El nuevo Poder Judicial que diseña el Gobierno de Javier Milei planea reducir de 12 a 8 los juzgados federales de Comodoro Py y no cubrir las cuatro vacantes que hay actualmente, según anticiparon a fuentes que están al tanto de las negociaciones en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura.

Esta idea es similar a la que tiene el Gobierno para la Cámara Federal de Casación Penal donde también hay cuatro vacantes, con concursos avanzados, pero la intención de la Casa Rosada es dejarlas sin cubrir y reducir el tribunal de 13 a 9 jueces.

Este cambio en la arquitectura del Poder Judicial va mucho más allá de los cálculos matemáticos y de las necesidades de optimizar los recursos, sino que es una modificación en la distribución del poder.

La primera razón para reducir la estructura de los juzgados federales de Comodoro Py es la disminución de la cantidad de causas en trámite.

Los jueces federales porteños intervienen en los casos que implican a funcionarios públicos nacionales en asuntos de corrupción, en narcotráfico, trata de personas, y asuntos de terrorismo y lavado de dinero.

Pero los expedientes disminuyeron. La estadística oficial de la Corte Suprema de Justicia señala que los expedientes que ingresan por año a la Cámara Federal son 1602. Es decir 800 por sala, unos 70 por mes por sala contando las vacaciones.

En primera instancia existen 12 juzgados federales. Por lo tanto, las causas en trámite, si bien algunas muy complejas y voluminosas, se reducen a un centenar por cada juzgado.

El contraste es mayor cuando estos juzgados tienen una dotación de empleados que, en algunos casos, es cuatro veces mayor que en otros tribunales, según dijeron fuentes judiciales.

La otra cuestión tiene que ver con cómo se distribuye el poder en la primera instancia de Comodoro Py. Los jueces federales eran seis hasta que, en los noventa, comenzaron las investigaciones de las causas de corrupción contra Carlos Menem. Allí se activó una reforma para diluir el poder de estos jueces.

Menem duplicó la cantidad de juzgados de 6 a 12, nombró nuevos jueces y fiscales, elegidos por su cercanía y confianza, y ascendió a los viejos jueces a camaristas, para que sean menos molestos.

Así surgieron los 12 juzgados federales de Comodoro Py y los jueces se convirtieron en poderosos magistrados que decidían sobre la libertad y la hacienda de los funcionarios, siempre con aceitados vínculos con el poder político y económico.

Se perpetuaron como los “jueces de la servilleta”, llamados así porque supuestamente el exministro menemista Carlos Corach decidió sus nombres anotándolos en una servilleta en un bar, según denunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.

La mayoría de los jueces 4 X 4 de los noventa, conocidos así por su camionetas estacionadas en el playón de Comodoro Py, ya fueron removidos, renunciaron o se jubilaron. Sobrevivieron Claudio Bonadio -fallecido en 2020 ocupando su cargo- y María Servini.

En los 2000, los servicios de inteligencia comenzaron a tener incidencia sobre los jueces federales de primera instancia. Durante el kirchnerismo, el poder judicial de Comodoro Py circuló entre los canales que comunicaban al espionaje con los magistrados. Así fue hasta que el poderoso jefe de contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso, rompió con Cristina Kirhchner.

Actualmente hay cuatro vacantes entre los juzgados federales. Permanecen en sus cargos María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti.

Dejaron sus cargos en los últimos años Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez, que se jubilaron; Sergio Torres, que fue designado en la Suprema Corte bonaerense, donde es presidente y Claudio Bonadio, que falleció.

A pesar de los concursos en marcha en el Consejo de la Magistratura para cubrir estas vacantes, hay ideas en el Gobierno, en el Consejo de la Magistratura y en el Congreso para dejar todo como está.

Se trataría de modificar la ley de organización de la justicia federal y cambiar la cantidad de juzgados, como se piensa que podría suceder con la Cámara Federal de Casación Penal, donde los camaristas prefieren quedarse como están, con nueve integrantes, sin cubrir las vacantes.

