El mapa productivo argentino atraviesa una nueva etapa de diferenciación entre provincias. Mientras algunas consolidan un ciclo de expansión apoyado en sectores exportadores, otras arrastran un freno de años. La segunda mitad de 2026, según los analistas, acentuará esa distancia en un contexto de redefinición del rol del Estado nacional y de los gobiernos provinciales.

Los economistas consultados por Infobae coinciden en que el fenómeno no es coyuntural. Lo atribuyen a un esquema de incentivos que favorece a los territorios con recursos naturales estratégicos y perjudica a aquellos que no lograron construir una matriz productiva propia. En el medio, un conjunto de provincias deberá definir en los próximos meses si acompaña ese proceso o queda rezagado.

La discusión excede el plano fiscal. Involucra el diseño del federalismo, el esquema tarifario heredado de décadas de subsidios cruzados y la capacidad de cada distrito para atraer inversión privada en un escenario de tasas de interés todavía elevadas, aunque en descenso.

El diagnóstico de fondo no pasa solo por el equilibrio de las cuentas públicas, sino por una estructura de recaudación y gasto que dejó a la mayoría de los distritos sin margen propio de decisión.

Martín Kalos, economista de EPyCA Consultores, plantea que el problema de fondo no se resuelve únicamente con ajuste.

Según su diagnóstico, la mayoría de las provincias -con la excepción de los cinco distritos más grandes del país- no cuenta con recursos propios suficientes para sostener sus políticas productivas ni, en muchos casos, sus gastos corrientes.

Esa dependencia estructural de los fondos nacionales convive con una exigencia creciente: que cada provincia ejecute las principales partidas de gasto social y, al mismo tiempo, diseñe su plan de desarrollo.

Kalos fue categórico al describir ese esquema: “En Argentina chocamos de forma constante con un federalismo fiscal y productivo parcial, que en muchos aspectos termina siendo ficticio”.

La recaudación sigue concentrada en la Nación, mientras las provincias asumen la ejecución de áreas sensibles como educación, salud y seguridad. Ese desacople entre quién recauda y quién gasta explica buena parte de la parálisis productiva del interior.

El economista remarcó además que existen herramientas de diagnóstico subutilizadas. El Consejo Federal de Inversiones, dijo, dispone de estudios provincia por provincia que rara vez se traducen en una estrategia concreta, porque la urgencia fiscal cotidiana termina desplazando cualquier planificación de largo plazo.

Esa combinación -recursos escasos, agenda urgente y ausencia de un perfil productivo definido- es, para Kalos, la verdadera raíz del atraso relativo de buena parte del país.

Ese reacomodamiento fiscal tiene un correlato directo en el esquema de tarifas, que durante años funcionó como un mecanismo de transferencia de recursos desde el interior productivo hacia el área metropolitana.

Aldo Abram, director ejecutivo de Libertad y Progreso, explicó: “Las provincias con perfil exportador financiaron con una elevada presión impositiva y retenciones un sistema de tarifas subsidiadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que beneficiaba de manera generalizada incluso a sectores que no necesitaban esa asistencia”.

La quita de esos subsidios, mantenidos ahora de forma focalizada solo para los sectores vulnerables, traslada el costo del ajuste a los usuarios del AMBA. La consecuencia directa, según Abram, es que la riqueza generada en las provincias productoras deja de derivarse hacia el área metropolitana y permanece en origen.

El conomista sostuvo: “Está plenamente demostrado que los productores agropecuarios e industriales reinvierten la mayor parte de sus excedentes en sus propias zonas de influencia”. Ese mecanismo, afirmó, es uno de los motores que dinamizará con más fuerza a las economías regionales exportadoras en lo que resta del año.

Abram advirtió que no todas las provincias se benefician de la misma manera con este reacomodamiento. Las que dependían de barreras proteccionistas, y no de una competitividad genuina, enfrentan el riesgo de perder terreno frente a la apertura comercial. El resultado para cada distrito dependerá del balance entre el alivio impositivo y el fin de los subsidios cruzados que antes las favorecían.

En el contexto de apertura comercial, el consenso entre los economistas consultados por Infobae es amplio: las provincias con minería, petróleo y gas concentran las mejores perspectivas del semestre.

Federico Belich, jefe de la regional Patagonia del Ieral de Fundación Mediterránea, ubicó a Neuquén en el centro de esa dinámica, con la puesta en funcionamiento a fin de año del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur como hito central. Río Negro, agregó, puede capturar parte de ese derrame a través de infraestructura, logística y de su porción de Vaca Muerta, hoy subexplotada frente al peso mediático de Neuquén.

