POLITICA
En la gestión de Milei ya se vendieron 15 inmuebles del Estado por USD 279 millones
En los dos años y cuatro meses que Javier Milei lleva en la Casa Rosada, la gestión libertaria se desprendió de 15 inmuebles del Estado a cambio de casi USD 279 millones. En total, sumaron 84.900 m2 que dejaron de estar bajo dominio público. La cifra se enmarca en una política del Gobierno de achicar la dimensión de Estado.
Entre los edificios vendidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hay algunos que pertenecieron a distintos organismos, como el Ministerio de Defensa, la Policía Federal o el INTA, y propiedades decomisadas en causas de corrupción o narcotráfico.
En su informe escrito enviado a la Cámara de Diputados esta semana, Manuel Adorni había detallado la venta de sólo 6 propiedades por USD 75,1 millones, entre 2025 y el primer trimestre de 2026. Fue en respuesta a una de las preguntas que le enviaron los legisladores. Sin embargo, tras relevar el sitio oficial de contrataciones públicas ComprAr y el de la AABE, Infobae detectó que se vendieron otros 7 inmuebles en ese lapso, más otros dos en 2024. Por la venta de los 15, el Gobierno recaudó en total USD 278.968.671.
A su vez, 35 inmuebles del Estado fueron “desafectados” por la Agencia, según informó el Jefe de Gabinete, lo que implica que dejaron de tener un uso específico o de estar asignados a una dependencia pública para poder así ser subastados por la AABE. En su conjunto, implican 4.620.272 m2. De ese número, 5 inmuebles ya fueron adjudicados a privados a través de subastas públicas, y forman parte del lote de 15 vendidos.
Entre los desafectados, los más grandes son dos predios por un total de 720.000 m2 que pertenecen al INTA y el Instituto Nacional del Agua (INA) en la localidad bonaerense de Ezeiza y la salteña de Cerillos. El coordinador del Área de Extensión del INTA Salta, el ingeniero agrónomo Gustavo Ramírez, le había dicho al medio local Aries Online al defender el uso que tenían esos terrenos que “esas 41 hectáreas están en producción, cualquiera que pasa por ahí las puede ver, siempre estuvieron en producción”.
También figura el complejo ubicado sobre la costanera del Embalse de Río Tercero, en el departamento cordobés de Calamuchita. Comprende una superficie aproximada de 2.324.017 m2 y estaba bajo jurisdicción de la Secretaría de Turismo y Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales. El área forma parte de la Unidad Turística de Embalse, declarada Monumento Histórico Nacional en 2013.
La decisión de desafectarlo se fundamentó en el Decreto 2.670/15, que permite declarar inmuebles “innecesarios” o “sin destino” cuando no resultan imprescindibles para la gestión específica del organismo al que estaban asignados. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos intervino en el expediente y consideró procedente su venta, con la condición de preservar y restaurar los valores patrimoniales del conjunto histórico.
Del relevamiento hecho por este medio del sitio de subastas de la AABE, surge que hay actualmente 8 inmuebles publicados para salir a subasta electrónica, cuya inscripción para participar aún no cerr. Otros 11 figuran catalogados como “oportunidades disponibles”; 131 saldrán a la venta a futuro; y 188 son ventas finalizadas entre el 2017 y lo que va de 2026.
La AABE funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y está a cargo, dede diciembre pasado, de Tania Alejandra Yedro, quien trabajaba en el organismo desde febrero de 2024, tras haber sido directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios, oficina que depende de la misma Agencia.
Las seis ventas informadas por Adorni
Los seis inmuebles del Estado subastados entre 2025 y lo que va del 2026, detalaldos por el Jefe de Gabinete en su informe escrito suman un total de USD 75.108.759.
Uno es un predio del Ministerio de Defensa en el barrio de Puerto Madero, a pocos metros de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con una superficie de 5.234 m2, que albergó dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad. Ubicado sobre Av de los Italianos Nº 365 al 375, se adjudicó en marzo de 2025: por USD 34 millones al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6. Su precio base había sido menor, de USD 23,2 millones y se presentaron 6 oferentes.
Ya había salido a subasta en 2017 – sin interesados – con una valuación estimada, en ese momento, de USD 35 millones. Nuevamente el Estado intentó rematar el predio con el edificio en 2019, con una tasación base inferior de USD 28 millones, pero la subasta fue declarada desierta en septiembre de 2021.
