POLITICA
El Gobierno planea reducir los juzgados federales que investigan las causas de corrupción
El nuevo Poder Judicial que diseña el Gobierno de Javier Milei planea reducir de 12 a 8 los juzgados federales de Comodoro Py y no cubrir las cuatro vacantes que hay actualmente, según anticiparon a fuentes que están al tanto de las negociaciones en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura.
Esta idea es similar a la que tiene el Gobierno para la Cámara Federal de Casación Penal donde también hay cuatro vacantes, con concursos avanzados, pero la intención de la Casa Rosada es dejarlas sin cubrir y reducir el tribunal de 13 a 9 jueces.
Este cambio en la arquitectura del Poder Judicial va mucho más allá de los cálculos matemáticos y de las necesidades de optimizar los recursos, sino que es una modificación en la distribución del poder.
La primera razón para reducir la estructura de los juzgados federales de Comodoro Py es la disminución de la cantidad de causas en trámite.
Los jueces federales porteños intervienen en los casos que implican a funcionarios públicos nacionales en asuntos de corrupción, en narcotráfico, trata de personas, y asuntos de terrorismo y lavado de dinero.
Pero los expedientes disminuyeron. La estadística oficial de la Corte Suprema de Justicia señala que los expedientes que ingresan por año a la Cámara Federal son 1602. Es decir 800 por sala, unos 70 por mes por sala contando las vacaciones.
En primera instancia existen 12 juzgados federales. Por lo tanto, las causas en trámite, si bien algunas muy complejas y voluminosas, se reducen a un centenar por cada juzgado.
El contraste es mayor cuando estos juzgados tienen una dotación de empleados que, en algunos casos, es cuatro veces mayor que en otros tribunales, según dijeron fuentes judiciales.
La otra cuestión tiene que ver con cómo se distribuye el poder en la primera instancia de Comodoro Py. Los jueces federales eran seis hasta que, en los noventa, comenzaron las investigaciones de las causas de corrupción contra Carlos Menem. Allí se activó una reforma para diluir el poder de estos jueces.
Menem duplicó la cantidad de juzgados de 6 a 12, nombró nuevos jueces y fiscales, elegidos por su cercanía y confianza, y ascendió a los viejos jueces a camaristas, para que sean menos molestos.
Así surgieron los 12 juzgados federales de Comodoro Py y los jueces se convirtieron en poderosos magistrados que decidían sobre la libertad y la hacienda de los funcionarios, siempre con aceitados vínculos con el poder político y económico.
Se perpetuaron como los “jueces de la servilleta”, llamados así porque supuestamente el exministro menemista Carlos Corach decidió sus nombres anotándolos en una servilleta en un bar, según denunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
La mayoría de los jueces 4 X 4 de los noventa, conocidos así por su camionetas estacionadas en el playón de Comodoro Py, ya fueron removidos, renunciaron o se jubilaron. Sobrevivieron Claudio Bonadio -fallecido en 2020 ocupando su cargo- y María Servini.
En los 2000, los servicios de inteligencia comenzaron a tener incidencia sobre los jueces federales de primera instancia. Durante el kirchnerismo, el poder judicial de Comodoro Py circuló entre los canales que comunicaban al espionaje con los magistrados. Así fue hasta que el poderoso jefe de contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso, rompió con Cristina Kirhchner.
Actualmente hay cuatro vacantes entre los juzgados federales. Permanecen en sus cargos María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti.
Dejaron sus cargos en los últimos años Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez, que se jubilaron; Sergio Torres, que fue designado en la Suprema Corte bonaerense, donde es presidente y Claudio Bonadio, que falleció.
A pesar de los concursos en marcha en el Consejo de la Magistratura para cubrir estas vacantes, hay ideas en el Gobierno, en el Consejo de la Magistratura y en el Congreso para dejar todo como está.
Se trataría de modificar la ley de organización de la justicia federal y cambiar la cantidad de juzgados, como se piensa que podría suceder con la Cámara Federal de Casación Penal, donde los camaristas prefieren quedarse como están, con nueve integrantes, sin cubrir las vacantes.
No todos están de acuerdo con esta solución, que sirve para concentrar poder entre los jueces que ya están y relegan a los que podrían ingresar.
