POLITICA
Flavia Royón cuestionó la agenda del Gobierno: “Hay que ir tema por tema, porque si no, no salimos nunca”
La discusión por la Ley de Tierras y el régimen de protección de los barrios populares volvió a poner en evidencia las diferencias entre el Gobierno nacional, las provincias y distintos sectores del Congreso. Para Flavia Royón, senadora nacional por Salta y ex secretaria de Energía, el problema no está solamente en el contenido de las iniciativas impulsadas por el oficialismo, sino también en la forma en que fueron llevadas al debate parlamentario. En una entrevista con Infobae al Regreso, cuestionó el tratamiento de los proyectos, defendió el rol de las provincias y planteó que el Congreso debería avanzar “proyecto por proyecto”, sin convertir cada discusión en una disputa entre oficialismo y oposición.
Royón señaló que uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la falta de una instancia de discusión suficientemente amplia antes de que las iniciativas llegaran al recinto. “La manera de trabajar los proyectos es en comisión, con un debate abierto tanto a todos los senadores como también hacia la sociedad. Y claramente no hubo una instancia informativa o de debate como debería haber sido”, sostuvo. Según explicó, esa falta de intercambio fue determinante para que algunos de los capítulos más controvertidos del proyecto perdieran respaldo entre los legisladores y los gobernadores.
Barrios populares y tierras: el reclamo de un debate más amplio
Uno de ellos fue el referido a los barrios populares. La senadora explicó que el proyecto estaba compuesto originalmente por seis capítulos y que el primero que se retiró fue precisamente el vinculado con esos barrios, debido a la resistencia que generaba entre distintos sectores. “Era muy difícil acompañar el capítulo de barrios populares, así que la posición fue: retírenlo. No es momento para discutir esto”, afirmó. Para Royón, la modificación planteada podía dejar expuestas a miles de familias que todavía no tienen regularizada la propiedad de las viviendas que ocupan.
La senadora estimó que en Argentina hay alrededor de 1,2 millones de familias que viven en barrios populares y precisó que unas 41.000 se encuentran en Salta. En ese contexto, advirtió que eliminar las herramientas de protección sin avanzar previamente con la regularización dominial podía generar una situación de extrema vulnerabilidad. “Dejar caer barrios populares y la protección que tenían colocaba a tiro de desalojo a los barrios populares de la Argentina”, sostuvo, y planteó que la discusión debería comenzar por garantizar la titularidad de los terrenos y avanzar con los procesos de regularización.
El tratamiento parlamentario terminó por profundizar las diferencias. Royón explicó que había acompañado la posibilidad de devolver el proyecto a comisión porque consideraba necesario revisar su contenido, pero que esa alternativa no prosperó en el recinto. “Yo había pedido volver a comisión y acompañé ese voto. Perdimos en la votación y después yo había sido clara en que no iba a acompañar la ley”, explicó.
La misma preocupación trasladó al capítulo referido a las tierras rurales. Royón cuestionó la propuesta de eliminar las restricciones que establece el régimen vigente y sostuvo que cualquier modificación debería contemplar la participación de los gobiernos provinciales. “Hoy Argentina tiene una ley de tierras que te fija un tope a nivel nacional, un tope a nivel provincial y un tope a nivel de departamento, todos del 15 %, más un límite de mil hectáreas en zona núcleo y un 30 % por nacionalidad. El proyecto planteaba retirar todos los límites”, explicó.
La senadora no planteó una oposición a la llegada de capitales extranjeros, sino una discusión sobre las condiciones y el destino de esas inversiones. Puso como ejemplo la situación de Salta, donde existen actividades productivas que, según señaló, podrían beneficiarse de nuevas inversiones, entre ellas el sector vitivinícola, el turismo, la producción de caña de azúcar, el bioetanol y las bioenergías. “No es lo mismo que venga un inversor a tener un fin especulativo a que tenga un proyecto realmente de desarrollo y de producción, porque lo que buscamos también es inversión extranjera para el desarrollo”, afirmó.
Desde esa perspectiva, Royón defendió que las provincias tengan capacidad de intervención en el proceso. “La provincia también tiene que tener una opinión porque es la que está más cerca del territorio y del inversor”, sostuvo. Su planteo apunta a diferenciar la inversión productiva de las operaciones con fines exclusivamente especulativos y a que el Estado provincial pueda evaluar el impacto que una adquisición de tierras tendrá sobre las economías regionales. Al mismo tiempo, cuestionó que el oficialismo no hubiera explicado con suficiente claridad los objetivos de la reforma: “Nadie del oficialismo salió en su momento a aclarar y a entender qué es lo que se buscaba”.
