POLITICA
Reelecciones indefinidas: Kicillof las respaldó y el peronismo busca un camino para que intendentes vayan por otro mandato
Un sector del peronismo impulsa una avanzada para habilitar la reelección indefinida de intendentes en la provincia de Buenos Aires. El debate se instaló durante los últimos días tras las declaraciones de Axel Kicillof, gobernador bonaerense, quien manifestó su respaldo a la discusión, aunque dejó en claro que la definición debe pasar por la Legislatura provincial. Fue entonces cuando la presidenta del Senado, la vicegobernadora Verónica Magario, defendió la posición del mandatario provincial y señaló a la oposición como parte responsable del freno al tratamiento del tema. Entre las alternativas que se analizan, apareció la opción de que los Concejos Deliberantes de cada municipio definan la habilitación de las candidaturas.
“Lo hemos dicho varias veces. Yo no tengo reelección, soy gobernador y no estoy buscando mi reelección”, dijo Kicillof y distinguió la situación de los intendentes: “Es muy infrecuente que, a nivel de gobiernos locales, no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce y que son cercanos. Si se mandan alguna o están en alguna situación, los conoce el pueblo”.
En el Senado bonaerense, el peronismo cuenta con quórum propio, lo que en los papeles facilitaría el tratamiento de una reforma. Desde el sector identificado con el kirchnerismo prevalece la expectativa de que sea Kicillof quien envíe un proyecto de ley propio para habilitar el debate. La estrategia y los tiempos dependen de la discusión interna del peronismo, donde conviven posturas divergentes respecto al alcance y el momento de la reforma, entre otras diferencias.
La vicegobernadora y también titular del Senado dijo que Kicillof “propone algo de absoluta lógica” y que es “evitar que se excluya, en el momento de elegir, a los intendentes que más cercanía tienen con la gente”. Magario también aseveró: “Resulta difícil entender que quienes alguna vez gobernaron la provincia hayan decidido limitar la posibilidad de que sea la propia gente la que elija si un intendente debe continuar o no. Una vez más, demuestran que nunca terminaron de comprender a la provincia de Buenos Aires». El mensaje fue a la oposición. Sin embargo, en el peronismo también hay matices.
Tiempo atrás, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, lo expuso: “Con un sector del peronismo estamos totalmente de acuerdo y creemos que se tiene que discutir este año lo más temprano posible”, dijo sobre cambios a la ley que limita los mandatos. “Esa ley es proscriptiva: la Constitución sólo establece límites para gobernador y vice”, reiteró.
Uno de los impulsores para trazar la estrategia para que sean los concejos deliberantes los que resuelvan es el intendente de Castelli, Francisco Echarren. El jefe comunal, perteneciente al espacio Fuerza Patria, avanza con la redacción de la primera Carta Orgánica Municipal bonaerense, que podría habilitar la autonomía municipal para definir el régimen electoral y la posibilidad de reelecciones indefinidas. Esta iniciativa cuenta con respaldo mayoritario del Concejo Deliberante y prevé la convocatoria a una convención constituyente para trazar el nuevo marco institucional para el distrito.
El debate por la reelección indefinida se da en un contexto de fuerte tensión política. Si la ley no se modifica, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán competir por otro mandato en 2027. De ese total, 51 pertenecen al peronismo, 16 son radicales, siete del PRO, cinco de partidos vecinales y uno de La Libertad Avanza tras haber abandonado el PRO. La actual ley, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, fijó un máximo de dos mandatos consecutivos. Una reforma aprobada en 2021 determinó que el primer período a computar sería el iniciado en 2019, permitiendo que quienes fueron reelegidos en 2023 no puedan volver a presentarse en 2027 si no hay cambios.
El oficialismo presentó en el Senado bonaerense un proyecto de Ayelén Durán que elimina las restricciones a la reelección de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. La iniciativa permanece en estudio en la Comisión de Legislación General, que preside Germán Lago, un senador de Kicillof y Magario.
