POLITICA
El Gobierno destinará fondos de las privatizaciones para reequipar y modernizar a las Fuerzas Armadas
El Gobierno de Javier Milei prepara una decisión de fuerte impacto político, presupuestario y estratégico: destinará parte de los fondos obtenidos por privatizaciones, ventas de activos, concesiones y licitaciones estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas. La medida será instrumentada mediante un decreto presidencial que ya superó las principales instancias técnicas y administrativas y podría publicarse en los próximos días.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el esquema prevé asignar el 10% de todo lo que el Estado nacional obtenga por futuras ventas de empresas públicas, concesiones y licitaciones, además del 70% de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas.
El objetivo central es mejorar la capacidad operativa y funcional del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, tres estructuras que arrastran años de restricciones presupuestarias, postergación de inversiones y pérdida progresiva de capacidades estratégicas.
En la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a una instrucción directa del presidente de fortalecer áreas consideradas sensibles para la defensa nacional, en un contexto regional e internacional que volvió a poner en primer plano la cuestión militar, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la competencia geopolítica por espacios estratégicos.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo. El decreto ya recibió observaciones favorables del Ministerio de Economía, de la Secretaría Legal y Técnica y de otras áreas del gabinete, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.
Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaba destinado al Tesoro Nacional. Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionarán a recuperar el instrumento militar.
La medida no se limita a la compra de armamento o sistemas militares. También contempla obras de infraestructura consideradas críticas para el funcionamiento de las fuerzas: bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares de todo el país.
Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.
En la visión oficial, Tierra del Fuego se convirtió en una zona de creciente interés estratégico por su cercanía con rutas marítimas sensibles, su conexión con la Antártida y la proyección sobre el área de Malvinas. Por eso, la construcción de infraestructura militar en esa provincia aparece entre las prioridades de mediano plazo.
La decisión de reasignar recursos llega después de una serie de movimientos que el Gobierno exhibe como parte de una nueva política de Defensa. El caso más visible fue la compra de aviones F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, una operación presentada oficialmente como la adquisición militar más importante de las últimas décadas.
Con ese acuerdo, la Fuerza Aérea inició el proceso para recuperar capacidad supersónica, una aptitud perdida tras la salida de servicio de los Mirage y la falta de reemplazo posterior. La incorporación de los F-16 también obliga a inversiones complementarias en bases aéreas, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado.
En paralelo, el Ejército avanzó recientemente con la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, destinados a mejorar movilidad táctica, protección y capacidad de despliegue rápido. En el área de Defensa consideran que ese tipo de adquisiciones deben complementarse con renovación de comunicaciones, transporte y sistemas terrestres.
La Armada Argentina, por su parte, mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina perdida tras la tragedia del ARA San Juan. Desde aquel episodio, la Argentina quedó sin una herramienta clave para patrullaje oceánico, disuasión y entrenamiento naval avanzado.
En ese marco, la posibilidad de incorporar nuevos submarinos sigue bajo análisis técnico y financiero. Para la conducción naval, recuperar esa capacidad es una necesidad estratégica en función de la extensión marítima argentina, la custodia de recursos pesqueros y la presencia permanente en el Atlántico Sur.
En el Gobierno explican que el nuevo mecanismo busca resolver un problema histórico: la dependencia exclusiva del presupuesto anual para cualquier mejora relevante en Defensa. Con restricciones fiscales permanentes, muchas compras quedaron demoradas durante años y otras directamente fueron canceladas.
La nueva lógica apunta a vincular parte del proceso de privatizaciones con la recomposición de capacidades estatales consideradas esenciales. En otras palabras, mientras el Estado reduce su participación empresaria en determinadas áreas, una porción de esos recursos se redirigirá hacia funciones que el oficialismo considera indelegables.
El programa de privatizaciones incluye distintas empresas y activos habilitados por la Ley Bases, entre ellos compañías energéticas, operadoras de servicios y concesiones de infraestructura. En las últimas horas, una de las operaciones más resonantes fue el avance sobre la venta de la participación estatal vinculada a Transener, pieza clave del sistema de transporte eléctrico.
Dentro del oficialismo entienden que, si ese cronograma avanza, los fondos disponibles para Defensa podrían adquirir una magnitud relevante durante los próximos años. No habrá un monto fijo inicial: dependerá del volumen de cada operación concretada.
El decreto también establecerá que cuando se vendan o concesionen inmuebles, predios o activos bajo órbita militar, el 70% de lo recaudado volverá al área. Ese punto es especialmente valorado dentro de las Fuerzas Armadas, donde desde hace años existía el reclamo de que desprenderse de bienes sin reinversión implicaba descapitalización.
