“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá [mostrando un basural entre los pastizales] porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá en Falkland”, señala el periodista Samuel Rojas, del Canal Teletrece de Chile, enviado a las Islas Malvinas para mostrar como viven los 190 ciudadanos chilenos radicados en el archipiélago.

Durante su informe, Rojas hace un detenimiento en el Cementerio de Darwin donde descansan 249 caídos en la guerra de 1982, para mostrar a las cámaras como detrás de la Cruz Mayor del cenotafio aparecen placas tiradas que fueron colocadas allí como tributos conmemorativos, pero también objetos personales dejados por familiares de los combatientes argentinos como ofrendas, los cuales fueron arrojados fuera del perímetro como material de descarte, acumulándose en una suerte de basural improvisado detrás de la cerca blanca que lo rodea.

Durante el informe televisivo se puede observar, por ejemplo, una placa colocada recientemente por una emisora radial de Comodoro Rivadavia con la leyenda: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. “Malvinas nos une” – Abril 2026”. Se la ve como violentada y arrojada en las inmediaciones del cementerio, junto a ella se observan muchos listones rotos, pulseras, estatuillas y cerámicas partidas. Todo como arrancado a la fuerza y tirado a un costado de las cercas.

Los propios isleños dan cuenta de que esto no había sucedido hasta ahora: el Cementerio de Darwin siempre fue un lugar respetado por los locales, nunca se vieron estos actos vandálicos, salvo algún hecho aislado, pero no con tanto encono como muestra el informe de la TV chilena.

Darwin era el único lugar en las islas donde las autoridades hacían la “vista gorda” para que familiares puedan mostrar una bandera argentina, algo prohibido en todo el archipiélago desde el año 2014, cuando se decretó una es norma estricta de cumplimiento local que prohíbe exhibir banderas, atuendos o realizar manifestaciones públicas que pongan en duda la soberanía del Reino Unido en las islas. Esta iniciativa fue impulsada en su momento por Kris Thorsen, una isleña que reclamaba al gobierno local que interviniera a través de la Policía Real ante cada gesto de parte de un argentino que pudiera ser considerado una provocación.

El informe entrevistó a varios residentes isleños que no dudaron en increpar al presidente argentino. “Isleños piden que Milei “los deje tranquilos” dice el graph principal que acompaña toda la cobertura. También se manifiestan los chilenos en favor de la voluntad de los isleños de seguir perteneciendo al Reino unido.

La ruta de Punta Arenas

El trabajo periodístico también tenía como objeto mostrar cómo se preparan los isleños para reestablecer la ruta marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino, que dejó de funcionar en 2002. “Creo que es una buena noticia para los isleños, ya que no solamente en los productos alimenticios o de construcción o todo lo que tú te imagines, va a ser más cercano”, señala uno de los chilenos residentes. Otra chilena en Malvinas detalla que la creación de esta ruta con Punta Arenas “es muy beneficiosa para Magallanes. Y, lamentablemente, lo que puede decir Argentina sobre nuestro país, no nos tiene que incumbir mucho. Porque son temas que les corresponden a Chile, no a la Argentina”.

Si bien la cancillería argentina rechazó este tipo de colaboración de Chile con las islas, ayer se conoció que la empresa Easter Island Naviera, dueña del contrato naviero con las islas, publicó el tarifario oficial con el que operará el buque mercante de bandera chilena Danstar a través del Estrecho de Magallanes. Lo hizo en el propio portal de la Falkland Islands Development Corporation, la organización isleña encargada de todos los negocios locales. El primer viaje estaría programado para la primera semana de diciembre.

Todo este nuevo escenario, los actos de vandalismo, la posición de Chile, que formalmente sigue apoyando a la argentina en foros internacionales, pero que desarrolla y expande su comercio con las islas, forma parte de las consecuencias, quizás esperables, que podían aparecer desde que la Argentina comenzó la escalada diplomática por la soberanía de las islas y contra el avance del proyecto petrolero de Sea Lion.

En la Cámara de Diputados, el Gobierno dejó de acelerar en las curvas. Ahora se reconoce “pragmático”. Después de ver tambalear el DNU 70/23, dio marcha atrás y se mostró dispuesto a sostener la ley de tierras impulsada por el kirchnerismo en 2011, para desactivar la sesión opositora que amenazaba con voltear el megadecreto. Superado ese frente, el oficialismo busca avanzar con su propia agenda. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”, es una de las prioridades de la Casa Rosada para lo que resta del período ordinario.

Por eso, el Gobierno negocia cambios a contra reloj. No sólo ante las presiones en el Congreso, sino por reclamos que llegan desde Washington.

Tanto los aliados como la oposición más dura exigen modificaciones para darle su respaldo. De los ocho capítulos que componen el proyecto, solo el primero aborda el reclamo por las Islas Malvinas.