Otro de los inmuebles es el emblemático edificio del INTA ubicado en Ortiz de Ocampo y Cerviño, cuya venta dispuesta por el Gobierno generó polémica y reclamo de sus trabajadores, ya que estaba en uso. El terreno donde está el edificio tiene 919 m2, aunque la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie.
Se adjudicó a Julián Álvarez 1986 SRL en USD 18,5 millones, casi tres veces su valor de base (USD 6,3 millones). Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, cuyos socios son Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang.
Si bien el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de la venta, establecía que el 70% de esa suma (casi USD 13 millones) fuera para el INTA, como el mismo Adorni garantizó en una conferencia de prensa el 27 de noviembre del 2024, el dinero nunca llegó al organismo. En su informe escrito a los Diputados, afirmó en la respuesta a la Pregunta 729, que esos fondos pasaron al Tesoro Nacional por un decreto (Nº 186/25) posterior.
Otro de los inmuebles rematados por la AABE perteneció a Daniel Muñoz, quien fuera el secretario privado de Néstor Kirchner, y fue decomisado en la causa en la que se lo investigó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Muñoz fue el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios para quedarse con obras públicas y contratos con el Estado. Se trata de un departamento de 74 m2 ubicado en el 1er piso del edificio de Andonaegui N° 2966, en Villa Urquiza.
Lo compró un particular, Lorenzo Gaspar Huaranca, en USD 168.000, unos USD 20.000 más que su precio base de remate.
Producto también del decomiso de otra causa de narcotráfico y lavado, fue vendido un dúplex ubicado en Bacacay 3591, en el barrio de Floresta. Lo compró otra particular, Carolina Soledad Luizaga, quien pagó USD 150.500, casi el mismo valor que el precio base (USD 150.415).
Otro inmueble ubicado en Av. Melián N.º 2157 entre Mendoza y Juramento, valuado en USD 2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000 y terminó en manos de Inversora Mataldi SA por poco más de USD 1 millón.
La casona tiene dos plantas, ascensor, piscina y jardín y está ubicada en la zona residencial de Belgrano R. La mansión perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.
Un cotizado terreno de más de 3.400 m2 en la calle Soldado de la Independencia Nº 615, en el barrio de Palermo, entre las calles Ortega y Gasset y Pasaje San Benito de Palermo, fue adjudicado a la firma Consultatio SA, la desarrolladora de torres y urbanizaciones de Eduardo Costantini. Está en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del Campo Argentino de Polo y del tradicional barrio Las Cañitas.
La parcela tiene 70 metros de frente por 50 metros de profundidad, y se utilizaba hasta el momento como estacionamiento, con 163 cocheras descubiertas y 12 semicubiertas. Consultatio ofertó USD 21,2 millones, unos USD 7 millones más que el precio base (USD 15,3 millones) y le ganó la disputa a otros tres oferentes.
Los otros inmuebles vendidos
Otros 7 inmuebles del Estado subastados en 2025 y 2026 no fueron incluidos en la respuesta de Adorni, pese a que la pregunta se refería a ese año y lo que va del actual. Cuatro se adjudicaron el año pasado y 5 en el primer trimestre del 2026,
Entre ellos está el más caro de los 15 ya vendidos por la AABE. Se trata de un predio del Ejército Argentino ubicado en Av Cerviño 4.820, esquina Bullrich, frente a la Mezquita de Palermo, en el barrio porteño de Palermo.
Quedó también en manos de Consultatio SA, que ofreció USD 127 millones, el monto más alto, y resultó adjudicado el 6 de enero pasado. La cifra representó un 55% más que el precio base (USD 81,8 millones), lo que fue un récord en subastas de bienes públicos para desarrollos inmobiliarios a gran escala.
La propiedad tiene casi 42.000 m2 estratégicamente ubicados, y su predio funciona el centro comercial Portal Palermo, que alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y un shopping con decenas de locales comerciales, que es explotado actualmente por Cencosud. Este grupo chileno tenía diez meses para dejar el predio una vez que se concretara la transferencia, pero las compañías informaron que llegaron a un acuerdo para que haya un Jumbo en el proyecto inmobiliario de Consultatio.
