La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió este viernes destituir al fiscal general Karim Khan, acusado de agresión sexual por una integrante de su equipo de trabajo, en una votación secreta realizada durante una reunión extraordinaria celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Según confirmaron fuentes diplomáticas a la agencia de noticias AFP, 82 de los 125 Estados miembros de la CPI votaron a favor de remover al jurista británico de 56 años, superando ampliamente el mínimo de 63 votos requerido para aprobar la medida.

Khan rechaza las acusaciones y anunció que impugnará la decisión por las vías legales disponibles.

“El señor Khan impugnará la legalidad y la justicia de la decisión mediante todos los mecanismos legales disponibles”, escribió en la red social X su abogado, Tayab Ali. El letrado reiteró que su cliente niega los hechos que se le atribuyen.

Khan había dejado sus funciones en mayo de 2025 para concentrarse en su defensa, luego de que se abriera una investigación por una denuncia presentada por una compañera de trabajo. El mes pasado, además, fue suspendido por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, un órgano directivo de la CPI integrado por 21 miembros que convocó la reunión en la que finalmente se resolvió su destitución.

La denunciante, identificada públicamente como Sarah, una abogada de origen malasio, brindó recientemente una entrevista a CNN en la que relató detalles de los presuntos hechos. La mujer aseguró haber sido víctima de una “escalada de intentos” de agresión y afirmó que la relación jerárquica con Khan impedía cualquier posibilidad de consentimiento.

“Es imposible que exista consentimiento cuando hay un desequilibrio de poder de tal magnitud. Lo que mucha gente no entiende es que el señor Khan no era sólo mi jefe, sino el jefe de todo el mundo”, declaró.

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Antes de la votación, la defensa del fiscal había pedido a los Estados miembros que se abstuvieran de avanzar con la destitución. En una carta abierta difundida esta semana, sus abogados sostuvieron que los procedimientos seguidos no habían garantizado adecuadamente su derecho a la defensa y cuestionaron los informes que sustentan la investigación, cuyos detalles aún no fueron divulgados públicamente.

El equipo legal también advirtió que una eventual remoción podría afectar la independencia de futuros fiscales de la Corte. “La independencia conlleva un precio y la maquinaria de la Corte puede volverse contra sus propios responsables cuando dicha independencia se torna incómoda”, señalaron.

La figura de Khan había cobrado relevancia internacional en los últimos años por investigaciones de alto perfil. Entre ellas, el pedido de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes vinculados a la guerra en Gaza. También impulsó acciones judiciales contra dirigentes de Hamas. Como respuesta a esas iniciativas, Estados Unidos le impuso sanciones económicas y restricciones de ingreso al país.

La destitución generó reacciones inmediatas. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, celebró en X la salida de Khan y la calificó como un relevo “largamente esperado”. Además, acusó al exfiscal de haber promovido órdenes de arresto “escandalosas” contra funcionarios israelíes para desviar la atención de las denuncias en su contra.

Por su parte, Stephen Rapp, exembajador estadounidense especializado en crímenes de guerra, había afirmado antes de la votación que existían pruebas suficientes para justificar la remoción. A su juicio, no actuar habría perjudicado seriamente la credibilidad de la Corte y la habría dejado más expuesta a cuestionamientos externos.

(Con información de AFP)

Entre 40 y 50 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala denunciaron este 24 de julio ante el Ministerio Público la desaparición de sus registros académicos del sistema de Registro y Estadística, un hecho que describen como una “muerte académica” porque afecta trámites de graduación, becas, procesos de investigación y el cierre de carreras, pese a que varios conservan constancias de inscripción para 2026.

Los casos no se concentran en una sola unidad académica. Hay afectados en la Facultad de Derecho, la Escuela de Ciencias de la Comunicación, la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Ciencia Política y el Centro Universitario de Noroccidente, mientras los estudiantes sostienen que cada día aparecen nuevos expedientes borrados.

La exigencia inmediata apunta en dos direcciones. Al Consejo Superior Universitario le reclaman una respuesta pública con un plan para restituir los registros, y a la Unidad de Registro y Estadística le piden recuperar la información académica y administrativa, además de garantizar que no vuelva a ocurrir contra estudiantes señalados o criminalizados.

Hasta ahora, la Usac respondió en redes sociales que la desaparición de expedientes se originó en 2022 y 2023, durante la toma de instalaciones por estudiantes. Los denunciantes sostienen que esa versión no explica varios de los casos, porque algunos tienen carné 2024 y carné 2025, y otros ingresaron después del período mencionado por las autoridades universitarias.

Un estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación dijo que esa explicación es “totalmente ilógica”, porque hay compañeros que ingresaron después de 2023 y aun así hoy figuran sin papelería. También afirmó que la responsabilidad de custodiar esos documentos era de Registro y Estadística y no de los propios alumnos.

En su caso, explicó que ya cursó los 10 semestres de su carrera, cerró pénsum en Locución Profesional y está en proceso de Ejercicio Profesional Supervisado para completar la licenciatura y luego realizar su tesis. Según relató, la eliminación de sus datos compromete años de estudio y el esfuerzo económico de su familia.

