El mapa productivo argentino atraviesa una nueva etapa de diferenciación entre provincias. Mientras algunas consolidan un ciclo de expansión apoyado en sectores exportadores, otras arrastran un freno de años. La segunda mitad de 2026, según los analistas, acentuará esa distancia en un contexto de redefinición del rol del Estado nacional y de los gobiernos provinciales.

Los economistas consultados por Infobae coinciden en que el fenómeno no es coyuntural. Lo atribuyen a un esquema de incentivos que favorece a los territorios con recursos naturales estratégicos y perjudica a aquellos que no lograron construir una matriz productiva propia. En el medio, un conjunto de provincias deberá definir en los próximos meses si acompaña ese proceso o queda rezagado.

La discusión excede el plano fiscal. Involucra el diseño del federalismo, el esquema tarifario heredado de décadas de subsidios cruzados y la capacidad de cada distrito para atraer inversión privada en un escenario de tasas de interés todavía elevadas, aunque en descenso.

El diagnóstico de fondo no pasa solo por el equilibrio de las cuentas públicas, sino por una estructura de recaudación y gasto que dejó a la mayoría de los distritos sin margen propio de decisión.

Martín Kalos, economista de EPyCA Consultores, plantea que el problema de fondo no se resuelve únicamente con ajuste.

Según su diagnóstico, la mayoría de las provincias -con la excepción de los cinco distritos más grandes del país- no cuenta con recursos propios suficientes para sostener sus políticas productivas ni, en muchos casos, sus gastos corrientes.

Esa dependencia estructural de los fondos nacionales convive con una exigencia creciente: que cada provincia ejecute las principales partidas de gasto social y, al mismo tiempo, diseñe su plan de desarrollo.

Kalos fue categórico al describir ese esquema: “En Argentina chocamos de forma constante con un federalismo fiscal y productivo parcial, que en muchos aspectos termina siendo ficticio”.

La recaudación sigue concentrada en la Nación, mientras las provincias asumen la ejecución de áreas sensibles como educación, salud y seguridad. Ese desacople entre quién recauda y quién gasta explica buena parte de la parálisis productiva del interior.

El economista remarcó además que existen herramientas de diagnóstico subutilizadas. El Consejo Federal de Inversiones, dijo, dispone de estudios provincia por provincia que rara vez se traducen en una estrategia concreta, porque la urgencia fiscal cotidiana termina desplazando cualquier planificación de largo plazo.

Esa combinación -recursos escasos, agenda urgente y ausencia de un perfil productivo definido- es, para Kalos, la verdadera raíz del atraso relativo de buena parte del país.

Ese reacomodamiento fiscal tiene un correlato directo en el esquema de tarifas, que durante años funcionó como un mecanismo de transferencia de recursos desde el interior productivo hacia el área metropolitana.

Aldo Abram, director ejecutivo de Libertad y Progreso, explicó: “Las provincias con perfil exportador financiaron con una elevada presión impositiva y retenciones un sistema de tarifas subsidiadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que beneficiaba de manera generalizada incluso a sectores que no necesitaban esa asistencia”.

La quita de esos subsidios, mantenidos ahora de forma focalizada solo para los sectores vulnerables, traslada el costo del ajuste a los usuarios del AMBA. La consecuencia directa, según Abram, es que la riqueza generada en las provincias productoras deja de derivarse hacia el área metropolitana y permanece en origen.

El conomista sostuvo: “Está plenamente demostrado que los productores agropecuarios e industriales reinvierten la mayor parte de sus excedentes en sus propias zonas de influencia”. Ese mecanismo, afirmó, es uno de los motores que dinamizará con más fuerza a las economías regionales exportadoras en lo que resta del año.

Abram advirtió que no todas las provincias se benefician de la misma manera con este reacomodamiento. Las que dependían de barreras proteccionistas, y no de una competitividad genuina, enfrentan el riesgo de perder terreno frente a la apertura comercial. El resultado para cada distrito dependerá del balance entre el alivio impositivo y el fin de los subsidios cruzados que antes las favorecían.

En el contexto de apertura comercial, el consenso entre los economistas consultados por Infobae es amplio: las provincias con minería, petróleo y gas concentran las mejores perspectivas del semestre.

