La Libertad Avanza (LLA) busca reactivar la maquinaria legislativa antes del inicio del receso invernal. Con ese objetivo, los jefes de bloque asistirán este miércoles a la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí se definirá la convocatoria a una sesión prevista para el próximo 16 de julio.

La senadora y jefa de los libertarios, Patricia Bullrich, había anticipado la semana pasada la convocatoria luego de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el despacho del radical Eduardo Vischi. Del encuentro también participaron representantes de los bloques aliados al oficialismo y funcionarios nacionales. Analizaron el proyecto de Zonas Frías, que el Poder Ejecutivo aspira a convertir en ley después del receso.

Ante la insistencia de Bullrich para sesionar esta semana, Villarruel desactivó esa posibilidad al convocar a una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para este miércoles a las 12.

La cita será un día antes del feriado del 9 de Julio y con varios legisladores apurados por viajar a Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica. Entre ellos estarán Beatriz Ávila (bloque Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal). El acto será encabezado por el presidente Javier Milei, junto con su gabinete, el gobernador Osvaldo Jaldo y otros mandatarios provinciales.

Los presidentes de bloque fijarán la próxima sesión para el 16 de julio y retomarán el temario que quedó pendiente luego de la crisis política desatada por la continuidad del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la falta de quorum que obligó a levantar la sesión del 25 de junio. Entre los proyectos previstos figuran la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la ley Hojarasca y los acuerdos para la designación de jueces y funcionarios de la Cancillería.

La reforma electoral

La reforma electoral es el eje central de las negociaciones del Gobierno con la oposición dialoguista y los mandatarios provinciales. Las conversaciones no solo son encabezadas por Santilli, sino también por la senadora Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La mesa política de Casa Rosada se reunirá esta semana luego de la salida de Adorni y la incorporación del nuevo ministro coordinador, junto con el equipo de Comunicación encabezado por el vocero presidencial Adrián Ravier y el secretario de Medios, Fabián Fernández. El espacio, liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, definirá la agenda parlamentaria y, principalmente, los pasos a seguir para conseguir los apoyos necesarios para sancionar la reforma electoral.

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LLA cuenta con 21 senadores y necesita al menos 37 votos afirmativos, dado que la Constitución establece mayorías especiales para la aprobación de normas que modifiquen el régimen electoral. La Carta Magna exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.

Para alcanzar ese número, los libertarios consideran clave el acompañamiento de la UCR y el PRO. Ambos bloques aportarían 13 votos: diez de los radicales encabezados por Vischi y tres del PRO referenciados en Martín Goerling Lara. El resto provendría de senadores de fuerzas provinciales, como los misioneros del Frente Renovador Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la salteña Flavia Royón —alineada con el gobernador Gustavo Sáenz— y la neuquina Julieta Corroza, cercana a Rolando Figueroa.

Sin embargo, el escenario aún no está definido para el oficialismo. La UCR presentó un proyecto que transforma las elecciones primarias (PASO) en optativas, en lugar de eliminarlas, como pretende el presidente Milei. El PRO acompaña esa iniciativa del radicalismo.

Además, tanto la UCR como el PRO buscan discutir por separado el capítulo de la reforma electoral referido a Ficha Limpia, que pretenden tratar en una ley aparte. En ese sentido, la senadora Corroza también impulsa una propuesta.

Jugada libertaria

En búsqueda de aportar calma a los aliados, LLA ya trabaja en una propuesta que habilitaría las listas colectoras en la elección nacional. Aceptaría, en línea con lo que plantean radicales y el PRO, no eliminar las PASO, sino suspenderlas de nuevo, como ocurrió en los comicios de medio término. A la vez, impulsaría modificaciones en la ley de Boleta Única de Papel (BUP) para incorporar colectoras, con el objetivo de que las fuerzas políticas diriman sus internas en ese esquema.

De ese modo, se reeditaría una suerte de ley de lemas, con la habilitación de listas colectoras que permitirían que cada fuerza política compita con distintos candidatos al Congreso, pero con un único candidato presidencial.

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El oficialismo, que busca la reelección de Milei, propone que radicales, PRO y fuerzas provinciales presenten sus propios postulantes legislativos, mientras que en la categoría presidencial se mantenga como único candidato el actual mandatario.

