POLITICA
En la gestión de Milei ya se vendieron 15 inmuebles del Estado por USD 279 millones
En los dos años y cuatro meses que Javier Milei lleva en la Casa Rosada, la gestión libertaria se desprendió de 15 inmuebles del Estado a cambio de casi USD 279 millones. En total, sumaron 84.900 m2 que dejaron de estar bajo dominio público. La cifra se enmarca en una política del Gobierno de achicar la dimensión de Estado.
Entre los edificios vendidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hay algunos que pertenecieron a distintos organismos, como el Ministerio de Defensa, la Policía Federal o el INTA, y propiedades decomisadas en causas de corrupción o narcotráfico.
En su informe escrito enviado a la Cámara de Diputados esta semana, Manuel Adorni había detallado la venta de sólo 6 propiedades por USD 75,1 millones, entre 2025 y el primer trimestre de 2026. Fue en respuesta a una de las preguntas que le enviaron los legisladores. Sin embargo, tras relevar el sitio oficial de contrataciones públicas ComprAr y el de la AABE, Infobae detectó que se vendieron otros 7 inmuebles en ese lapso, más otros dos en 2024. Por la venta de los 15, el Gobierno recaudó en total USD 278.968.671.
A su vez, 35 inmuebles del Estado fueron “desafectados” por la Agencia, según informó el Jefe de Gabinete, lo que implica que dejaron de tener un uso específico o de estar asignados a una dependencia pública para poder así ser subastados por la AABE. En su conjunto, implican 4.620.272 m2. De ese número, 5 inmuebles ya fueron adjudicados a privados a través de subastas públicas, y forman parte del lote de 15 vendidos.
Entre los desafectados, los más grandes son dos predios por un total de 720.000 m2 que pertenecen al INTA y el Instituto Nacional del Agua (INA) en la localidad bonaerense de Ezeiza y la salteña de Cerillos. El coordinador del Área de Extensión del INTA Salta, el ingeniero agrónomo Gustavo Ramírez, le había dicho al medio local Aries Online al defender el uso que tenían esos terrenos que “esas 41 hectáreas están en producción, cualquiera que pasa por ahí las puede ver, siempre estuvieron en producción”.
También figura el complejo ubicado sobre la costanera del Embalse de Río Tercero, en el departamento cordobés de Calamuchita. Comprende una superficie aproximada de 2.324.017 m2 y estaba bajo jurisdicción de la Secretaría de Turismo y Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales. El área forma parte de la Unidad Turística de Embalse, declarada Monumento Histórico Nacional en 2013.
La decisión de desafectarlo se fundamentó en el Decreto 2.670/15, que permite declarar inmuebles “innecesarios” o “sin destino” cuando no resultan imprescindibles para la gestión específica del organismo al que estaban asignados. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos intervino en el expediente y consideró procedente su venta, con la condición de preservar y restaurar los valores patrimoniales del conjunto histórico.
Del relevamiento hecho por este medio del sitio de subastas de la AABE, surge que hay actualmente 8 inmuebles publicados para salir a subasta electrónica, cuya inscripción para participar aún no cerr. Otros 11 figuran catalogados como “oportunidades disponibles”; 131 saldrán a la venta a futuro; y 188 son ventas finalizadas entre el 2017 y lo que va de 2026.
La AABE funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y está a cargo, dede diciembre pasado, de Tania Alejandra Yedro, quien trabajaba en el organismo desde febrero de 2024, tras haber sido directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios, oficina que depende de la misma Agencia.
Las seis ventas informadas por Adorni
Los seis inmuebles del Estado subastados entre 2025 y lo que va del 2026, detalaldos por el Jefe de Gabinete en su informe escrito suman un total de USD 75.108.759.
Uno es un predio del Ministerio de Defensa en el barrio de Puerto Madero, a pocos metros de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con una superficie de 5.234 m2, que albergó dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad. Ubicado sobre Av de los Italianos Nº 365 al 375, se adjudicó en marzo de 2025: por USD 34 millones al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6. Su precio base había sido menor, de USD 23,2 millones y se presentaron 6 oferentes.