La oposición, en cambio, no muestra un respaldo amplio a la reforma. El PRO y La Libertad Avanza rechazan la posibilidad de extender los mandatos, mientras que la Unión Cívica Radical exhibe posiciones divididas y el Frente Renovador mantiene su defensa de la ley vigente. Sin embargo, algunas fuentes admiten que si el peronismo -básicamente los intendentes- consigue los votos mediante aliados, el espacio no será un obstáculo.
En el Senado bonaerense, el bloque de La Libertad Avanza cuenta con 10 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados la fuerza libertaria dispone de 20 diputados. Ante este escenario, el peronismo podría buscar consensos con bloques aliados, como Nuevos Aires (tres diputados) o Unión y Libertad (tres senadores en la Cámara Alta), para explorar la aprobación de una eventual reforma.
La vía municipal para sortear la ley
En el terreno local, la autonomía municipal surge como alternativa ante la falta de apoyo para modificar la ley a nivel provincial. Bajo este principio, cada comuna podría establecer sus propias reglas sobre la continuidad de sus autoridades, lo que permitiría a los intendentes esquivar la restricción legal. La iniciativa sumó apoyos entre intendentes alineados con Kicillof, que buscan evitar que decenas de jefes comunales queden impedidos de presentarse en 2027. Además, de haber cambios a la actual ley —habilitando las reelecciones—, algunos intendentes que hoy empiezan a mostrar un perfil provincial y que podrían estar en la conversación para la sucesión de Kicillof en el Ejecutivo bonaerense podrían seguir al frente de su municipio. “Es un eje ordenador, ¿dónde van a ir los 80 intendentes si no pueden ir por una reelección más?”, desliza un diputado peronista que pregona los cambios a la actual normativa.
Entre los intendentes que no podrán ir por un nuevo mandato aparecen algunos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), entre otros.
El debate trasciende las fronteras del oficialismo. Algunos intendentes, como Federico Otermín de Lomas de Zamora, han planteado en público una postura favorable a la renovación de los equipos de gobierno. “Tengo una mirada a favor de la renovación. Son lugares de tanto compromiso y tarea que los proyectos, cuanto más colectivos sean, mejor”, sostuvo recientemente Otermín durante una entrevista al streaming Uno Tres Cinco. Mariel Fernández, de Moreno, también abona a la renovación dirigencial y eso incluye a intendentes. Otros, como Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Federico Achával (Pilar) o Andrés Watson (Florencio Varela), defienden la iniciativa original que permite las reelecciones consecutivas.
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POLITICA
La senadora nacional Flavia Royón propuso que las PASO sean voluntarias: “Hay que analizar un mecanismo”
La senadora nacional por Salta Flavia Royón propuso evaluar un sistema de participación voluntaria en las PASO, en medio de las dificultades del Gobierno para avanzar con la reforma electoral. “Hay que analizar un mecanismo voluntario para ir a las PASO, que eso también abarataría el costo”, sostuvo en una entrevista con Infobae al Regreso.
La legisladora advirtió que el oficialismo todavía no cuenta con los respaldos necesarios para eliminar las primarias de cara a las elecciones de 2027. “Hoy no están los votos para tratar la eliminación de la PASO”, afirmó.
El proyecto impulsado por el Gobierno también contempla modificaciones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, las negociaciones parlamentarias continúan abiertas y la iniciativa todavía no reúne el consenso necesario para avanzar en el Senado.
Royón propuso revisar el funcionamiento de las PASO
La senadora consideró que la utilidad de las primarias depende de la existencia de competencia real entre candidatos de un mismo espacio político. “Yo creo que es un tema que hay que discutirlo más en profundidad”, señaló.
En ese sentido, cuestionó que la instancia electoral se convierta en una medición anticipada cuando no hay alternativas para los votantes. “Terminó siendo una encuesta cuando no hay oferta”, sostuvo.
Royón también defendió el propósito original del sistema, orientado a ampliar la participación ciudadana en la selección de candidaturas y evitar que las conducciones partidarias resuelvan las postulaciones sin competencia interna.