La tensión entre Nación y provincias y el rol del Senado
Las diferencias por estos proyectos también alimentaron las especulaciones sobre un posible quiebre entre el Gobierno nacional y los gobernadores, algo que Royón buscó relativizar. “Tanto el gobernador como yo, esto no es una ruptura política. Este proyecto en particular tenía vicios y errores desde el principio”, afirmó. La senadora sostuvo que la relación entre Nación y provincias no debería quedar condicionada por el resultado de una iniciativa puntual y planteó que es posible acompañar determinadas medidas del Gobierno y rechazar otras según su contenido.
Esa lógica, según Royón, debería trasladarse al funcionamiento del Congreso. La senadora cuestionó que parte de la oposición adopte una postura de rechazo automático frente a las iniciativas oficiales y pidió discutir cada propuesta según sus características. “En el Senado y en el Congreso, el peronismo y kirchnerismo es todo no porque lo manda Milei. Todo votan en contra. Y para mí hay que ir tema por tema, porque si no, no salimos nunca”, sostuvo.
En ese escenario, consideró que la actual composición del Senado puede favorecer la negociación porque ningún sector concentra por sí solo la capacidad de imponer todos sus proyectos. Royón describió la Cámara alta como un espacio dividido en tercios entre La Libertad Avanza, el peronismo y los bloques que integran el espacio de los llamados aliados, entre ellos el PRO, sectores radicales y representantes provinciales. Para la senadora, esa configuración obliga a buscar acuerdos y abre la posibilidad de modificar las iniciativas durante su tratamiento parlamentario.
La discusión sobre el papel del Estado también apareció cuando fue consultada por la decisión de Salta de cobrar la atención médica a extranjeros no residentes. Royón respaldó la medida y argumentó que el sistema sanitario provincial soportaba una demanda significativa de personas provenientes de otros países. “El hospital recibe más extranjeros que nacionales. El consumo de medicamentos se iba más en extranjeros que en nacionales. A mí me parece una medida acertada”, afirmó.
Subsidios al gas: “No concibo que una persona humilde subsidie el gas de una pileta climatizada”
Con su experiencia al frente de la Secretaría de Energía, Royón también planteó reparos al esquema de subsidios al gas y reclamó una mayor focalización de los recursos. Al referirse al régimen de Zonas Frías, explicó que existe un fondo que se financia mediante un componente de la factura que pagan los usuarios y que permite sostener tarifas diferenciadas para determinados hogares y regiones. El problema, según su planteo, no es la existencia de la asistencia estatal, sino que el beneficio alcance a personas que no necesariamente necesitan ese respaldo.
“El subsidio tiene que ir a aquel que realmente lo necesita. Yo no concibo que tengamos una persona humilde en Buenos Aires, en Córdoba, subsidiando el gas a la pileta climatizada de la costa argentina. Eso hay que corregirlo”, afirmó. Royón consideró que el esquema debería concentrarse en los hogares de menores ingresos y cuestionó que recursos aportados por todos los usuarios terminen financiando consumos que, a su criterio, no requieren asistencia estatal.
La ex secretaria de Energía también puso el foco en el diseño de la reforma que se analiza sobre el fondo de Zonas Frías. Según explicó, la propuesta contempla reducir la cantidad de beneficiarios y modificar la estructura de aportes, por lo que reclamó mayor claridad sobre cómo quedaría conformado el sistema. “Si bajo los beneficiarios debería bajar lo que pagamos todos a ese fondo”, señaló.
A la vez, pidió incorporar a la discusión a los hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural y dependen de garrafas, un sector que, según advirtió, quedó particularmente expuesto después de la desregulación. “La gente humilde no está conectada a la red de gas, sino a las garrafas. Las garrafas, después de la desregulación, subieron de precio y el subsidio sigue cubriendo un valor ínfimo”, sostuvo.
El planteo de Royón atraviesa los distintos temas que abordó durante la entrevista: discutir cada reforma por su contenido, incorporar la mirada de las provincias y evitar que las decisiones queden atrapadas en una lógica de alineamientos políticos. En un Congreso donde el oficialismo necesita negociar para avanzar con sus proyectos, la senadora salteña considera que esa dinámica puede convertirse en una instancia para revisar las iniciativas y alcanzar acuerdos antes de convertirlas en ley.
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POLITICA
El Gobierno reunirá a la mesa política para frenar a la oposición en el Congreso y avanzar en las negociaciones con los gobernadores
Horas antes de que Javier Milei emprenda una nueva gira a los Estados Unidos, el Gobierno volverá a reunir este martes a la mesa política en una semana atravesada por una avanzada opositora en el Congreso y las negociaciones del oficialismo con sus aliados para imponer su agenda legislativa.