En el cotizado barrio del Bajo Belgrano, la AABE remató una manzana entera delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, que tiene una superficie de 12.518 m2. El inmueble era propiedad de la Policía Federal y allí funcionaba una repartición de la Superintendencia de Investigaciones, gracias a un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno nacional al Gobierno porteño el 9 de diciembre de 2019. Pero fue revocado en 2021 en la gestión de Alberto Fernández. El playón interno se utilizaba para el guardado de vehículos de la Policía y camión de bomberos.
Salió a la venta con un precio base de USD 21.369.863 y fue adjudicado a Argencors SA el 29 de enero pasado por más de doble: USD 46.568.000. Se trata de la desarrolladora fundada por Miguel Camps y dueña de la marca Quartier, que construirá un edificio residencial de alta gama. Será el primer proyecto que desarrolle Argencons con Consultatio, luego de que Costantini adquiriera el 51% de la compañía a mediados de 2025.
En el barrio de Retiro, la AABE rematará otro predio de 15.720 m2 en una zona neurálgica, sobre la Av. Antártida Argentina al 1160, esquina Gendarmería Nacional y esquina Carlos Perette. Ubicado en una zona neurálgica, está muy próximo a la terminal de ómnibus y de cruceros.
Actualmente funciona un hipermercado COTO, y permanecerá en manos de ese grupo empresario, ya que lo compró Gepal SA, una empresa vinculada. Fue adjudicado el 2 de enero de este año y la cadena de supermercados nacionales pagó el precio en el que salió a subasta, USD 11.907.591.
También en Retiro, pero en la zona de Plaza San Martín, a finales del año pasado se vendió otro predio de casi 2.090 m2 en la zona de Plaza San Martín que cuenta con varias propiedades, donde funcionan estacionamientos y depósitos. Ubicado en calle Juncal 724, entre Basavilbaso y Esmeralda, en el barrio de Retiro, a metros de la estación de trenes, en una zona estratégica de la Capital.
Quedó en manos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por USD 8,8 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta. El precio fue inferior al que había sido publicado inicialmente, USD 13 millones, en mayo de 2025.
En el barrio de Palermo fue vendido otro terreno – en este caso, baldío – en Fray Justo Santa María de Oro 2245/2251, entre Paraguay y Charcas, de 1.038 m2. A una cuadra del corredor paralelo a las vías del Ferrocarril San Martín que da hacia la calle Godoy Cruz, está ubicado en una de las zonas más atractivas y con locales gastronómicos de este barrio. Salió a la venta en casi USD 3 millones, y quedó en manos de la desarrolladora inmobiliaria Ciudad G3 SA en noviembre pasado, que ofertó USD 5 millones.
En diciembre de 2025 fue adjudicado el inmueble de Av. Rivadavia N° 1665, entre Rodriguez Peña y Montevideo, en Congreso, con un total de 1.818 m2. Pasó a manos de Inversora Mataldi SA, que es parte del Grupo IEB, dedicado a las inversiones financieras y cuyo dueño es Juan Ignacio Abuchdid, por USD $3,3 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta.
Esta misma sociedad se había quedado en octubre de 2024 con la mansión de Av. Melián Nº 2157 entre Mendoza y Juramento, en la zona residencial de Belgrano R. Con plantas, ascensor, piscina y jardín, perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.
Si bien el inmueble, en su momento, fue valuado en USD 2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000. La firma Inversora Mataldi SA pagó poco más de USD 1 millón.
Producto del dinero de la corrupción, a finales de febrero de este fue vendida otra lujosa residencia que perteneció al ex secretario de los Kirchner, Muñoz, ubicada en Av. Salvador María del Carril 3744, en el barrio porteño de Villa Devoto.
Esta propiedad, utilizada para blanquear dinero mediante alquileres, cuenta con cuatro plantas, gimnasio, sauna, quincho y cocheras. Había salido a subasta, originalmente, a principios de 2021 en USD 926.263, pero no hubo ofertantes. Finalmente, su precio base se bajó a USD 673.454, que fue el que pagó el adjudicatario, Giuliano Woloszanowski, cuya familia es dueña de la empresa Frigorífico 103.