Ya había salido a subasta en 2017 – sin interesados – con una valuación estimada, en ese momento, de USD 35 millones. Nuevamente el Estado intentó rematar el predio con el edificio en 2019, con una tasación base inferior de USD 28 millones, pero la subasta fue declarada desierta en septiembre de 2021.
Otro de los inmuebles es el emblemático edificio del INTA ubicado en Ortiz de Ocampo y Cerviño, cuya venta dispuesta por el Gobierno generó polémica y reclamo de sus trabajadores, ya que estaba en uso. El terreno donde está el edificio tiene 919 m2, aunque la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie.
Se adjudicó a Julián Álvarez 1986 SRL en USD 18,5 millones, casi tres veces su valor de base (USD 6,3 millones). Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, cuyos socios son Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang.
Si bien el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de la venta, establecía que el 70% de esa suma (casi USD 13 millones) fuera para el INTA, como el mismo Adorni garantizó en una conferencia de prensa el 27 de noviembre del 2024, el dinero nunca llegó al organismo. En su informe escrito a los Diputados, afirmó en la respuesta a la Pregunta 729, que esos fondos pasaron al Tesoro Nacional por un decreto (Nº 186/25) posterior.
Otro de los inmuebles rematados por la AABE perteneció a Daniel Muñoz, quien fuera el secretario privado de Néstor Kirchner, y fue decomisado en la causa en la que se lo investigó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Muñoz fue el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios para quedarse con obras públicas y contratos con el Estado. Se trata de un departamento de 74 m2 ubicado en el 1er piso del edificio de Andonaegui N° 2966, en Villa Urquiza.
Lo compró un particular, Lorenzo Gaspar Huaranca, en USD 168.000, unos USD 20.000 más que su precio base de remate.
Producto también del decomiso de otra causa de narcotráfico y lavado, fue vendido un dúplex ubicado en Bacacay 3591, en el barrio de Floresta. Lo compró otra particular, Carolina Soledad Luizaga, quien pagó USD 150.500, casi el mismo valor que el precio base (USD 150.415).
Otro inmueble ubicado en Av. Melián N.º 2157 entre Mendoza y Juramento, valuado en USD 2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000 y terminó en manos de Inversora Mataldi SA por poco más de USD 1 millón.
La casona tiene dos plantas, ascensor, piscina y jardín y está ubicada en la zona residencial de Belgrano R. La mansión perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.
Un cotizado terreno de más de 3.400 m2 en la calle Soldado de la Independencia Nº 615, en el barrio de Palermo, entre las calles Ortega y Gasset y Pasaje San Benito de Palermo, fue adjudicado a la firma Consultatio SA, la desarrolladora de torres y urbanizaciones de Eduardo Costantini. Está en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del Campo Argentino de Polo y del tradicional barrio Las Cañitas.
La parcela tiene 70 metros de frente por 50 metros de profundidad, y se utilizaba hasta el momento como estacionamiento, con 163 cocheras descubiertas y 12 semicubiertas. Consultatio ofertó USD 21,2 millones, unos USD 7 millones más que el precio base (USD 15,3 millones) y le ganó la disputa a otros tres oferentes.
Los otros inmuebles vendidos
Otros 7 inmuebles del Estado subastados en 2025 y 2026 no fueron incluidos en la respuesta de Adorni, pese a que la pregunta se refería a ese año y lo que va del actual. Cuatro se adjudicaron el año pasado y 5 en el primer trimestre del 2026,
Entre ellos está el más caro de los 15 ya vendidos por la AABE. Se trata de un predio del Ejército Argentino ubicado en Av Cerviño 4.820, esquina Bullrich, frente a la Mezquita de Palermo, en el barrio porteño de Palermo.
Quedó también en manos de Consultatio SA, que ofreció USD 127 millones, el monto más alto, y resultó adjudicado el 6 de enero pasado. La cifra representó un 55% más que el precio base (USD 81,8 millones), lo que fue un récord en subastas de bienes públicos para desarrollos inmobiliarios a gran escala.
La propiedad tiene casi 42.000 m2 estratégicamente ubicados, y su predio funciona el centro comercial Portal Palermo, que alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y un shopping con decenas de locales comerciales, que es explotado actualmente por Cencosud. Este grupo chileno tenía diez meses para dejar el predio una vez que se concretara la transferencia, pero las compañías informaron que llegaron a un acuerdo para que haya un Jumbo en el proyecto inmobiliario de Consultatio.