“Hay cargos que son los mas importantes en términos institucionales en la justicia federal, que no se concursan porque ponen gente amiga: eso esta mal, es una deficiencia muy grande”, dijo a una fuente judicial, que no mira con buenos ojos la gestión del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py se asimilan a singlistas, tenistas que hacen su juego, según la metáfora más elegante con la que uno de ellos se describió a sí mismo.
Con mayor grado de malevolencia, en la política prefieren hablar de jueces “guiados por el darwinismo”, donde cada uno lucha por sus objetivos, contratos, cargos, apadrina a algún candidato, o posiciona a sus allegados, como ocurrió con la esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, propuesta como jueza de San Martín.
Los 8 jueces federales en funciones actúan de manera casi aislada. Quedaron atrás los años en que Ariel Lijo era quien nucleaba a la mayoría y su despacho se convertía en la sede de reuniones entrado el mediodía, donde se ponían de acuerdo.
Lijo, tras su fallido intento por ser juez de la Corte, regresó a su juzgado y al que subroga, donde concentra la mayor cantidad de causas de corrupción que afectan al Gobierno de Javier Milei.
No volvió a ser el delegado de los jueces federales, pero todos le reconocen su cintura política y su llegada con sector del caputismo en la interna del Gobierno coloca a todos de un lado o del otro de Karina Milei.
El juez más cercano a Lijo es Marcelo Martínez de Giorgi, sobre quien pesa la influencia de Antonio Stiuso.
Sebastián Ramos y Capuchetti hacen la suya, al igual que María Servini, que con sus 89 años sigue tomando decisiones en las causas que tramitan en su juzgado.
Lijo es el juez federal más cercano a la magistrada y Ramiro González, el fiscal federal en quien se confía.
Con el agravante de que el juez Daniel Rafecas tiene pensado dejar su cargo para ir a la Cámara Nacional de Casación Penal.
Concursó y salió primero, con lo que si avanzan ese concurso su anhelo es concluir su carrera como camarista, con un ascenso, colegas profesores universitarios como él, y regresando a la justicia ordinaria, donde hizo sus primeros pasos como pinche, dijeron a cerca del juez.
Se decía lo mismo de Julián Ercolini, pero el juez federal no está pensando en irse, dijo uno de sus colaboradores a . Solo presentó un recurso judicial para asegurarse poder jubilarse, cuando corresponda, con las mismas condiciones que regían antes de 2020, cuando cambió la ley.
“Hoy no hay jefes en Comodoro Py”, dice un magistrado que trabaja en ese edificio, y recordaba que hace cinco años, Ramos, Rodríguez y Martínez de Giorgi hacían tandem por un lado y Bonadío, Ercolini y Lijo por el otro.
Quien tenía ascendencia en las conversaciones de este segundo grupo era Martín Irurzun, histórico juez de la Cámara Federal y por encima de todos Ricardo Lorenzetti en la Corte.
Hoy todo cambió y el Gobierno está trabajando para reconfigurar también la Cámara federal. El Consejo de la Magistratura votó en la Comisión de Selección las ternas para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces trasladados hace 10 años. Ahora las debe votar el plenario y el Poder Ejecutivo debe enviar a un candidato de esas ternas al Senado para que le dé acuerdo.
El deseo del Gobierno es enviar el pliego de Pablo Yadarola, juez en lo penal económico cercano al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y al propio Bertuzzi, que concursó para su cargo. Sus pliegos podrían estar en el Senado despues de las vacaciones de invierno.
El tercer hueco en la Cámara Federal es el que dejaría Martín Irurzun el 18 de julio cuando cumpla 75 años. El Poder Ejecutivo no envió su pliego al Senado para ampliar su acuerdo por cinco años, por lo que actualmente no darían los tiempos para revalidar su designación.
Así habría una tercera vacante en ese tribunal con la que el gobierno de Milei cuenta para reconfigurar el Poder Judicial.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno apura los cambios en la estratégica Cámara Federal, que decide sobre las causas de corrupción
El Gobierno apura los trámites para cambiar a dos de los jueces de la Cámara Federal porteña, estratégico tribunal que debe decidir en las causas de corrupción, incluido el expediente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus bienes;el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que aparece mencionada Karina Milei, y la causa $LIBRA, contra Javier Milei.
