El Gobierno ya tiene listos los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, pero demora su envío al Congreso por el impacto político del caso Manuel Adorni y por la tensión que atraviesa la negociación con los aliados. En el Ejecutivo reconocen que el proyecto está terminado, pulido y en condiciones de ser remitido, aunque ahora la prioridad será concentrar los esfuerzos en las iniciativas que ya ingresaron al Parlamento.

La reforma fue enviada a la mesa política de Nación, que funciona como instancia interna de definición sobre reformas, votaciones y estrategia parlamentaria. En la Casa Rosada describen ese ámbito como una suerte de órgano decisorio del oficialismo: allí se ordenan prioridades, se evalúan costos políticos y, según el caso, se elevan los temas a Javier Milei o se resuelven directamente dentro del dispositivo de conducción.

Los cambios a Inocencia Fiscal habían surgido de las reuniones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con contadores y tributaristas. La idea original era enviar el proyecto al Congreso apenas estuviera terminado para reforzar el régimen, ampliar su alcance y dar más seguridad jurídica a los contribuyentes que quisieran incorporar fondos al circuito formal. Ese cronograma ahora quedó alterado.

En Balcarce 50 explican que la demora no responde a un problema técnico, sino político. El texto ya está cerrado, pero el Gobierno no quiere abrir un nuevo frente de discusión legislativa en medio de la crisis por Adorni, que tiene frenada parte de la agenda parlamentaria, tensiona la relación con PRO, UCR y bloques provinciales, y obligó al oficialismo a negociar contrarreloj para evitar una derrota en el Senado.

El dato más incómodo es que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación judicial sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. En el Gobierno aclaran que el trámite no implicó un blanqueo de dólares ni una exteriorización de fondos, pero admiten que el cruce entre el caso Adorni y la reforma de Inocencia Fiscal vuelve más sensible el envío del proyecto.

De todos modos, en Nación sostienen que la postergación no se explica sólo por la adhesión del jefe de Gabinete al régimen. El argumento central es que el oficialismo no tiene margen para sumar nuevas negociaciones con aliados mientras intenta contener los pedidos de interpelación y moción de censura contra Adorni, ordenar el tratamiento de las reformas ya presentadas y evitar que cada apertura del recinto se convierta en una oportunidad para golpear al ministro coordinador.

La decisión oficial es centralizar los esfuerzos en los proyectos que ya están en el Congreso. En esa lista aparecen el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, el Súper RIGI, la ley de lobby, Hojarasca y Zonas Frías, entre otros expedientes que requieren votos de aliados y gobernadores. La Casa Rosada cree que dispersar la agenda con nuevas iniciativas puede complicar aún más una negociación que ya quedó condicionada por el caso Adorni.

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La misma lógica alcanza a otros proyectos que el Gobierno tenía previsto enviar al Congreso en las próximas semanas, como juicio por jurados y una nueva tanda de desregulación. En distintos despachos reconocen que esas iniciativas siguen en carpeta, pero que ahora deberán esperar una ventana política más ordenada. “Primero hay que sacar lo que ya está adentro”, resumen en Nación.

El caso Adorni impactó directamente sobre ese calendario. En el Senado, el oficialismo logró postergar una sesión que podía derivar en una ofensiva contra el jefe de Gabinete, pero la discusión quedó abierta para el 25 de junio, con la posibilidad de avanzar hacia una interpelación el 2 de julio. En Diputados, el Gobierno también evalúa con cuidado los tiempos del Súper RIGI y del acuerdo con holdouts, porque teme que la oposición use el recinto para instalar pedidos contra el ministro coordinador.

En ese contexto, la reforma de Inocencia Fiscal pasó de ser una iniciativa económica de envío inminente a un proyecto en espera. Para Caputo, el cambio sigue siendo relevante: busca reforzar el esquema con el que el Gobierno pretende que una parte de los dólares fuera del sistema ingrese al circuito formal, empuje actividad y acompañe la remonetización de la economía. Pero en la mesa política entienden que el momento parlamentario no ayuda.

El proyecto apunta a modificar el régimen simplificado de Ganancias y a dar más previsibilidad a los contribuyentes. Entre los cambios que se discutieron con especialistas aparece la eliminación de topes de ingreso y patrimonio para ampliar el universo de adherentes, ajustes sobre la llamada “discrepancia significativa”, más instancias de rectificación antes de perder beneficios, límites al uso de presunciones por parte de ARCA y reglas de bancarización para las operaciones.

El objetivo técnico es reducir el temor a que una persona que ingresa al régimen termine expuesta a fiscalizaciones amplias sobre ejercicios anteriores por errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores. En Economía sostienen que, si el contribuyente acepta la declaración simplificada, paga en término y cumple con los requisitos, debe tener un marco de seguridad jurídica más robusto para operar con fondos que hoy están fuera del sistema formal.