En el cotizado barrio del Bajo Belgrano, la AABE remató una manzana entera delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, que tiene una superficie de 12.518 m2. El inmueble era propiedad de la Policía Federal y allí funcionaba una repartición de la Superintendencia de Investigaciones, gracias a un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno nacional al Gobierno porteño el 9 de diciembre de 2019. Pero fue revocado en 2021 en la gestión de Alberto Fernández. El playón interno se utilizaba para el guardado de vehículos de la Policía y camión de bomberos.
Salió a la venta con un precio base de USD 21.369.863 y fue adjudicado a Argencors SA el 29 de enero pasado por más de doble: USD 46.568.000. Se trata de la desarrolladora fundada por Miguel Camps y dueña de la marca Quartier, que construirá un edificio residencial de alta gama. Será el primer proyecto que desarrolle Argencons con Consultatio, luego de que Costantini adquiriera el 51% de la compañía a mediados de 2025.
En el barrio de Retiro, la AABE rematará otro predio de 15.720 m2 en una zona neurálgica, sobre la Av. Antártida Argentina al 1160, esquina Gendarmería Nacional y esquina Carlos Perette. Ubicado en una zona neurálgica, está muy próximo a la terminal de ómnibus y de cruceros.
Actualmente funciona un hipermercado COTO, y permanecerá en manos de ese grupo empresario, ya que lo compró Gepal SA, una empresa vinculada. Fue adjudicado el 2 de enero de este año y la cadena de supermercados nacionales pagó el precio en el que salió a subasta, USD 11.907.591.
También en Retiro, pero en la zona de Plaza San Martín, a finales del año pasado se vendió otro predio de casi 2.090 m2 en la zona de Plaza San Martín que cuenta con varias propiedades, donde funcionan estacionamientos y depósitos. Ubicado en calle Juncal 724, entre Basavilbaso y Esmeralda, en el barrio de Retiro, a metros de la estación de trenes, en una zona estratégica de la Capital.
Quedó en manos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por USD 8,8 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta. El precio fue inferior al que había sido publicado inicialmente, USD 13 millones, en mayo de 2025.
En el barrio de Palermo fue vendido otro terreno – en este caso, baldío – en Fray Justo Santa María de Oro 2245/2251, entre Paraguay y Charcas, de 1.038 m2. A una cuadra del corredor paralelo a las vías del Ferrocarril San Martín que da hacia la calle Godoy Cruz, está ubicado en una de las zonas más atractivas y con locales gastronómicos de este barrio. Salió a la venta en casi USD 3 millones, y quedó en manos de la desarrolladora inmobiliaria Ciudad G3 SA en noviembre pasado, que ofertó USD 5 millones.
En diciembre de 2025 fue adjudicado el inmueble de Av. Rivadavia N° 1665, entre Rodriguez Peña y Montevideo, en Congreso, con un total de 1.818 m2. Pasó a manos de Inversora Mataldi SA, que es parte del Grupo IEB, dedicado a las inversiones financieras y cuyo dueño es Juan Ignacio Abuchdid, por USD $3,3 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta.
Esta misma sociedad se había quedado en octubre de 2024 con la mansión de Av. Melián Nº 2157 entre Mendoza y Juramento, en la zona residencial de Belgrano R. Con plantas, ascensor, piscina y jardín, perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.
Si bien el inmueble, en su momento, fue valuado en USD 2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000. La firma Inversora Mataldi SA pagó poco más de USD 1 millón.
Producto del dinero de la corrupción, a finales de febrero de este fue vendida otra lujosa residencia que perteneció al ex secretario de los Kirchner, Muñoz, ubicada en Av. Salvador María del Carril 3744, en el barrio porteño de Villa Devoto.
Esta propiedad, utilizada para blanquear dinero mediante alquileres, cuenta con cuatro plantas, gimnasio, sauna, quincho y cocheras. Había salido a subasta, originalmente, a principios de 2021 en USD 926.263, pero no hubo ofertantes. Finalmente, su precio base se bajó a USD 673.454, que fue el que pagó el adjudicatario, Giuliano Woloszanowski, cuya familia es dueña de la empresa Frigorífico 103.