Gabriela Ochoa, estudiante de Trabajo Social en CUNOROC, afirmó que estaba a la espera de fecha de graduación en agosto. Contó que dedicó dos años y medio a una investigación y sostuvo que, si su expediente desaparece, también queda bloqueada una tesis vinculada con mujeres exautoridades y asambleas comunales de los 48 Cantones, el espacio donde realizó su trabajo.

Idekel Chitup, también de CUNOROC, señaló que estaba por cursar el décimo semestre de Ingeniería Agronómica con énfasis en fruticultura. Aseguró que la situación afecta su trayectoria académica, proyectos de investigación ya planificados y un proceso de beca que ahora le obliga a asumir más gastos.

Varios estudiantes vincularon la desaparición de registros con una persecución selectiva. Una de las voceras afirmó que no se trata de datos borrados al azar, sino de una afectación concentrada en personas que ya habían sido señaladas o acosadas física y digitalmente.

Roberto Andrés Luna Ríes, estudiante de la Facultad de Ingeniería, dijo que ganó hace alrededor de un año y medio la elección para asumir como representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, pero todavía no ha tomado posesión. Señaló que, si su expediente realmente hubiera desaparecido en los años invocados por las autoridades, ni siquiera habría podido participar en un proceso electoral convocado por el propio CSU.

Para Luna Ríes, el daño no se limita al avance universitario. Afirmó que impacta proyectos de vida, planes profesionales y metas personales de estudiantes que están en la etapa final de sus carreras, y pidió al jefe de Registro y Estadística, el ingeniero Bryan Fuentes, una atención inmediata para resolver la situación.

Carlos Barrios, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, amplió la denuncia hacia las autoridades universitarias y de facultades. Sostuvo que la persecución obedece a que los estudiantes alzaron la voz frente a un proceso que, a su juicio, debió ser legítimo y democrático en la elección de rectoría.

En la conferencia, estudiantes, docentes y egresados también denunciaron una “ola de criminalización” que ya alcanzó a centros universitarios fuera de la capital. Desde la Escuela de Ciencia Política, José Chihuichón, representante de la asociación estudiantil, afirmó que varios compañeros han sufrido amenazas y que él mismo fue borrado del sistema de Registro y Estadística.

Sen. Tim Sheehy, R-Mont., choked up on the Senate floor as he pointed to a bracelet honoring a fallen friend he said was «cut in half» by an Iranian bomb, turning a Democratic-led push to rein in President Donald Trump’s war powers into an emotional warning about the cost of failing to confront Tehran.

The Montana Republican and combat veteran delivered the fiery remarks in opposition to an Iran War Powers Resolution that would have forced the removal of U.S. forces from hostilities against Iran unless Congress explicitly authorized the mission. The Senate rejected an effort to advance the measure Thursday in a 47-49 vote, but not before Sheehy accused critics of ignoring decades of Iranian-backed attacks on Americans.

«We didn’t start this war, we did not. But, we will finish it,» Sheehy said from the Senate floor. «And forever wars are not popular with anybody these days. Both sides of [the aisle] love to attack our forever wars. And I can promise you, being someone overseas wearing the uniform, when you’re fighting for your country, you don’t care what party’s in office.»

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Sheehy argued Democrats were right to call the conflict a «war of choice,» but said the choice was made by Iran’s regime decades ago — not by Trump.

«This is a war of choice. The Democrats are correct,» Sheehy said. «It’s a war of choice that was begun by a radical, lunatic band of terrorists that took over a beautiful nation 47 years ago.»

The former Navy SEAL then ticked through decades of attacks he tied to Iran and its proxies, invoking the 1983 Marine barracks bombing, the USS Cole, the Achille Lauro and terrorist groups including Hamas, Hezbollah and the Houthis.

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«This regime that we are fighting does not care about our partisan politics,» Sheehy said. «They don’t care who you voted for, who you pray to, or where you live. They want to kill all of us. And they don’t just say it, they actually do it. And they’ve been doing it for 47 years.»

An armed member of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) monitors the area while mourners participate in the funeral for the late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and his family in Tehran, Iran, on July 6, 2026. (Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)

Sheehy also invoked William Buckley, whom he described as «an American military officer» who was abducted and tortured in the 1980s.

«William Buckley was abducted in 1985,» Sheehy said. «He was skinned alive on camera by the Iranians.»

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The senator concluded by describing Iran’s ongoing retaliatory attacks as «the flailing’s of a nation in collapse» not strength, citing what he called «an occasional missile strike» on commercial boats and U.S. military members in the Middle East. Meanwhile he encouraged his congressional colleagues to «think about the people who are deployed right now standing on that wall with a loaded weapon who volunteered to defend our country and our way of life» in what Sheehy described as a «just war.»

Sen. Tim Sheehy, R-Mont., showed his solidarity with the people of Iran by hopping on a social media trend in which he used a burning photo of Ayatollah Ali Khamenei to light a cigarette. (Courtesy of Sen. Tim Sheehy’s Office)

«Last time I checked, we wiped these bastards out … because they deserve it,» Sheehy said. «We did not start a war with the Iranian Revolutionary Guard (IRGC), they started it with us 47 years ago and their attacks have gone unanswered for half a century. It is time to fix this problem and make sure another generation of Americans does not have to fight this murderous, savage adversary.»