Si el Gobierno no fuerza una conciliación obligatoria, el miércoles próximo habrá un paro nacional de transporte, que nació en rechazo a la intención oficial de privatizar Aerolíneas Argentinas, entre otras demandas. Esto deja en evidencia la articulación de los gremios aeronáuticos con Pablo Moyano, integrante del triunvirato de mando de la CGT y número dos del sindicato de los camioneros.

En el universo aeronáutico hay alrededor de 15.000 trabajadores distribuidos en ocho gremios que tallan en el sector. La gran empleadora es la estatal Aerolíneas Argentinas, con 10.500 personas. El resto forman parte de las nóminas de las low-cost o de otras empresas del rubro.

El gobierno de Javier Milei intentó avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas a través de la Ley Bases, pero no pasó el filtro de la oposición en el Congreso. Por eso, el Presidente emitió hace un mes un decreto que la declara “sujeta a privatización”. En paralelo, habilitó dos proyectos en la Cámara de Diputados que van en el mismo sentido, pero que por ahora no tienen visos de progresar. Uno es impulsado por Pro y el otro por la Conciliación Cívica. Milei reconoció que puede haber otra salida. “La estamos proponiendo privatizar y, si no se puede privatizar, estamos dispuestos a entregársela a los empleados”, dijo la semana pasada en LN+.

A diferencia de otras actividades, los aeronáuticos marcan un récord en la tasa de sindicalización, con picos de más de 90%, salvo en los casos de las low-cost Flybondi y Jet-Smart. ¿Les dará Milei el manejo de Aerolíneas Argentinas a los gremios?

El rompecabezas de sindicatos aeronáuticos se agrietó cuando el Gobierno avanzó con el plan de retiros voluntarios y la reducción de la estructura, y se plantó en su política salarial con ofrecimientos en paritarias de 7% en mayo y un 0% para los siguientes cuatro meses. La mayoría de los sindicatos rechazó la oferta y se abrió el conflicto que derivó en una sucesión de paros que afectaron a miles de pasajeros. Esa pulseada aún no está saldada.

Los dos únicos que aceptaron el aumento de mayo fueron la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, a cargo de Ricardo Cirielli, y la Unión del Personal Superior Aeronáutico, al mando de Rubén Fernández. “Lo aceptamos, pero seguimos un 60% abajo de la inflación”, aclaró Fernández, un aliado histórico de Hugo Moyano, que ahora tomó distancia del bloque combativo que impulsa Pablo. Calculan los sindicatos que la caída salarial en comparación con la inflación fue del 77% desde que comenzó la gestión de La Libertad Avanza.

Con Cirielli y Fernández apostando al juego propio, el resto de los sindicatos decidió unirse y armar un bloque común, en el que conviven dirigentes de la CGT, de las dos vertientes de la CTA, peronistas y hasta trotskistas.

El sindicato más poderoso, por su cantidad de afiliados e influencia, es la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que encabeza el kirchnerista Edgardo Llano. Tiene 8000 afiliados, muchos de ellos afiliados a La Cámpora, y nuclea a maleteros, administrativos, sector de rampa, de free-shop y de check-in, entre otros. También cobraron protagonismo Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Pablo Biró (Pilotos), ambos alineados con el moyanismo. Al margen de las posturas y las divisiones, el sector aeronáutico es particularmente sensible a la conflictividad gremial porque basta con que adhiera una sola rama para que la actividad se detenga.

La pulseada entre Aerolíneas Argentinas y los gremios aeronáuticos se extiende mucho más allá de la pelea por un incremento salarial y la posible privatización de la aerolínea estatal. Para ambas partes está en juego la redefinición de la política aerocomercial y un cambio en las condiciones laborales, con reducción de costos, flexibilización de leyes y controles y hasta el posible final de los convenios colectivos.

Los gremios clásicos y tradicionales rechazan de manera unánime la decisión de abrir cada vez más rutas a las low cost, a las que consideran como un desafío a su poder de representación. No poder afiliar a los trabajadores de las líneas de bajo costo inquieta a los sindicalistas. Leen con preocupación que se agranda el mercado, pero que se les achica su negocio, según interpretan fuentes oficiales.