El encuentro semanal fue programado como habitual en las oficinas del ex Ministerio del Interior a las 13. Allí volverán a coincidir la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete; Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
En cambio, estará ausente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien inicia su agenda de actividades en Tailandia en el marco de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. A su vez, el cónclave se celebrará antes de la partida de Javier Milei a Washington -pautada para las 23- donde tendrá algunos encuentros con empresarios, hablará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y participará de un acto contra el antisemitismo organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.
A diferencia de la mayoría de las giras internacionales, Karina Milei decidió no acompañar a su hermano para focalizar su atención en una serie de reuniones y actividades que tiene en Buenos Aires, según explicaron desde su entorno, además de sostener las riendas de la gestión.
Si bien todavía no están en la agenda oficial, en Balcarce 50 adelantan posibles nuevas reuniones del jefe de Gabinete con gobernadores, con el objetivo de acelerar las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que el Ejecutivo se propone tratar en el Senado para fines de octubre.
Para ello, Santilli se reunió personalmente la semana pasada con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), además de su visita a Salta junto a la secretaria General de la Presidencia para inaugurar una planta de Litio con Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Un día antes, ambos funcionarios también se mostraron con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el inicio del traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.
En ese contexto, el Gobierno busca aprovechar la presencia de varios mandatarios provinciales en la capital federal por la Conferencia de Federalismo Fiscal para continuar las conversaciones. Según la agenda del evento, allí se espera la presencia de Jorge Macri, Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros.
Por fuera de sumar gestos de buena sintonía política -que iniciaron en París durante la Argentina Week- el oficialismo también apura las conversaciones para evitar que la oposición logre avanzar este jueves con una sesión que se propone voltear el DNU 70/23, además de extender la emergencia en discapacidad y tratar una ley sobre Endeudamiento Familiar.
POLITICA
Con la habilitación formal del penal de Marcos Paz, el Gobierno inició la última etapa del desalojo de presos de Devoto
El domingo, se inició el traslado progresivo de los presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz. En las dos primeras jornadas, el operativo ya llevó a 609 internos a la nueva unidad bonaerense.
El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la resolución que habilita formalmente el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, el nuevo penal federal que recibirá a los detenidos. El nuevo establecimiento está ubicado en el Acceso Zabala y tendrá una capacidad provisoria para 2.232 detenidos.
Según la información oficial, el penal fue construido sobre un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. También dispone de áreas destinadas a salud, educación, visitas, comunicaciones y otros servicios necesarios para la vida cotidiana de la población penal.
Las obras habían comenzado en 2018, a partir de un convenio entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado en 2020 y fue reactivado en diciembre de 2024 por la administración porteña.
La resolución publicada este martes indica que el complejo reúne las condiciones estructurales y operativas para entrar en funciones, aunque admite que existen observaciones técnicas y tareas pendientes de subsanación. Además, instruye al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a presentar en un plazo de 90 días su proyecto de estructura organizativa y el manual de funcionamiento del penal.
El operativo comenzó el domingo y este lunes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó el envío de otras 283 personas, con lo que el número de detenidos reubicados ascendió a 609. “Sumados a los 326 de ayer, ya son 609 presos trasladados, más del 40% de la población penitenciaria de Devoto”, señaló la funcionaria en sus redes sociales.
El procedimiento está a cargo de un Comando Unificado Federal, creado para planificar los traslados y coordinar el despliegue de seguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Participan el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de las fuerzas porteñas y bonaerenses.
Cada contingente se conforma a partir del perfil criminológico de los detenidos y de una evaluación de los riesgos de cada movimiento. Antes de la salida, los internos reciben controles médicos e identificaciones con códigos QR, que permiten registrar su egreso de Devoto y su llegada a Marcos Paz. También se prepararon bolsones para sus pertenencias, con precintos numerados y actas individuales que permiten identificar cada envío.
Los vehículos penitenciarios circulan con seguimiento satelital dentro de convoyes custodiados por móviles policiales y motocicletas. El trayecto entre ambos complejos es de unos 55 kilómetros e implica cortes de tránsito, vallados en las inmediaciones de Devoto y un esquema de custodia durante todo el recorrido. El traslado se realizará en etapas hasta completar la desocupación del penal porteño.
El operativo se realiza de forma escalonada y continuará durante varias jornadas hasta completar el vaciamiento de Devoto. Una vez concluida esa etapa, el plan oficial prevé trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran a disposición de la Justicia nacional. El objetivo es liberar plazas en esos espacios de detención transitoria.
