. Ahuyentó así a aquellos que, cerca de Karina, hablaban de buscar una “solución definitiva” al affaire con la senadora. La idea era pedirle a Bullrich que se ordenara o, caso contrario, que se fuera del espacio. Pero nada de eso pasó en el reencuentro de la mesa política de este martes. Tras un mes sin verse las caras, todos hicieron lo que mejor saben hacer con sus peleas intestinas: fingir demencia.
Con su repentina colaboración en el Senado, Patricia Bullrich buscó mandar un mensaje hacia adentro. Dejó en claro que ella no planeaba, como tantos especularon, reclamarle una PASO a Milei ni hacerle un atraco electoral. La senadora se lo dijo a su equipo esta semana: “Yo no voy a hacer un contrapunto con la reforma política porque a mí lo que me importa es cómo llega la economía. Esto no es una interna por el poder”.
Esta semana, de hecho, Bullrich dijo públicamente que “el rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”. “Para que este proyecto reelija tiene que haber algunos cambios para que la gente lo sienta dentro de un año”, abundó. El Presidente, en cambio, siguió machacando con que no hará corrección económica alguna.

Así las cosas, un eventual ofrecimiento a Bullrich para que integre una fórmula presidencial con Milei no saldará la cuestión de fondo con la “socia” presidencial.
Resquemores en Diputados
Con tanto empeño para juntar las firmas para la reforma política en el Senado, el Gobierno descuidó su agenda en Diputados. Ayer se iban a votar dos proyectos que se presentaron como cruciales para la agenda libertaria: la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la cuestión Malvinas.
Los pases de factura no tardaron en llegar. Se habló de heridos por el reparto de sillas en el Consejo de la Magistratura. Pero la explicación de Martín Menem a la mesa política fue que los diputados de Provincias Unidas (PU), que responden a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), no se sentaron en sus bancas porque reclamaban incorporar la ley de biocombustibles en la sesión. El proyecto beneficia a las grandes cerealeras de esas provincias, pero Cristian Ritondo no lo acompaña porque va en detrimento de industrias bonaerenses.

El repaso de presentes y ausentes en el recinto avivó las suspicacias internas. Todo el sistema tuitero que responde a Santiago Caputo acusó a Menem de un boicot contra el “proyecto Malvinas”, que tiene el sello del asesor presidencial porque incluye su soñado Consejo de Seguridad Nacional. “Es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes”, saltó enseguida Daniel Parisini. La cuenta del streaming Carajo hizo un tuit apuntando a un diputado del PJ bajo el curioso título “el Cipayo de La Rioja”. Marcela Pagano metió el dedo en la llaga al hablar de dos diputadas del “staff de Menem” que no se sentaron en sus bancas. La lupa está en Rocío Bonacci (LLA), Lourdes Arrieta (PU) y los diputados del MID, todos con buena terminal en el oficialismo.
Contorsiones discursivas
Si la intención de Caputo el lunes fue programar las expectativas en el mercado asegurando que el kirchnerismo está muerto y que Milei ganará “en primera vuelta”, lo que siguió en los días posteriores mostró un agravamiento de la desconfianza. El riesgo país escaló otros 20 puntos y el dólar subió en todas sus cotizaciones.
El economista Fernando Marull —que habitualmente celebra los fundamentos del programa libertario— lo dijo claramente esta semana en Infobae en Vivo: “De acá a las elecciones no va a cambiar la economía, el mejor escenario para Milei es evitar una crisis”.
Milei, por su parte, volvió a hacer cherry picking de los datos económicos. En las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central dijo que el PBI creció 10 puntos desde diciembre de 2023. Aseguró que creó “500 mil puestos de trabajo” y agregó que los salarios privados formales “subieron 10%” y los informales “un 55%”. El Presidente admitió, como en un paréntesis, que su evaluación es “al margen de lo que pueda estar pasando en un par de trimestres, y si se marca o no una recesión técnica”. Aludió así al dato en el que coinciden las consultoras privadas de que el país ya estaría en recesión técnica y que este año el país crecerá menos de 1%, mientras que el empleo privado registrado lleva 15 meses de caída. Fundar contabilizó que cerraron al menos 32.000 empresas en lo que va del gobierno actual.
Después de hacer varias contorsiones para explicar la caída del consumo y el aumento de la informalidad como una voluntaria reconversión laboral, Caputo terminó por reconocer, como al pasar, el problema de la actividad y el empleo. Cuando explicó que no puede subir las jubilaciones por prudencia fiscal, soltó: “Necesitamos dos cosas para recaudar más: que la economía crezca y que el trabajo se formalice”.
En la Casa Rosada aseguran que Milei está hoy entre los 35 y los 38 puntos. “Lo bueno es que no tiene contra quién perder”, apuntan. ¿Qué ocurre si, a partir de la eventual suspensión de las PASO, la oferta electoral adquiere una fisonomía distinta a la de la polarización que quiere diseñar el Gobierno, con más de una alternativa por derecha y por izquierda?
Mientras el ala política se trenza en una rosca a años luz de los problemas de la ciudadanía, el Presidente y su ministro de Economía intentan enmarcar la contienda de 2027 como una pelea de modelos. Pero no ofrecen una perspectiva de corto o mediano plazo. Un colaborador que orbita en el oficialismo explicó cuál será el concepto que atravesará la campaña por la reelección: “Milei no puede dar ahora prosperidad económica. Solo puede salvar al país de los ‘orcos’”.
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Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Hoy discutimos si crecemos un punto más o menos”, dijo el Presidente