Martín Kalos coincidió en que el impacto de Vaca Muerta ya trascendió los límites neuquinos. Según su análisis, Mendoza y La Pampa participan como proveedoras secundarias a través de su entramado de empresas de servicios, un rol que se consolidará con el correr de los años.

San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy completan el cuadro de provincias mineras, aunque Belich advierte que ese impacto se hará visible con mayor claridad recién en 2027, dado que las inversiones de capital intensivo demandan tiempos de maduración más largos.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como la pieza que ordena ese tablero.

Daniel Garro, director de Value International Group, advirtió, sin embargo, que depender exclusivamente del RIGI no alcanza si una provincia no construye además una política económica propia, capaz de generar un impulso local autónomo más allá de los ciclos de inversión externa.

San Juan, dijo, es el caso testigo: la concentración de proyectos mineros le garantiza movimiento, pero sin una reforma fiscal provincial ese impacto quedará acotado al sector extractivo y no se derramará al resto de su economía.

El otro gran condicionante para el interior es la infraestructura. Belich cuenta que en Neuquén el cuello de botella ya no pasa por la productividad de los pozos, sino por la logística necesaria para sacar el gas y el petróleo hacia los puertos y los mercados de exportación. Esa lógica se repite en distintas escalas a lo largo del país, donde rutas, puertos y ferrocarriles arrastran años de infraestructura insuficiente.

Aldo Abram plantea que ese esquema empieza a modificarse a partir de un mecanismo financiero.

Los proyectos de participación público-privada, hoy prácticamente paralizados por el costo del crédito, comenzarán a activarse a medida que la tasa de interés continúe su descenso. El economista sostuvo: “El efecto dinamizador comenzará en la etapa de construcción, ya que el proceso de obra genera un circuito de inversión muy virtuoso”.

Esto implica que el impacto en el empleo y la demanda de servicios locales no esperará a la inauguración de cada obra, sino que se sentirá desde el momento en que arranquen los trabajos.

Daniel Garro coincidió en que la reconstrucción de la infraestructura del interior quedará mayormente en manos privadas, dado que los estados provinciales carecen de margen fiscal para financiar grandes obras por su cuenta. Como excepción crítica, mencionó el caso de Mendoza, donde, a su criterio, el uso de los fondos de resarcimiento en determinados proyectos no generó el valor genuino ni el dinamismo de largo plazo que la provincia necesitaba.

El ritmo de esta transición, agregó, lo marcarán las licitaciones viales, la participación privada en los ferrocarriles y la apertura del sector aerocomercial.

El escenario menos alentador es el de las provincias que continúan dependiendo casi con exclusividad del empleo estatal. Abram fue tajante al señalar que, bajo el modelo económico actual, esas economías estatales no tienen margen de viabilidad si no se abren a la atracción de capitales privados. El caso que eligió para graficarlo fue el de Formosa, una provincia donde el peso del Estado como principal empleador y motor de consumo dejó un entramado privado subdesarrollado.

Para el economista de Libertad y Progreso, ese modelo tiene además una dimensión política. Cuando la mayoría de una población depende del empleo público o de venderle al empleado estatal, sostuvo, se perpetúa una relación de dependencia directa hacia el gobernador de turno que condiciona incluso la libertad de elección de los ciudadanos.

La salida de ese esquema, remarcó, solo es posible si el sector privado gana peso relativo y la sociedad deja de depender de las decisiones del gobierno provincial para garantizar su propio bienestar.

Aldo Abram identificó además un caso con potencial desaprovechado: La Rioja, que a su juicio reúne condiciones para sorprender a largo plazo, pero que bajo la conducción actual mantiene un perfil que él calificó de “populista y feudal”, funcional a preservar un sector privado subdesarrollado y una ciudadanía dependiente del Estado provincial.

La actividad económica argentina volvió a mostrar en mayo un comportamiento muy dispar entre sectores, con avances puntuales en algunos indicadores y retrocesos en otros que hasta el mes anterior venían traccionando. El resultado consolidado da cuenta de una recuperación que continúa, pero que no logra tomar impulso de manera sostenida.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) que elaboran en forma conjunta la bolsas de comercio de Rosario y Santa Fe, tuvo una variación del 0,03% en mayo respecto de abril, mientras que la comparación interanual arroja una caída del 0,8%. De esta manera, la actividad acumula siete meses consecutivos de variaciones mensuales positivas, aunque sin superar el máximo relativo que había alcanzado en 2025.

En el quinto mes del año se destacó la recuperación del sector agrícola, que alcanzó un nuevo máximo histórico, acompañado por datos favorables en la recaudación del gobierno nacional y en las ventas minoristas. En contraposición, se registraron fuertes bajas en la industria y en la construcción, que se suman a la caída de las importaciones de bienes y del patentamiento de vehículos de los últimos dos meses.