Otro inmueble en poder del Estado vendido en lo que va de la gestión de Milei está en la Ciudad de Mendoza, en la calle Necochea Nº 230, en pleno microcentro. Tiene 1.172 m2 y cuenta con autorización para construir hasta 48 metros de altura, lo que habilitaría un edificio de unos 16 pisos.
Tras años de abandono e intentos fallidos de proyectos oficiales, fue adjudicado en mayo del año pasado al contador Luis Facundo Alba, quien pagó USD 466.500, apenas por encima del precio base.
Ubicado a metros de la Plaza San Martín mendocina, el edificio había comenzado a construirse en los años ‘80 como futura sede de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, pero quedó inconcluso tras la privatización del organismo en 1994. Desde entonces, conocido como edificio “Buci”, se convirtió en un símbolo de deterioro urbano.
Finalmente, la AABE remató, también, una oficina en Florida 524, casi esquina Lavalle 605, en el microcentro porteño, de 30 m2. Fue comprada por una empleada de la ANSeS, María de la Paz García Mussi, en USD 35.670, apenas USD 600 más que el precio en que había salido a subasta.
Visualizaciones: Daniela Czibener
POLITICA
Fentanilo mortal: dictaron secreto de sumario en la causa e investigan a los organismos de control
El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak dictó el secreto de sumario en la causa por el fentanilo contaminado vinculado a 90 muertes. La medida judicial se tomó ayer después de que la fiscal María Laura Roteta solicitara nuevas medidas de prueba para avanzar sobre los funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación que deben controlar la calidad de los medicamentos que salen a la venta.
En el voluminoso expediente, que tiene 13 procesados, ya había fuertes indicios de que las dos reparticiones incumplieron sus funciones y de que podría haber existido connivencia entre los responsables de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma —cuyo propietario es Ariel García Furfaro— y la cadena de control estatal responsable de supervisar que los laboratorios cumplan a rajatabla las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
La medida dictada por Kreplak fue sorpresiva. Se esperaba que la fiscal Roteta presentara su dictamen tras la feria judicial, con el impulso de acciones de pesquisa contra las autoridades y exfuncionarios nacionales. Los tiempos se aceleraron.
En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, mediante la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae en la que se estableció que hubo demoras para actuar sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.
La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB Pharma.
La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.
Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hacía dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Lugones. Fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.
“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”
La fiscalía anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.
Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la pesquisa: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”, sostuvieron los fiscales.
También describieron que “la suma de estas irregularidades y deficiencias -dolosas o culposas-, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.
La fiscal Roteta fue muy crítica —al igual que el juez— sobre la actitud pasiva de la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.
La fiscalía también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.
En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.
La fiscal María Laura Roteta describió en detalle su posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.
“No surgen controles posteriores”
El juez también se manifestó de manera crítica sobre la ANMAT y el INAME. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados —entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro—, expresó:
-“La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. El expediente sigue en trámite actualmente y no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas”.
-“Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto».
El INAME, que depende de la ANMAT, registró deficiencias en las plantas de elaboración de Ariel García Furfaro desde 2018. Algunos ejemplos que constan en la causa:
-Mayo de 2019: se detectó que HLB Pharma operaba en un nivel no aceptable. Se recomendó la clausura, pero la sanción quedó reducida a “inhibición” durante el trámite administrativo.
-Marzo de 2020: se hallaron deficiencias mayores en la producción de medicamentos y soluciones parenterales, pero el acta de inspección las calificó como “aceptable con exigencias correctivas”.
-En 2021: el INAME archivó un expediente citando una inspección de ese año como prueba de corrección de deficiencias, sin comprobar efectivamente la solución de los problemas.
-14 de febrero de 2022: se constató que Laboratorio Ramallo “no cuenta con procedimiento de análisis de tendencias” y que los desvíos ocurren por fallas en equipos asociados a la producción de soluciones parenterales.
-25 de febrero de 2022: se ordenó el retiro del mercado de un lote de Solución de Dextrosa al 5% HLB tras hallarse partículas y desarrollo compatible con crecimiento microbiano.