La decisión presidencial también tiene una lectura política. Javier Milei busca mostrar que el ajuste del gasto público no supone desatender todas las áreas del Estado, sino reasignar recursos hacia sectores que considera prioritarios: seguridad, defensa, inteligencia estratégica e infraestructura crítica.
Fuentes oficiales señalaron a Infobae que el desafío posterior será la ejecución. Comprar sistemas complejos exige no solo fondos iniciales, sino sostenimiento posterior: repuestos, capacitación, mantenimiento, actualización tecnológica y personal especializado.
Ese punto fue determinante en frustraciones anteriores, cuando distintas administraciones anunciaron incorporaciones que luego encontraron límites operativos o presupuestarios para mantenerse en el tiempo.
En la Casa Rosada sostienen que la Argentina necesita reconstruir capacidades básicas luego de años de retroceso relativo frente a otros países de la región. La referencia incluye vigilancia aérea, control del mar, movilidad terrestre, logística antártica y presencia en zonas de interés estratégico.
Con ese diagnóstico, el decreto que Milei tiene a la firma busca abrir una nueva etapa para el área de Defensa. No será una compra puntual ni una decisión aislada, sino la creación de una fuente específica de financiamiento atada al proceso de privatizaciones que impulsa el Gobierno.
Si se publica en los próximos días, como prevén en Balcarce 50, se convertirá en una de las medidas más relevantes de la gestión libertaria en materia militar y en una señal concreta hacia las Fuerzas Armadas, un sector que durante años reclamó inversiones, planificación y horizonte presupuestario.
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POLITICA
Causa Cuadernos: el exfuncionario Juan Carlos Santos declarará luego de que citaran por error a otra persona con su mismo nombre
El exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, Juan Carlos Santos, declarará este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio por la causa Cuadernos. Su testimonio llega semanas después de un insólito episodio: por un error en la citación, se presentó a declarar un hombre de 73 años que tenía el mismo nombre, pero no era el exfuncionario.
Todo ocurrió el pasado 7 de julio, durante una audiencia en Comodoro Py. El hombre, que no tenía relación con la causa, se presentó ante el juez Enrique Méndez Signori y aclaró de inmediato la confusión: “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.
Desde el TOF le preguntaron: “Cuando lo contactaron para prestar declaración en el marco de este juicio, ¿le explicaron los motivos de la citación?”. El contador respondió: “No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp, que me iban a citar. Estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver para esto”.
El verdadero Juan Carlos Santos es el exfuncionario de la AFIP que se desempeñó durante la gestión de Alberto Abad. Ya había prestado testimonio en Comodoro Py en otras causas, entre ellas la de Oil Combustibles durante la pandemia.
Su citación en el juicio de los Cuadernos está destinada a reconstruir la actuación de la AFIP entre 2018 y 2019, período en el que recibió oficios judiciales vinculados a la investigación por sobornos.
Además de Santos, declararán Pedro Mario Majul, Samanta Fagan, Miriam De Luca y Beatriz Zoe López.
Funcionarios de ARCA revelaron las maniobras que usaban empresarios para retirar dinero en efectivo de la obra pública
Días atrás, cuatro funcionarios de ARCA detallaron en el juicio de la Causa Cuadernos las maniobras utilizadas por empresarios investigados para extraer fondos en efectivo de contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas.
Las operatorias incluían la contratación de proveedores calificados como “no confiables”, la emisión de facturas de dudosa consistencia y la compra de dólares en efectivo entregados a apoderados de las uniones transitorias de empresas (UTE).
Entre las firmas investigadas aparecen Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco. Todas ellas formaban UTE para proyectos específicos de infraestructura. Al recibir adelantos o pagos parciales del Estado, contrataban a proveedores que emitían facturas sin contraprestación comprobada. Esos egresos se registraban contablemente como gastos comerciales ordinarios vinculados a la obra, lo que permitía la salida de dinero sin respaldo documental.
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Uno de los casos mencionados es el de Isolux, que se adjudicó en 2007 la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por más de 2000 millones de pesos. Empleados de la ex AFIP detectaron que parte de los fondos se derivaba a través de intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra.
Una de las testigos dijo: “Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”.
cuadernos, Comodoro Py, Justicia
POLITICA
Nombraron tres nuevos funcionarios que ocuparán roles claves en Seguridad, Justicia y la Jefatura de Gabinete
En medio de la reestructuración del Gobierno nacional tras la salida de Manuel Adorni, el Ejecutivo nombró a tres funcionarios que ocuparán roles claves en la Jefatura de Gabinete, así como en los ministerios de Seguridad Nacional y Justicia.
