Tres gobernadores que mantienen diálogo con el gobierno de Javier Milei se reunieron hoy en un foro en Buenos Aires para debatir sobre la coyuntura económica en las distintas regiones. Los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza) realizaron un diagnóstico positivo respecto de la estabilización macroeconómica, pero marcaron advertencias respecto de la disparidad entre sectores productivos y la inversión en infraestructura.

Jalil comenzó su exposición con un balance optimista: celebró la baja de la inflación y la “posibilidad de transitar libremente” derivada de un mayor control de la protesta social. También destacó el crecimiento de inversiones vinculadas al sector minero, en particular en materia de explotación de litio.

“Nosotros este trimestre duplicamos las exportaciones del trimestre pasado. Estamos hablando de 8.000 o 9.000 millones de dólares”, indicó el gobernador en ExpoEFI. Según señaló, su provincia también está fortaleciendo sus actividades agrícola -a través de un cluster semillero– y turística.

De manera similar se manifestó Cornejo, quien subrayó la importancia de apuntalar un escenario de estabilidad macroeconomía para garantizar el desarrollo de las provincias. “Hoy estamos rumbo a la estabilidad macro y con reformas estructurales. Falta la fiscal, pero la laboral ha sido un avance sustantivo”, indicó y pidió por mayor previsibilidad para atraer grandes inversiones.

De acuerdo al gobernador mendocino, la Argentina debe trabajar en una “reforma fiscal integral” que permita eliminar algunos impuestos distorsivos nacionales y modificar la ley de coparticipación. Si bien -dijo- la administración nacional suele poner el foco en Ingresos Brutos, también se debe avanzar con la eliminación de otros tributos nacionales como el impuesto al cheque o al combustible.

Además, pidió que se revise el sistema de acceso al crédito para pymes dado que el scoring para algunos sectores continúa siendo elevado y desincentiva su expansión.

A pesar de estas cuentas pendientes, Cornejo se mostró alineado a la gestión de Javier Milei y celebró el crecimiento de la economía a nivel nacional, en torno a los cuatro puntos. Aunque advirtió que no hay que cambiar el rumbo económico, sí alertó por las disparidades a nivel regional: la mayor parte de ese crecimiento corresponde a la actividad de la Pampa húmeda y Vaca Muerta.

Es lo mismo que había advertido su par catamarqueño: mientras algunos sectores como la minería y la ganadería continúan en expansión, otros como la vitivinicultura empiezan a enfrentar embates.

Al respecto, Valdés aseguró que hoy, los gobernadores deben adaptarse a un “contexto nacional que claramente propone la competencia” y trabajar con una mirada desarrollista para atraer inversiones a sus terruños. “Ya no tenemos un estado que viene a solucionar todo, a proponer obras públicas como el motor de la microeconomía”, indicó. “Hoy hay que buscar la eficiencia, el estado provincial también tiene que buscar ser eficiente”.

Al respecto, Cornejo advirtió que en la Argentina, se había normalizado el déficit fiscal y que, en el último tiempo, ese camino se fue desandando. “Volver para atrás sería un suicidio”, advirtió. Tanto Valdés como Jalil coincidieron respecto de la importancia de no retroceder en materia de equilibrio en las cuentas.

“Todos los gobernadores son muy responsables en el manejo de las cuentas públicas. Somos conscientes de que no se puede gastar más de lo que entra”, planteó el mandatario catamarqueño. Se encargó de remarcar, de todos modos, las dificultades que enfrentan algunos mandatarios para mantener las cuentas públicas ordenadas dado que son las provincias las que “cubren el 90% de los servicios” que se brindan a la ciudadanía como salud o educación.

A esas cuestiones podrían sumarse ahora otras competencias como el mantenimiento de las rutas nacionales. Algunos gobernadores ya avanzaron con convenios con Nación para hacerse cargo de las obras viales postergadas.