Al analizar el conjunto de indicadores que componen el índice, apenas cuatro de los diez presentaron tasas mensuales positivas, dos tuvieron variaciones neutras y el resto mostró desempeño negativo. En la comparación interanual, en tanto, cuatro de las series componentes se ubicaron por encima del registro de igual mes del año pasado.

Luego de dos meses de caída, en mayo las labores agrícolas compensaron el retraso provocado por las lluvias de los meses previos. El sector tuvo una variación positiva del 2,6%, mientras que los resultados globales de la actual campaña se reflejan en un incremento del 10,5% frente a igual mes del año pasado. Según el informe, el avance récord en las labores de cosecha de soja registrado en mayo impulsó al indicador a un nuevo máximo histórico.

La producción industrial, en cambio, tuvo un mal resultado en el quinto mes del año, con una caída mensual de 0,1% luego de cinco meses consecutivos de recuperación. En la comparación interanual se advierte una merma del 0,3% frente a igual mes de 2025. Entre las ramas que explican la caída se destaca la industria automotriz, a la par que las exportaciones de Manufactura de Origen Industrial (MOI) tuvieron en mayo una caída mensual desestacionalizada luego de varios meses consecutivos de subas.

La actividad de la construcción interrumpió el incipiente proceso de recuperación que venía mostrando, con la primera variación mensual negativa en lo que va del año, del -0,7%. En relación con mayo de 2025, sin embargo, se observa un incremento del 2,7%, gracias al buen inicio de año que había tenido el sector.

Las importaciones totales de bienes continúan alternando breves períodos de caídas y recuperaciones que configuran una evolución negativa desde comienzos de 2025. En el último mes, el ingreso de bienes desde el exterior disminuyó un 1,2% mensual, en tanto la variación interanual evidencia una merma del 6,1%. El estudio indica que la caída se explica principalmente por una disminución de importaciones relacionadas con la producción -insumos, bienes de capital y sus piezas y accesorios- y las importaciones energéticas, gracias a una mayor producción doméstica, mientras que las asociadas al consumo -bienes de consumo, vehículos automotores y courier- presentan un desempeño positivo.

En las ventas minoristas se estima para mayo una variación mensual positiva del 0,3%, lo que constituye el segundo dato mensual positivo, mientras que la comparación interanual exhibe una caída del 7,0%. Las bolsas de comercio de Rosario y Santa Fe destacaron que, “si bien el indicador continúa en niveles similares al mínimo de 2024, el repunte de los últimos dos meses representa una noticia alentadora, apuntalada por una leve mejora de las ventas en supermercados”.

El patentamiento de vehículos registró su segundo mes de contracción mensual significativa, con una merma del 5,2%. En la comparación contra igual mes del año pasado, el nivel de patentamientos de mayo se ubica un 18,6% por debajo del registrado en el mismo mes de 2025 y ya perdió toda la recuperación acumulada durante los primeros tres meses del año.

La recaudación total del gobierno nacional encadena tres meses consecutivos de recuperación, con una suba en mayo del 1,5%. La variación interanual, por su parte, se ubicó en terreno positivo por primera vez desde mediados de 2025, al registrar un incremento del 0,3%. De acuerdo con el informe, en el quinto mes del año se observa una mejora de la recaudación por impuestos internos (DGI), impulsada por el impuesto a las Ganancias, aunque continúa en disminución la recaudación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mientras que la recaudación por impuestos aduaneros (DGA) tuvo una caída mensual por primera vez en 2026.

En tanto, el número de asalariados privados registrados pone pausa la tendencia negativa que exhibe desde inicios del año pasado, con una recuperación mensual en abril y cierta estabilidad estimada para mayo. La variación mensual del último mes fue de -0,02%, mientras que la variación interanual se ubicó en -1,7%. Esto representa una caída de alrededor de 107 mil trabajadores menos en relación con el mismo mes del año pasado.

Por su parte, la tasa de entrada al mercado laboral presenta seis meses en línea de recuperación, con una variación estimada para mayo del 0,7% a favor. Así, la comparación interanual da cuenta de una suba del 8,5%, que representa un incremento de 0,17 puntos porcentuales en la tasa: fue de 1,96 en mayo de 2025 y de 2,13 en el último mes.

Por último, se estima un comportamiento estable en mayo de la remuneración bruta total de los empleados privados registrados, con una retracción mensual del 0,02%. La comparación con igual mes del año pasado evidencia una baja del 1,5%, aunque el balance en los primeros cinco meses del año arroja un saldo levemente positivo con relación a diciembre de 2025.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó su proyección de liquidación de divisas del agro para 2026 hasta los USD 34.897 millones, unos USD 1.200 millones por debajo de la estimación que la misma entidad había publicado en mayo, cuando la cifra trepaba a USD 36.111 millones. La revisión a la baja responde exclusivamente a la caída en los precios internacionales de los productos de exportación del sector, ya que los volúmenes proyectados no registraron cambios y se espera una cosecha récord para la plaza local.