El nuevo decreto 467/2026, firmado el martes último por el presidente Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, permite publicar en el Boletín Oficial los nombres de los candidatos al tribunal por tres días y enviarlos al Senado. Antes se preveía un proceso de impugnación de la ciudadanía y de la sociedad civil, que llevaba 15 días, y luego repetirlo en el Senado. Ahora se hace una sola vez.
El cambio en los plazos, explicaron fuentes oficiales, se relaciona con apurar estas designaciones y no con avanzar en completar la Corte Suprema de Justicia, donde permanecen dos vacantes. Alimentó esta especulación sobre el intento de cubrir los asientos vacíos en la Corte, la visita del juez Ricardo Lorenzetti alMilei, a quien le propuso designar allí al camarista Mariano Borinsky y a la jueza Karina Perilli.
Lorenzetti no llevó esta vez la carpeta del juez Ariel Lijo como postulante, como hizo el año pasado, lo que provocó algún malestar en el magistrado, dijeron dos fuentes de los tribunales. Lijo no abandona la idea de coronar su carrera en la Corte o en la Procuración General de la Nación. “Tiene una segunda chance”, dijeron funcionarios del Gobierno.
Pero el interés inmediato del Poder Ejecutivo está en la Cámara Federal. Por eso, el Gobierno está en condiciones de mandar la semana que viene dos nombres de la terna de jueces aprobada por el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Ambos fueron trasladados hace diez años por el entonces presidente Mauricio Macri desde otros tribunales a la estratégica Cámara Federal. La Corte anuló esos traslados y ordenó concursar los cargos. Las dos ternas que fueron aprobadas para ocupar esos puestos incluyen en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, quien volvió a concursar para su cargo.
Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola -allegado al ministro Mahiques- para un cargo y el propio Bertuzzi o la fiscal Incardona para la otra vocalía. Esta decisión corresponde al ministro de Justicia y al Presidente.
Bertuzzi es un nombre de los tribunales de Comodoro Py, donde fue secretario desde que el edificio reconvertido a sede judicial está en pie, e Incardona cuenta con el apoyo del kirchnerismo, que la votó en el Consejo de la Magistratura, y el apoyo adicional del juez Lijo, quien ponderó sus antecedentes.
El diseño de una nueva Cámara Federal se completa en los planes del Gobierno con la apertura de una tercera vacante, pues el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue elevado por el Poder Ejecutivo al Senado para una reválida de su acuerdo.
El nuevo decreto, que acorta los tiempos, le da chance a Irurzun de que aún manden su pliego al Senado, pero por las dudas el camarista ya planteó un amparo en la justicia contra la limitación constitucional que lo obliga a jubilarse a los 75 años y da batalla. Los antecedentes no lo ayudan, pero el final está abierto.
Expedientes sensibles
Ya están en la Cámara Federal causas que preocupan al Gobierno y que un cambio le permitiría tener mas controladas: el caso ndis, en el que intervienen Irurzun y los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah. Y está en el tribunal la causa $LIBRA, donde intervienen Bruglia, Bertuzzi -los dos camaristas a renovar- y Mariano Llorens.
Boico fue nombrado a instancias del kirchnerismo y Llorens tiene buen diálogo con el Gobierno. Cualquier cambio en los nombres modificará el equilibrio en el tribunal, que quedará conformado según el diseño del la administración libertaria.
El interés del Gobierno por la integración de la Cámara Federal se entiende, además, porque allí aterrizará más temprano que tarde el caso de supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni, inamovible para Milei hasta que la Justicia diga que cometió delitos. Es el tribunal que debería revisar su eventual procesamiento. Aún no fue sorteada la sala que interviene en la causa.
Si bien en la Casa Rosada albergan la idea de que en el caso Adorni no se llegará a una citación para prestar declaración indagatoria, en los tribunales creen todo lo contrario.
El juez Lijo regresó el fin de semana de París, Adonde viajó con una comitiva oficial acompañando al ministro Mahiques, junto con su colega Sebastián Casanello. Fueron con Tomás Rodríguez Ponte, titular de la oficina de la Corte dedicada a los peritajes de causas complejas.
