Actualmente, hay 2,1 millones de hogares menos beneficiados por los subsidios a la electricidad en la Argentina y casi 900.000 menos en el caso del gas natural por redes respecto del inicio de la gestión de Javier Milei, según datos oficiales a los que accedió . En ese período, la proporción de usuarios que pagan el costo pleno de la boleta creció y ya representa cerca de la mitad del universo total, dependiendo del servicio público que se considere.

La dinámica refleja un cambio de lógica en la política energética del país y un giro en una de las partidas más sensibles entre las cuales el Gobierno libertario aplicó la “motosierra” para bajar el gasto público. El recorte se apoyó también en fuertes incrementos de tarifas y en una mejora de la producción local por Vaca Muerta, que permitió reducir costos del sistema.

El resultado fue que en los últimos dos años y medio la reducción total de los subsidios fue equivalente a más de US$5600 millones. En términos del PBI, esas erogaciones cayeron desde niveles cercanos a 1,4% del PBI a alrededor de 0,6%, con el objetivo oficial de 0,5% en 2026.

Parte de ese ajuste se explicó también por una depuración del padrón. En ese proceso, la Secretaría de Energía identificó 15.518 hogares en countries y barrios cerrados que recibían subsidios, 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y 1,59 millones de hogares que reunían las condiciones para acceder a la asistencia, pero nunca la habían solicitado. También se retiró la asistencia a comercios e industrias, una decisión que en las últimas semanas encendió alertas en el sector ante el impacto que puede la guerra en Medio Oriente en los costos.

“Estamos terminando con que hogares con alta capacidad de pago recibían subsidios financiados por todos los argentinos, mientras otros vulnerables no siempre estaban correctamente protegidos”, explicaron desde Energía.

El sistema alcanza a un universo amplio: 16,5 millones de usuarios residenciales en electricidad y más de 9,6 millones en gas por redes, según registros oficiales. Sobre esa base, que no varió significativamente en los últimos años, el recorte implicó una reducción sostenida de los hogares alcanzados por subsidios y un crecimiento del número de quienes pagan el costo pleno de la energía.

En electricidad, los hogares con subsidios pasaron de 10,8 millones en diciembre de 2023 (67,1%) a casi 9,23 millones al cierre de 2025 (55,8%). Con la implementación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el universo que recibe asistencia cayó a 8,73 millones (53%), un ajuste adicional de 500.000 hogares.

En gas por redes, la dinámica fue similar: los beneficiarios bajaron de 5,64 millones (59,8%) a 5,12 millones (53,4%) y, luego, a 4,78 millones (49,8%) tras la aplicación del SEF, lo que consolidó el quiebre del escenario previo hacia uno con mayoría de usuarios sin subsidios.

Más que un recorte puntual, los datos muestran un cambio en la estructura del sistema: cada vez más usuarios pasan a pagar el costo pleno de la energía.

El cambio se da sobre un esquema que ya había comenzado a modificarse. En 2022 se implementó la segmentación por ingresos, que dividía a los usuarios en tres niveles: N1 (ingresos altos), que pagaban la tarifa plena; N2 (ingresos bajos), que recibían la mayor parte de los subsidios; y N3 (ingresos medios), que accedían a una asistencia parcial. Ese sistema buscaba bajar el peso del gasto sin eliminarlo, pero mantenía una cobertura amplia.

A partir de este año, el Gobierno avanzó con un modelo más simple, con la implementación del SEF: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, definidos a partir de cruces de datos de ingresos, patrimonio y consumo.

En ese esquema, la asistencia se concentra exclusivamente en los usuarios residenciales y se aplica sobre un bloque básico de consumo que varía según la estacionalidad. Por encima de ese umbral, la energía se paga a precio pleno, lo que implicó una disminución tanto de la cantidad de beneficiarios como del nivel de subsidio por usuario.

La subvención se aplica sobre el costo de la energía, uno de los componentes de la tarifa, que también incluye transporte, distribución e impuestos. En los hogares subsidiados, el Estado bonifica una parte de ese componente, mientras que el resto —y los otros cargos del sistema— se paga sin asistencia.

El recorte impactó especialmente en los usuarios de ingresos medios, que bajo el esquema anterior accedían a subsidios parciales y que, en muchos casos, quedaron fuera del beneficio.