Otro inmueble en poder del Estado vendido en lo que va de la gestión de Milei está en la Ciudad de Mendoza, en la calle Necochea Nº 230, en pleno microcentro. Tiene 1.172 m2 y cuenta con autorización para construir hasta 48 metros de altura, lo que habilitaría un edificio de unos 16 pisos.
Tras años de abandono e intentos fallidos de proyectos oficiales, fue adjudicado en mayo del año pasado al contador Luis Facundo Alba, quien pagó USD 466.500, apenas por encima del precio base.
Ubicado a metros de la Plaza San Martín mendocina, el edificio había comenzado a construirse en los años ‘80 como futura sede de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, pero quedó inconcluso tras la privatización del organismo en 1994. Desde entonces, conocido como edificio “Buci”, se convirtió en un símbolo de deterioro urbano.
Finalmente, la AABE remató, también, una oficina en Florida 524, casi esquina Lavalle 605, en el microcentro porteño, de 30 m2. Fue comprada por una empleada de la ANSeS, María de la Paz García Mussi, en USD 35.670, apenas USD 600 más que el precio en que había salido a subasta.
Visualizaciones: Daniela Czibener
POLITICA
Cuadernos de las coimas: avanza un acuerdo para evitar la difusión de datos personales durante el juicio
La audiencia de este martes del juicio por los Cuadernos de las Coimas cerró con un pedido de las partes que, a diferencia de veces anteriores, generó cierto consenso. Solicitaron no exhibir datos personales como números telefónicos durante el debate del próximo jueves, algo que la fiscalía entendió como “correcta”.
En la próxima jornada del juicio está previsto que declaren nueve testigos y que, entre otros temas posibles, el foco esté en los cruces telefónicos. Por ese motivo, las defensas se anticiparon y solicitaron que se adoptaran medidas para no mostrar datos personales, como por ejemplo, los números de celular y sus respectivos titulares de las personas investigadas y de posibles terceros que no sean foco de la pesquisa.
“Me parece muy correcta la medida”, consideró la fiscal Fabiana León. Durante su alocución agregó que le parecía un “exceso” evitar el ingreso a la sala de audiencias, pero se manifestó de acuerdo con evitar exhibir números de teléfono de personas que no están vinculadas a la causa. “Y respecto de las personas que están imputadas en la causa y que están siendo juzgadas, no tiene ningún sentido exhibir sus datos como es justamente su número de teléfono”, completó.
El presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, dijo que “no se verifica ninguna circunstancia” que inhabilite la transmisión de la audiencia. También sostuvo que se puede adoptar alguna medida “que impida que los teléfonos trasciendan”.
Más allá de que todavía se desconoce qué medida puntual será adoptada en la audiencia del próximo jueves, el consenso alcanzado entre las partes del juicio deja de manifiesto la sensibilidad que existe en el material publicitado durante las audiencias, en las que se exhibieron fotos y videos de allanamientos en domicilios particulares.
La semana pasada fue el turno de los allanamientos en Santa Cruz en domicilios de la familia Kirchner, con los videos de la puerta “dura” en El Calafate, algo que fue mencionado como bóveda.
Y antes de eso, el 17 de septiembre, se habían transmitido los videos del allanamiento en el domicilio de Recoleta donde vivió Cristina Kirchner. Las defensas se opusieron a que el tribunal mostrara la totalidad del material, los jueces pasaron a deliberar y finalmente avalaron la exposición.
El video, cuya exhibición había sido solicitada por la fiscal León, se reveló solo parcialmente, luego de la declaración de Juan Carlos Barrales, el comisario que estuvo al frente del operativo en el domicilio de la expresidenta en el barrio de Recoleta.
“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo entonces Barrales.
De esta manera, el próximo jueves será el turno de nueve testigos y se espera que la audiencia verse sobre información proveniente de los teléfonos de los imputados. Durante este martes no se especificó puntualmente sobre qué celulares ni sus propietarios.
La primera audiencia de esta semana, además, contó con la declaración de un vigilador privado que trabajaba en un edificio de la avenida Alvear. Se trata de Damián Ignacio Jerez, quien relató que allí vivía la familia Romero.
Precisamente, Gabriel Romero es uno de los arrepentidos en la causa. Según indicó el testigo Jerez, él observó cómo un tal Poblete ingresaba al edificio con un “Audi negro”. En ese sentido, el expediente también posee a Rodolfo Poblete como imputado colaborador.