-19 de mayo de 2023: se dispuso el retiro del mercado de un lote de Diclofenac HLB por la presencia de partículas negras en suspensión.
-7 de octubre de 2024: en una inspección previa, se inmovilizaron varios productos, que luego fueron liberados comercialmente.
-28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024: en una inspección “no programada” al Laboratorio Ramallo se detectaron deficiencias críticas y mayores en todos los niveles de control que comprometían directamente la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Se recomendó la clausura inmediata, pero no se ejecutó.
-18 de diciembre de 2024: se produjo el lote de fentanilo contaminado (31202), trece días después de la inspección que ya sostenía que el laboratorio no debía continuar con su actividad productiva.
-6 de marzo de 2025: la ANMAT prohibió el producto Propofol HLB, lote 60000, al detectarse que no contaba con etiqueta de trazabilidad, y ordenó el recupero de las unidades.
Entre 2018 y 2025, los organismos de control también registraron los siguientes cuestionamientos sin que se actuara sobre las plantas de producción:
-Ausencia de libro de elaboración actualizado ni registros completos de lotes fabricados.
-Elaboración y comercialización de al menos 69 lotes en envases plásticos tipo BFS (blow-fill-seal), tipo de envase no habilitado por la ANMAT.
-Falta de validación de procesos, estudios piloto y análisis de estabilidad para los lotes fabricados en plástico.
-Liberación de productos por personal sin participación de control de calidad, y algunos lotes sin hojas de elaboración ni reportes analíticos.
-Tercerización de elaboraciones para HLB Pharma Group S.A. sin comunicación previa a la ANMAT sobre cambios de acondicionamiento.
El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar la subsanación de falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.
Sobre las medidas adoptadas, el juez señala que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después de que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano.
Era casi la medianoche del 10 de febrero y una última gestión de un sindicalista de buen vínculo con los oficialismos de turno logró que se modifique el texto del proyecto de reforma laboral que se iba a tratar al día siguiente en el Senado. En vez de “terminar con los peajes”, como amenazaba Federico Sturzenegger al referirse a los aportes solidarios, se los limitó a un 2%. “Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores”, sintetizó esa mañana Rodolfo Aguiar, jefe de los estatales de ATE y una voz crítica del triunvirato de mando de la CGT. Su declaración desnudó el pacto.
El lunes pasado, cinco meses después de aquel apretón de manos por cambiar el texto de ley que finalmente fue aprobada por mayoría, Javier Milei modificó por decreto la letra chica de la reglamentación con otra señal favorable para la caja sindical. A través de la normativa 612/26, que fue firmada también por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se dispuso que el tope del 2% para las cuotas solidarias deberá calcularse sobre el total de las remuneraciones que perciben mensualmente los trabajadores y no solo sobre el salario básico convencional. Además, se volvió a habilitar los aportes empresarios a las organizaciones sindicales siempre que tengan un destino específico. Una manera de blanquear el aporte extra que hacen los empleadores a las obras sociales sindicales al margen del obligatorio que se destina a la seguridad social. Es decir, la caja sindical se mantiene intacta, a contramano de la idea original del “Coloso”, como llama Milei a su ministro de Desregulación.
Después de esta concesión, la CGT se movilizó el miércoles casi de manera testimonial al Congreso para adherir al reclamo de los jubilados, cuyo haber mínimo es hoy de apenas $481.989, con bono incluido. Sucedió algo similar el 11 de febrero, cuando obtuvo media sanción la reforma laboral edulcorada con los cambios pactados casi de madrugada. Aquella vez, al igual que hace tres días, los dirigentes cegetistas buscaron con una foto fugaz escenificar su espíritu combativo. Lo volverán a hacer el 7 de agosto, cuando movilicen a la Iglesia de San Cayetano. Conservar la guardia alta es por ahora el atajo que encontró el triunvirato de mando de la CGT para evitar fugas o una nueva fractura. Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, los tres referentes de la central obrera, decidieron no hablar ante la prensa los tres juntos por temor a dejar expuestas sus diferencias.