“Lo que vino a resolver las PASO [fue] que los partidos políticos no decidan en un escritorio quiénes son los candidatos”, explicó. Por eso, planteó la necesidad de perfeccionar el mecanismo antes que descartarlo definitivamente.
Consultada sobre una eventual suspensión temporal, la legisladora no descartó esa posibilidad. “La suspensión se podría ver, se podría analizar”, respondió.
Como alternativa, propuso estudiar una modalidad voluntaria que permita reducir los costos de organización. También consideró necesario elevar las exigencias para la conformación de partidos y la presentación de candidaturas. “Me parece que hay que levantar el piso”, afirmó.
La senadora reclamó que el Senado trate Ficha Limpia
Royón cuestionó la falta de acuerdos sobre la reforma electoral y criticó la dificultad para introducir modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo durante su tratamiento parlamentario.
“Cuando te mandan una ley y no se acepta ningún tipo de modificaciones, es muy difícil”, señaló. A su entender, la construcción de mayorías requiere negociación entre el Gobierno y las distintas fuerzas políticas.
En paralelo, reclamó que el Senado avance con Ficha Limpia, una iniciativa que busca establecer restricciones para que determinadas personas con condenas por delitos puedan presentarse como candidatas a cargos electivos, según las condiciones que determine la legislación.
“Ficha limpia sí”, afirmó al expresar su respaldo. Además, calificó el tema como “una deuda pendiente del Senado”.
La senadora recordó que, durante las conversaciones sobre la reforma electoral, existía el compromiso de tratar primero esa iniciativa. “Uno de los compromisos para trabajar en reforma electoral es que íbamos a tratar antes Ficha Limpia. Y esto no se ha cumplido”, sostuvo.
Royón también remarcó que hay distintos proyectos presentados por integrantes de la Cámara alta y pidió que la discusión no quede supeditada al resto de los cambios electorales. “No puede ser que te manden un proyecto de ley y sea todo o nada”, afirmó.
Royón planteó una tercera vía con foco en el empleo
La legisladora también se refirió al escenario político de cara a 2027 y planteó la necesidad de construir una alternativa que combine estabilidad macroeconómica y desarrollo productivo.
“Argentina tiene que tener una tercera vía”, sostuvo. Según explicó, ese espacio debería reconocer los avances en el equilibrio de las cuentas públicas y la desaceleración de la inflación, pero incorporar propuestas para ampliar la producción y generar puestos de trabajo.
“Que ponga en valor los logros de las cuentas públicas, de la estabilidad fiscal, de bajar la inflación”, enumeró. Sin embargo, advirtió que la economía no puede depender exclusivamente de los sectores energético y minero. “No todo es energía y minería”, remarcó.
Royón reclamó una estrategia que contemple las particularidades de las economías regionales e incluya debates sobre la reforma tributaria, el sistema previsional y la coparticipación federal.
Al referirse a Salta, destacó el potencial de la energía solar y la minería para atraer inversiones y generar exportaciones. No obstante, advirtió que ambas actividades requieren grandes inversiones de capital y tienen una capacidad limitada para absorber mano de obra en relación con los recursos que movilizan.
“Energía y minería son muy intensivos en capital, pero eso no es sinónimo de que sean intensivos en generar mano de obra”, explicó.
Por ese motivo, defendió el desarrollo del turismo, el comercio, la agroindustria y la ganadería. También señaló que la infraestructura es determinante para mejorar la competitividad de esas actividades y reducir los costos logísticos.
En particular, mencionó los ramales ferroviarios C14 y C15, vinculados con la conexión de Salta con Chile y Bolivia, y cuestionó la falta de avances en las obras. “Las obras para el ramal C14 y C15 que nos conectan con Chile y con Bolivia son optativas o no están”, concluyó.
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POLITICA
El Gobierno posterga el tratamiento del proyecto de Malvinas mientras negocia cambios reclamados desde la oposición y los EE.UU.
