El Gobierno no consigue aún financiamiento para la Base Naval Integrada de Ushuaia y busca cerrar un esquema de apoyo antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos. En la Casa Rosada reconocen que la negociación “no está avanzada”, pero quieren acelerarla porque entienden que la voluntad política de Washington podría cambiar si el Partido Republicano pierde control parlamentario.

«Según nuestras proyecciones, una de las cámaras pierde seguro”, expresan en Nación. La frase apunta al cálculo político que hacen en Balcarce 50: el alineamiento con Donald Trump abre una ventana de oportunidad para avanzar en cooperación militar, logística y estratégica, pero esa ventana podría achicarse si el resultado electoral modifica el margen de maniobra de la Casa Blanca.

El proyecto en discusión es la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra que el Gobierno considera estratégica para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, la logística antártica y el control de una zona sensible por su cercanía con Malvinas. La iniciativa está bajo la órbita de Defensa y combina intervención de la Armada con planificación conjunta por su rol logístico y antártico. Requiere un financiamiento que hoy no está garantizado.

En el Ejecutivo buscan un acuerdo técnico con Estados Unidos, bajo una lógica similar a la que se aplicó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano en la Hidrovía. La idea no es presentar una base estadounidense en territorio argentino, sino explorar un mecanismo de asistencia, cooperación técnica y eventualmente financiamiento o apoyo operativo para acelerar la construcción.

La Casa Rosada ya venía trabajando esa hipótesis desde el inicio de la gestión. En informes oficiales, Defensa ratificó que la Base Naval Integrada sigue siendo prioritaria, pero reconoció que la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera. También sostuvo que cualquier cooperación futura con otros países deberá encuadrarse en los marcos de transparencia y control parlamentario vigentes.

La obra tiene además un trasfondo geopolítico. En Balcarce 50 entienden que Ushuaia puede funcionar como un punto logístico clave para la proyección antártica y para competir con otros puertos de acceso al continente blanco, como Punta Arenas, Hobart y el puerto que el Reino Unido desarrolla en Malvinas. Por eso, el Gobierno busca que el apoyo de Washington refuerce la posición argentina en la región.

El interés estadounidense aparece vinculado también a la disputa más amplia con China. En despachos oficiales sostienen que Washington mira con atención la presencia china en infraestructura estratégica latinoamericana y que Tierra del Fuego forma parte de ese mapa por su ubicación, su proyección hacia la Antártida y su cercanía al Atlántico Sur.

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El Gobierno viene firmando en paralelo distintos convenios militares y de seguridad con la administración Trump. Entre ellos, la participación en el Escudo de las Américas, el acuerdo marítimo con apoyo del Comando Sur, la donación de cámaras y equipamiento para patrullaje, los ejercicios conjuntos y las cartas de intención para cooperación logística y acceso a plataformas de drones y sistemas antidrones.

En Defensa destacan también los ejercicios navales combinados con fuerzas estadounidenses y la visita de Milei al portaaviones USS Nimitz como señales de la nueva etapa de cooperación bilateral. La Casa Rosada busca mostrar que el vínculo con Washington no se limita a la agenda económica, sino que incluye seguridad, defensa, logística y alineamiento geopolítico.

La relación con Estados Unidos también se expresó en el Consejo de la Paz, la iniciativa impulsada por Trump que Milei respaldó en Washington. Aunque el Gobierno no prevé enviar su ratificación al Congreso en el corto plazo, en Balcarce 50 la ubican como parte del mismo esquema de alineamiento internacional con la Casa Blanca.

El objetivo ahora es convertir esa sintonía política en un instrumento concreto para Ushuaia. En el Ejecutivo admiten que no hay todavía un financiamiento cerrado ni un acuerdo técnico firmado para la base, pero sostienen que la negociación debe acelerarse antes de que el calendario electoral estadounidense complique los márgenes políticos de la administración Trump.

