El Gobierno decidió bajarles el pulgar a los jueces en lo penal económico Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania y podría retirar en los próximos días los pliegos que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió al Senado nominándolos para ocupar vacantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del mismo fuero en el que se desempeñan en la actualidad.

“Catania y Galván Greenway no tienen las firmas ni creo que las vayan a tener”, aseguró un vocero de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA) que preside Patricia Bullrich (Capital).

Al respecto, los voceros precisaron que una de las causas por las que se frustraría el ascenso de ambos magistrados es la relación que los postulantes mantienen con la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que encarnan su presidente, Claudio Tapia, y u mano derecha Pablo Toviggino, investigados por delitos de lavado de dinero, evasión y enfrentados con la administración libertaria de Javier Milei.

“No hay acuerdo en nombrarlos y por su ligazón con la AFA”, señalaron en el bloque oficialista ante la consulta sobre las razones por las que los pliegos de ambos candidatos quedaran congelados en la Comisión de Acuerdos. “Fue discutido en la Casa Rosada”, agregaron.

En el caso de Galván Greenway, su vínculo con la AFA fue el fallo del pasado 24 de abril en el que dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa de 2018 en la que estaba siendo investigado por lavado de dinero.

En su fallo, el titular del juzgado Nacional en lo Penal Económico N°7 destacó que Tapia estaba en condiciones de justificar su patrimonio a partir del análisis de los ingresos declarados por el dirigente, herramientas financieras legales y créditos hipotecarios.

Por parte, el vínculo de Catania con la AFA es más difuso. En este caso, los rumores sobre el titular del Juzgado nacional en lo Penal Económico N°8 señalan que su ascenso a camarista tiene por finalidad favorecer a Tapia y Toviggino con las apelaciones y medidas que ambos dirigentes elevarán en el marco de su defensa en las causas por las que son investigados por lavado de dinero y evasión fiscal.

Ambos postulantes compartieron estrado el pasado 6 de mayo, cuando concurrieron a la Comisión de Acuerdos para defender los pliegos que los nominan como camaristas.

En esa jornada, desarrollada en el Salón Azul del Congreso, los dos postulantes mostraron una clara sintonía al momento de exponer y ninguno de los miembros del oficialismo ni de la oposición dialoguista de la Comisión de Acuerdos les planteó cuestionamiento alguno.

Sin embargo, el panorama cambió en la última semana, cuando llegó a la Casa Rosada la noticia de que ambos magistrados habían obtenido dictamen favorable a sus nominaciones con la firma de los senadores de la oposición dialoguista, a pesar de que los oficialistas todavía no habían estampado su rúbrica en los despachos.

La orden desde los despachos de la Casa de Gobierno llegó inmediata al Senado ordenando detener lo que ven como una decisión que terminará favoreciendo el frente judicial que afrontan Tapia y Toviggino.

En realidad, los dictámenes no habían sido presentados, por lo que Bullrich pudo consensuar con sus aliados que les quitaran su respaldo a los pliegos. Así, las postulaciones de Galván Greenway y Catania perdieron todas las firmas que habían cosechado hasta el momento.

Según fuentes legislativas, el ministro Mahiques se habría comprometido a retirar los pliegos del Senado para reemplazarlos con otros candidatos. La jugada todavía no se concretó.

Por orden de la Casación, la Cámara en lo Penal Económico deberá resolver en el corto plazo qué juez debe llevar la causa que investiga una presunta maniobra de lavado de dinero con una quinta en Pilar a la que se la atribuyen a Toviggino.

No son estos dos postulantes los únicos impulsados por Mahiques que tendrían un veto por parte de Karina Milei. En la misma situación se encuentra la postulación de Juan Manuel Mejuto como juez de un tribunal oral en lo criminal.

En este caso, a Mejuto se le imputa una supuesta filiación kirchnerista a partir de haber firmado la carta fundacional de la agrupación Justicia Legítima. Además, es colaborador del juez Daniel Obligado, quien sobreseyó a Cristina Kirchner en el caso Hotesur y Los Sauces; y también a Amado Boudou.

Paradojas de la política, uno de los firmantes de aquel pronunciamiento fue Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia que el último jueves obtuvo el visto bueno del Senado, con una mayoría abrumadora de 58 votos, para continuar por cinco años más como miembro de la Cámara de Casación Penal a partir de noviembre de este año, cuando cumplirá 75 años.

