POLITICA
Fuerte reclamo de la Corte a Kicillof por las vacantes: “Es una necesidad institucional impostergable”
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, junto al resto de sus integrantes, reclamaron este martes por la cobertura de las cuatro vacantes del máximo tribunal, en un mensaje destinado al gobernador Axel Kicillof y al sistema político en general. Fue en el marco de la presentación del proyecto de ley de fortalecimiento del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, en el que también se impulsó nuevamente la autarquía del Poder Judicial, una demanda histórica del mundo judicial bonaerense. “Transcurrieron 2292 días de la primera vacante y casi ochocientas desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud”, planteó.
Torres fue el único orador del acto. En el estrado lo escoltaron el vicepresidente de la Corte, Daniel Soria; la ministra Hilda Kogan y el Procurador, Julio Conte Grand. El titular del máximo tribunal destacó la gravedad institucional de operar con menos de la mitad de los integrantes previstos y el impacto de esta situación en la calidad del servicio de justicia. La presentación coincidió con la firma del proyecto de ley, acompañado por los presidentes del Colegio de Magistrados y de Abogados bonaerenses y el secretario general de la Asociación Judicial, que reúne a unos 28.000 trabajadores activos y pasivos, así como con el apoyo explícito de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de casi todas las provincias argentinas.
“Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete”, fue lo primero que dijo Torres luego de saludar ante un auditorio repleto en el primer piso del edificio judicial en la ciudad de La Plata. “Este superior tribunal se encuentra ineditamente desintegrado”, prosiguió. “Nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años. Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi ochocientos desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud”, detalló.
El actual cortesano que llegó al máximo tribunal durante la gobernación de María Eugenia Vidal -y fue el último en ser designado para ese cargo-, enfatizó que las vacantes afecta la dirección estratégica, la legitimidad y la eficiencia de las decisiones judiciales, en tanto solo tres jueces —y el apoyo de magistrados inferiores— deben cumplir la labor que la Constitución destina a siete.
Según el artículo 175 de la Constitución Provincial, es el gobernador quien debe designar a los jueces de la Suprema Corte, en acuerdo con el Senado y mediante mayoría absoluta. Es un debate recurrente. Semanas atrás cuando a Kicillof se le consultó por las vacantes planteó: “Necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó sacar el Presupuesto, cómo es la situación con fuerzas de la oposición cambiantes y dispersas. Estamos viendo cómo reunir los consensos. Si no se consiguen las voluntades no se puede hacer”. Requerirá de un acuerdo político. En la oposición y también en un sector del oficialismo esperan que el gobernador abra esa instancia.
El pedido para nuevamente reclamar por las vacancias se da tras el regreso de Torres a la presidencia del máximo tribunal. Asumió el pasado 19 de abril, luego del período de Hilda Kogan. Hasta el momento, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial es cordial. El acto de este martes fue una señal de alerta en esa dinámica. La actividad, en los pasillos de la Corte, se leyó como mensaje contundente al gobierno de Kicillof, principalmente en la demanda de recursos: financieros y humanos. No hubo presencia de legisadores, más que la de los los diputados provinciales Martín Endere (PRO) y Germán Di Césare (Fuerza Patria), quienes fueron invitados porque son integrantes del Consejo de la Magistratura.
“Una corte incompleta limita la capacidad de conducción. Una corte integrada fortalece la institucionalidad. Postergar las designaciones es debilitar el sistema», enfatizó Torres.
En medio de los pedidos al sistema político para avanzar con la cobertura de vacantes, el presidente de la Corte sí destacó que en 2025 se realizaron cuatrocientas doce designaciones para la Administración de Justicia y el Ministerio Público. Planteó que esperaba en 2026 se terminen de cubrir las doscientas vacantes en el sistema judicial y ponderó el trabajo mancomunado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia (que actualmente conduce Juan Martín Mena) y por el Consejo de la Magistratura bonaerense, por consolidar las desginaciones del año pasado.
La presentación del proyecto de ley fortalecimiento del Poder Judicial implica la autarquía, otra demanda del Poder Judicial hacia el Ejecutivo. En 2014 hubo un proyecto de ley similiar. El mismo propone una autonomía presupeustaria y autarquía económico financiera del Poder Judicial y que “con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, el Poder Judicial contará con una dotación de recursos presupuestarios suficientes para desarrollar sus funciones con independcia y eficacia”. Actualmente, el Poder Judicial funciona con los recursos que envía el Ejecutivo.