El traslado responde al acuerdo firmado en 2018 para construir un nuevo penal federal en Marcos Paz y desafectar la cárcel de Devoto, ubicada en una zona residencial de la Ciudad. Una vez que concluya la mudanza de los cerca de 1.500 internos del penal porteño, el plan oficial prevé utilizar parte de las plazas disponibles para alojar a detenidos que permanecen en comisarías y alcaidías porteñas a disposición de la Justicia nacional.
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traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
POLITICA
Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo
Tres auditorías sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron compras fuera del régimen estatal, fallas médicas, administrativas e informáticas y diferencias de precios de hasta 1.068% durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo. Las auditorías a las que accedió Infobae, abarcaron la adquisición de medicamentos, insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas, además del sistema que gestionaba esas prestaciones.
Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y se realizaron entre octubre de ese año y abril de 2026. Examinaron el período anterior al corte de gestión del 21 de agosto de 2025.
La revisión también encontró compras de medicamentos para Entre Ríos por $ 11.925 millones y para Neuquén por $ 837 millones sin respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período bajo análisis. Las adquisiciones realizadas en las provincias de Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tampoco tenían la fecha de firma, mientras que otros documentos carecían de los sellos aclaratorios de los responsables.
Compras sin licitación ni comparación documentada de ofertas
El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestionó el circuito interno denominado “PACBI Circuito Compras”, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia. La auditoría concluyó que el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023/2001 ni a su reglamentación, que rigen las contrataciones de los organismos descentralizados del Estado.
La ANDIS no utilizó el sistema electrónico obligatorio COMPR.AR, no elaboró pliegos de bases y condiciones ni cursó invitaciones formales a proveedores. Tampoco encontró análisis comparativos documentados de las ofertas o causales de excepción que justificaran contrataciones directas.
Los auditores determinaron que la falta de planificación o la imprevisibilidad de los requerimientos no constituían motivos legales para apartarse del régimen general. El procedimiento afectaba “los principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes”.
La misma observación alcanzó a las compras de insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas. Esas operaciones tampoco emplearon el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodología formal y no previeron controles mediante la oposición de oferentes.
La falta de mecanismos para cotejar propuestas comprometía la comparación de precios y la búsqueda de valores razonables. La conclusión advirtió sobre “el consecuente riesgo de generar un perjuicio económico al erario público”.
Medicamentos con precios hasta 1.068% más altos
El informe integral de abril de 2026 examinó el recorrido de las compras de medicamentos del Programa Federal de Salud Incluir Salud, desde la solicitud de un beneficiario hasta el pago a un proveedor. El Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, conocido como SIIPFIS, no tenía un módulo ni un registro de valores de referencia para comparar precios de manera objetiva.
El responsable de compras explicó que el cotejo de cotizaciones se realizaba fuera de la plataforma, mediante otras fuentes y planillas de Excel. Sin embargo, no había constancias que permitieran identificar esas fuentes ni reconstruir el método aplicado para evaluar los valores.
La mayor diferencia correspondió al medicamento Macitentán de 10 miligramos, empleado contra la hipertensión arterial pulmonar. La droguería P facturó cada unidad a $ 5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que la firma UP vendió el mismo producto a $ 453.621 un mes después: una brecha de 1.068%, equivalente a $ 4.845.460,66 por unidad.
Para no interferir en la investigación este medio identificó a las firmas involucradas solo con las siglas.
También se detectaron variaciones en partidas de Pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia oncológica, y de Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores también advirtieron sobre la preferencia de algunas droguerías sobre otras sin justificación.
Algunos expedientes tenían la misma fecha de requerimiento, pero se tramitaron de forma separada y terminaron adjudicados a distintos proveedores con precios diferentes para un mismo producto. En el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones tampoco se acreditaron los actos administrativos formales ni informes técnicos que acreditaran la evaluación de las ofertas y los criterios para elegir a cada adjudicatario.
La auditoría relevó $ 110.263 millones en compras de medicamentos Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) durante el primer semestre de 2025, distribuidas en 10.683 expedientes electrónicos de pago. La muestra analizada incluyó 219 expedientes por $ 29.713 millones, el 27% del total.
Dentro de ese universo, hubo 21 expedientes por $ 2.510 millones en los que el domicilio de entrega consignado en la orden de provisión no coincidía con el indicado en el remito de recepción. No existía “justificación o aclaración alguna” para esas diferencias.
