POLITICA
Jorge Macri: “Tenemos que darle a la Argentina una opción, el PRO no va a solo a las elecciones”
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri afirmó que el PRO se presentará a las elecciones presidenciales de 2027 para “darle una opción” al país, incluso ante La Libertad Avanza (LLA), pero no descartó que el partido amarillo se presente con un frente electoral, con el aval del ex presidente Mauricio Macri.
“Estamos convencidos que tenemos que darle la Argentina una opción en cada pueblo, en cada provincia; o ser parte de una opción. El PRO no va solo a las elecciones, somos siempre parte de un frente”, señaló en declaraciones a Infobae en vivo.
Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Jorge Macri sostuvo: “Lo que está haciendo Mauricio es bueno. Está recorriendo el país, reuniendo a los equipos, a los distintos legisladores, concejales, referentes. Volver a juntarnos me parece que es bueno, después de tanta dispersión de gente que tomó la decisión de irse del espacio. Los que estamos, estamos”.
Consultado sobre la situación económica y social, Macri ponderó que “los grandes números al Gobierno le dan bien”, al obtener un “equilibrio macrofiscal importante, pero la economía del consumo de las grandes ciudades está golpeada, afectada”. “Se nota en la recaudación, se nota en el humor social, en la generación de empleo”, apuntó.
Sin embargo, reconoció que “esa misma mayoría de gente dice: ‘pero para atrás no quiero volver’. Todos queremos que esto sea un punto para empezar a recorrer una levantada de ese consumo”. Y apuntó que “la gente de gobierno” ven estos problemas, pero “después cada uno expresa hacia afuera como cree que tiene que defender”. “Pero no siento que haya un gobierno que niegue esta realidad”, resaltó.
El jefe de Gobierno porteño indicó que su vínculo con el presidente Javier Milei es “bueno”, aunque suele mantener más contacto con funcionarios del gabinete nacional, como la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, y el titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, especialmente por cuestiones de infraestructura. Y sobre la senadora Patricia Bullrich, Macri manifestó que no cree probable su retorno al PRO, dado que “se acaba de afiliar a la Libertad Avanza”.
La gestión en la Ciudad de Buenos Aires
Sobre la situación en su distrito, Jorge Macri subrayó que “hay una economía del comercio que está afectada”, y es coincidente con una “economía en el país que sostiene crecimiento en lugares que no son tan generadores de empleo”. Ante esa caída de la actividad, adoptaron como gobierno portelo la exención de ABL “a todos los gastronómicos y hoteleros por el primer semestre completo”. “Le sacamos impuesto a los sellos a las tarjetas de crédito. Le quitamos ingresos brutos a los autónomos no profesionales. Eximimos de ABL a 89 mil jubilados de hasta tres mínimas y con una única propiedad. Eso nos permitió llegar en lugar de a veinte mil a ochenta y nueve mil jubilados”, enumeró.
Sin embargo, Macri advirtió que la recaudación “bajó interanual 10 o 7 siete por ciento. Todavía está sostenida por la actividad financiera. Todo el mundo llora un poco, pero a algunos sectores les va mejor que a otros”.
En materia de seguridad escolar, Macri relató la implementación de un protocolo integral ante la ola de amenazas: “Establecimos un protocolo claro que involucra muchas áreas. Lo comunicamos a escuelas y familias. Si hay una amenaza, lo primero es proteger la prueba, porque eso es un delito. Trabajamos como si lo de Santa Fe pudiera ocurrir, deseando que no ocurra y trabajando en prevención con gabinetes psicológicos y psicopedagógicos”.
Ahora bien, ilustró como buena noticia que, en medio de esta problemática, haya 48 mil familias que adhieran a un «pacto digital», para no darle “teléfonos inteligentes a los chicos de primaria”.
Respecto a la movilidad, anunció: “Este año llegan todos los coches nuevos para la línea B del subte, y la línea F arranca antes de fin de año”. Sobre la gestión de residuos, sostuvo: “Permanece el sistema de antivandálicos, pero ajustamos las tapas para que sean más cómodas. Pido a los vecinos y locales: dejar las cajas al lado de un contenedor no es reciclar”.
En cuanto a la seguridad pública, explicó: “No tenemos un problema de cantidad de policías, estamos siempre redistribuyendo. Este año vamos a tener alrededor de mil seiscientos egresos nuevos. Agregamos muchas motos, porque ayudan mucho en la ciudad”.
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POLITICA
Jorge Macri respaldó las detenciones de los metrodelegados: “El que bloquea un servicio esencial va preso”
En medio del conflicto por el paro en todas las líneas de subte, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri salió a respaldar las detenciones de los metrodelegados y advirtió: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple”.
Macri remarcó que no va a aceptar “extorsiones mafiosas” y que quienes bloqueen un servicio esencial “van presos, sin vueltas”.