Torres planteó que “no hay independencia judicial posible sin autarquía financiera” y que “la autarquía judicial no debe ser una concesión política ni un privilegio corporativo”, sino que “es una manda constitucional directamente ligada al principio de división de poderes, que nuestra Constitución Provincial consagra desde su artículo primero y a la tutela judicial efectiva».
Además de poder ejecutar su propio Presupuesto, el proyecto permitiría, entre otros puntos, que el gremio de judiciales negocie paritarias directamente con la Corte; en vez de hacerlo con el ministerio de Economía y de Trabajo provincial, como sucede actualmente. “No solo cuestiones laborales, sino también tiene que ver con el salario. Así que estamos muy contentos porque vamos a poder ponernos a discutir mano a mano con la patronal de aquellas condiciones de trabajo en la carrera, en todos sus ámbitos. Somos los únicos trabajadores del estado de la República Argentina, del Estado bonaerense, que con la reforma del año 94 no tenemos acceso a la negociación colectiva”, planteó tras la presentación el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Hugo Russo, que fue uno de los firmantes al proyecto de ley.
Además de los tres integrantes de la Corte y del Procurador, la iniciativa también tiene el acompñamiento de Matías Repazzo (Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires), Erika Rodríguez Meroni (Presidente de la Comisión de Funcionarias y Funcionarios del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires), y Bienvenido Rodríguez Basalo (Presidente del Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aries).
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POLITICA
El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias: los proyectos clave que entrarán y los que están en duda
El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias en las próximas semanas para terminar de aprobar algunos de los proyectos más importantes para la administración libertaria. Lo confirmó esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de indicar que se buscará acelerar el tratamiento del Presupuesto 2027 y la Reforma Política, la cual contempla la suspensión de las PASO.
“Seguramente haya extraordinarias”, confirmó Menem en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Aún no se conoce la fecha en la que el presidente Javier Milei firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias. El año pasado se convocó del 10 al 30 de diciembre, pero en el oficialismo creen que se debería adelantar para principios de mes y que finalice antes de la semana de las fiestas, con el viernes 18 de diciembre como fecha tentativa.
También se desconoce cuál será el listado de temas que se convocará. Tanto el Presupuesto como la Reforma Política son reconocidos como las dos iniciativas que estarán en el próximo llamado. Estos son los dos proyectos más importantes para el Presidente. En primer lugar, porque la planificación presupuestaria resulta una condición de previsibilidad del gasto que miran los inversores y entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En segundo término, Milei les pidió particularmente a sus operadores políticos que aceleren las negociaciones para poder movilizar el proyecto electoral en el Congreso y asegurarse de que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias no adelanten el calendario electoral, de modo que le permitan a la economía tener capacidad de recuperación.
En el reportaje que brindó esta mañana, Menem afirmó que el Gobierno buscará avanzar particularmente con esta última iniciativa y dijo que debería conseguirse media sanción en el Senado en un lapso de 15 días. Se trata, también, de un gesto hacia Patricia Bullrich, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que no está convencida de que se deba tomar esa determinación. En el Gobierno —y en su propio círculo de confianza— afirman que lo hace para tener la opción de pedirle una interna presidencial a Milei, algo que siguen sin ver como un escenario probable por lo que implicaría en términos políticos.
Quienes lideran ambas conversaciones legislativas son los diferentes integrantes del círculo político de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es uno de los integrantes del oficialismo que viene diciendo en privado que tiene los votos para conseguir la media sanción en la Cámara Alta.
Aun así, dice que necesita de la buena voluntad del partido nacional de La Libertad Avanza para que los gobernadores que tienen alfiles en el Congreso se animen a darle apoyo al oficialismo nacional, a sabiendas de que estos quieren competir en las provincias, lo cual podría afectar sus propios proyectos provinciales.
“No veo que vaya a haber una charla de acuerdos por ahora”, sostiene una importante fuente del círculo menemista, que agrega: “Creemos que es momento de dar un primer paso, aunque los gobernadores deberían pagar al contado”.
