POLITICA
Otro fallo a favor del Gobierno por la reforma laboral: apartaron a la Justicia del Trabajo de la causa
La estrategia judicial de la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar la reforma laboral sumó este martes un nuevo revés. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa iniciada por la central obrera contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso deberá tramitar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo, según surge del fallo al que tuvo acceso Infobae.
La decisión fue firmada por los jueces RogelioVincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, y representó otro fallo favorable para el Gobierno de Javier Milei en uno de los capítulos más sensibles de su programa de reformas.
En concreto, el tribunal confirmó la competencia del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n.º 12, que había aceptado la inhibitoria promovida por el Estado Nacional, y ordenó que allí continúe la discusión de fondo sobre la validez de la norma cuestionada por la CGT.
El conflicto se abrió cuando el Estado Nacional promovió una inhibitoria para que el expediente dejara de tramitar ante el Juzgado Nacional del Trabajo y pasara al fuero federal contencioso administrativo. La representación oficial estuvo a cargo de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, con la asistencia de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio.
Ese planteo había sido aceptado por la jueza federal interviniente, pero rechazado luego por el magistrado laboral. La Cámara respaldó la postura oficial y sostuvo que el conflicto no se limita a cuestiones laborales comunes, sino que también involucra materias federales relevantes, como la potestad del Congreso para asignar competencias judiciales, la organización de tribunales y distintos aspectos vinculados al funcionamiento estatal.
La resolución se suma al fallo favorable que había obtenido la semana pasada la Casa Rosada en la disputa por la vigencia de la reforma laboral, expediente en el que tuvo participación el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques.
En uno de los pasajes más duros del nuevo pronunciamiento, los camaristas cuestionaron el trámite seguido por el juez laboral. Señalaron que no podía apartarse del procedimiento legal previsto para estos conflictos ni remitir por su cuenta las actuaciones a la Cámara Nacional del Trabajo.
Para los jueces, ese camino configuró un “procedimiento deformado” que generó un conflicto innecesario y atentó contra la celeridad que exige un expediente de trascendencia institucional.
La resolución también ratificó uno de los argumentos centrales del Gobierno: las leyes que modifican jurisdicción y competencia judicial son de orden público y se aplican de inmediato, incluso sobre causas en trámite, siempre que no se afecten actos procesales ya cumplidos.
Ese punto era central porque uno de los ejes del planteo sindical consistía en sostener que los cambios introducidos por la ley 27.802 sobre competencia judicial no podían operar automáticamente. La Cámara rechazó esa interpretación y recordó que no existe un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento.
Además, el tribunal sostuvo que dentro de la ley impugnada existen materias claramente federales, entre ellas disposiciones vinculadas con el Fondo de Asistencia Laboral, la participación del Estado Nacional y la determinación del fuero competente cuando el Estado es parte.
También señaló que una futura sentencia sobre la reforma podría impactar sobre personal de organismos públicos nacionales alcanzados por regímenes laborales específicos.
Para el Ejecutivo, la decisión conocida este martes reduce la posibilidad de que el litigio avance en un ámbito considerado más receptivo para los sindicatos y concentra la discusión en la Justicia Contencioso Administrativa Federal, donde suelen tramitar causas contra el Estado, según pudo saber Infobae.
La central obrera, en cambio, pierde otro terreno en su estrategia judicial. Primero vio quedar vigente la reforma mientras se sustancia la apelación cautelar. Ahora también deberá discutir el fondo del asunto fuera del ámbito natural de la Justicia del Trabajo.
Con este fallo, el expediente regresará al Juzgado Contencioso Administrativo Federal n.º 12. Allí continuará una pulseada judicial que sigue abierta, aunque por ahora acumula definiciones favorables para el Gobierno nacional.
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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires lanzó este martes un duro reclamo al gobernador Axel Kicillof y a la Legislatura. Exigieron que avancen con la designación de los jueces faltantes y completen las cuatro vacantes que mantienen incompleto al máximo tribunal bonaerense.
El planteo se hizo durante un acto institucional encabezado por el presidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente Daniel Fernando Soria y la ministra Hilda Kogan. También participó el procurador general, Julio Conte-Grand.
Aunque la convocatoria era para presentar un proyecto de “fortalecimiento del Poder Judicial”, el foco estuvo puesto en la falta de integración del tribunal, que lleva más de seis años sin cubrir todos sus cargos.
“Nuestra Suprema Corte está incompleta desde hace más de seis años. Transcurrieron 2292 días desde la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia de Luis Genoud”, señaló Torres al leer un documento consensuado por los integrantes del cuerpo.