El Gobierno se encontró en la justicia laboral con un obstáculo en su intento por neutralizar a los sindicatos de esta actividad. En un fallo de primera instancia, el Juzgado de Trabajo N° 42, a cargo de Ricardo Hierrezuelo, dejó sin efecto los decretos presidenciales que establecían al servicio aeronáutico como esencial. Hierrezuelo reforzó su argumento con la resolución del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que blinda el derecho de huelga y lo considera legítimo.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, un histórico habitué de las conferencias anuales de la OIT, reconoció en reserva que instrumentar la esencialidad no sería una tarea sencilla. Si se resuelve en el corto plazo la judicialización del decreto, la cartera laboral debería convocar a una comisión de garantías para acordar la implementación de la esencialidad. La comisión estaría integrada por dos representantes de la compañía (en este caso, Aerolíneas Argentinas), dos representantes sindicales y dos académicos vinculados al derecho laboral.

Cordero ya definió que el experimentado abogado Guillermo Comadira presida la comisión en caso de conformarse. De no alcanzar un acuerdo entre las partes, la Secretaría de Trabajo podría intervenir de manera directa. “¿Cómo definimos qué avión sale y cuál no?”, se preguntaron en un despacho oficial. “Si no cumplen con las conciliaciones obligatorias podría haber medidas contra los gremios, desde sanciones económicas hasta la quita de la personería gremial”, respondió Cordero recientemente frente a un auditorio de estudiantes. Surge un problema ante el paro de transporte del miércoles próximo: los aeronáuticos tienen agotadas las instancias de conciliación, por lo que en ese sector la huelga sería inevitable.

En el comunicado emitido para ratificar el paro de transportes del próximo 30 de octubre, el conflicto aeronáutico ocupa un lugar de relevancia entre los argumentos esbozados. “Es en reclamo al ajuste impulsado por el gobierno de Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza”, consignaron.

La llamada Mesa Nacional del Transporte confirmó la medida de fuerza tras un encuentro que fue encabezado por Moyano, escoltado por su hijo Pablo. Participaron Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Brey (Aeronavegantes) y Biró (APLA), expulsado días atrás del directorio de Aerolíneas Argentinas, otro capítulo de la disputa.

“En su doble rol de dirigente del gremio APLA y como director de la compañía, tan solo este año, Biró participó y promovió 13 medidas de fuerza contra la aerolínea, muchas de ellas escudadas en supuestas asambleas informativas que en realidad eran paros encubiertos. Como agravante, y ante los esfuerzos de la compañía por mitigar el impacto de estas acciones en los planes de viaje de sus pasajeros, las medidas fueron adaptadas por los gremios para provocar el mayor daño posible en la operación, corriendo los horarios de las protestas para afectar la mayor cantidad de vuelos posibles”, acusó la empresa.

Las imágenes de pasajeros varados durante jornadas interminables por las medidas de fuerza se convirtieron este año en postales del complejo conflicto, que sigue latente y abre nuevos frentes. El próximo miércoles se pueden volver a repetir.

POSADAS.- El primer unicornio de la tierra colorada. Esa es la definición con la que Carlos Rovira, jefe indiscutido del poder político de Misiones desde hace casi tres décadas, bautizó a la empresa Agrosustentable, una compañía productora de bioinsumos que tuvo un estrepitoso crecimiento al mismo tiempo que comenzó a hacer negocios con el Estado. De su fábrica en Posadas salieron miles de litros de un bioherbicida que, con el sello de distribución gratuita del gobierno provincial, se entregaron a los colonos agricultores de yerba, tabaco, té, y otros cultivos, con efectos inesperados y potencialmente tóxicos. Lo que inquietó a la cúpula de la Renovación, el partido de Rovira, es que detrás del caso se esconden decisiones gubernamentales y relaciones comerciales que involucran a la familia del líder misionero. Detrás, un grupo de amigos empresarios del hijo de Rovira que hacen negocios con el gobierno y muestran un estilo de vida privilegiado.