Al respecto, Cornejo, por su lado, se mostró a favor de la propuesta del gobierno de avanzar hacia un esquema de inversión privada, pero aclaró que esa transición demorará tiempo y que, en una primera instancia, el Gobierno nacional debería continuar acompañando las obras de infraestructura.

“El Gobierno tiene razón en que infraestructura energética, de gas y de caminos tiene que ser con inversión privada, pero el Gobierno nacional no puede retirarse de golpe en la primera etapa”, sostuvo el mandatario radical que jugó en tándem con Milei en las últimas elecciones. Al igual que Jalil subrayó que algunas provincias están utilizando fondos propios para afrontar obras que debería absorber el estado nacional.

Al igual que sus pares, Valdés también hizo referencia a la necesidad de fortalecer la infraestructura que necesitan las provincias para desarrollar sus economías regionales.

El próximo jueves, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votará las ternas de candidatos para cubrir dos vacantes en la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py 2002. Es un tribunal clave pues confirma o revoca los procesamientos por casos de corrupción de funcionarios actuales y exfuncionarios, y habilita que lleguen o no a juicio.

Los dos cargos a cubrir son los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que llegaron a esa función en 2017, trasladados desde otros tribunales por un decreto del gobierno de Mauricio Macri. La Corte Suprema dijo que sus cargos deben ser concursados, como el resto de los jueces trasladados, pero el Consejo de la Magistratura sólo avanzó con este concurso.

Hay dos propuestas para reemplazarlos que se votarán el jueves, si es que avanza la sesión: una de ellas es del consejero juez Diego Barroetaveña, que postula para el primer cargo a la terna integrada por Femando Luis Poviña, de la Cámara federal de Tucumán, cercano al peronismo y con actuación en causas por violaciones a los derechos humanos; a Agustina Inés Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, y al juez en lo penal económico Pablo Yadarola, que cobró notoriedad luego de que se conoció que integró el grupo de funcionarios judiciales que viajó a Lago Escondido.

Yadarola es amigo personal del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que también fue de la partida en ese viaje junto con su padre, el camarista de la Casación Penal Carlos “Coco” Mahiques.

En la segunda terna propuesta por el consejero Barroetaveña se postulan al juez de tribunal oral federal de la Matanza Julio César Di Giorgio, a la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el propio Pablo Bertuzzi, camarista que concursó para su propio cargo.

Incardona es la fiscal que investiga a Ariel Vallejo, de Sur Finanzas y a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una de las causas que se acumulan sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Yadarola, Bertuzzi e Incardona aparecen como los candidatos que pueden cosechar más voluntades, pero sus chances se conocerán en la reunión de la Comisión de Selección del jueves. Algunos consejeros se disponen a pedir una prórroga del debate.

Pero hay otra propuesta a considerar por los consejeros, que es la de la diputada Vanesa Siley, del kirchnerismo, que postula a Poviña, a Incardona y a la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri.

Para el otro cargo, Siley postula al juez de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires Gonzalo Viña; junto a los ya mencionados Julio de Giorgio y Agustina Rodríguez.

Los consejeros que votarán son la académica María Fernanda Vazquez, la abogada (cercana a Pro Jimena) de La Torre, el juez Barroetaveña, el académico Hugo Galderisi, el abogado Cesar Grau (cercano al peronismo), el camarista Alberto Lugones, el abogado Alberto Maques, la jueza Alejandra Provítola, el diputado Gonzalo Gabriel Roca (de La Libertad Avanza), la diputada Siley, el académico Guillermo Tamarit y el viceministro de Justicia, Santiago Viola.

La Comisión de Selección deberá votar dos ternas y una lista complementaria. Si esas dos ternas luego son aprobadas por el plenario del Consejo de la Magistratura, serán elevadas al Poder Ejecutivo Nacional.

Entonces, el ministro de Justicia Mahiques −con el aval del presidente Javier Milei− deberá elegir un postulante de cada terna y enviar sus nombre al Senado para que los senadores por mayoría simple aprueben sus pliegos y el Poder Ejecutivo, luego, los designe por decreto.