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La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. En el diseño que circula entre tributaristas, el contribuyente podría acceder a condonaciones o mecanismos de regularización si adhiere al régimen y cumple determinadas condiciones. El Gobierno presenta esa arquitectura como una herramienta para formalizar actividad sin lanzar un blanqueo tradicional ni abrir una discusión tributaria más amplia.

La discusión política, sin embargo, quedó atravesada por el caso Adorni. En la Casa Rosada saben que cualquier modificación que amplíe beneficios fiscales o limite herramientas de control de ARCA puede ser leída por la oposición como una norma a medida del jefe de Gabinete, aunque en Economía insistan en que la reforma fue pensada antes de la crisis actual y responde a pedidos de contadores, tributaristas y contribuyentes.

Por eso, el Gobierno eligió frenar el envío y esperar. La mesa política deberá definir cuándo existe margen para reactivar la iniciativa sin sumar ruido a una agenda legislativa ya saturada. Mientras tanto, Caputo mantiene el proyecto listo, pero la Casa Rosada prioriza contener el frente Adorni, ordenar los votos para las reformas que ya están en trámite y evitar que una nueva ley económica termine absorbida por la crisis política del jefe de Gabinete.

Gobierno, Manuel Adorni

En las últimas horas se hicieron públicas grabaciones en las que la conductora Jesica Cirio aparece en un vestidor junto a varios fajos de dólares, un material que se incorpora a la trama judicial y pública que rodea a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado junto con ella por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las imágenes fueron publicadas en una nota del periodista Diego Cabot en el sitio web de La Nación y, según ese medio, serían de 2023 y corresponderían a una dependencia del dormitorio que el exmatrimonio compartió en la casa de Fincas de San Vicente, en la zona sur del Gran Buenos Aires. En los videos se ven fajos envueltos en bolsas de plástico transparente, ordenados en cajones y estantes de un vestidor masculino que, de acuerdo con la publicación, habría sido filmado por la propia Cirio.

El dato se vuelve relevante en un expediente que ya avanzó sobre el patrimonio de los involucrados. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, de Sofía Clerici y de Cirio en esa causa.

La residencia donde habrían sido registradas las escenas estaba montada sobre un lote de gran tamaño y tenía, en la planta baja, varias habitaciones y baños, cocina, comedor diario, gimnasio, lavadero y dos dependencias de servicio. En el parque había una pileta con un escudo de Banfield en el piso, un quincho, una cancha de fútbol, dos cocheras cubiertas y paneles de energía solar sobre el techo.

En la planta alta solo estaba el dormitorio de la entonces pareja. Ese sector incluía un rectángulo central ocupado por el cuarto y por el guardarropas de Cirio, ubicado detrás de la cabecera de la cama, mientras que el vestidor de Insaurralde era un pasillo con espacio de guardado a ambos lados y un espejo al fondo, donde se la vería reflejada mientras grababa.

Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

La causa se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido” entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De los fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según revela el dictamen fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

Infobae consultó con el estudio de abogados que representan a la conductora y explicaron que en las próximas horas presentarán las explicaciones correspondientes.

El hecho se conoció semanas antes de la elección presidencial que ganó Javier Milei e Insaurralde renunció a su cargo. En el inicio de la causa también fueron investigadas Clerici y Cirio. En la causa se hicieron distintos allanamientos y en la vivienda de Clerici se secuestraron cerca de 600 mil dólares. La mujer dijo que se trataba de dinero de su trabajo como “acompañante” y que la AFIP no tiene esa categoría para tributar. La justicia le permitió ingresar al blanqueo de capitales pero con los dólares congelados.

En su acusación los fiscales señalaron el patrimonio que Insaurralde no puede justificar con sus ingresos de funcionario público: la compra de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta 73,40 metros cuadrados; la compra de una casa en Lomas de Zamora; la compra de dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuáles solo uno fue oficial.

Un año después del divorcio con el exintendente, Cirio volvió a ocupar la atención pública por su nueva boda. El domingo 26 de mayo de 2024 se casó con Elías Piccirillo en una ceremonia civil con entre 60 y 70 personas en un hotel porteño.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, admitió que el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y envuelto en una polémica que lleva más de tres meses en boca de los medios y la oposición, “está complicando al Gobierno”, pero evitó sumarse al pedido de desplazamiento, ya que rechazó decirle al presidente Javier Milei cómo debe armar su equipo.