El nuevo número se ubica levemente por debajo de los USD 36.164 millones que el agro liquidó en 2025, al computar tanto lo operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) como lo canalizado a través del mercado de Contado con Liquidación. El ajuste representa un giro respecto del optimismo de mayo, cuando la BCR había elevado su previsión en USD 800 millones frente a abril, impulsada por una mayor producción esperada de soja y maíz y por mejores cotizaciones en los mercados globales.

El informe del GEA-BCR, firmado por los economistas Rodríguez Zurro y Julio Calzada, precisó que las hojas de balance de granos y derivados no presentaron modificaciones en los volúmenes a exportar respecto del mes anterior. El factor detrás del recorte fue, por lo tanto, la presión bajista sobre las cotizaciones de los principales productos del complejo agroexportador.

En el acumulado hasta junio, el agro liquidó un estimado de USD 15.768 millones, un 14% por debajo de los USD 18.303 millones del mismo período de 2025. La BCR atribuyó esa brecha a dos distorsiones del año anterior: la reducción temporaria de derechos de exportación vigente durante el primer semestre de 2025, que adelantó ventas y elevó artificialmente la base de comparación, y la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025, que concentró ingresos en ese mes y deprimió las liquidaciones en los meses siguientes, con un efecto que se extendió hasta los primeros meses de este año.

La entidad rosarina señaló que entre abril y mayo de 2026 esa distorsión se habría disipado. El sector agroexportador acumuló ocho meses consecutivos de reducción de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, dato que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su informe mensual del mercado de cambios.

Para la BCR, ese indicador sugiere que el efecto de adelantamiento derivado del régimen de septiembre ya se diluyó y que el flujo de divisas de la cosecha 2025/26 al MLC se sostiene por encima del promedio del último lustro.

Los datos de junio, publicados la semana pasada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), aportaron una señal de estabilización. El sector liquidó USD 3.007 millones en ese mes, un 12% más que en mayo, aunque un 18% por debajo de igual mes del año anterior. El acumulado de CIARA-CEC al cierre de junio alcanzó USD 13.378 millones, con una caída del 13% frente al mismo período de 2025.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, describió el desempeño como “un año normal en términos históricos”. “El inicio de la cosecha de soja entre mayo y junio está ratificando que vamos a tener un año estable y bastante estandarizado en cuanto a ingreso anualizado de divisas en todos los meses”, sostuvo. Idígoras descartó que haya condiciones excepcionales que puedan alterar ese ritmo y reiteró que las diferencias con 2025 obedecen a los precios internacionales y al programa excepcional de divisas de octubre pasado.

La proyección de CIARA-CEC para el total del año se ubica en USD 35.375 millones, algo por encima de los USD 34.897 millones de la BCR, pero ambas estimaciones convergen en un escenario de ingreso de divisas inferior al de 2025. La baja escalonada de retenciones anunciada a principios de junio —que alcanza al trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol y, en forma gradual a partir de 2027, a la soja— aparece como el principal factor que podría modificar ese panorama en los próximos meses.

A comienzos de junio, el presidente Javier Milei anunció en el acto de la Bolsa de Cereales una baja de los derechos de exportación del trigo y la cebada, que pasaron del 7,5% al 5,5%. Además, confirmó que desde enero de 2027, y condicionado a los resultados de la recaudación, el Gobierno reducirá entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes las retenciones a la soja. “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró el mandatario.

El sector recibió el anuncio con expectativas. Las entidades agroindustriales vienen reclamando desde hace tiempo la eliminación total de las retenciones, compromiso que Milei había asumido al llegar al Gobierno. Tras algunos pasos en esa dirección durante 2025, la caída de la recaudación en términos reales llevó al Ejecutivo a priorizar el objetivo de déficit cero y la reducción de la inflación, lo que frenó cualquier medida con costo fiscal hasta este nuevo anuncio.

El impacto presupuestario de la medida fue cuantificado por distintas instituciones. La BCR estimó que el costo fiscal de la baja para la campaña en curso alcanza los USD 29 millones. Para 2027, la Fundación Mediterránea proyectó una menor recaudación de entre USD 390 y USD 690 millones, equivalente a entre el 0,06% y el 0,10% del PBI. “El costo luce manejable si se sostiene el orden fiscal y parte se compensa con mayor actividad económica”, señaló el informe de esa entidad.