Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, desalojaron violentamente a los trabajadores del subte que reclamaban sobre la avenida Roosevelt en el barrio porteño de Villa Urquiza.

La manifestación se da en el marco de una protesta por la suspensión de un empleado de manera ilegal, por parte de la empresa. Ello motivó a una medida de fuerza que lleva cinco horas y afecta a más de 750 mil usuarios.

Paro del subte: Jorge Macri apoyó la detención de los metrodelegados e intimó a garantizar el servicio

Los metrodelegados interrumpieron las líneas de subte y premetro

Un sorpresivo paro afectó a todas las líneas de subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluido el premetro.

La medida de fuerza la inició este martes por la mañana el sindicato de Metrodelegados, quienes alegan, a través de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que tiene lugar por una orden de detención policial emitida por la Justicia sobre dos de los trabajadores del gremio, que por el momento no se entregaron a la Policía.

Las empresas de colectivos del AMBA reducirán las frecuencias nocturnas por un desfasaje de $ 40.000 millones

Los trabajadores con orden de detención policial son dos cuadros gremiales de los Metrodelegados, Claudio Dellecarbonara y Nestor Segovia. Uno de ellos estuvo atrincherado en una oficina del sindicato.

Dellecarbonara habló ante TN y advirtió que “no vamos a permitir que avancen contra nuestra organización”.

El paro trastoca la ya de por sí compleja red de transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuyos colectivos y trenes urbanos absorberán la circulación de usuarios del subte.

Se normalizó el servicio del subte y el premetro

Pasadas las 15, Nestor Segovia advirtió: “Apenas lleguen a nuestros compañeros Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, levantamos el paro”. Luego, cerca de las 16, el Gobierno de la Ciudad confirmó que comenzó el normal funcionamiento en las líneas A, C, E, H y el premetro.

La siguiente en sumarse fue la D y por último se restableció la B. El paro duró seis horas.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero llevó adelante una serie de 80 allanamientos en varias provincias para desbaratar a una asociación ilícita que se dedicaba a utilizar los datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA mediante un sistema diseñado para trabajadores del campo.

Las medidas fueron llevadas a cabo por el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N°2, y con la intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N°7 a cargo de Gabriela Ruiz Morales. En los operativos, de los que participó la Policía Federal, se detuvo a ocho personas, además del secuestro de maquinarias agrícolas, automotores, dispositivos electrónicos y valores.

Las tareas fueron desarrolladas por personal de ARCA y el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Ariel Gastón Bessone. La investigación se originó a partir de una denuncia formulada por el organismo recaudador sobre el accionar de una asociación ilícita dedicada al reclutamiento de personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social, con el propósito de simular la realización de actividades agrícolas y apropiarse de los reintegros previstos por el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

Según los elementos reunidos durante la pesquisa, los falsos productores inscriptos en el sistema carecían de capacidad económica, operativa y financiera para llevar adelante cualquier tipo de explotación agropecuaria. La maniobra se sostenía a través de un entramado organizado que incluía la apertura y administración de cuentas bancarias mediante tarjetas de débito controladas por los integrantes de la red. De esta forma, los fondos devueltos por el fisco terminaban en manos de quienes orquestaban el esquema y no en las de los supuestos trabajadores rurales.

El SISA es una plataforma creada con el objetivo de unificar los registros y regímenes informativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y ARCA. Su función principal consiste en simplificar trámites, sistematizar la calificación de los actores del sector y mantener la capacidad de control fiscal sobre la producción y comercialización de granos, semillas en proceso de certificación —cereales y oleaginosas— y legumbres secas.

La inscripción en el sistema es obligatoria para productores, operadores que participen en la cadena de comercialización y propietarios, copropietarios, usufructuarios u ocupantes de inmuebles rurales explotados en todo el territorio nacional, siempre que en dichos predios se desarrolle la producción mencionada.

El beneficio central que la organización desarticulada explotaba es el Régimen Especial de Reintegro Sistémico del Impuesto al Valor Agregado, el principal mecanismo de devolución que ofrece el SISA. A través de este esquema, el organismo recaudador devuelve de manera automática en la CBU del productor un porcentaje —o la totalidad— de las retenciones de IVA practicadas al momento de la venta de granos o semillas.

La normativa vigente establece que la acreditación de los montos se realiza hasta el último día hábil administrativo del mes en que se presenta la declaración jurada de IVA correspondiente al período fiscal de la retención, lo que en la práctica se traduce en un plazo estimado de 45 días. Para que ARCA libere los fondos, el solicitante debe cumplir con requisitos estrictos: no registrar deudas líquidas y exigibles en materia impositiva, previsional o aduanera; contar con la Liquidación Primaria de Granos (LPG) correctamente confeccionada y vinculada a su correspondiente Certificación Primaria Electrónica; exteriorizar el impuesto en la declaración jurada mensual bajo la opción de operaciones primarias sujetas a reintegro; y tener registrada una clave bancaria propia en la plataforma del organismo.