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El magistrado remarcó que la Constitución bonaerense establece un plazo de 15 días para que el Poder Ejecutivo envíe al Senado los pliegos de los candidatos una vez producida una vacante. Sin embargo, advirtió que esa obligación fue incumplida de manera reiterada. “El mandato constitucional fue desoído en forma sistemática, acumulando 152 incumplimientos”, afirmó.
La designación de los jueces es potestad del gobernador, que debe proponer los candidatos, y del Senado provincial, que debe prestar acuerdo. Desde diciembre, el oficialismo cuenta con mayoría propia en la Cámara alta, pero no se concretaron avances.
Torres también alertó sobre el impacto que tiene esta situación en el funcionamiento del Poder Judicial. “La labor asignada para siete jueces hoy la realizamos tres, lo que implica un aumento de la carga de trabajo y la necesidad de recurrir a tribunales inferiores para completar integraciones”, explicó. En ese sentido, agradeció a los jueces de Casación que intervienen como subrogantes para permitir el funcionamiento del tribunal.
El titular de la Corte advirtió que la falta de designaciones afecta la institucionalidad. “Una Corte incompleta limita la capacidad de conducción. Postergar las designaciones es debilitar el sistema; avanzar en ellas es fortalecer el Estado de derecho”, sostuvo.
Sobre el cierre, el máximo tribunal exhortó formalmente al Ejecutivo y al Senado bonaerense a avanzar “con urgencia” en la cobertura de las vacantes para garantizar el funcionamiento pleno de la Justicia provincial.
En paralelo, el reclamo de la Corte reactivó en la Legislatura un proyecto presentado en 2025 por el diputado Valentín Miranda, que propone otorgar autonomía presupuestaria al Poder Judicial para dejar de depender de las partidas del Ejecutivo.
La iniciativa establece que la Corte elabore su propio presupuesto —que deberá ser incorporado sin cambios al cálculo general— y prevé un mecanismo de financiamiento automático equivalente al 8,95% de los recursos provinciales y nacionales, transferidos mensualmente por el Banco Provincia.
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El gobierno de la La Libertad Avanza afrontará el pago de $72.384.624.000 correspondiente al Programa Volver al Trabajo, que se abonará los primeros días de mayo, a partir de una orden judicial que obliga a sostener este esquema de asistencia social suspendido en su reformulación. La medida fue dictada el 21 de abril de 2026 por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a mantener vigentes las transferencias económicas a los beneficiarios del programa hasta que se dicte sentencia definitiva sobre su continuidad dado que la cartera a cargo de Sandra Pettovello apeló la medida, tal como anticipó Infobae.
El impacto inmediato de la resolución se refleja en la magnitud de los fondos: el pago comprende a más de un millón de personas transferidas desde el anterior esquema “Potenciar Trabajo”, según consta en la Resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En detalle, 1.012.357 titulares pasaron al Programa Volver al Trabajo y otros 260.911 fueron transferidos al Programa de Acompañamiento Social, ambos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. La advirtió en un comunicado que la medida judicial impide, por el momento, aplicar las políticas de capacitación laboral y la extensión de la doble jornada escolar en contextos vulnerables.
La resolución judicial dentro del expediente colectivo “LEDESMA, ANDREA LILIANA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO s/AMPARO COLECTIVO” llevó a la administración de Javier Milei a autorizar el pago directo a los beneficiarios mediante el Banco de la Nación Argentina.
Este medio ya había informado que el ministerio a cargo de Pettovello no había puesto en dudas el pago del beneficio social. “Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sostuvieron las fuentes oficiales.
Esta postura implica acatar la orden judicial y al mismo tiempo promover una apelación para revertir la cautelar, que bloquea el redireccionamiento presupuestario de estos fondos.
El conflicto se originó en el proceso de transformación de los programas de asistencia. El Programa Volver al Trabajo fue creado en febrero de 2024 para reemplazar la modalidad de inclusión laboral anterior y, según el Poder Ejecutivo, su objetivo era fortalecer la capacitación y la inserción en empleos formales. La medida cautelar interrumpe este proceso, consolidando el esquema de transferencia directa sin contraprestaciones, según detallaron los funcionarios consultados por Infobae.
La descripción oficial fue tajante: “Esto es la perpetuidad del asistencialismo”, en referencia a la obligación de mantener el modelo previo, considerado un obstáculo respecto al objetivo de reemplazar los planes sociales por políticas activas de empleo y educación.