Integrantes de la comitiva uran que no hubo ni un café, ni copa de vino, a solas, a orillas del Sena, entre Lijo y Mahiques para hablar del caso Adorni. Ambos se conocen hace 20 años: el ministro fue secretario en el juzgado de Lijo, pero los viajeros consultados insisten en que el viaje fue protocolar.
Hubo reuniones con autoridades entrantes y salientes del GAFI y el organismo antilavado ponderó la presencia de los funcionarios judiciales. Mahiques expuso ante el pleno y se reunió con el procurador antiterrorismo, la Escuela de la Magistratura y la ministra de Género y Discriminación. Pero nada de charlas informales relativas a Adorni, afirmó uno de los viajeros.
Al margen de la Cámara Federal, el Gobierno está interesado, además, en apurar la cobertura de las vacantes para la mitad de los tribunales orales federales de Comodoro Py, los juzgados federales de Santa Fe, Corrientes y La Plata.
Uno de los juzgados en condiciones de ser cubierto ahora mismo es el N°10 del fuero penal económico, donde tramita la causa en la que se investiga a los verdaderos dueños de la quinta de Pilar, supuestamente en manos de testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino.
El juez que finalmente maneje esa causa se hará cargo de todas las que involucran a la AFA, incluida aquella en la que se denunció a la organización por administración fraudulenta. Los candidatos a ese juzgado propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo son Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, secretaria de una fiscalía federal, y Matías Alejandro Latino.
Pero para evitar suspicacias y que nadie diga que Mahiques busca favorecer a la AFA o que está colocando un juez a dedo para solucionar los problemas de Claudio “Chiqui” Tapia, el ministro resolvió que no enviará por ahora ningún nombre al Senado y dejará en el juzgado a la subrogante Verónica Straccia, que se hizo cargo del expediente, dijeron fuentes oficiales a .
Las designaciones de nuevos jueces que propuso el Gobierno avanzan en el Senado y el 30 de junio, por ejemplo, está prevista la audiencia pública que debe pasar Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
Su pliego fue apoyado por Lijo y fue enviado para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora, estratégico para la seguridad nacional, el contrabando y el narcotráfico por su jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza.
En el Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti, se aprobaron en el plenario del 15 de abril 17 ternas para otros tantos juzgados, y en el plenario del 10 de junio se aprobaron 15 ternas para otras tantas vacantes. Los jueces están exultantes porque avanzan las designaciones. Son 32 vacantes cubiertas en este 2026.
En ese organismo están interesados en avanzar ahora con la cobertura de las vacantes, porque, entre otras razones, se renuevan en noviembre buena parte de sus integrantes.
El estamento que primereó es el de los consejeros académicos que designó a Diego Molea, histórico rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que ya fue consejero. El segundo representante académico se lo disputan el peronista Juan Manuel Olmos, uno de los influyentes en la justicia porteña, y el radical Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y otro polo de la gestión judicial.
Entre los jueces por la lista Bordó, Diego Barroetaveña busca su reelección y le pidió a la Justicia contencioso administrativa un fallo que deje fuera de dudas su habilitación; y, entre los abogados, el otro operador de la justicia local y federal, Daniel Angelici, busca colocar a dos consejeros.
Renovación
Las fuerzas en el Consejo de la Magistratura cambiarán a fin de año, y el Gobierno consolidará su presencia con consejeros propios y aliados, con los cuales negociará, y tendrá mas fuerza para la remoción y designación de jueces.
Además, el gobierno de Milei busca completar en Comodoro Py la implementación del sistema acusatorio que ya puso en marcha en la mayoría de las provincias el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Por eso, Mahiques convocará este martes a una comisión de reforma del Código Procesal Penal Federal, para avanzar en los cambios que piden los jueces y fiscales federales y que frenaron la llegada del sistema acusatorio al corazón de la justicia federal.
Entre los cambios, los fiscales quieren que se puedan hacer acuerdos con imputados que sean funcionarios públicos perseguidos por hechos de corrupción, lo que ahora está prohibido. Quieren facilitar las investigaciones de delitos complejos, más propias de Comodoro Py que de juzgados federales del interior, y pretenden dejar en claro que los auxiliares fiscales puedan participar de las audiencias.