No todos están de acuerdo con esta solución, que sirve para concentrar poder entre los jueces que ya están y relegan a los que podrían ingresar.

“Hay cargos que son los mas importantes en términos institucionales en la justicia federal, que no se concursan porque ponen gente amiga: eso esta mal, es una deficiencia muy grande”, dijo a una fuente judicial, que no mira con buenos ojos la gestión del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py se asimilan a singlistas, tenistas que hacen su juego, según la metáfora más elegante con la que uno de ellos se describió a sí mismo.

Con mayor grado de malevolencia, en la política prefieren hablar de jueces “guiados por el darwinismo”, donde cada uno lucha por sus objetivos, contratos, cargos, apadrina a algún candidato, o posiciona a sus allegados, como ocurrió con la esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, propuesta como jueza de San Martín.

Los 8 jueces federales en funciones actúan de manera casi aislada. Quedaron atrás los años en que Ariel Lijo era quien nucleaba a la mayoría y su despacho se convertía en la sede de reuniones entrado el mediodía, donde se ponían de acuerdo.

Lijo, tras su fallido intento por ser juez de la Corte, regresó a su juzgado y al que subroga, donde concentra la mayor cantidad de causas de corrupción que afectan al Gobierno de Javier Milei.

No volvió a ser el delegado de los jueces federales, pero todos le reconocen su cintura política y su llegada con sector del caputismo en la interna del Gobierno coloca a todos de un lado o del otro de Karina Milei.

El juez más cercano a Lijo es Marcelo Martínez de Giorgi, sobre quien pesa la influencia de Antonio Stiuso.

Sebastián Ramos y Capuchetti hacen la suya, al igual que María Servini, que con sus 89 años sigue tomando decisiones en las causas que tramitan en su juzgado.

Lijo es el juez federal más cercano a la magistrada y Ramiro González, el fiscal federal en quien se confía.

Con el agravante de que el juez Daniel Rafecas tiene pensado dejar su cargo para ir a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Concursó y salió primero, con lo que si avanzan ese concurso su anhelo es concluir su carrera como camarista, con un ascenso, colegas profesores universitarios como él, y regresando a la justicia ordinaria, donde hizo sus primeros pasos como pinche, dijeron a cerca del juez.

Se decía lo mismo de Julián Ercolini, pero el juez federal no está pensando en irse, dijo uno de sus colaboradores a . Solo presentó un recurso judicial para asegurarse poder jubilarse, cuando corresponda, con las mismas condiciones que regían antes de 2020, cuando cambió la ley.

“Hoy no hay jefes en Comodoro Py”, dice un magistrado que trabaja en ese edificio, y recordaba que hace cinco años, Ramos, Rodríguez y Martínez de Giorgi hacían tandem por un lado y Bonadío, Ercolini y Lijo por el otro.

Quien tenía ascendencia en las conversaciones de este segundo grupo era Martín Irurzun, histórico juez de la Cámara Federal y por encima de todos Ricardo Lorenzetti en la Corte.

Hoy todo cambió y el Gobierno está trabajando para reconfigurar también la Cámara federal. El Consejo de la Magistratura votó en la Comisión de Selección las ternas para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces trasladados hace 10 años. Ahora las debe votar el plenario y el Poder Ejecutivo debe enviar a un candidato de esas ternas al Senado para que le dé acuerdo.

El deseo del Gobierno es enviar el pliego de Pablo Yadarola, juez en lo penal económico cercano al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y al propio Bertuzzi, que concursó para su cargo. Sus pliegos podrían estar en el Senado despues de las vacaciones de invierno.

El tercer hueco en la Cámara Federal es el que dejaría Martín Irurzun el 18 de julio cuando cumpla 75 años. El Poder Ejecutivo no envió su pliego al Senado para ampliar su acuerdo por cinco años, por lo que actualmente no darían los tiempos para revalidar su designación.

Así habría una tercera vacante en ese tribunal con la que el gobierno de Milei cuenta para reconfigurar el Poder Judicial.