El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, junto al resto de sus integrantes, reclamaron este martes por la cobertura de las cuatro vacantes del máximo tribunal, en un mensaje destinado al gobernador Axel Kicillof y al sistema político en general. Fue en el marco de la presentación del proyecto de ley de fortalecimiento del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, en el que también se impulsó nuevamente la autarquía del Poder Judicial, una demanda histórica del mundo judicial bonaerense. “Transcurrieron 2292 días de la primera vacante y casi ochocientas desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud”, planteó.

Torres fue el único orador del acto. En el estrado lo escoltaron el vicepresidente de la Corte, Daniel Soria; la ministra Hilda Kogan y el Procurador, Julio Conte Grand. El titular del máximo tribunal destacó la gravedad institucional de operar con menos de la mitad de los integrantes previstos y el impacto de esta situación en la calidad del servicio de justicia. La presentación coincidió con la firma del proyecto de ley, acompañado por los presidentes del Colegio de Magistrados y de Abogados bonaerenses y el secretario general de la Asociación Judicial, que reúne a unos 28.000 trabajadores activos y pasivos, así como con el apoyo explícito de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de casi todas las provincias argentinas.

“Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete”, fue lo primero que dijo Torres luego de saludar ante un auditorio repleto en el primer piso del edificio judicial en la ciudad de La Plata. “Este superior tribunal se encuentra ineditamente desintegrado”, prosiguió. “Nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años. Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi ochocientos desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud”, detalló.

El actual cortesano que llegó al máximo tribunal durante la gobernación de María Eugenia Vidal -y fue el último en ser designado para ese cargo-, enfatizó que las vacantes afecta la dirección estratégica, la legitimidad y la eficiencia de las decisiones judiciales, en tanto solo tres jueces —y el apoyo de magistrados inferiores— deben cumplir la labor que la Constitución destina a siete.

Según el artículo 175 de la Constitución Provincial, es el gobernador quien debe designar a los jueces de la Suprema Corte, en acuerdo con el Senado y mediante mayoría absoluta. Es un debate recurrente. Semanas atrás cuando a Kicillof se le consultó por las vacantes planteó: “Necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó sacar el Presupuesto, cómo es la situación con fuerzas de la oposición cambiantes y dispersas. Estamos viendo cómo reunir los consensos. Si no se consiguen las voluntades no se puede hacer”. Requerirá de un acuerdo político. En la oposición y también en un sector del oficialismo esperan que el gobernador abra esa instancia.

El pedido para nuevamente reclamar por las vacancias se da tras el regreso de Torres a la presidencia del máximo tribunal. Asumió el pasado 19 de abril, luego del período de Hilda Kogan. Hasta el momento, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial es cordial. El acto de este martes fue una señal de alerta en esa dinámica. La actividad, en los pasillos de la Corte, se leyó como mensaje contundente al gobierno de Kicillof, principalmente en la demanda de recursos: financieros y humanos. No hubo presencia de legisadores, más que la de los los diputados provinciales Martín Endere (PRO) y Germán Di Césare (Fuerza Patria), quienes fueron invitados porque son integrantes del Consejo de la Magistratura.

“Una corte incompleta limita la capacidad de conducción. Una corte integrada fortalece la institucionalidad. Postergar las designaciones es debilitar el sistema», enfatizó Torres.

En medio de los pedidos al sistema político para avanzar con la cobertura de vacantes, el presidente de la Corte sí destacó que en 2025 se realizaron cuatrocientas doce designaciones para la Administración de Justicia y el Ministerio Público. Planteó que esperaba en 2026 se terminen de cubrir las doscientas vacantes en el sistema judicial y ponderó el trabajo mancomunado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia (que actualmente conduce Juan Martín Mena) y por el Consejo de la Magistratura bonaerense, por consolidar las desginaciones del año pasado.

La presentación del proyecto de ley fortalecimiento del Poder Judicial implica la autarquía, otra demanda del Poder Judicial hacia el Ejecutivo. En 2014 hubo un proyecto de ley similiar. El mismo propone una autonomía presupeustaria y autarquía económico financiera del Poder Judicial y que “con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, el Poder Judicial contará con una dotación de recursos presupuestarios suficientes para desarrollar sus funciones con independcia y eficacia”. Actualmente, el Poder Judicial funciona con los recursos que envía el Ejecutivo.

Torres planteó que “no hay independencia judicial posible sin autarquía financiera” y que “la autarquía judicial no debe ser una concesión política ni un privilegio corporativo”, sino que “es una manda constitucional directamente ligada al principio de división de poderes, que nuestra Constitución Provincial consagra desde su artículo primero y a la tutela judicial efectiva».

Además de poder ejecutar su propio Presupuesto, el proyecto permitiría, entre otros puntos, que el gremio de judiciales negocie paritarias directamente con la Corte; en vez de hacerlo con el ministerio de Economía y de Trabajo provincial, como sucede actualmente. “No solo cuestiones laborales, sino también tiene que ver con el salario. Así que estamos muy contentos porque vamos a poder ponernos a discutir mano a mano con la patronal de aquellas condiciones de trabajo en la carrera, en todos sus ámbitos. Somos los únicos trabajadores del estado de la República Argentina, del Estado bonaerense, que con la reforma del año 94 no tenemos acceso a la negociación colectiva”, planteó tras la presentación el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Hugo Russo, que fue uno de los firmantes al proyecto de ley.

Además de los tres integrantes de la Corte y del Procurador, la iniciativa también tiene el acompñamiento de Matías Repazzo (Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires), Erika Rodríguez Meroni (Presidente de la Comisión de Funcionarias y Funcionarios del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires), y Bienvenido Rodríguez Basalo (Presidente del Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aries).

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