El diagnóstico de la administración de La Libertad Avanza apunta a que la continuidad de estos programas “cristaliza la pobreza”, lo que impide una transición hacia mecanismos de intervención estructurales y de largo plazo, como la extensión de escolaridad gratuita y los vouchers de formación profesional.
La gestión de Pettovello promueve una reingeniería del sistema: reasignar partidas para implementar vouchers de capacitación laboral en articulación con centros formativos provinciales y financiar la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables.
A través de un comunicado oficial emitido la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano informó que, a raíz del fallo que hacía lugar al recurso de amparo impulsado por organizaciones sociales enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) , ambas políticas “no podrán llevarse a cabo”, al menos hasta que se resuelva el litigio.
La medida, dictada por el juez Adrián González Charvay, obliga al Estado nacional a mantener activas las transferencias económicas del Programa Volver al Trabajo, que beneficia a más de 900 mil personas con un ingreso mensual de $78.000 y bloqueando temporalmente el uso de esos recursos en las nuevas políticas de capacitación y educación que se habían proyectado.
Con la apelación realizada por los abogados de Capital Humano las autoridades buscan de revertir la medida y recuperar autonomía en la asignación de partidas presupuestarias para políticas sociales. En su momento, desde los despachos oficiales interpretaron que el Poder Judicial “termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”.
En la segunda foja de la resolución de Capital Humano, dejaron constancia de lo siguiente: “Sin perjuicio de la interposición de los recursos judiciales correspondientes por parte de esta Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Huamno, corresponde efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente, disponiendo el pago de la prestación económica prevista en el Programa Volver al Trabajo (VAT), y sin que ello comporte una modificación del marco normativo vigente».
Desde la perspectiva oficial, la indefinición judicial ante la apelación genera incertidumbre y frena transformaciones consideradas prioritarias por la Casa Rosada.
Para el Poder Ejecutivo nacional, el conflicto supera el debate sobre un programa específico, abriendo la discusión sobre el modelo de política social en el país: la disyuntiva entre la asistencia monetaria directa y mecanismos estructurales como la formación laboral y la intervención educativa.
Los fondos destinados serán imputados a la Jurisdicción 88, Subjurisdicción 03 – Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo la partida de “Ayudas Sociales a Personas”, con financiamiento del Tesoro Nacional, según formaliza la resolución administrativa que ejecuta la orden judicial.
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“No hay mucho de qué hablar. El sabe perfecto lo que pienso”. El comentario salió, según cuentan muy cerca de Mauricio Macri, de boca del expresidente, y explica el desencuentro con el presidente Javier Milei. Anoche, en la cena de la Fundación Libertad, ambos tomaron recaudos para no cruzarse, evidenciando una tensión que lleva meses y parece lejos de resolverse. Por el contrario: desde ambos búnkeres aseguran que la puja, mitad pública, mitad discreta, tendrá nuevos escenarios, en el Congreso y fuera de él, en las próximas semanas.
Aquel encuentro en Olivos, milanesas mediante, en el que Macri le expresó de modo directo al Presidente sus reparos hacia la elección de Manuel Adorni como jefe de gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, fue el último contacto. “No volvieron ni siquiera a chatear”, afirmaron desde el macrismo. “Entre ellos, nada de nada”, describió un alto funcionario nacional desde la Casa Rosada, cerrada por cuarto día hábil para los periodistas acreditados.
La Justicia recibió nueva información sobre los gastos de la familia de Manuel Adorni en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Su pareja, Bettina Angeletti, gastó alrededor de 6000 dólares en efectivo en un viaje realizado a España, en septiembre del año pasado, según fuentes de los tribunales.
El monto es la suma aproximada del costo de los pasajes y la estadía en el país ibérico, y se añade a la lista de gastos que el fiscal Gerardo Pollicita elabora en busca de determinar si el estilo de vida del funcionario se corresponde o no con sus ingresos.
Con el respaldo explícito del Presidente, Karina Milei y buena parte del Gabinete, Manuel Adorni se enfrentará este miércoles a un extenso interrogatorio en Diputados. El informe de gestión, que en condiciones normales es un trámite institucional, estará marcado por la investigación judicial en curso por su presunto crecimiento patrimonial y por la estrategia opositora para exponerlo.
La sesión está convocada para las 10.30. En ella, habrá una señal política insoslayable: el oficialismo convertirá el recinto en una demostración de respaldo. Estarán presentes Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia, la mayoría de los ministros, dirigentes provinciales, algunos senadores y militantes en los palcos. La escena también funcionará como un test interno: las ausencias dentro del oficialismo serán seguidas con atención.
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