Los auditores no pudieron comparar esos precios y procedimientos con los de otros organismos, como PAMI u obras sociales, porque el sistema de la ex Agencia Nacional de Discapacidad no permitía realizar ese control. También establecieron que las compras se tramitaron mediante circuitos internos no autorizados por la Oficina Nacional de Contrataciones y por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que debía centralizar las actuaciones administrativas nacionales.
Falta de controles médicos, provinciales e informáticos
Los auditores también determinaron que las Unidades de Gestión Provincial no dejaron constancias de haber cotejado las solicitudes de medicamentos con las historias clínicas de los beneficiarios. Tampoco se acreditó una intervención formal de la entonces Dirección de Prestaciones Médicas en la evaluación de los pedidos.
El informe señaló un hallazgo de alto impacto: “No se verifica en el sistema la autorización expresa de un profesional médico responsable”. No había descripción técnica de la evaluación ni dictámenes que respaldaran la aprobación o el rechazo de cada solicitud.
La revisión tampoco permitió determinar cuántos proveedores registrados en la base de datos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones fueron convocados a cotizar en cada compra. La ANDIS no realizó auditorías en terreno sobre los efectores de salud provinciales, pese a que los convenios marco y el reglamento de Incluir Salud contemplaban ese control.
Los expedientes examinados incluían remitos con firmas de recepción atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gestión provincial. También había facturas que no reunían los requisitos formales exigidos para su liquidación.
El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, se concentró en los controles tecnológicos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones. La empresa privada GMS tenía accesos de máximos privilegios y a la base de datos, sin que se encontrara un contrato o convenio formal que regulara ese vínculo.
GMS SA, sociedad dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado que aparece nombrada en la causa en la que el juez Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas.
En uno de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete que secuestró como prueba el fiscal Franco Picardi figura el nombre de un empresario accionista de varias compañías, entre ellas, GMS SA, dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado desde el gobierno de Alberto Fernández y que continuó con La Libertad Avanza.
Calvete fue procesado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita investigada por corrupción en la ANDIS. La Sala II de la Cámara Federal confirmó esa situación procesal en septiembre de 2026, junto con la de Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. La causa investiga presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos vinculados con la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
Daniel María Garbellini fue el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cargo que ocupó desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025, día en que fue desplazado junto con Diego Spagnuolo tras conocerse los audios que destaparon el supuesto escándalo de corrupción.
La dependencia del organismo respecto de ese proveedor se arrastraba desde 2022. Según reconstruyó la auditoría, GMS realizó la última entrega formal del código fuente del sistema en diciembre de ese año, al finalizar el contrato que lo vinculaba con la entonces ANDIS. A partir de ese momento, y pese a no contar con un nuevo contrato ni con convenios formales que regularan la relación, la empresa continuó a cargo del mantenimiento y soporte técnico del Sistema Integrado de Información del Programa Federal Incluir Salud durante más de tres años, con accesos de máximos privilegios al ambiente productivo del sistema y a su base de datos.
Recién en enero de 2026, en el marco del propio proceso de auditoría y a pedido del área de tecnología del organismo, el proveedor habría entregado una nueva versión del código fuente. Sin embargo, los auditores no pudieron verificar que esa versión “compile y corresponda con la versión que se encuentra operativa actualmente”, según consta en el informe. Es decir, ni siquiera quedó acreditado que el Estado dispusiera de una copia fidedigna y funcional del programa que administra la información de pensiones por invalidez, el Certificado Único de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo.
La auditoría detectó además cuentas genéricas de usuario, ausencia de controles periódicos sobre los perfiles de acceso, tecnología sin soporte vigente y falta de copias de seguridad externas. El sistema tampoco tenía un plan formal de contingencia ante incidentes informáticos.
Las irregularidades se conocieron mientras avanzaba la causa judicial por el presunto esquema de sobornos y direccionamiento de adquisiciones en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, al estimar un desvío de al menos $ 6.000 millones mediante sobreprecios de medicamentos.
Spagnuolo rechazó entregar una muestra de voz para el peritaje acústico. La Justicia intenta determinar si es el autor de los audios que destaparon el escándalo de corrupción en el área que conducía. La negativa provocó prórrogas en el estudio a cargo de Gendarmería Nacional.
Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por un entramado de corrupción en la ANDIS.
Para una franja significativa de personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni prepaga, la ANDIS no es un organismo más: es la institución que determina si acceden o no a un medicamento oncológico, a un inmunosupresor post trasplante o a una prótesis. Las irregularidades detectadas por las auditorías atraviesan, entonces, un circuito del que depende la continuidad de tratamientos médicos de personas que, en muchos casos, no tienen una alternativa fuera del sistema estatal.
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