Agrosustentable fue fundada en 2015 por seis personas, entre las cuales se encuentran Joaquín Basanta y Óscar Arellano, rector de la Universidad Nacional de Catamarca. Cuando inauguró su planta de producción en el parque industrial de la capital misionera, tuvo como principal asistente a Carlos Rovira. Se sentó a la derecha de Basanta, el actual presidente de la sociedad. Basanta es un joven oriundo de la provincia de Buenos Aires que, con 36 años, ya forma parte de por lo menos 11 empresas y tiene patrimonio suficiente como para realizar gastos en tarjeta por cerca de US$200.000 por mes en el último año, según registros crediticios. Entre las marcas y sociedades que inscribió se encuentra una que es de especial interés: Incertidumbre. La base de datos del Instituto de la Propiedad Industrial arroja que él y Ramiro Rovira, el hijo mayor del exgobernador, de 28 años, son los titulares de esta marca fundada para la realización de eventos, entre otros fines.

Basanta y Rovira están unidos por la amistad. Dentro de su círculo conviven otros empresarios que comparten viajes al exterior, fiestas en Punta del Este, autos deportivos de lujo y contratos con el gobierno misionero. Socio de Basanta también es Augusto Marini, otro joven empresario, también de 28 años, dueño de Alegra Med, la empresa que provee el servicio de medicina online, turnos y gestión a la provincia. Los misioneros, para atenderse, deben bajarse la aplicación de la compañía de Marini. Junto con Basanta tienen una empresa llamada IWP SA, fundada hace dos años con actividad principal de captación, depuración y distribución de agua. Marini, individualmente, tiene un grupo empresario llamado Cale Group y, entre otros negocios, es el inversionista detrás de los streamings Blender y Carajo.

Otro socio y conocido del grupo de Ramiro Rovira es Ulises Bestard, con quien el hijo del líder político tiene una marca de anteojos llamada Dignos, en la que sus amigos habrían invertido miles de dólares. En la apertura de sesiones de este año, el gobernador Hugo Passalacqua -exesposo de Viviana Rovira, prima de Carlos Rovira- anunció que Dignos comenzaría a producir sus armazones y ópticas en el Parque Industrial de Posadas. Los mencionados frecuentan una impresionante casa en Miami en la que descansa, entre otros vehículos, un Lamborghini. Quienes han ido a ese inmueble aseguran que se la presentaban como propiedad de los Rovira, y que incluso no les permitían sacar fotografías. En las fiestas que organizan en el balneario oriental del Uruguay sí se pueden sacar fotos. Retrataron Ferraris estacionadas en la puerta, a políticos y a celebridades.

Rovira, de 68 años, fue gobernador entre 1999 y 2007, cuando fracasó en su intento de reformar la Constitución e instaurar la reelección indefinida. Aun así, se refugió en la Cámara de Representantes desde donde digitó a todos los gobernadores que asumieron desde entonces. Actualmente es legislador provincial. Su equipo de comunicación no respondió las consultas de para esta nota.

Los vínculos de amistad, poder y negocios del Estado con socios del hijo de Rovira revolvieron el avispero por el excéntrico estilo de vida que llevan los involucrados, y ocurrió por un escándalo en particular: el caso del herbicida distribuido gratuitamente por el gobierno sin aprobación de las autoridades nacionales para ese fin, con efectos prácticamente nulos en matar las malezas, pero que tuvo consecuencias negativas para la fauna alrededor. La decisión de distribuir ese producto ocurrió mientras el gobierno prohibía el uso del glifosato, el herbicida más utilizado. El bioinsumo ofrecido por el gobierno venía a reemplazar al producto más difundido en el agro. Pero salió mal.

La historia tiene su origen en el 19 abril de 2023, cuando el entonces gobernador, Oscar Herrera Ahuad, firmó un decreto por el cual se instruyó a los ministerios de Salud Pública, del Agro y la Producción, y de Ecología y Recursos Naturales Renovables a llevar adelante todas las acciones y emitir todos los actos administrativos necesarios para evaluar y, de corresponder, aprobar la solicitud de autorización de Agrosustentable para el uso del Bioherb como herbicida de contacto en la provincia. Esos ensayos, que suelen demorar meses o años, fueron resueltos tan solo 48 horas después.

La caja del producto, en detalle

El 21 de abril el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Víctor Kreimer, autorizó a la empresa a usar el producto “Esten 80″ como herbicida, “en base a los satisfactorios resultados obtenidos en los ensayos realizados por el Ministerio de Agro y Producción y a iniciar la fase experimental del producto Bioherb en la provincia”. Lo que no aparece explícitamente en esa resolución es que el Bioherb era, en realidad, el Esten 80.