¿Puede un robot empezar a remover las telarañas ideológicas del sistema universitario? ¿Puede ayudar a desarmar prejuicios y abrir un debate innovador sobre el financiamiento de la educación superior? La respuesta, por curioso que suene, asomó en una noche de gala con música de Abel Pintos y la conducción de Iván de Pineda.
El encuentro fue organizado la semana pasada por la UBA en el edificio de la Facultad de Derecho. El objetivo era reunir fondos para comprar un robot quirúrgico destinado al Hospital de Clínicas. Apuntaban a recaudar un millón y medio de dólares, pero con el aporte de empresas y de donantes particulares la meta se superó: recolectaron 2,2 millones, y ahora no solo podrían comprar el robot, sino también un microscopio de última generación. La novedad, sin embargo, no pasa tanto por el monto, sino por el mecanismo: fue la primera vez que la Universidad de Buenos Aires propone una iniciativa de esta escala y convoca a empresas y graduados a hacer un aporte económico. Hasta ahora, el financiamiento privado era una mala palabra; una especie de herejía para el ideologismo dominante en el sistema universitario.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof defendió este miércoles los detalles de su ley impositiva 2027. En ese proyecto, que todavía debe ser aprobado en la legislatura bonaerense, propone aumentos promedio de 30% para los inmobiliarios urbano y rural, y también para Ingresos Brutos, y una baja nominal en patentes para los autos.
A grandes rasgos, la intención oficial ya había sido adelantada el 6 de noviembre, cuando el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, presentó las leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2027. Ahora ARBA dio los detalles sobre los impuestos, tema clave de cara a la economía del año electoral y con Kicillof hoy como uno de los principales candidatos de la oposición. Fuentes del gobierno provincial contaron a que la semana que viene todo el paquete estaría tomando estado parlamentario.
La plaza cambiaria local viene negociando un promedio de US$352 millones de contado por rueda en lo que va de la semana, un volumen 40% inferior al que operaba a esta misma altura de octubre. Se trata de un fenómeno que ocurre pese a que el Banco Central (BCRA) dejó subir el dólar mayorista $16 (1,05%) entre el lunes y hoy, y $25,50 desde comienzos de mes (+1,7%).
Es la razón a la vez por la que el minorista para la venta llegó a la vez a los $1580 en el Banco Nación, o promedió en el resto de las entidades financieras los $1583,38, marcando un nuevo máximo nominal.
El Gobierno tuvo un traspié importante este miércoles después de convocar a una sesión que tuvo que dar de baja porque no consiguió quorum. Se iban a tratar la ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos proyectos que Javier Milei sigue en persona y que la Casa Rosada quisiera tener aprobados antes de fin de año.
Con una debilidad política expuesta justo en un momento en que necesita estar fuerte para aprobar la reforma eletoral, el oficialismo dio explicaciones de todo tipo y volvió a exponer sus propias internas.
El presidente Javier Milei habló este miércoles de las versiones de una interna con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y negó un desplazamiento de la funcionaria al afirmar que ese sería el “deseo” del “círculo rojo”.
“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política. Es el deseo del ‘círculo rojo’ eso, porque gran parte del ‘círculo rojo’ es parte del status quo que pierde con este modelo», afirmó el mandatario.
Tras una jornada de altísimo voltaje político, el oficialismo logró dictaminar el proyecto de reforma electoral, luego de dar marcha atrás con el sistema de listas de adhesión o colectoras que el propio jefe de Gabinete, Diego Santilli, había negociado con un grupo de gobernadores radicales para garantizarse los votos necesarios para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Pero lejos de facilitar el acuerdo, esta concesión terminó por complicar las negociaciones y obligó al Gobierno a dar un giro en su estrategia. Así, con la eliminación de ese sistema y una serie de modificaciones al proyecto, los libertarios consiguieron reunir a última hora los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen.
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La Justicia porteña utilizó la reforma laboral del Gobierno para calcular una indemnización por despido

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revocó por mayoría una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ordenó aplicar el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei para determinar los intereses y la actualización de una indemnización por despido.
El fallo lleva la firma de Alicia Ruíz, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi, Inés Weinberg y Luis Francisco Lozano.
La decisión se dio en una causa contra el Banco Hipotecario, donde se hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la entidad bancaria.
La norma, que entró en vigencia el 6 de marzo de 2026 durante el trámite de la causa, establece un régimen para actualizar los créditos laborales en juicios en curso que no tienen sentencia definitiva. El mecanismo toma como regla la tasa pasiva del Banco Central, con un techo equivalente al resultado de actualizar el capital por el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) más un 3% anual.
A su vez, el monto no puede ser inferior al 67% de lo que arroje esa fórmula.
La Cámara había confirmado la condena al pago de la indemnización y declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la indexación. Sobre esa base, ordenó actualizar el crédito desde su exigibilidad mediante el IPC más un interés puro del 3% anual.
El Banco Hipotecario apeló esa decisión ante el TSJ por considerar que resultaba arbitraria y se apartaba de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Oliva” y “Lacuadra”.
Por su parte, la trabajadora planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. El tribunal rechazó ese pedido y sostuvo que la declaración de invalidez de una ley constituye un recurso de última instancia.
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