Más allá del Presupuesto y de las PASO, hay un grupo de proyectos que el Gobierno podría sumar al temario de extraordinarias. Ninguno tiene dictamen y, con el calendario actual, solo avanzarían este año si la Casa Rosada los incluye en la convocatoria.
El caso más visible es el del Súper RIGI. Diputados le dio media sanción en junio, pero en el Senado está empantanado: los aliados del oficialismo condicionan su apoyo a que se incorpore la obligación de comprar a proveedores locales. Algo parecido ocurre con la Ley Hojarasca, que también tiene media sanción de la Cámara baja desde mayo y en el Senado no tiene acuerdo político ni fecha de tratamiento. Si los senadores le hacen cambios, además, tendría que volver a Diputados.
En el camino inverso, del Senado a Diputados, la reforma de la ley de Biocombustibles quedó trabada en la Cámara baja. PRO, la UCR, el MID y Unión por la Patria reclaman cambios para proteger a las pymes regionales del sector. Otros dos proyectos con sanción del Senado, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes y la creación de un Mercado de Carbono, recién empiezan su paso por las comisiones de Diputados y todo indica que quedarán para el año próximo. Por último, la reforma de la Ley de Salud Mental, aprobada por el Senado el 29 de octubre, espera tratamiento en Diputados. Uno de sus puntos centrales es que las internaciones ya no requerirían autorización judicial previa y alcanzaría con comunicarlas a la Justicia.
Si el Ejecutivo suma alguno de estos proyectos al temario, mostrará cuáles considera prioritarios de cara a 2027 y cuánto está dispuesto a negociar con los bloques dialoguistas para destrabarlos. No se descarta que algunos de ellos sean incorporados en un eventual segundo llamado a extraordinarias en enero y febrero, un escenario que el propio Gobierno no descarta.
“Estoy en mi casa, he defendido a mi institución y a mi bandera”, dijo aquel 4 de marzo pasado, en el Edificio Centinela y sin ocultar su emoción Nahuel Gallo, el joven gendarme argentino detenido y encarcelado en la cárcel venezolana de El Rodeo I, acusado de “complotar” contra el régimen de Nicolás Maduro.
Sentado junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que en un momento le tomó la mano en señal de apoyo, el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería, Claudio Brilloni, Gallo hablaba por primera vez ante los medios desde la sede de Gendarmería, en su tercer día en libertad luego de 448 jornadas detenido, torturado y maltratado en las mazmorras del chavismo.
Ocho meses después de aquel movilizador retorno, Gallo luce infinitamente mejor que en aquella calurosa jornada de marzo. Se lo ve repuesto físicamente y en forma, más allá de heridas internas que no han sanado del todo. En diálogo con , el gendarme agradece toda la ayuda recibida, y aunque intenta no acusar a nadie, se le nota el desencanto por lo que ocurrió (y lo que no ocurrió) desde entonces.
“A veces pienso: se sacaron la foto y después se olvidaron de mí”, dice Gallo, un viernes de noviembre, en un bar de San Telmo cercano al jardín de infantes al que asiste el pequeño Víctor, uno de sus motores de vida durante su largo y asfixiante cautiverio. Enseguida reconoce a todos los que colaboraron en su liberación, desde el Gobierno hasta la fuerza que integra desde hace 17 años, pasando por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Claudio “Chiqui” Tapia (que lo rescató en un avión privado sin avisarle al Gobierno) y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que –asegura-“se portó bárbaro, sobre todo conteniendo a mi mamá (Griselda Heredia)”.
Pero las comparaciones con otros compañeros de desventuras lo vuelven a incomodar. “A Joseph le dieron una medalla de honor cuando volvió”, dice Gallo. Se refiere a Wilbert Joseph Castañeda Gómez, compañero de celda y suboficial de la Marina estadounidense detenido en Caracas mientras visitaba a un amigo. Una historia muy parecida a la suya, que comienza el 8 de diciembre de 2024, cuando fuera detenido por la temible Direccion general de Contrainteligencia militar (Dgcim) chavista, al intentar ingresar en territorio venezolano para visitar a su mujer, María Alexandra Gómez, y al pequeño hijo en común. “Eramos los únicos dos militares entre 125 extranjeros. Nos trataban como los cabecillas de un plan para derrocar a (Nicolás) Maduro”, dice Gallo, quien dio su testimonio en la causa judicial y pedido de extradición que el juez federal Sebastián Ramos le sigue al ex presidente venezolano, hoy detenido en una cárcel estadounidense.