En la Cámara de Diputados, el Gobierno dejó de acelerar en las curvas. Ahora se reconoce “pragmático”. Después de ver tambalear el DNU 70/23, dio marcha atrás y se mostró dispuesto a sostener la ley de tierras impulsada por el kirchnerismo en 2011, para desactivar la sesión opositora que amenazaba con voltear el megadecreto. Superado ese frente, el oficialismo busca avanzar con su propia agenda. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”, es una de las prioridades de la Casa Rosada para lo que resta del período ordinario.
Por eso, el Gobierno negocia cambios a contra reloj. No sólo ante las presiones en el Congreso, sino por reclamos que llegan desde Washington.
Tanto los aliados como la oposición más dura exigen modificaciones para darle su respaldo. De los ocho capítulos que componen el proyecto, solo el primero aborda el reclamo por las Islas Malvinas.
Los restantes introducen reformas a las leyes de defensa nacional, de financiamiento de los partidos políticos y de inteligencia, además de contemplar la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Jefe del Estado e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo. El articulado también incluye disposiciones cuestionadas por sus posibles implicancias para la libertad de expresión.
Los reparos llegaron desde Estados Unidos. Según pudo saber , empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I, que establece sanciones para las compañías extranjeras. Reclaman que se delimite con mayor precisión su alcance a la hora de determinar qué firmas podrían ser punibles.
La semana pasada, desde el entorno del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, habían deslizado la intención de acelerar el dictamen del proyecto e incluso evaluaban incorporarlo a la sesión maratónica de este miércoles. Pero los ecos de los reclamos opositores y norteamericanos hicieron que esa posibilidad se desmoronara el fin de semana.
La nueva realidad se impuso pese a que las espadas legislativas del riojano −el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y la diputada Silvana Giudici− seguían concentradas en ultimar las modificaciones para llevar una nueva versión del texto al plenario de comisiones de mañana.
La señal llegó este mediodía: el debate en comisiones se postergó hasta el 27 de octubre. Hay quienes atribuyen la demora a un pedido de la Casa Rosada, que ya estaría al tanto de las dudas en Washington. Mientras tanto, esta semana desembarcarán en el país el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Resta saber si la iniciativa legislativa formará parte de las conversaciones.
En los pasillos del Congreso, los libertarios buscaron bajarle el tono a la cuestión Malvinas. Alegaron que no había motivos para apurar los tiempos, especialmente ante la extensa agenda de la sesión de este miércoles, que podría prolongarse hasta 40 horas si se sumara el proyecto. Aseguran que su tratamiento puede esperar hasta la próxima semana.
En cualquier caso, hay quienes admiten que todavía no estarían garantizados los respaldos necesarios. “Hay un par de temas que quedaron pendientes de discutir y estaban muy finos los números para el dictamen”, señaló una fuente parlamentaria al tanto de las negociaciones. No está claro si entre esos puntos figuran las objeciones del empresariado norteamericano.
“No nos dijeron nada”, indicó otra fuente libertaria, que descartó que Bornoroni, Menem y Giudici hubieran recibido algún planteo desde Washington o estuvieran al tanto de las inquietudes canalizadas en Casa Rosada.
Por su parte, Giudici sostuvo que la iniciativa requiere “un tratamiento importante en el recinto” y anticipó que se incluirá en una sesión distinta de la prevista para noviembre, dedicada al debate del Presupuesto. En esa convocatoria también se sumarían las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo régimen de biocombustibles, ambos proyectos con media sanción del Senado.
Este último representa un guiño a los aliados, especialmente a Córdoba y Santa Fe, dos de sus promotoras, tal como publicó . Es que en ambas provincias conviven grandes cerealeras con pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de maíz y aceite de soja, los principales insumos para la elaboración de biocombustibles.
Modificaciones en la Ley Malvinas
En el ínterin, los libertarios seguirán trabajando en la letra chica del proyecto de defensa de la soberanía nacional, aunque aseguran que varias modificaciones ya estarían resueltas.
Entre ellos, ya dan por descontada la revisión del polémico artículo que prevé penas de hasta 12 años de prisión para quienes “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación”.