El día siguiente, el 22 de abril, Rovira fue el expositor principal en la presentación de Agrosustentable en el parque industrial. Al lado estaba sentado Basanta y unas sillas al costado, Ramiro Rovira. Allí dijo: “Nació una start up y yo no tengo dudas de que esta start up, Agrosustentable, tiene destino de unicornio (…) Ahí está un producto inmediatamente asimilable y muy fácil de aplicar, total y absolutamente orgánico, y no solo a la salud, el impacto va a ser a la plusvalía, que significa al agricultor, al hortelano, que está produciendo. Nuestro ministerio está capacitado, como lo ha hecho el gobernador con este decreto, para certificar institucionalmente el uso y la validez de este producto. Le va a permitir a los agricultores tener un respaldo institucional”.

¿Qué había dentro de la caja del herbicida? Un insecticida no producido en tierra misionera. El Esten 80 es un insumo orientado a matar bichos y ácaros en las plantaciones y no se hace en la Mesopotamia, sino que en Tucumán. La empresa que lo fabrica se llama Tensac SH y tiene sede en San Miguel de Tucumán. Cuando el periodista Matías Longoni, del portal Bichos de Campo, publicó esta información, la cúpula política de la provincia lo acusó de divulgar fake news. se presentó en la empresa, en el parque industrial, y encontró, en la parte exterior del galpón donde presuntamente se produce el Bioherb, por lo menos 30 contenedores de Esten 80, con registro de la marca tucumana y certificación del transporte de una provincia a la otra.

El camino hasta llegar a la prohibición del glifosato

Frente a la visita de , un gerente de la empresa, de nombre Francisco, se presentó y dijo que ese producto no era utilizado para el Bioherb, ya que era un insecticida. Sin embargo, este medio accedió a documentación del Senasa, solicitada por el diputado provincial Miguel Núñez, que da cuenta de dos hechos clave. Primero, confirma que el Bioherb era, de hecho, el Esten 80 tucumano. Esto quiere decir que se distribuyó un herbicida como insecticida. Lo segundo: el director nacional de Protección Vegetal, Diego Quiroga, confirmó el 8 de noviembre que el insumo no contaba con aprobación del Senasa ni poseía clase de uso como herbicida. Además, añadió: “La empresa Agrosustentable SA no posee registros de sustancias activas ni productos formulados fitosanitarios bajo su titularidad, por lo que los productos fitosanitarios que distribuya deben estar identificados con sus rótulos aprobados a nombre de las empresas titulares de los registros, no pudiendo contener el logotipo del Senasa”.

No solamente el producto de distribuyó como algo que no era, sino que se repartió a los productores de manera gratuita, en manos del gobierno, en tiempos de campaña, y con un packaging que deja a la empresa y al estado provincial sujetos a posibles infracciones. se hizo de varias de las cajas repartidas y detectó que contienen el logo de Senasa, sin la aprobación del producto por parte del organismo. Además, no contienen el nombre de la empresa productora en Tucumán y subrayan: “Hecho en Misiones, Argentina”.

A los productores, sus asociaciones y cooperativas les repartieron de a pallets. habló con 11 productores rurales de distintas zonas de la provincia y todos refirieron experiencias similares, incluso compartidas con colonos de las asociaciones a las que pertenecen en sus regiones: lombrices que se desintegraron en cubetas de tierra en las que probaron el producto y yararás a las que vieron huir rápidamente al acercarse a las parcelas rociadas con Bioherb. Pero las malezas solo quedaban chamuscadas y renacían a los 15 días.

Un colono yerbatero ilustró su experiencia con el producto así: “Dejé las cajas arriba del camión y una perra mía entró y, por medio de un banco que hay ahí saltó, hizo una acrobacia, por el olor de esas cajas y me destruyó una. Al otro día, cuando abro el galpón, había un mal olor y el producto todo chorreado, hasta el chasis tuve que lavar. Tenía un olor a sangre… Yo dije esa cosa no voy a poner arriba de mi producto”.