Los restantes introducen reformas a las leyes de defensa nacional, de financiamiento de los partidos políticos y de inteligencia, además de contemplar la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Jefe del Estado e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo. El articulado también incluye disposiciones cuestionadas por sus posibles implicancias para la libertad de expresión.

Los reparos llegaron desde Estados Unidos. Según pudo saber , empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I, que establece sanciones para las compañías extranjeras. Reclaman que se delimite con mayor precisión su alcance a la hora de determinar qué firmas podrían ser punibles.

La semana pasada, desde el entorno del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, habían deslizado la intención de acelerar el dictamen del proyecto e incluso evaluaban incorporarlo a la sesión maratónica de este miércoles. Pero los ecos de los reclamos opositores y norteamericanos hicieron que esa posibilidad se desmoronara el fin de semana.

La nueva realidad se impuso pese a que las espadas legislativas del riojano −el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y la diputada Silvana Giudici− seguían concentradas en ultimar las modificaciones para llevar una nueva versión del texto al plenario de comisiones de mañana.

La señal llegó este mediodía: el debate en comisiones se postergó hasta el 27 de octubre. Hay quienes atribuyen la demora a un pedido de la Casa Rosada, que ya estaría al tanto de las dudas en Washington. Mientras tanto, esta semana desembarcarán en el país el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Resta saber si la iniciativa legislativa formará parte de las conversaciones.

En los pasillos del Congreso, los libertarios buscaron bajarle el tono a la cuestión Malvinas. Alegaron que no había motivos para apurar los tiempos, especialmente ante la extensa agenda de la sesión de este miércoles, que podría prolongarse hasta 40 horas si se sumara el proyecto. Aseguran que su tratamiento puede esperar hasta la próxima semana.

En cualquier caso, hay quienes admiten que todavía no estarían garantizados los respaldos necesarios. “Hay un par de temas que quedaron pendientes de discutir y estaban muy finos los números para el dictamen”, señaló una fuente parlamentaria al tanto de las negociaciones. No está claro si entre esos puntos figuran las objeciones del empresariado norteamericano.

“No nos dijeron nada”, indicó otra fuente libertaria, que descartó que Bornoroni, Menem y Giudici hubieran recibido algún planteo desde Washington o estuvieran al tanto de las inquietudes canalizadas en Casa Rosada.

Por su parte, Giudici sostuvo que la iniciativa requiere “un tratamiento importante en el recinto” y anticipó que se incluirá en una sesión distinta de la prevista para noviembre, dedicada al debate del Presupuesto. En esa convocatoria también se sumarían las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo régimen de biocombustibles, ambos proyectos con media sanción del Senado.

Este último representa un guiño a los aliados, especialmente a Córdoba y Santa Fe, dos de sus promotoras, tal como publicó . Es que en ambas provincias conviven grandes cerealeras con pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de maíz y aceite de soja, los principales insumos para la elaboración de biocombustibles.

Modificaciones en la Ley Malvinas

En el ínterin, los libertarios seguirán trabajando en la letra chica del proyecto de defensa de la soberanía nacional, aunque aseguran que varias modificaciones ya estarían resueltas.

Entre ellos, ya dan por descontada la revisión del polémico artículo que prevé penas de hasta 12 años de prisión para quienes “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación”.

Según pudo saber , la nueva versión del proyecto, que ya está en manos de los aliados, deja afuera los términos más ambiguos del artículo 111, mencionado en el capítulo VI. En particular, aquel referido a las “campañas de desinformación”, que despertó fuertes cuestionamientos de entidades y referentes del periodismo por el riesgo que podría representar para la libertad de expresión.

La disposición no pasó inadvertida entre propios y ajenos, ante el temor de que pudiera utilizarse como una herramienta de “persecución política” contra la prensa y la sociedad civil bajo la excusa de combatir a “agentes extranjeros”. Constitucionalistas también alertaron sobre las consecuencias de incorporar un tipo penal “tan amplio” y señalaron que la figura podría rozar la “censura previa”.

No es la única concesión que los libertarios están dispuestos a hacer a sus aliados de Pro y la UCR. Entre los ajustes más significativos figura la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso al Consejo de Seguridad Nacional.

Además, tal como anticipó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, durante su exposición ante los diputados, se prevé la creación de una comisión bicameral encargada de fiscalizar su funcionamiento.

Persiste la duda sobre si los cambios serán suficientes para conseguir el respaldo de los bloques de centro, como Provincias Unidas, que en las últimas votaciones en el recinto dejó expuestas sus diferencias internas. El peronismo, por su parte, ya dejó en claro que solo acompañaría el primer capítulo del proyecto y reclamó su tratamiento por separado.