Romero y Poblete representaron a Emepa. La empresa formó parte de un consorcio con Jan De Nul, que estuvo al frente de la concesión de la hidrovía.
Por su parte, Romero había confesado que pagó coimas por el decreto de Cristina Kirchner para renovar la concesión de la hidrovía y que le abonó 500.000 dólares a Ricardo Jaime. En tanto, Poblete dijo que fue el encargado de entregarle dinero a Roberto Baratta, por la renegociación del plazo de la concesión, tras seguir instrucciones de Romero.
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POLITICA
Una intendenta peronista sumó una foto con Axel Kicillof de cara a la disputa por la gobernación en PBA
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, sumó este martes una importante foto de cara a la disputa por la gobernación en la provincia de Buenos Aires y convocó a Axel Kicillof al primer Congreso provincial de Mujeres del PJ bonaerense.
Bajo el lema “Unidas Triunfaremos”, el encuentro se llevó a cabo en la Quinta de San Vicente donde asistieron cerca de dos mil mujeres de todo el territorio bonaerense. El evento fue organizado por la propia Fernández en su rol de secretaria de las Mujeres del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (PBA).
La apertura estuvo a cargo de la jefa comunal y Kicillof, quien, además de gobernador, preside el PJ bonaerense. La intendenta de Moreno fijó desde el inicio el tono político del encuentro: “Las mujeres peronistas queremos ser la expresión política del trabajo y la organización comunitaria que sostenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por eso estamos construyendo este Congreso”, afirmó ante las presentes.
En otro tramo de su intervención, Fernández apuntó al rol que, según dijo, les corresponde a las mujeres dentro de la política: “Las mujeres estamos para incomodar, estamos para decir lo que no se dice a veces, nosotras planteamos las cosas para resolver, porque las mujeres somos operativas y las mujeres queremos transformar”. Y añadió: “Si no, ¿para qué carajo hacemos política? ¿Para qué carajo tenemos responsabilidades? Si no es para construir un país que nos incluya a todos y a todas”.
La intendenta también dedicó parte de su discurso a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en una causa judicial y ausente del acto: “Compañera Cristina, no estás sola, los pájaros encerrados igual cantan y estás acompañada por esta bandada de gorriones mujeres, hembras, que no vamos a descansar un minuto diciendo que Cristina es inocente y que queremos su libertad”.
Por su parte, Kicillof utilizó el espacio para proyectar la mirada hacia el ciclo electoral de 2027: “La tarea que tenemos es que en 2027 en la Casa Rosada vuelva a estar el peronismo y el campo popular”. El gobernador también reivindicó la centralidad de las mujeres en los procesos de movilización y organización política: “Se ha dicho mucho que cuando hay crisis recae y descarga especialmente sobre las compañeras. Pero muchos no han visto que no es solo cuando hay crisis que les toca a las mujeres un lugar especial y muy sacrificado y muy difícil”.
“También tiene que entenderse que lo mismo pasa cuando hay lucha, cuando hay movilización, cuando hay organización, cuando hay disputa, cuando hay que poner el cuerpo. Ahí están las mujeres. Por eso desde el peronismo nos estamos preparando para un año crucial, determinante”, completó Kicillof.
Luego del acto de apertura, las participantes se dividieron en comisiones para debatir la coyuntura política, económica y social desde distintas perspectivas territoriales. Al cierre de la jornada, las conclusiones de esas mesas fueron compartidas en plenario, en una dinámica que combinó el intercambio político con presentaciones artísticas. La convocatoria había destacado el rol de las dirigentes en cada municipio: “En cada rincón de la provincia hay una compañera poniendo el corazón, la fuerza y la valentía para hacer las transformaciones que nuestra Patria necesita”.
Del encuentro participaron funcionarios provinciales y municipales de distintos niveles. Entre los presentes estuvieron el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; el intendente de Almirante Brown y diputado provincial electo, Mariano Cascallares; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; la intendenta de Daireaux, María Alejandra Serra; la intendenta de Merlo en uso de licencia, Karina Menéndez; y la senadora nacional Juliana Di Tullio. También estuvieron presentes la ministra de Ambiente de la provincia, Daniela Vilar; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otras figuras del espacio.