El jefe de Gobierno porteño sostuvo en Radio Mitre que la crisis afecta incluso la capacidad oficial para “contar las cosas que están bien” y la vinculó con un freno político en medio de la agenda legislativa.

“Es muy difícil imaginar que el Gobierno hoy pueda sacar un paquete de leyes como el que logramos sacar esta semana en la ciudad en el medio de este tema», consideró, y subrayó: “Lo que sí espero es que se resuelva rápido y que no le hagamos el caldo gordo tampoco a un montón de especuladores políticos que hoy se paran con el cuchillo entre los dientes para ver si pueden lastimar y en el pasado han sido tremendamente oscuros en lo que hace a la transparencia, al respeto a las instituciones».

En la misma entrevista, Macri subrayó un dato que usó para contrastar ese escenario con la dinámica porteña: la ley de financiamiento para la línea F del subte fue aprobada por 56 o 57 legisladores y tuvo un solo voto en contra. Presentó ese resultado como una prueba de acuerdos amplios en la Legislatura y como una señal de que, cuando el clima político acompaña, es posible avanzar con paquetes de leyes.

El alcalde también afirmó que la relación entre el PRO y La Libertad Avanza en la ciudad “es mucho mejor” que antes. Atribuyó esa mejora a una maduración del vínculo, al conocimiento mutuo y a que el oficialismo libertario observa una gestión que, según dijo, busca que al Presidente “le vaya bien”.

Macri habló sobre dos planos a la vez: la tensión que el caso Adorni le abre a la Casa Rosada y la convivencia política que su administración logró construir en la Ciudad con libertarios, peronistas y otros bloques.

La definición siguiente fijó su límite político frente a la crisis: “Yo no le voy a decir al presidente cómo tiene que armar su equipo”. Macri completó esa idea con un criterio de autonomía de gestión: cada gobernador arma su equipo y explica por qué cada funcionario ocupa su cargo.

La mejora con La Libertad Avanza apareció como el dato político de fondo

Cuando le preguntaron si había un mejor clima con el oficialismo libertario, Macri respondió sin rodeos: “Hoy la relación con la Libertad Avanza en la ciudad es mucho mejor que la que teníamos antes”. No habló de un acuerdo electoral cerrado para 2025, pero sí describió un proceso de acercamiento.

El jefe de Gobierno explicó esa mejora con tres elementos. Dijo que las relaciones “han ido madurando”, que ambas partes “se han ido conociendo” y que los libertarios “están viendo mi gestión”. Sobre ese punto agregó una definición política más amplia: “Yo soy de los que quieren que al presidente le vaya bien. No quiero que le vaya mal”.

Esa posición apareció reforzada cuando le consultaron por un posible entendimiento electoral en la Ciudad de Buenos Aires el año próximo. Su respuesta fue que “falta mucho” y que no lo sabe, aunque remarcó que hay que hacer “todo lo posible para que el país no vuelva al pasado”.

Los acuerdos legislativos en la Ciudad

Macri describió la última sesión de la Legislatura como una jornada de acuerdos entre bloques distintos. Mencionó la ley “antitrapitos”, el financiamiento de la línea F, una norma de desregulación impulsada por libertarios y un esquema para refinanciar deudas familiares que surgió desde el espacio de Leandro Santoro.

Sobre la relación con los libertarios en ese terreno, dijo que varias normas estaban “más en sintonía” con La Libertad Avanza y que algunas fueron propuestas por ese bloque. Citó en particular iniciativas de Pilar Ramírez y aclaró que su gobierno las tomó, las discutió, hizo aportes y las convirtió en ley.

También incorporó al peronismo en esa lógica de acuerdos. Señaló que el proyecto sobre endeudamiento familiar fue una idea del legislador kirchnerista Leandro Santoro, que luego se trabajó con el banco y derivó en una ley para asistir a familias con deudas de hasta $6 millones y una tasa tope del 35%.

Entre las normas aprobadas, Macri puso en primer plano la ley contra los trapitos. Sostuvo que hasta ahora la única herramienta disponible era la multa y que eso volvía ineficaz la intervención estatal porque, según describió, los infractores “se reían en la cara” de la policía.

Con la nueva ley, afirmó, habrá posibilidad de detención de hasta 60 días. Aseguró que la reglamentación ya está preparada y que la Ciudad podrá probar la extorsión con denuncias, cámaras con audio y agentes de civil.

Para explicar la diferencia entre un pedido de dinero y una conducta delictiva, describió la escena de un cuidacoches que exige “50 mil pesos” y amenaza con dañar el auto si no recibe el pago. A partir de esa distinción, sostuvo que la Ciudad podrá “terminar con esta mafia”, tanto en grandes eventos como en zonas gastronómicas de barrios como Palermo y Villa Crespo.

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