El reordenamiento tarifario también estuvo acompañado por una mejora en la cobrabilidad. Según datos oficiales y de las empresas distribuidoras, la tasa de pago pasó de alrededor del 48% al inicio de la gestión a niveles cercanos al 97%, lo que implica una morosidad en torno al 3%.

Ese ajuste también se reflejó en las tarifas. Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, para un consumo residencial típico de gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —unos 711 metros cúbicos anuales—, en marzo de 2026 se pagó $33.987 con subsidios y $39.309 sin subsidio, a precios actuales. Esas mismas boletas durante la gestión de Alberto Fernández costaban $20.991, mientras que en 2018 y en términos reales, durante la gestión de Mauricio Macri, ascendían a $43.719.

En el caso de la electricidad, una factura promedio para un consumo de 250 kWh fue de $21.069 con subsidio y $46.488 sin subsidio, también por encima de los valores de la gestión Fernández pero por debajo de los picos registrados en 2018 y 2019.

Los subsidios energéticos pasaron de representar cerca de 1,5% del PBI en 2023 a 1% en 2024 y 0,5% en 2025. En términos nominales, el gasto se ubicó en torno al equivalente a US$14.200 millones en 2022, descendió a cerca de US$9600 millones en 2023 y continuó a la baja hasta aproximadamente US$4000 millones en 2025, según la consultora Economía y Energía. Solo durante la gestión Milei, el recorte acumulado equivale a unos US$5684 millones.

En paralelo, también mejoró la cobertura del sistema. Los usuarios pasaron de cubrir niveles cercanos al 30% del costo de la energía al inicio de la gestión Milei, a cubrir alrededor del 70% en la actualidad. Es decir, una mayor proporción del costo dejó de ser financiada por el Estado y pasó a trasladarse a las facturas que pagan los hogares.

En términos históricos, el peso de los subsidios energéticos fue una constante en la economía argentina durante las últimas dos décadas. Según estimó el economista Alejandro Einstoss, entre 2003 y 2023 el Estado destinó más de US$150.000 millones a sostener tarifas por debajo de los costos. El especialista definió ese período como dos décadas de “populismo energético”. La mayor disponibilidad de energía local, impulsada en parte por el desarrollo de Vaca Muerta, comenzó a modificar ese escenario.

Sin embargo, el Gobierno reconoce que el cambio de precios relativos impactó en el poder de compra de los hogares. El fuerte aumento de los servicios públicos —gastos fijos como luz, gas, agua y transporte— avanzó por encima de la inflación y redujo la porción del ingreso disponible para otros consumos.

Este fenómeno también se refleja en encuestas de opinión, donde crece la proporción de hogares que señala que sus ingresos alcanzan para menos gastos discrecionales.

El impacto es, además, observable en la dinámica inflacionaria reciente. En el primer trimestre de este año, las tarifas de electricidad y gas fueron el rubro de mayor incidencia en el aumento del costo de vida, con subas cercanas al 20%, más del doble de la inflación general del período. En conjunto, explicaron alrededor de dos puntos porcentuales del 9,1% de inflación acumulada en el AMBA, según estimaciones de Economía y Energía. “Si se estabiliza el valor de los hidrocarburos y se ralentiza el incremento tarifario, la inflación en los próximos meses podría registrar una desaceleración”, señaló la consultora.

Ex secretarios de Energía coinciden en que el proceso en marcha implica un cambio de régimen más que un ajuste puntual. Emilio Apud señaló: “Durante mucho tiempo el sistema funcionó con precios desacoplados de los costos, financiados con emisión y subsidios”. Y agregó: “Lo que cambió es quién paga la energía y en qué proporción”.

Daniel Montamat sostuvo que “se pasó de un modelo de subsidios amplios a uno más focalizado”, aunque advirtió: “Siempre hay una zona gris entre quienes deberían recibir subsidios y quienes no, sobre todo en contextos de ingresos inestables”.

Las tarifas de energía fueron históricamente un tema sensible en el país, atravesado por aumentos, apagones y disputas políticas. Tras más de una década de atrasos en los valores, Mauricio Macri avanzó con un proceso de recomposición que no completó la convergencia a costos, Alberto Fernández enfrentó una interna feroz con el kirchnerismo cuando intentó avanzar en recortes, mientras que el FMI reclamó de manera recurrente en los últimos tres programas una mayor “focalización” de ese gasto. El desafío hacia adelante será sostener este esquema sin que el mayor peso de las facturas en el ingreso de los hogares vuelva a generar tensiones.