Ninguno de los tres estuvo a cargo de las últimas gestiones con la Casa Rosada. El nexo fue Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra y uno de los sindicalistas más influyentes desde la década del 90 hasta la actualidad. Se sentó en la mesa de negociación con el menemismo, cuando se flexibilizaron convenios y se congelaron paritarias, y también estuvo durante la Alianza, cuando Fernando de la Rúa intentó avanzar con una reforma laboral similar a la de Milei, que se cayó por denuncias de pago de sobornos. Martínez integró el año pasado el Consejo de Mayo, diseñado por Karina Milei con presencia única de aliados, y ahora es el interlocutor sindical principal con el Gobierno. Su vínculo es con los Menem, sobre todo con Lule, pero también frecuenta con cada vez más asiduidad a Santilli y sus colaboradores. La llegada del “Colo” a la jefatura de Gabinete fue celebrada entre la dirigencia gremial.
Antes del Mundial, Martínez intervino en la reunión de consejo directivo para frenar una propuesta para avanzar con el quinto paro general contra la gestión libertaria. Ya estaba en marcha la gestión para flexibilizar el cobro de la cuota solidaria y los aportes empresariales a las obras sociales. En paralelo, el jefe de la Uocra, a través de su abogada, Marta Pujadas, y el asesor legal de la CGT, Pablo Topet, avanzan con una estrategia judicial para objetar la ley de Modernización Laboral en el fuero Contencioso Administrativo con la intención de revertir los límites al derecho a huelga y conservar la prelación de los convenios colectivos. Esperan ansiosos una definición tras la feria judicial.
De lograr un fallo favorable, sería otro golpe para la reforma laboral de Milei, que tampoco logró adhesiones entre las cámaras empresarias citadas por Capital Humano para renegociar los convenios sectoriales. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, llamó a revisar 446 convenios colectivos, pero su convocatoria tuvo hasta el momento poco eco. Tras la aprobación de la reforma laboral, Cordero bajó el perfil y sigue con inquietud el avance de la causa judicial por la intervención de la obra social del gremio de los ruralistas (Osprera). El juez federal Sebastián Casanello comenzará en agosto con las indagatorias y el principal apuntado es Sergio Aguirre, un socio de Martín Menem que se benefició con un contrato millonario con Osprera. Cordero no participó de las contrataciones que dispuso la intervención, pero sí facilitó el primer paso para que la Justicia intervenga el gremio y luego la obra social, una decisión impulsada inicialmente por la Superintendencia de Servicios de la Salud.
La otra caja: obras sociales
Tan importante como los aportes empresariales y la cuota solidaria, una comitiva de la CGT reabrió negociaciones con el ministro de Salud, Mario Lugones, por el financiamiento de las obras sociales, la otra caja por la que los gremios están dispuestos a todo.
La crisis del sistema sanitario comenzó a agudizarse porque hay cada vez más trabajadores en la informalidad, lo que equivale a menos aportes. En un reciente documento, la CGT alertó sobre el tema. “El promedio de recaudación del sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67 % de la población de obras sociales nacionales. Pero lo que resulta más importante es el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), que rondaría los $110.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra por encima de la recaudación promedio del sistema”.
Las conversaciones entre los gremialistas y Lugones giran en torno a una reestructuración del sistema, que contemple ingresos, aportes y subsidios, según admitieron a fuentes oficiales y sindicales. Los gremios presionan para diseñar un nuevo PMO y revisar las prestaciones a monotributistas, cuyo aporte económico al sistema es casi cuatro veces menor al PMO. “Hay que trabajar en un menú de planes médicos acorde al bolsillo de la gente”, sugirió un dirigente sindical que conoce desde hace décadas los números del sistema. Por ahora, Lugones no se muestra predispuesto a acelerar con la reforma más allá del intercambio con la dirigencia sindical.