La iniciativa todavía está en etapa de estudio y redacción. Los aliados reclaman definiciones concretas, aunque señalan que el sistema de ley de lemas fue utilizado en distintas provincias —entre ellas Santa Fe y Santa Cruz— y posteriormente derogado por considerarse que no respeta la voluntad del votante y genera falta de transparencia. Para algunos sectores del Congreso, la propuesta implicaría un retroceso en materia electoral.

El rechazo del PJ

Desde el Senado y la Cámara de Diputados, el justicialismo ya anticipó su rechazo a la eliminación de las elecciones PASO, al considerar que resultan clave para la reconfiguración y el ordenamiento de la interna partidaria de cara a los próximos comicios.

La diputada de Unión por la Patria (UxP), Sabrina Selva, sostuvo que le parece “deshonesto cambiar las reglas de juego” y cuestionó que se negocie con los aliados mientras se mantiene el financiamiento a los partidos políticos. En ese sentido, afirmó en diálogo con TN: “Estos cambios no resuelven los problemas de las familias que están sobreendeudadas, las más de 20 mil pymes que cerraron o los 300 mil puestos de trabajo que se perdieron. No acompañamos ninguna medida que no mire a la mitad de los argentinos que el Gobierno no mira y la está pasando muy mal”.

En paralelo, Santilli avanza en la organización de reuniones con gobernadores y legisladores aliados. Según prevé, después del receso deberá contar con la redacción de un proyecto para impulsar que durante agosto comience el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el libertario Agustín Coto.

Senado, reforma electoral, Diego Santilli

El juicio por contrabando en grado de tentativa contra el exsenador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa, entra en una etapa decisiva en los tribunales de Asunción.

Tras el cierre de la producción de pruebas, el fiscal Ysrael Villalba presentará hoy desde las 10 su alegato de clausura, instancia en la que expondrá su interpretación de la evidencia reunida durante el proceso y solicitará una condena para ambos acusados.

La última audiencia de presentación de pruebas se desarrolló en la Sala 9 del Palacio de Justicia de la capital paraguaya. En esa jornada, los últimos elementos probatorios fueron incorporados por los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo. Concluida esa etapa, el Tribunal especializado en delitos económicos dio por finalizada la recepción de pruebas y fijó para este lunes el inicio de los alegatos finales.

El tribunal encargado de juzgar el caso está integrado por las juezas Elsa García, quien lo preside, Adriana Planás y el juez Matías Garcete Piris. Tanto Kueider como Guinsel Costa volvieron a optar por no declarar durante esta fase del proceso. Una vez finalizados los alegatos, únicamente les quedará la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los magistrados pasen a deliberar.

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Si el tiempo de la audiencia lo permite, hoy también podría comenzar el alegato de la defensa. En esa instancia, los representantes legales de los imputados buscarán cuestionar los argumentos presentados por la Fiscalía y ofrecer su propia interpretación de las pruebas incorporadas al expediente. Además, expondrán su versión sobre lo ocurrido durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando la pareja fue detenida al intentar ingresar a Paraguay con dinero sin declarar.

Luego de la exposición de la defensa, el fiscal podrá solicitar una réplica para responder a los planteos realizados por los abogados. Posteriormente, la defensa tendrá derecho a ejercer una dúplica antes de que finalice la etapa de alegatos.

Una vez cumplidas esas instancias, el tribunal definirá la fecha en la que dará a conocer el veredicto y los jueces se retirarán a deliberar.

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El proceso judicial comenzó el pasado 9 de junio, luego de tres postergaciones que demoraron el inicio del debate oral desde noviembre de 2025 hasta mediados de 2026.

Kueider y Guinsel Costa llegaron al juicio con arresto domiciliario. Ambos fueron detenidos pocas horas después de ser descubiertos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este con una mochila que contenía 211.000 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

Por ese episodio fueron acusados de contrabando en grado de tentativa. Como el delito no llegó a consumarse, la pena en expectativa se redujo de cinco años a dos años y medio de prisión. En caso de una eventual condena, el tiempo que llevan detenidos (un año y seis meses en distintos departamentos de Asunción donde cumplen arresto domiciliario) será tenido en cuenta.

Las otras causas que enfrenta Kueider

Mientras el juicio transita su tramo final, el exsenador y su pareja afrontan además otras complicaciones judiciales.

La Justicia paraguaya resolvió imputarlos por presunto lavado de activos al considerar que habrían utilizado fondos ilícitos para adquirir departamentos y cocheras en Asunción. En ese expediente, los inmuebles fueron embargados.