La discusión es sensible porque cualquier esquema que implique presencia, asistencia o actividad militar extranjera en territorio argentino puede abrir cuestionamientos parlamentarios y diplomáticos. En el Gobierno intentan separar el proyecto de la idea de una base extranjera y remarcan que se trata de infraestructura argentina, bajo control argentino y orientada a fortalecer capacidades propias.

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Aun así, en la Casa Rosada saben que el tema puede generar ruido por Malvinas, por la relación con Chile y por el alineamiento con Estados Unidos. Por eso, el formato que imaginan es técnico y gradual, con cooperación específica y sin una presentación política que obligue a abrir una discusión legislativa de alto costo en el corto plazo.

En paralelo, en Balcarce 50 trabajan para que Milei vuelva a viajar a Estados Unidos durante el segundo semestre. El Presidente no participará de las celebraciones del 4 de julio en Washington, pero en el Gobierno buscan otro formato de encuentro con Trump, posiblemente en un evento conservador o en una actividad vinculada al universo republicano.

La apuesta oficial es usar ese nuevo viaje para sostener el vínculo político con Washington y empujar los expedientes estratégicos pendientes. Entre ellos aparece la base de Ushuaia, que para el Gobierno combina tres objetivos: presencia soberana en el Atlántico Sur, proyección antártica y profundización de la alianza militar con Estados Unidos.

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El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reiteró su respaldo a una eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se trata de una de los principales objetivos del gobierno de Javier Milei para este segundo semestre del año y forma parte de la tan mentada reforma electoral que se espera se trate pronto en el Congreso.

En una entrevista con Lorena Maciel en Radio con Vos, el mandatario sostuvo: “Esta reforma política tiene que tener un consenso muy importante de la mayoría de los partidos políticos”. En ese sentido, planteó que el debate debería involucrar tanto al Gobierno nacional como a los gobernadores y a los principales dirigentes de la oposición.

“Creo que las PASO tienen que anularse y volver a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos”, sostuvo, aunque aclaró que se trata de una opinión personal y remarcó que lo central será alcanzar un acuerdo amplio.

Durante la entrevista, Jalil volvió a defender la estrategia de mantener canales de diálogo con Nación, pese a las diferencias políticas. El mandatario integra el grupo de gobernadores peronistas con mayor nivel de interlocución con la Casa Rosada, aunque aclaró: “No es que uno está de acuerdo en todas las políticas públicas, pero sí en lo que se pueda acordar”.

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En esa línea, mencionó que mantiene una agenda de trabajo común con otros gobernadores como Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, y destacó que el objetivo es priorizar los intereses de cada provincia.

Jalil destacó el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación, al considerar que el aumento sostenido de los precios es uno de los principales factores que golpean a los sectores de menores ingresos.

Además, propuso avanzar en una reforma del Banco Central para fortalecer el cuidado del valor de la moneda, al entender que esa función debería convertirse en una política de Estado.

“Cuando usted tiene un desbalance en la economía, por algo lo paga. O lo paga por un recorte o lo paga por la inflación”, señaló al ser consultado por el impacto del ajuste sobre áreas como la obra pública, la salud y la educación.

Su mirada sobre el peronismo

Consultado sobre la situación interna del Partido Justicialista, Jalil evitó pronunciarse sobre una eventual etapa de cierre del kirchnerismo y sostuvo que la política atraviesa un proceso de transformación que excede a la Argentina. Ratificó además su pertenencia al peronismo y descartó cualquier posibilidad de incorporarse a La Libertad Avanza.

Respecto de la organización partidaria, cuestionó las intervenciones que el PJ dispuso en algunos distritos y pidió una conducción más abierta. “No crean que el partido es de uno; el partido es de todos”, sostuvo.

Por último, consideró que la discusión interna del peronismo bonaerense deberá resolverse primero en la provincia antes de avanzar en una estrategia común con el resto de los gobernadores del espacio.

Raúl Jalil, PASO, reforma electoral