Federico Belich, jefe de la regional Patagonia del Ieral de Fundación Mediterránea, ubicó a Neuquén en el centro de esa dinámica, con la puesta en funcionamiento a fin de año del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur como hito central. Río Negro, agregó, puede capturar parte de ese derrame a través de infraestructura, logística y de su porción de Vaca Muerta, hoy subexplotada frente al peso mediático de Neuquén.

Martín Kalos coincidió en que el impacto de Vaca Muerta ya trascendió los límites neuquinos. Según su análisis, Mendoza y La Pampa participan como proveedoras secundarias a través de su entramado de empresas de servicios, un rol que se consolidará con el correr de los años.

San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy completan el cuadro de provincias mineras, aunque Belich advierte que ese impacto se hará visible con mayor claridad recién en 2027, dado que las inversiones de capital intensivo demandan tiempos de maduración más largos.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como la pieza que ordena ese tablero.

Daniel Garro, director de Value International Group, advirtió, sin embargo, que depender exclusivamente del RIGI no alcanza si una provincia no construye además una política económica propia, capaz de generar un impulso local autónomo más allá de los ciclos de inversión externa.

San Juan, dijo, es el caso testigo: la concentración de proyectos mineros le garantiza movimiento, pero sin una reforma fiscal provincial ese impacto quedará acotado al sector extractivo y no se derramará al resto de su economía.

El otro gran condicionante para el interior es la infraestructura. Belich cuenta que en Neuquén el cuello de botella ya no pasa por la productividad de los pozos, sino por la logística necesaria para sacar el gas y el petróleo hacia los puertos y los mercados de exportación. Esa lógica se repite en distintas escalas a lo largo del país, donde rutas, puertos y ferrocarriles arrastran años de infraestructura insuficiente.

Aldo Abram plantea que ese esquema empieza a modificarse a partir de un mecanismo financiero.

Los proyectos de participación público-privada, hoy prácticamente paralizados por el costo del crédito, comenzarán a activarse a medida que la tasa de interés continúe su descenso. El economista sostuvo: “El efecto dinamizador comenzará en la etapa de construcción, ya que el proceso de obra genera un circuito de inversión muy virtuoso”.

Esto implica que el impacto en el empleo y la demanda de servicios locales no esperará a la inauguración de cada obra, sino que se sentirá desde el momento en que arranquen los trabajos.

Daniel Garro coincidió en que la reconstrucción de la infraestructura del interior quedará mayormente en manos privadas, dado que los estados provinciales carecen de margen fiscal para financiar grandes obras por su cuenta. Como excepción crítica, mencionó el caso de Mendoza, donde, a su criterio, el uso de los fondos de resarcimiento en determinados proyectos no generó el valor genuino ni el dinamismo de largo plazo que la provincia necesitaba.

El ritmo de esta transición, agregó, lo marcarán las licitaciones viales, la participación privada en los ferrocarriles y la apertura del sector aerocomercial.

El escenario menos alentador es el de las provincias que continúan dependiendo casi con exclusividad del empleo estatal. Abram fue tajante al señalar que, bajo el modelo económico actual, esas economías estatales no tienen margen de viabilidad si no se abren a la atracción de capitales privados. El caso que eligió para graficarlo fue el de Formosa, una provincia donde el peso del Estado como principal empleador y motor de consumo dejó un entramado privado subdesarrollado.

Para el economista de Libertad y Progreso, ese modelo tiene además una dimensión política. Cuando la mayoría de una población depende del empleo público o de venderle al empleado estatal, sostuvo, se perpetúa una relación de dependencia directa hacia el gobernador de turno que condiciona incluso la libertad de elección de los ciudadanos.

La salida de ese esquema, remarcó, solo es posible si el sector privado gana peso relativo y la sociedad deja de depender de las decisiones del gobierno provincial para garantizar su propio bienestar.

Aldo Abram identificó además un caso con potencial desaprovechado: La Rioja, que a su juicio reúne condiciones para sorprender a largo plazo, pero que bajo la conducción actual mantiene un perfil que él calificó de “populista y feudal”, funcional a preservar un sector privado subdesarrollado y una ciudadanía dependiente del Estado provincial.