Los jueces, por el contrario, no quieren perder el control de las causas y en algunas jurisdicciones se llega al extremo de que, a pesar de que las audiencias son todas públicas, el magistrado les hace adelantar por escrito a los fiscales lo que van a decir. Un asunto que no está zanjado y que va a generar debate.
El fondo del problema es que la mayoría de los jueces federales de Comodoro Py no quieren ceder el control de los expedientes a los fiscales y ser ellos quienes mantengan el poder. Cualquier negociación, aun de la disposición de la acción penal, quieren que pase por ellos.
Así, en tres meses, desde la llegada de Mahiques como ministro de Justicia, se precipitaron los cambios en el diseño del Poder Judicial, un área en la que el gobierno de La Libertad Avanza hasta ahora no había podido hacer pie.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos donde se ven fajos con millones de dólares en la casa de Martín Insaurralde
Luego de la difusión de los videos en los que aparece junto a fajos de dólares, Jesica Cirio emitió un comunicado en el que denunció haber sido víctima de una maniobra ilícita que accedió a sus archivos personales y aseguró que desde hace más de un año es objeto de intentos de extorsión.
En el texto, la conductora sostuvo que terceros accedieron sin su consentimiento a distintos soportes que contenían material audiovisual privado. Según indicó, esa situación derivó en amenazas vinculadas con la posible difusión de imágenes personales e íntimas.
Cirio afirmó que los hechos fueron denunciados oportunamente ante la Justicia y señaló que la causa tramita en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 bajo la carátula “Cirio, Jessica s/ extorsión”.
“La vulneración de mis archivos y los intentos de extorsión fueron puestos en conocimiento de la Justicia mucho antes de que esta situación comenzara a ser mencionada públicamente”, sostuvo.
Leé también: Fajos con millones de dólares en el placard: se conocieron videos que podrían complicar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio
Además, cuestionó la autenticidad del material difundido y aseguró que los videos presentan alteraciones. Según manifestó, las imágenes corresponden a distintas secuencias que contienen cortes y manipulaciones digitales.
Por otra parte, la conductora volvió a defender el origen de su patrimonio y remarcó que trabaja en la actividad privada desde los 18 años. En ese sentido, aseguró que todos sus ingresos fueron debidamente declarados ante los organismos fiscales y que nunca recibió observaciones o intimaciones vinculadas con inconsistencias patrimoniales.
Finalmente, Cirio ratificó que continuará colaborando con la investigación judicial. “Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”, concluyó.
La causa judicial que investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero sumó un nuevo episodio este sábado tras la difusión de una serie de videos en los que aparecería Jesica Cirio en un vestidor junto a importantes cantidades de dólares.
Según publicó La Nación, se trata de siete grabaciones que habrían sido registradas en 2023 en una dependencia de la vivienda que el entonces matrimonio compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente, en el sur del conurbano bonaerense.
En las imágenes se observarían fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes y almacenados en cajones y estantes de un vestidor que, de acuerdo con distintas reconstrucciones, correspondería al sector de uso personal de Insaurralde dentro de la planta alta de la propiedad.
La casa, emplazada sobre un amplio lote, cuenta con varias habitaciones y baños, gimnasio, cocina, comedor diario, lavadero y dependencias de servicio. En el exterior posee pileta, quincho, cancha de fútbol y cocheras cubiertas, además de paneles solares instalados en el techo.
Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. La separación se produjo en noviembre de 2022 y el divorcio fue formalizado en julio de 2023. Meses después estalló el denominado “yategate”, luego de que se difundieran imágenes del dirigente peronista navegando junto a Sofía Clerici en un yate de lujo en Marbella, situación que derivó en denuncias y en una investigación judicial por la evolución de su patrimonio.
Jesica Cirio, escándalo, Martín Insaurralde
En un nuevo capítulo de la batalla judicial que arrancó en enero de 2025, tras una cena en el Palacio Duhau, el financista Francisco Hauque pidió esta semana que declare Jésica Cirio, exmujer de Elías Piccirillo.
