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Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), puso en primer plano la agenda del sector agropecuario frente al escenario económico. “Es necesario llegar a retenciones cero”, afirmó Pino en declaraciones a Infobae en Vivo al detallar el impacto de las políticas tributarias sobre el campo y la necesidad de reformas estructurales para potenciar la producción.

Desde la sede de la SRA, Pino sostuvo que el campo representa un motor para la economía argentina y subrayó la importancia de avanzar hacia un esquema impositivo que incentive la inversión y el desarrollo. “No hay secretos en lo que el campo quiere y pide”, expresó, y remarcó que la demanda por una baja de retenciones es incesante porque los productores necesitan previsibilidad para planificar sus actividades.

El dirigente señaló que la eliminación de las retenciones no solo responde a un reclamo histórico, sino que también permitiría que el sector aporte más recursos a la economía nacional. “El campo devuelve cuando bajan las retenciones”, aseguró, y argumentó que las medidas que favorecen la rentabilidad del productor generan un efecto multiplicador en toda la cadena agroindustrial. Según Pino, “el secreto es no discutir, sino insistir”, en referencia a la persistencia con la que las entidades rurales plantean sus demandas ante el Gobierno.

Durante su exposición, Pino destacó que la infraestructura resulta vital para reducir el costo argentino y mejorar la competitividad de las exportaciones. Mencionó que las rutas y los caminos rurales inciden directamente en el costo de producir, mientras que la falta de inversiones en logística limita el potencial del sector. Además, advirtió que la compra de tierras para reservas naturales debe contemplar un equilibrio con el uso productivo, ya que el avance de la fauna silvestre sobre áreas sin destino productivo genera problemas para los productores.

Otro de los puntos abordados por el presidente de la SRA fue la relación con el Gobierno. Pino describió el diálogo actual como “inédito” y sostuvo que la propiedad privada no está en discusión. Reconoció que la unificación del tipo de cambio representó un avance producto del trabajo conjunto entre los sectores público y privado. “El tipo de cambio unificado es un avance logrado luego de mucho insistir”, afirmó.

El reclamo sobre la ley de semillas también ocupó un lugar en la agenda de Pino. Señaló que el sector necesita una normativa que surja del consenso y contemple el equilibrio entre los intereses de los productores y las empresas proveedoras de tecnología. En este sentido, Pino advirtió que la tecnología en soja resulta positiva, pero que el pago de regalías adicionales se vuelve inviable mientras subsistan las retenciones. “La tecnología en soja es buena, pero con retenciones no se puede pagar más”, indicó.

La situación de la infraestructura rural y el costo logístico fue otro eje central. Pino puntualizó que la falta de caminos adecuados y la ausencia de políticas de mantenimiento elevan los costos de transporte, lo que termina afectando la competitividad internacional de los productos argentinos. Además, se refirió a la necesidad de que el Estado acompañe con inversiones que permitan reducir el denominado “costo argentino”.

En cuanto al futuro de la dirigencia rural, Pino aclaró que la sucesión en la SRA no obedece a reglas automáticas. “No siempre el vicepresidente es después presidente en la Rural”, afirmó, desmitificando la idea de una línea sucesoria predeterminada dentro de la organización. Subrayó que los procesos internos de la entidad responden a consensos y que la continuidad de las gestiones depende del respaldo de los socios.

Pino hizo hincapié en que el campo valora la previsibilidad por encima de los nombres y partidos políticos. “La previsibilidad es central para el productor argentino; la necesitamos para invertir y planificar a largo plazo”, señaló. En este contexto, reclamó que las políticas públicas no se transformen en instrumentos de recaudación coyuntural sino en herramientas de promoción para el crecimiento del sector.

La cuestión de la relación con Brasil también apareció en el discurso de Pino. Aseguró que las negociaciones comerciales continuarán a pesar de las tensiones políticas, dado que el intercambio con el principal socio del Mercosur resulta clave para la economía del agro argentino.

En el cierre de su intervención, Pino advirtió que históricamente el campo fue el sector al que las políticas económicas recurrieron para obtener recursos rápidos. “En seis meses el campo da liquidez, por eso siempre se lo mira para recaudar”, sostuvo. Esta dinámica, explicó, genera ciclos de presión fiscal que afectan la capacidad del sector para contribuir de manera sustentable al desarrollo del país.