A esa situación se sumó el rechazo, por parte de la Cámara Federal de San Martín, de un pedido de eximición de prisión presentado por Kueider. Esa decisión implica que, cuando regrese a territorio argentino, será detenido de inmediato.

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En la Argentina, el exsenador también es investigado por presunto lavado de activos en una causa que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien solicitó su extradición desde Paraguay. Ese pedido ya recibió el aval de la Fiscalía paraguaya, aunque el exlegislador deberá concluir primero el proceso judicial que enfrenta en ese país.

La investigación de Arroyo Salgado no es la única abierta contra Kueider por presunto lavado de activos. Existe además un expediente paralelo en la Justicia de Entre Ríos y la definición sobre qué tribunal debe intervenir se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema.

Edgardo Kueider, Paraguay

La diputada de San Luis Luciana Perano falleció este domingo tras sufrir un infarto en la localidad pampeana de Parera, donde había nacido.

La legisladora de 46 años se encontraba junto a su familia cuando, al momento de iniciar su regreso a San Luis cerca de las 7, sufrió una descompensación. Ante el deceso repentino, el cuerpo fue trasladado a General Pico para la realización de la autopsia correspondiente, según informó El Diario de La Pampa. Fuentes cercanas al caso confirmaron que se trata de un deceso por causas naturales y que no existe ninguna circunstancia extraña en el hecho.

Perano había iniciado su segundo mandato como diputada provincial el 10 de diciembre de 2025, en representación del departamento Juan Martín de Pueyrredón, bajo la bandera del Frente Ahora San Luis. Su primer mandato había comenzado en diciembre de 2021, cuando fue electa bajo el ala de “Unidos por San Luis”, la fuerza liderada por el gobernador Claudio Poggi, quien también le dedicó un sentido mensaje.

“De manera inesperada y con profundo dolor despido hoy a la LUCHI. Luciana Perano era Diputada Provincial por el Frente Ahora San Luis, dirigente de Avanzar, y excelente madre, esposa y amiga. Mi pésame para Martín, sus hijos y demás familia. Te vamos a extrañar Luchi QDEP”, escribió en su cuenta de X el mandatario provincial.

Su participación en la política

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, se había desempeñado como concejal en la ciudad de La Punta, donde compartió bloque con el legislador Luciano Ayala.

En el plano institucional, presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales e integraba la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales. En los últimos tiempos, su actividad parlamentaria estuvo centrada en el impulso a la creación del municipio del Suyuque.

Perano estaba casada con Martín Olivero, senador provincial y ex intendente de La Punta, también oriundo de Parera, con quien se encontraba en la localidad pampeana al momento de su muerte.

En noviembre del año pasado, la legisladora estuvo al frente de la exposición de los puntos centrales del proyecto durante la sesión en la que la Cámara de Diputados de San Luis aprobó, por unanimidad, la reducción de la feria judicial en la provincia. La votación arrojó 27 votos afirmativos y ninguno negativo.

Durante su intervención señaló que la elaboración de la nueva ley contó con el consenso de los distintos bloques y que todos los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de garantizar el acceso de la población al servicio de Justicia. También subrayó que, desde el bloque Cambia San Luis y en conjunto con los espacios que respaldan al gobierno provincial, continuarían impulsando iniciativas para reducir la mora y perfeccionar el funcionamiento de los tribunales en la provincia.

La sesión también contó con la intervención de la presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, quien enfatizó la importancia de la reforma para combatir la lentitud en la resolución de causas. “La mora judicial es un problema que nos aqueja, es un problema que hace que la justicia sea menos accesible para quienes la necesitan. Una justicia cuando es lenta, cuando es ineficiente, cuando es ineficaz, no es justicia”, expresó, según palabras reproducidas por el área de prensa de la Legislatura provincial.

El proyecto tuvo su origen en una serie de acuerdos entre el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, el presidente de la Cámara, Alberto Leyes, los presidentes de los bloques oficialistas de ambas cámaras y representantes de los colegios de abogados, magistrados, empleados judiciales y el Colegio Forense.

La nueva normativa estableció que la feria judicial se desarrollará en dos semanas durante enero y una semana a mitad de año, cuyas fechas fijará el Superior Tribunal de Justicia. Durante esos períodos, los plazos procesales quedarán suspendidos, aunque se garantizará la atención de asuntos urgentes a través de magistrados y funcionarios designados por la autoridad judicial.