El congreso se realizó en un momento de definiciones postergadas dentro del peronismo bonaerense. Según informó Infobae, distintos dirigentes e intendentes ya se posicionan para la disputa por la gobernación de cara a 2027, ante la imposibilidad de Kicillof de buscar la reelección en el distrito y su posible proyección hacia la arena nacional. En ese marco, Fernández es uno de los nombres que se mencionan dentro de la Liga de Intendentes Peronistas como posible candidata. El medio señaló que la jefa comunal de Moreno “está dispuesta a ir a una PASO” y que sus últimos movimientos la ubicaron cerca del universo kirchnerista, aunque integra esa liga con perfiles más heterogéneos.
La foto de Fernández con Kicillof en la apertura del congreso reforzó una lectura política de doble vía: la intendenta consolida su perfil como organizadora de espacios colectivos dentro del PJ, mientras que el gobernador acompaña un evento de alto volumen en un territorio clave de la primera sección electoral. También buscan posicionarse para la gobernación el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y el propio Katopodis, quien recorre la provincia apoyado en su gestión al frente del ministerio de Infraestructura provincial.
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POLITICA
Malvinas: un grupo de 85 destacados intelectuales se pronuncian contra el planteo del Gobierno de transformarla en “causa nacional”
Un grupo de 85 figuras del mundo académico, jurídico y cultural, firmaron y difundieron una declaración en la que, si bien reconocen el diferendo diplomático con el Reino Unido por las islas Malvinas, rechazan que su definición como “causa nacional” por parte del Gobierno “hable en nombre de todos los argentinos”. Al mismo tiempo advierten sobre el proyecto de ley de soberanía nacional remitido al Congreso, “que podría penalizar el disenso”.
El texto distingue entre el diferendo por la soberanía de las islas, que los firmantes reconocen como legítimo, y la “causa nacional” de Malvinas, a la que atribuyen “la pretensión de imponer una unanimidad imaginaria que no admite disensos”.
Entre las reconocidas personalidades que suscriben el documento se encuentran Graciela Fernández Meijide, Santiago Kovadloff, Pablo Gerchunoff, Ricardo Gil Lavedra, Alejandro Katz, Jorge Ossona, Oscar Oszlak, Vicente Palermo, Pablo Avelluto, Isidoro Cheresky, Daniel Sabsay, Liliana de Riz, Roberto Gargarella, Carlos Malamud, Roy Hora, Marcos Novaro, Jesús Rodríguez, Luis Alberto Romero y Federico Merke, entre muchos otros.
Los firmantes parten de reconocer que existe un diferendo jurídico, político y diplomático con el Reino Unido, respaldado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a ambas partes a negociar, y por la disposición transitoria de la Constitución Nacional que ratifica la soberanía argentina y compromete a recuperar las islas por medios pacíficos.
Dentro de ese marco, los intelectuales admiten tener diferencias entre ellos sobre el lugar de los isleños en una eventual negociación, sobre la conveniencia de cooperar con el Reino Unido y sobre la interpretación de la cláusula constitucional.
Pero después vuelven a estar unificados en que ”rechazan la transformación del diferendo en una causa que, según el texto, ‘no admite disensos relevantes en ninguna dimensión’ y que considera mal argentino a quien se sienta ajeno a ella».
La declaración recuerda que la guerra de 1982, decidida por la dictadura, fue posible porque esa causa ya estaba instalada en la sociedad, como lo mostró el respaldo popular a la ocupación, y sostiene que hoy se extiende al deporte, al discurso político y a “inquietantes brotes de militarismo”, al tiempo que el gobierno nacional actúa en la cuestión con “un oportunismo flagrante”.
Los firmantes advierten, además, que el proyecto de ley de Defensa de la soberanía nacional, cuyo eje es Malvinas, prevé en su artículo 111 una tipificación penal difusa que podría derivar en la penalización del disenso. “Hacemos una diferenciación muy tajante entre el diferendo, que nos permite discrepar en libertad, y la causa Malvinas, que pretende englobarnos en un colectivo uniforme y en una unanimidad puramente imaginaria”, sostiene el texto, que concluye con un pedido: “Que el unanimismo deje de hablar en nuestro nombre”.
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