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La crisis en Lácteos Verónica no se toma respiro y llega a esta instancia del año en su mayor punto de tensión. La lechera acumula siete meses sin producir, al menos un semestre de sueldos sin abonar, y una perspectiva que la acerca velozmente a la quiebra. El contexto de parálisis en las plantas de la firma mantiene en situación de desastre económico a cerca de 700 familias. Al mismo tiempo, la cadena de pagos se rompió por completo y la posición de la familia Espiñeira, los dueños de la empresa, ante esta crisis sigue siendo un enigma para sus propios acreedores.

El panorama en las instalaciones santafesinas de Lehmann, Suardi y Clason ya no refleja actividad industrial. Hoy domina un esquema de vigilancia obrera. Los trabajadores mantienen acampes y guardias permanentes en los ingresos para evitar un eventual vaciamiento de maquinaria o el retiro imprevisto de insumos.

«Estamos viniendo a cumplir turno para cuidar los portones y que no nos dejen en la calle de un día para el otro. La incertidumbre te carcome la cabeza. Van siete meses que nos mantenemos haciendo changas de albañilería, cortes de pasto o lo que salga, y comemos gracias al apoyo de los vecinos o en comedores», comentaron a este medio fuentes de los empleados de la lechera.

En paralelo, la situación financiera de la compañía es dramática y no muestra signos de contención. De acuerdo a registros de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) a los que accedió iProfesional, la compañía acumula 3.735 cheques rechazados por falta de fondos.

El pasivo acumulado solo por esos documentos sin cobertura alcanza los 13.450 millones de pesos. A eso se suma una deuda bancaria registrada en el sistema financiero que roza los $18.500 millones, con un rojo repartido entre entidades como Banco Nación, BBVA, Santander, Galicia y Macro.

Entre las obligaciones comerciales en mora, fuentes del sector tambero y del área de Desarrollo Productivo de Santa Fe estiman que el pasivo con los proveedores de leche cruda supera los 65 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la empresa mantiene una deuda de obra social con el gremio ATILRA que se ubica muy cerca de los 1.520 millones de pesos.

Lácteos Verónica, a las puertas de la quiebra

Por otra parte, el escenario comercial se agravó para la láctea durante las últimas semanas. Ocurre que, aseguran en el ámbito lechero, fracasaron los acuerdos extrajudiciales con acreedores clave.

Y en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe, afirman las mismas fuentes, ingresaron pedidos de quiebra solicitados por proveedores de insumos, cooperativas eléctricas locales y pymes prestadoras de servicios.

En paralelo, la firma enfrenta la posibilidad de que suceda un aluvión de ejecuciones prendarias e hipotecarias promovidas por bancos públicos y privados, que buscarían ejecutar garantías sobre los inmuebles de las plantas industriales.

La complicación legal no se limita al fuero comercial. Productores de la zona de San Genaro y del departamento Castellanos preparan denuncias penales ante los tribunales de Rafaela bajo la carátula de presunta estafa y retención indebida. Las denuncias en cuestión apuntarían directamente al directorio de la compañía.

Pese al descalabro financiero, la infraestructura instalada mantiene un valor estratégico atrayente para el negocio lácteo regional. En el sector lechero afirman que en los últimos meses existieron sondeos y reuniones preliminares con firmas de peso como Adecoagro y la cordobesa Punta del Agua.

También mostró interés un consorcio de cooperativas tamberas locales que buscaba reabrir la planta de Suardi para el secado de leche y producción de suero en polvo. Sin embargo, en días recientes las conversaciones entraron en un punto de congelamiento absoluto.

El principal obstáculo para cualquier desembarco inversor radica en la magnitud del pasivo acumulado y la falta de un concurso preventivo ordenado que brinde seguridad jurídica. Así, ningún interesado estaría dispuesto a asumir de manera directa una masa de deudas de u$s70 millones ni la contingencia de las causas penales en marcha.

Ante esta traba, todo indica que los potenciales compradores aguardan a que el proceso derive en una quiebra formal para adquirir los activos productivos limpios de pasivos y sin la carga de la deuda histórica de la familia Espiñeira.

Lácteos Verónica y la parálisis productiva y salarial

Mientras tanto, la infraestructura de Lácteos Verónica se encuentra en estado de parálisis absoluta. Los empleados completaron seis meses continuos sin percibir salarios de bolsillo regulares, cobrando únicamente adelantos mínimos esporádicos y concedidos bajo presión gremial.

«Nos dejaron totalmente en la lona. Estamos sin cobrar, sin aportes jubilatorios y con el temor diario de que bajen la persiana en forma definitiva de la noche a la mañana», expresó otro empleado de la compañía.

La empresa arrastra el impago sistemático de los haberes desde enero de 2025, a lo que se suma la segunda cuota del aguinaldo de ese año y la cuota correspondiente a junio de 2026.