La procedencia de Tucumán, corroborada en los galpones

A medida que los productores probaban el herbicida se multiplicaron las historias de sus problemas. Los colonos no lo querían utilizar por cuatro razones: según las indicaciones, había que colocar el producto al mediodía, algo que es inhumano pedirles a los trabajadores debido al calor y al sol; debe aplicarse cada 15 a 30 días, algo que insume mano de obra más intensiva que el glifosato, que se rocía una vez por año; debe rebajarse al 30%, lo que implica utilizar mucho más producto que el glifosato, que es al cerca de 1%; y genera problemas de aplicación ya que las bolsas contienen coágulos que traban las mochilas con las que se aplica el producto en las parcelas. Se sumaba una traba adicional, que se constató en las plantaciones de té: los compradores internacionales no tienen validado el producto, lo que habría ocasionado que se rechacen partidas de la producción del año pasado con destino a Alemania.

Si presentaba tantos inconvenientes, ¿por qué lo usaron en primera instancia? La razón es la misma por la que el gobierno comenzó a distribuir, y genera sospechas sobre el involucramiento de Rovira en beneficiar a la empresa no solo a través de la adquisición del producto por parte del gobierno, sino también por la aprobación de la ley que pretendía prohibir el uso del glifosato a partir de julio del año que viene. Los productores probaron el Bioherb porque estaban en la búsqueda de un reemplazo para su insumo de hace 40 años ya que la provincia les impediría el uso en breve.

En julio del año pasado, tres meses después de que se autorizara el Bioherb a la sociedad del amigo del hijo de Rovira, se aprobó la norma promovida por el propio Rovira, llamada Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos. Contenía dos disposiciones prácticas: la creación de un registro de productores a través del cual se otorgarían incentivos financieros y la prohibición, luego de dos años de entrada en vigencia, el uso del glifosato en todo el territorio a favor de productos más amigables con el ambiente.

El producto fue distribuido por el gobierno misionero. La oposición argumenta que se compró utilizando fondos provinciales y nacionales, provenientes del fondo especial del tabaco, por unos $511 millones, pero la resolución que aprueba esa adquisición no específica qué producto se compraría. El Ministerio de Ecología no respondió cuánto dinero se abocó al Bioherb frente a las consultas de diputados provinciales. consultó a Agrosustentable, que respondió que no se lo vendieron al sector público, ya que no tenían habilitada la comercialización. Entonces, ¿lo regalaron?

Desde la compañía transmitieron: “Estamos en etapa de investigación. Se esta probando. No se vendió. No podía salir a la venta y sí surgieron problemas. No han habido transacciones y no hay una factura que pruebe lo contrario. Sin embargo, somos proveedores y le vendimos al estado provincial los otros productos como el Bioinsect. Se hicieron pruebas en algunos campos de Misiones porque el gobierno tiene la intención de ser una provincia mas ambiental”. Sobre la relación entre Rovira y el presidente, Basanta, comentaron: “Cuando nos instalamos en la provincia, se gestó una buena relación con el hijo de Rovira y armaron una marca”

.El vínculo comercial entre el hijo de Rovira y Basanta

El caso fue llevado a tribunales federales en Comodoro Py por Núñez, diputado provincial por el Pro. La denuncia no contenía todas las pruebas que en este artículo se remiten, razón a la que aludió el juez Ariel Lijo, en quien recayó la causa, para archivarla por el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, que estipula: “La denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito, o cuando no se pueda proceder. La resolución que disponga la desestimación de la denuncia o su remisión a otra jurisdicción, será apelable por la víctima o por quien pretendía ser tenido por parte querellante”. Esta decisión de oficializó el 1 de octubre pasado.

Poco antes, el 6 de agosto, el gobierno de Passalacqua decidió por decreto postergar hasta 2030 la fecha a partir de la cual se prohíbe el uso de glifosato en la provincia.

Agrosustentable, que tiene sede formal en la Ciudad de Buenos Aires y 26 empleados, registró movimientos crediticios por $105.000 en mayo del 2023. Los meses anteriores registraba cifras incluso menores. En junio, fecha paralela al comienzo de la distribución del herbicida por parte de la provincia, hubo un aluvión de dinero a través de un banco nuevo, el Macro. Sus registros se multiplicaron por 1000: pasó a tener movimientos, en junio, por $570 millones y alcanzó un pico en enero de este año con más de $1300 millones a través de esa cuenta.