El primero en ser designado fue Gonzalo Martín Del Huerto, quien se encargará de la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida fue oficializada por el Decreto 668/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.
De acuerdo con lo dispuesto, su nombramiento responde a la necesidad de fortalecer la articulación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, para facilitar el tratamiento de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y promoviendo el diálogo entre bloques parlamentarios.
En tanto, a través del Decreto 663/2026, el Gobierno nacional designó al abogado Matías Axel Manfredi al frente de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia.
Manfredi fue nombrado para desempeñar funciones en una subsecretaría que tiene como misión central la articulación y coordinación de vínculos entre el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el ámbito académico.
La decisión responde a la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y cooperación entre el Ejecutivo y los actores del sistema judicial, así como con universidades y centros académicos dedicados al estudio y la investigación en materias jurídicas. La Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica cumple un rol clave en la construcción de consensos y la elaboración de propuestas que requieren el aporte de diferentes sectores.
Entre sus funciones principales se encuentra la gestión de asuntos vinculados a la cooperación interinstitucional, la promoción de actividades académicas conjuntas y el seguimiento de iniciativas que requieran la participación de operadores judiciales y miembros de la comunidad universitaria.
Finalmente, a partir del 24 de junio de 2026, el Gobierno nacional dispuso la designación de Enrique Braun de Corral en el cargo de subsecretario de Articulación Federal, del Ministerio de Seguridad Nacional.
Braun de Corral asumirá las funciones en una área estratégica para la coordinación y vinculación entre las distintas jurisdicciones y el Estado nacional en materia de seguridad pública.
La designación responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación federal en el ámbito de la seguridad, promoviendo el trabajo conjunto entre el Ministerio y las autoridades provinciales y locales.
El subsecretario de Articulación Federal tiene como responsabilidad principal la gestión de políticas y programas orientados a mejorar la cooperación interjurisdiccional y optimizar la implementación de estrategias de prevención y respuesta frente a situaciones de riesgo.
La incorporación de Braun de Corral apunta a reforzar la capacidad operativa del área y mejorar la respuesta institucional ante hechos que demandan intervención conjunta.
Y su llegada se formaliza en el marco del fortalecimiento institucional promovido desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la expectativa de optimizar la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que presenta el escenario de la seguridad pública en todo el país.
North America
POLITICA
El Gobierno envió al Senado nuevos pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores
El Senado de la Nación convocó para el martes 18 de agosto de 2026, a las 14, a una audiencia pública en la que analizará los pliegos de 13 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos vacantes en cámaras federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías de distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
La audiencia se realizará en el Salón Azul del Senado, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 1849, en la Ciudad de Buenos Aires.
Los postulantes incluidos en los mensajes remitidos por el Gobierno son:
- Andrés Guillermo Fraga, propuesto como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires.
- Facundo Carlos Cortés, candidato a vocal de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
- Carlos Nicolás Escandar, propuesto como defensor público oficial federal con asiento en la ciudad de Salta.
- Paula Inés Lo Gioia, candidata a defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores.
- María Soledad Mancini, postulada como vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
- María Virginia Miguel Carmona, propuesta como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
- Leandro Gastón, candidato a defensor público oficial ante los tribunales orales federales de La Plata, Defensoría N°2.
- Matías Ezequiel Eidem, propuesto como fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°7.
- Ornella Romina Riggittano, candidata a fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional porteños, Fiscalía N°27.
- Santiago Juan Schiopetto, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal.
- Sergio Buitrago, candidato a juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26.
- Valeria Alejandra Rico, propuesta como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal.
- Ramiro Velasco, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal.
Cómo presentar preguntas u observaciones sobre los postulantes
Las preguntas, observaciones o impugnaciones vinculadas con las calidades y los antecedentes de los aspirantes podrán presentarse entre el 1 y el 7 de agosto de 2026, inclusive.
Las presentaciones podrán realizarse de manera digital, a través del sitio institucional del Senado, o presencialmente ante la Comisión de Acuerdos, en Hipólito Yrigoyen 1702, sexto piso, oficina 606, de 10 a 17.
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Luego de la audiencia pública, la comisión deberá analizar cada pliego y decidir si emite dictamen. Para que las designaciones queden aprobadas, los candidatos necesitarán posteriormente el acuerdo del pleno del Senado.
Senado, pliegos, Justicia, Javier Milei
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