Con trabajo administrativo en la dirección de Legales de Gendarmería–“voy a empezar abogacía el año que viene”, declara-Gallo también se dedica al estudio: cursa las diplomaturas en ciberterrorismo y terrorismo islamista en la universidad de la Policía Federal. Corre maratones con una remera en la que pide por los presos políticos en Venezuela. Y prepara, junto a un veterano periodista cuyo nombre prefiere reservar, un libro contando sus vivencias en la cárcel.
Un momento de mucha actividad con proyectos que tienen una limitación: el dinero para concretarlos. “No soy de pedir nada, y tampoco pido un departamento en Puerto Madero”, se justifica Gallo, y habla de los “gastos” que supone costear sus estudios y el libro aún en preparación. “La tarjeta la tengo en rojo”, confiesa.
¿ Y Gendarmería? “A ellos no les puedo pedir más”, aclara, y le suma al trabajo la ayuda psicológica que aún recibe una vez por semana, y la disposición a contenerlo desde el minuto uno de su retorno al país.
Con el Gobierno, aclara, el vínculo fue nulo durante 445 días. “No me enteraba de nada, no sabía de las gestiones que estaban haciendo”, se sincera. Y cuenta que en el primer llamado que los captores le permitieron hacer, de cinco minutos y rodeado de militares chavistas, le preguntó a su pareja “que están haciendo tío León y tía Pato”, en referencia al Presidente y su entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargados de las negociaciones en medio de una guerra declarada entre el gobierno libertario, que no aceptaba las elecciones de julio de 2024 que dieron una nueva reelección a Maduro, y la administración chavista.
“Ya te digo, no tengo bandera política. Hablo con gente del Gobierno, con Jalil que es peronista, hasta con radicales”, dice Gallo, con la idea de no quedar pegado a ningún sector del sistema político. De Tapia no quiere hablar, aunque valora el gesto de regalarle una entrada para ver en vivo la despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional, en septiembre pasado.
“Tengo una misión, la de pelear por los que todavía están presos”, dice Gallo. Quiso darle una carta con ese mensaje al Papa León XIV, pero sus contactos políticos no alcanzaron. “No pude verlo personalmente. La organización no me tuvo en cuenta y no pude acceder al encuentro para entregarle en mano la carta que había preparado especialmente para él. No tuve ese privilegio, pero no importa. Tengo fe en que, de alguna manera, estas palabras van a llegar a sus manos”, posteó.
En la carta que no pudo entregarle, Gallo le pedía al Papa León por los “presos políticos y extranjeros que necesitan que el mundo no los olvide”.
Fuertemente crítico del chavismo, Gallo no cree que el reemplazo de Maduro por la actual presidenta interina Delcy Rodríguez haya cambiado algo en Venezuela. Y apuesta sin medias tintas a que la opositora María Corina Machado llegue algún día al poder en ese país. “Si no se van todos los integrantes del régimen, el cambio no sirve. Los jóvenes de Venezuela no saben lo que es la democracia”, dice Gallo desde su militancia anti-chavista, y mientras espera, tal vez, un reconocimiento que tarda demasiado en llegar.
dijo,luego de 448 jornadas detenido,sin avisarle,@Pontifex_it,@Pontifex_es,pic.twitter.com/jl5To2e6Px,November 9, 2026,Jaime Rosemberg,Gendarmería Nacional,Conforme a
POLITICA
El trasfondo de la fuerte discusión entre Pettovello y Barrionuevo antes del discurso del Papa en la UCA
Poco antes de que el Papa León XIV hablara en la UCA, Luis Barrionuevo le reprochó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que el Gobierno no haya firmado el certificado de autoridades que convalidaría su triunfo en las elecciones en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA) que se hicieron en diciembre pasado.
Pero el inesperado reclamo generó una discusión a los gritos con la ministra, que le respondió en fuertes términos y le dijo que ese tema estaba judicializado y no correspondía que tomara una decisión al respecto.