Según pudo saber , la nueva versión del proyecto, que ya está en manos de los aliados, deja afuera los términos más ambiguos del artículo 111, mencionado en el capítulo VI. En particular, aquel referido a las “campañas de desinformación”, que despertó fuertes cuestionamientos de entidades y referentes del periodismo por el riesgo que podría representar para la libertad de expresión.
La disposición no pasó inadvertida entre propios y ajenos, ante el temor de que pudiera utilizarse como una herramienta de “persecución política” contra la prensa y la sociedad civil bajo la excusa de combatir a “agentes extranjeros”. Constitucionalistas también alertaron sobre las consecuencias de incorporar un tipo penal “tan amplio” y señalaron que la figura podría rozar la “censura previa”.
No es la única concesión que los libertarios están dispuestos a hacer a sus aliados de Pro y la UCR. Entre los ajustes más significativos figura la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso al Consejo de Seguridad Nacional.
Además, tal como anticipó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, durante su exposición ante los diputados, se prevé la creación de una comisión bicameral encargada de fiscalizar su funcionamiento.
Persiste la duda sobre si los cambios serán suficientes para conseguir el respaldo de los bloques de centro, como Provincias Unidas, que en las últimas votaciones en el recinto dejó expuestas sus diferencias internas. El peronismo, por su parte, ya dejó en claro que solo acompañaría el primer capítulo del proyecto y reclamó su tratamiento por separado.
dispuesto a sostener la ley de tierras,desactivar la sesión opositora,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
POLITICA
Causa Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner pidieron no asistir de forma presencial al juicio que comienza el viernes
Cristina Kirchner y su hijo Máximo solicitaron este lunes al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) no asistir de manera presencial a las audiencias del juicio de la causa Los Sauces, donde están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero.
El inicio del debate oral y público está fijado para este viernes a las 10 de la mañana, mientras las partes aguardan la decisión de la Cámara de Casación que debe resolver si unifica la causa con el expediente Hotesur y se realiza un solo juicio.
El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, resolvió anteriormente que el juicio se realice exclusivamente de forma presencial.
Por el momento, el debate por Los Sauces avanza de manera independiente y está previsto que comience este viernes. Se trata del primer juicio en materia de corrupción en el que Máximo Kirchner se sentará en el banquillo de los acusados, señalado como organizador de una asociación ilícita para blanquear fondos. La expresidenta figura procesada como jefa de esa asociación.
El expediente de Los Sauces investiga operaciones de la inmobiliaria familiar que tuvo como clientes mayoritarios a Lázaro Báez y Cristóbal López. Según la acusación, esas empresas representaron la mayor parte de la facturación de una sociedad que no contaba con sede comercial y que, desde su creación, mantuvo la misma cantidad de inmuebles en alquiler.
La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.
Los fiscales sostienen también que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita y lavado de activos.
El inmueble más citado es el dúplex de los pisos 8 y 9 del Madero Center, en Puerto Madero, más cocheras. López lo ocupó a través de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.
Según la investigación, entre 2012 y 2017 pagó alrededor de 1,7 millones de dólares pero una tasación judicial posterior ubicó el valor de mercado cerca de la mitad o menos de lo pactado.
Cómo será el juicio
El TOF dispuso que el juicio sea exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales, y reservó fechas adicionales —incluidos algunos sábados de octubre y semanas de feria judicial de enero de 2027— para el caso de que resulten necesarias.
Las audiencias se realizarán en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, la misma en la que se desarrolla el juicio de los Cuadernos.
El cronograma prevé sesiones los lunes, viernes y sábados. Las reglas del debate establecen una diferencia según el tipo de audiencia. Los acusados deberán estar presentes en la sala cuando declaren en indagatoria.
En las audiencias con testigos, en cambio, podrán ser representados por sus abogados. Quienes vivan fuera de la Capital Federal podrán pedir conectarse a distancia, pero esa posibilidad se resolverá de manera individual en cada caso.
cristina kirchner, Máximo Kirchner, Los Sauces
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