El peronismo bonaerense acercó posiciones en el Senado provincial y destrabó el armado de comisiones, que había quedado empantanado por la interna que protagonizan los sectores leales a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof. Después de una semana en la que la distribución de cargos e integrantes de las comisiones se había trabado, se definieron los nombres que conducirán la de Asuntos Constitucionales y la de Reforma Política, dos puntos centrales del conflicto. El massismo, que iba a quedar al frente de la primera, cedió ese lugar a La Cámpora y, a cambio, conducirá la segunda.

El reparto de comisiones en la Cámara legislativa que conduce la vicegobernadora Verónica Magario había generado renovadas tensiones en la interna peronista. Magario oficializó el reparto con un decreto, hace dos semanas, que dejó en suspenso la integración de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, tironeada dentro del peronismo por ser una de las que debe tratar los posibles cambios en la mecánica de votación en la provincia (hay proyectos para instaurar la boleta única de papel, eliminar las PASO y restablecer la reelección indefinida de los intendentes).

El trazo del resto de las comisiones que había oficializado Magario también generó resquemores. Uno de los casos más espinosos fue el de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, por la que pasan los pliegos de los candidatos a jueces bonaerenses, que el año pasado presidía el senador camporista Emmanuel González Santalla y, en el decreto de la vicegobernadora, quedaba lista para terminar en poder de Malena Galmarini (Frente Renovador).

La disconformidad interna del peronismo por el reparto de comisiones quedó expuesta la semana pasada en la votación de las autoridades de la Comisión de Legislación General. Como presidente, fue elegido el kicillofista Germán Lago (exintendente del municipio de Alberti), pero en esa votación se abstuvo el cristinista Diego Videla (de Pehuajó, alineado con el intendente Pablo Zurro), como forma de demostrar el enojo del cristinismo por la distribución. Estuvo ausente Federico Fagioli (que responde a Juan Grabois).

La semana pasada continuó con la conformación (sin conflictos) de otras comisiones, como las de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Asuntos Agrarios y Pesca; Industria y Minería; Comercio Interior, Pymes y Turismo; Salud Pública; Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad, y Prevención de Adicciones. Sin embargo, el cierre de la semana dejó inconclusas las definiciones sobre las comisiones clave en disputa en la pelea al interior del PJ.

El viernes, se destrabó el conflicto con un movimiento de fichas entre La Cámpora y el Frente Renovador. La solución se oficializaría en las próximas horas, con la publicación del decreto que define las comisiones. Tras múltiples reuniones entre los referentes de las distintas vertientes del bloque peronista (que preside Sergio Berni) y Magario, se acordó que La Cámpora vuelva a quedar al frente de la Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales, con González Santalla, y que Galamarini presida la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral. El decreto del Senado que confirmará los movimientos se publicará en breve, adelantaron fuentes legislativas.

“Se había puesto muy pesada la reunión de bloque [la semana pasada, hubo un encuentro de la bancada peronista del Senado bonaerense]. Magario no respetó los acuerdos. La Cámpora y el kicillofismo se pusieron duros. Ponemos cordura, es la segunda vez que Malena cede”, dijo a una fuente del Frente Renovador, al recordar que la extitular de Aysa ya había dejado de lado su intención de ocupar la vicepresidencia del Senado bonaerense, que quedó en manos de Mario Ishii, intendente de José C. Paz en uso de licencia.

“Nadie entiende qué quiso hacer Magario. En vez de respetar lo acordado, hizo la propia y estuvo a punto de romper todo. No faltó nada”, subrayó una fuente del peronismo legislativo disconforme con la vicegobernadora.

El acuerdo en el Senado bonaerense habilitaría también los entendimientos en la Cámara de Diputados provincial, especularon en la Legislatura. En Diputados, aún no avanzó el reparto de comisiones.

Las dos cámaras de la provincia de Buenos Aires están paralizadas. Desde que se inauguró el período legislativo, el 2 de marzo, no realizaron ninguna sesión ordinaria. Solo tuvieron sesiones especiales o de homenaje (dos en el Senado y dos en Diputados). La Cámara de Senadores tiene un presupuesto de $156.204.115.970; la de Diputados, cuenta con recursos por $222.800.000.000.