El dirigente le advirtió a la funcionaria de confianza de Javier Milei que por este motivo el Sindicato de Gastronómicos se movilizará el lunes próximo ante el Ministerio de Capital Humano ya que el no reconocimiento oficial de su victoria electoral, según señaló, ocasiona que los trabajadores gastronómicos no puedan cobrar el último aumento salarial porque aún no está homologado por la Secretaría de Trabajo.
“A mí no me extorsiones porque vamos mal”, le contestó Pettovello, visiblemente molesta por el tono utilizado por Barrionuevo y por el ámbito elegido para su reclamo, ya que ambos estaban en el Campus de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), esperando el discurso que León brindó a empresarios, sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales.
La ministra, según fuentes oficiales, le planteó que el líder sindical “debería pedirle a la Justicia la excepción de que la Secretaría de Trabajo puede intervenir y homologar si es que los trabajadores no cobran el aumento”. Y le explicó que si Trabajo aún no le extendió el certificado de autoridades, pese a una orden judicial, “no es por una cuestión política sino estrictamente jurídica”.
En Capital Humano explicaron que luego de que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó en septiembre pasado a la Secretaría de Trabajo que expida en 5 días la certificación provisoria de autoridades a Barrionuevo, el ministerio presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para clarificar ese tema: “Como funcionarios estamos obligados a llegar a la última instancia”, señalaron cerca de Pettovello.
En rigor, el trasfondo de este conflicto está relacionado con la aplicación del decreto 342, dictado por el Gobierno en 2025, por el cual se limita la intervención del Estado en las elecciones sindicales y fija su actuación sólo para llamar a votar en caso de acefalía de los gremios.
Según esa norma, el Estado únicamente puede designar un funcionario (por un plazo de 120 días hábiles) cuando el sindicato carece de autoridades y su estatuto no prevé cómo resolverlo. Y al retirarse la Secretaría de Trabajo como árbitro administrativo, los conflictos sindicales por listas, padrones o impugnaciones pasan directamente a resolverse en el fuero laboral.
“No corresponde que el Gobierno intervenga en conflictos internos de los sindicatos y por eso el decreto 342 apuntó a evitar que, como pasó siempre, se resuelvan políticamente asuntos que son judiciales”, argumentaron a Infobae fuentes de Capital Humano.
“Cuando los fallos no salen como ellos quieren, presionan con medidas como esa movilización a la que convocó Barrionuevo -agregaron-, pero lo tiene que definir la Justicia y si la Corte Suprema lo avala, se le dará el correspondiente certificado de autoridades”.
El decreto 342, en los hechos, sacó a la Secretaría de Trabajo del viejo rol de resolver conflictos vinculados con las elecciones sindicales y que, en forma tradicional, solían estar teñidos de sospechas de favoritismo político e incluso de otro tipo de irregularidades. Así, es la Justicia la que debe dirimir esas controversias sin la intervención del Estado, a tono con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La medida cautelar que favoreció a Barrionuevo revocó una negativa previa y respondió a la falta de respuesta oficial del Poder Ejecutivo, que mantiene sin reconocimiento formal a las nuevas autoridades de la UTHGRA tras una disputa interna entre el líder a nivel nacional, Barrionuevo, y el titular de Seccional Capital, Dante Camaño, que se extendió a la vía judicial.
Sin embargo, el Gobierno presentó el recurso extraordinario ante la Corte porque mantiene a rajatabla su decisión de recurrir hasta la última instancia judicial cuando existan decisiones adversas a sus resoluciones administrativas, como fue el no reconocimiento del triunfo electoral de Barrionuevo mientras el resultado siga en medio de una controversia judicial.
La oposición a Barrionuevo también objetó la decisión de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que otorgó la certificación provisoria a la lista de Barrionuevo. Los apoderados de la nómina Gris/Naranja, encabezada por Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y líder de la Seccional Capital de Gastronómicos, denunciaron presuntas irregularidades procesales y sostuvieron que la sentencia se dictó con rapidez para impedir que las partes presentaran recusaciones contra los magistrados.
Este es el escenario en el que ahora se instaló la discusión destemplada entre Barrionuevo y Pettovello poco antes de que hablara el Papa y que suma un componente de extrema tensión que rodeará la movilización del lunes próximo de Gastronómicos.
Sandra Pettovello,Luis Barrionuevo,Argentina
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