El mandatario porteño insistió en que no permitirá que “les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.
El secretario de Seguridad porteño explicó por qué detuvieron a tres metrodelegados
En diálogo con TN, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro, explicó que las detenciones de los trabajadores del subte se produjeron luego de que un gremialista abriera una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B para permitir el paso de los usuarios como medida de fuerza.
“En la primera hora del día, un gremialista del subte abrió una de las puertas de emergencia y habilitó el paso de los usuarios como medida de fuerza. A raíz de ello, el personal policial consultó a la fiscalía, que ordenó el cese de esta actividad irregular. Ante la negativa de esta persona, la fiscalía dispuso su detención por desobediencia”, relató.
Luego, según su relato, otros dos gremialistas intervinieron para impedir el accionar policial, por lo que la fiscalía también avaló que sean detenidos. “Están detenidos por incumplir lo ordenado por la Justicia”, reiteró Piñeiro.
Los metrodelegados advierten que no reanudarán los servicios del subte “hasta la inmediata liberación” de los gremialistas
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) denunció la detención de dos trabajadores por parte de la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas (Línea B).
“No habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión”, alertaron.
Jorge Macri, Metrodelegados, Subte
POLITICA
Malvinas: el Gobierno evita confrontar con Washington por el Comité de Descolonización de la ONU y la ley de soberanía
“(Donald) Trump es Trump. Aun con los amigos”, reflexionó un diplomático de carrera en la noche del lunes, cuando ya era conocido que el gobierno norteamericano solicitó, a través de sus representantes diplomáticos, disolver el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 1965 insta al Reino Unido a sentarse a negociar con la Argentina una resolución a la diputada por la soberanía de las islas Malvinas.
En la Cancillería no hubo comentarios públicos sobre el pedido, que va en línea con la escasa estima que Trump tiene hacia las Naciones Unidas (sentimiento compartido por el presidente Javier Milei) y que tuvo como argumentos que ese comité “dejó de cumplir su propósito original”. Ayer, en la conferencia de prensa semanal que brinda en Casa Rosada, el portavoz Adrián Ravier afirmó que esa postura de Estados Unidos “está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final”, y afirmó que “seguramente” el canciller Pablo Quirno, que acompaña al Presidente en su actual gira por España, hablaría sobre el tema. La consulta incomodó a Ravier, que no pudo precisar qué es lo que “está en análisis”.
En la última reunión del Comité de Descolonización, en junio pasado, el canciller Quirno acusó en duros términos al Reino Unido de “desconocer la realidad histórica”, y afirmó que “el principio de autodeterminación no aplica en casos de colonialismo que vulneran la integridad territorial de una nación preexistente”, en relación con la posición de Londres en relación con los pobladores de las islas. Fue solo una de las exposiciones de los últimos meses en las que el Gobierno y la Cancillería elevaron el tono del reclamo por la soberanía de las islas.
“Lo que dijeron los Estados Unidos tiene que ver con la propuesta de racionalizar la ONU, algo similar a la motosierra”, explicó una fuente diplomática cercana al Gobierno, con intención de minimizar un eventual conflicto.
“Por supuesto que, como todo país con controversias de ese tipo, apoyamos la continuidad del comité. Pero no sería un daño para la Argentina, el reclamo se puede presentar, como se hacía en los años noventa, ante la Asamblea General de la ONU”, agregó el experto.
En coincidencia con el despertar del sentimiento nacionalista en el país por la recuperación de Malvinas, que explotó luego del partido con Inglaterra en el mundial de fútbol, y enojado por la posición del Reino Unido durante la guerra con Irán, Trump declaró que “podría revisar” su postura en relación a la soberanía de Malvinas. Semanas después, se reunió con el primer ministro británico Andy Burnham, y esa amenaza se disipó.
Más allá de la controversia por el Comité de Descolonización (que no integran ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, que sostiene 10 de los 17 territorios no autónomos en disputa, entre ellos Malvinas), el freno al tratamiento en comisión de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con la causa Malvinas e impulsado por el Poder Ejecutivo, también muestra posturas divergentes entre Washington y Buenos Aires.
Empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I del proyecto, que no solo establece sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra empresas asociadas a ellas en otros proyectos, con la secretaría de Malvinas que encabeza la secretaria Paola di Chiaro, como autoridad de aplicación.
“A la industria le preocupaba este abordaje tan amplio que tiene la ley, y que impacte sobre la actividad”, comentó a una importante fuente del sector petrolero. No sólo las empresas se quejaron: según informadas fuentes del Gobierno, el embajador norteamericano Peter Lamelas también le habría expresado su preocupación vía telefónica a miembros del oficialismo. Consultadas por este diario, fuentes de la embajada norteamericana evitaron hacer comentarios sobre el asunto, y desde el oficialismo de la Cámara baja -los diputados Silvana Giúdici y Gabriel Bornoroni trabajan en el dictamen de la ley- dijeron no haber recibido llamado alguno. Adjudicaron la postergación del tratamiento a la cantidad de temas que incluirá la próxima sesión de la Cámara baja.