El manejo de las prestadoras médicas se volvió un dolor de cabeza para algunos sindicalistas. La Obra Social de los Empleados de Comercio (Osecac), la más grande del país, tiene un déficit mensual de $5000 millones. La de Hugo Moyano también está en rojo, con casi 3000 millones de pérdida. Así y todo, son un atajo para los negocios personales y familiares. El caso más conocido es el de Camioneros, donde se entrelazan las empresas de la esposa de Moyano. Pero algo parecido ocurre con Unión Personal (UP), la prestadora médica de los estatales de UPCN que administra Viviana Caravetta, pareja del histórico Andrés Rodríguez. A pesar de tener un déficit mensual de entre 7000 y 11.000 millones de pesos, UP selló convenios millonarios con dos empresas vinculadas al presidente de River Plate, Stefano Di Carlo. Una ironía: el jefe de control y cobranzas de UP es Gustavo Bruno, quien a su vez integra la Comisión Revisora de Cuentas del club de Núñez. Apenas un detalle de una comisión directiva que reúne bajo un mismo techo a libertarios, camporistas, peronistas, santillistas y macristas. Todo sea por los colores.
modifique el texto,apretón de manos,la normativa 612/26,se movilizó,una estrategia judicial,un socio de Martín Menem,entrelazan las empresas de la esposa de Moyano,Nicolás Balinotti,Javier Milei,CGT,Conforme a
POLITICA
Neuquén rechazó otorgar la personería jurídica a dos comunidades mapuches y crece el conflicto
Dos comunidades mapuches de Neuquén endurecieron su reclamo luego de que el Gobierno provincial rechazara otorgarles la personería jurídica, una decisión que les impide acceder al reconocimiento legal necesario para gestionar la propiedad comunitaria de los territorios que habitan y participar en instancias de consulta previa sobre proyectos que puedan afectar sus derechos.
Se trata de las comunidades Raliñanco Cárdenas y Kelv Kura, las mismas que durante 2025 mantuvieron un acampe frente a la Casa de Gobierno neuquina para exigir su reconocimiento formal.
La decisión del Ejecutivo, que conduce Rolando Figueroa, trascendió a partir de una protesta realizada por integrantes de ambas comunidades en la Exposición Rural de Palermo, donde se manifestaron frente al stand institucional de la provincia con banderas y pancartas para expresar su rechazo. Posteriormente realizaron una protesta similar frente a la sede del Gobierno provincial en la ciudad de Neuquén.
La resolución fue firmada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y rechaza el pedido de reconocimiento legal presentado por ambas comunidades, trámite indispensable para obtener la personería jurídica y avanzar en gestiones administrativas vinculadas a su organización y representación.
Desde las comunidades cuestionaron con dureza la medida y afirmaron que nunca padecieron “una política tan violenta y negadora como la actual”. Además, anticiparon que continuarán con las acciones de protesta.
“No vamos a renunciar jamás a nuestros derechos. No es un funcionario quien va a decidir si somos mapuches o no”, expresaron.
El lonko Nelson Cárdenas, autoridad de la comunidad Rañileo-Cárdenas, sostuvo durante la protesta en La Rural que la personería jurídica representa “el documento de identidad” de las comunidades indígenas.
“Somos la clara muestra de la resiliencia del pueblo mapuche. No lograron hacernos desaparecer hace 150 años ni lo van a lograr ahora, a pesar de todas las maniobras que están inventando para no otorgarnos nuestra personería”, afirmó.
Las comunidades también denunciaron que “el Gobierno neuquino se niega a aplicar la legislación nacional y la Constitución de Neuquén en lo que respecta al reconocimiento de las comunidades indígenas”.
Las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes. Sin embargo, generaron malestar dentro del Ejecutivo provincial, que hasta el momento no emitió declaraciones públicas sobre la decisión.
La personería jurídica es el mecanismo mediante el cual el Estado reconoce formalmente la existencia y organización de una comunidad indígena. Ese reconocimiento constituye un requisito para ejercer distintos derechos colectivos y territoriales contemplados por la Constitución Nacional, la Constitución de Neuquén y la normativa vigente.
Según denunciaron las comunidades y la Confederación Mapuche de Neuquén, la negativa forma parte de una serie de decisiones adoptadas por el Ejecutivo provincial que restringen el reconocimiento legal de otras comunidades indígenas.
El conflicto tiene un antecedente reciente. En 2025, integrantes de ambas comunidades acamparon durante varios días frente a la Casa de Gobierno para reclamar el otorgamiento de la personería jurídica. La protesta concluyó con un operativo de desalojo llevado adelante por la Policía de Neuquén, que profundizó la tensión entre el Gobierno provincial y las organizaciones mapuches.
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