En el escrito, al que tuvo acceso , Hauque reclamó que la modelo sea citada como testigo en la causa por extorsión, que comenzó en fuero penal ordinario y terminó en el fuero federal, anexada a las causas del rulo financiero y del SIRA.
reveló este sábado videos donde muestran a Cirio mostrando fajos con millones de dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde, exintendente y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.
Hauque pidió que Cirio declare sobre el estado emocional de su entonces pareja al momento del hecho, y los “movimientos económicos observados”.
No es la primera vez que Hauque y su mujer reclaman que la exesposa de Piccirillo declare en sede judicial. En dos dos casos anteriores, las presentaciones fueron en otras causas. Ahora la presentación se dio en el expediente 69295/2024 que investiga el supuesto préstamo de US$ 6 millones que derivó en la pelea entre los financistas.
A través de su abogado, Carlos Pousa, el financista también reclamó este miércoles que se identifique al personal doméstico, custodios, choferes y empleados que trabajan en la casa de Piccirillo y Cirio en El Yacht de Nordelta.
Hauque fue detenido el 17 de enero de 2025 en las inmediaciones del Palacio Duhau junto a su pareja. En el interior de su camioneta había más de 1 kilo de cocaína y un arma. La Justicia comprobó que ese operativo fue una emboscada ordenada por Elías Piccirillo, a través de un expolicía de la Federal, Carlos “El Lobo” Smith.
En esa cena iban a estar las dos parejas, pero a último momento Piccirillo argumentó que Cirio “no se sentía bien”.
Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después del episodio, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Martín Migueles, en el lote 192 de “El Yacht”.
Tanto el expolicía como Piccirillo terminaron detenidos por ese episodio. Smith terminó declarando como arrepentido y el financista logró el arresto domiciliario.
La situación del financista se complicó en los últimos días luego de la reconstrucción del hecho en la zona de Puerto Madero. “En dos de las tres situaciones que se recrearon, el doble de Piccirillo pudo haber plantado la droga en el baúl”, coinciden las fuentes.
Durante el procedimiento, Piccirillo estaba visiblemente nervioso. Los testigos lo vieron gesticular y discutir con su abogado. Casi a la misa hora, Hauque comenzó a recibir amenazas por vía telefónica. Esta semana, aportó las pruebas en la fiscalía de Franco Picardi.
Un día antes, Hauque presentó un escrito y se ofreció a declarar como arrepentido en la causa del dólar blue y el SIRA, tal como había adelantado . El financista advirtió que hablará “si hubiera una imputación formal” en su contra y que podría aportar “información, documentación, datos y elementos de prueba de relevancia sustancial para el esclarecimiento de los hechos”.
Y agregó: “Poseo conocimiento directo sobre circunstancias, hechos, mecanismos operativos, y elementos probatorios cuya incorporación al proceso podría resultar de significativa utilidad”.
En las dos entrevistas recientes, Hauque apuntó a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández por la maniobra del rulo financiero. Mencionó al extitular del Banco Central Miguel Ángel Pesce y a otros tres funcionarios de esa entidad. En esa causa, la Justicia investiga la supuesta connivencia entre los financistas que tenían las casas de cambio y los funcionarios que debían controlar ese sistema.
Las declaraciones del financista ocurrieron en la previa de una decisión clave: la Cámara Federal debe definir si se unifican dos de las causas sobre el rulo financiero, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo.
Se trata de los expedientes que investigan los jueces Ariel Lijo y María Servini. En el primero, delegado en el fiscal Franco Picardi, también está bajo la lupa el “circuito paralelo” para autorizar importaciones mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios que surgieron del teléfono de Migueles, exsocio de Piccirillo, reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.
La decisión sobre la posible unificación está en manos del camarista Roberto Boico.
reveló este sábado videos,la Cámara Federal debe definir si se unifican dos de las causas sobre el rulo financiero,Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA),un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.,Nicolás Pizzi,Jésica Cirio,Conforme a,Jésica Cirio,,A la cárcel. Famosas con “chicos malos”: las argentinas que padecieron las causas por corrupción de sus parejas,,»Todo lo que pasó». La razón por la que Jesica Cirio no convive con su pareja, con quien espera un bebé,,Empresario de 43 años. Quién es Nicolás Trombino, la nueva pareja de Jesica Cirio con quien espera un hijo
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