Diplomáticos alejados del Gobierno agregan un tercer foco de disenso, siempre dentro de los márgenes de la excelente relación entre ambos países. Se trata de la postulación de Rafael Grossi como próximo secretario general de la ONU, impulsado por Argentina y que marcha en el primer pelotón en las votaciones secretas que se han venido haciendo hasta ahora. Esos diplomáticos aseguran que Grossi “no es” el preferido de Trump, que ya intentó postular al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el megamillonario Elon Musk, y que podría insistir con otro “outsider” en las próximas semanas, si como viene ocurriendo, ninguno de los postulantes alcanza la mayoría necesaria (sin vetos de los cinco miembros permanentes) para ser elegido.
El jueves próximo, ya con Milei y Quirno de regreso en el país, el influyente subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, llegarán a Buenos Aires. Entre otros asuntos, las divergencias por el comité de Descolonización y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía podrían ser temas de conversación con el Gobierno.
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POLITICA
Fallo clave para el Gobierno: la Justicia puso en revisión la cautelar sobre Financiamiento Universitario
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro de Sebastián Amerio, había reclamado ante la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar. La causa de fondo es el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que recortó fondos universitarios.
“La vamos a seguir a muerte”, respondieron fuentes de primera línea del Ministerio de Capital Humano al ser consultados por el fallo judicial. “La Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”, explicó uno de los principales patrocinadores legales del Gobierno.
La Cámara no resolvió si el Estado cumplió o no con la medida cautelar. Lo que decidió, el 20 de octubre de 2026, es más acotado: que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación, y que esa apelación debe tramitarse.
La resolución fue firmada por los jueces José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, quienes cubrieron dos vacantes en la Sala conforme a las acordadas 2/26 y 5/26 de la Cámara. El Ministerio de Capital Humano argumentó que la medida cautelar original tenía un límite temporal expreso y que ese plazo ya había vencido. Desde esa postura, continuar con la ejecución de la orden equivalía a extender artificialmente una tutela que había caducado.
El origen del conflicto
El amparo fue impulsado por el CIN tras la sanción del Decreto 759/25, que modificó la distribución del financiamiento para las universidades nacionales. El juzgado federal N° 11 dictó una medida cautelar que obligó al Estado a garantizar recursos mientras se resolvía el fondo del asunto.
La sentencia de primera instancia se dictó en el expediente principal. Contra esa sentencia, el Estado interpuso un recurso de apelación que fue concedido en ambos efectos, lo que en términos prácticos paraliza la ejecución de la condena mientras la Cámara resuelve.
El nudo del problema apareció cuando el mismo juez ordenó, en paralelo, que el trámite de ejecución de la medida cautelar continuara en el incidente vinculado, con un plazo de cinco días para cumplir bajo amenaza de sanciones. El Estado intentó apelar esa decisión, y el juez lo rechazó.
El argumento del Estado y la decisión de la Cámara
La postura del Ministerio descansó en un principio procesal: si la medida cautelar fue otorgada con un límite temporal, ese límite forma parte del contenido de la orden y no puede ampliarse por vía interpretativa. “La limitación temporal no fue accesoria ni irrelevante, sino que integró expresamente los términos de la tutela concedida”, sostuvo el Estado en su presentación ante la Cámara.
Además, el Ministerio señaló que las sumas exigidas eran de “dimensión extraordinaria” y que no existía una liquidación concreta que permitiera determinar con exactitud cuánto debía pagar. Denunció que se le imponía cumplir una “manda judicial imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos”, sin posibilidad de revisión por parte de un tribunal superior.
La Cámara no evaluó el fondo de ese debate. Lo que analizó fue si el bloqueo de la apelación generaba un perjuicio concreto e irreparable para el Estado. La conclusión fue afirmativa: dejar al Ministerio sin posibilidad de recurrir mientras corría el plazo de cumplimiento, con sanciones conminatorias latentes, configuraba un agravio que justificaba abrir la instancia de apelación.
El trámite que sigue
Con la queja aceptada, el recurso de apelación del Estado quedó concedido “en relación”, una modalidad que, según el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no suspende automáticamente la ejecución de la resolución apelada. La causa regresa ahora al juzgado de primera instancia para que implemente el trámite correspondiente.
La Cámara dejó expresamente aclarado que su decisión no anticipa ninguna opinión sobre si el Estado cumplió o incumplió la medida cautelar original. Esa pregunta quedará para una resolución posterior, una vez que el recurso de apelación tramite en forma.
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